Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 53491
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 53.491, "Díaz Bancalari, José María contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Violini .
I. Mediante apoderamiento letrado, el señor José María Díaz Bancalari, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires y solicita se declare la nulidad de la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas el día 23 de agosto de 1990, en el expediente administrativo 8.682/87, caratulado "San Nicolás Rendición de Cuentas del Ejercicio 1986" (v. fs. 11/15).
Por el decisorio mencionado se impuso una multa al actor y al contador Jorge Torrado por A 50.000 para cada uno, se les formuló cargo pecuniario por A 42.685.076,44 en forma solidaria y se resolvió mantener reserva sobre las materias del considerando 7° y que tramitan por expediente S 07.036/85 alcance 1, no liberando de responsabilidad al actor.
Por consecuencia de la nulidad reclamada, pide se dejen sin efecto las sanciones impuestas.
Por último, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. A fs. 57/59 se presenta la parte actora y amplía demanda extendiendo su pedido de nulidad a la resolución del Tribunal de Cuentas del día 20 de diciembre de 1990 por la cual se decidió no hacer lugar al recurso de revisión articulado contra la resolución del día 23 de agosto del mismo año. Ofrece prueba.
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, con fundamento en la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción (v. fs. 74/81).
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
IV. A fs. 385 se denuncia el fallecimiento del actor José María Díaz Bancalari y a fs. 412/413 y 414/415 se presentan los herederos del causante: sus hijos José María, María del Huerto, Luciana Beatriz, María Eugenia, Matías Nicolás y María Fernanda Díaz Bancalari y su cónyuge supérstite Alicia Raquel Hormazabal.
A fs. 416 el tribunal tiene a los peticionantes por parte, circunstancia que se notifica a la contraria.
V. Producida la prueba, agregados el cuaderno de prueba de la parte actora -único formado- (v. fs. 93/364) y los alegatos presentados por ambas partes (v. fs. 372/373 -demandada- y 374/379 -actora-), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el actor que se desempeñó como Intendente del Municipio de San Nicolás durante el ejercicio del año 1986. Agrega que en el expediente administrativo 8.682/87, el Tribunal de Cuentas le impuso sanciones además de una serie de observaciones por su gestión mediante las resoluciones de los días 23 de agosto y 20 de diciembre de 1990. En virtud de la primera se le aplicó una multa por no cumplir disposiciones legales y reglamentarias y se le formuló cargo pecuniario por la celebración de un contrato con el señor Aseff y por el egreso de fondos a través de diversas órdenes de pago. La segunda decisión rechazó el recurso de revisión intentado.
II. Previo al desarrollo de la cuestión, atento al fallecimiento del señor Díaz Bancalari y en orden al art. 163 inc. 6 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, se impone despejar las imputaciones realizadas.
En este sentido, y tal como se pronunciara este Tribunal en la causa B. 53.722, "Aramburu", sentencia de 27-VIII-2020, cabe acotar que la naturaleza jurídica de una sanción no se determina por el tipo de prestación o consecuencia en que ella consiste, sino por la naturaleza jurídica del deber infringido, antecedente lógico de toda sanción.
Conforme este deber sea "civil", "penal" o "administrativo", la naturaleza de la sanción que acarrea su incumplimiento será, respectivamente, civil, penal o administrativa. En el caso que nos ocupa, se han violado deberes de naturaleza administrativa, debido a ello correspondería en cada caso únicamente una sanción disciplinaria y/o reparatoria de la misma naturaleza.
La responsabilidad administrativa como género posee varias subespecies. Dos de las cuales son la "responsabilidad disciplinaria" y la "responsabilidad pecuniaria" (conf. doctr. causa B. 58.704, sent. de 23-VII-2008; e.o.). La multa administrativa es una sanción pecuniaria que se impone al transgresor de una disposición administrativa, abstracción hecha del daño material que la infracción haya causado o podido causar (Bielsa, Rafael; Derecho Administrativo , Tomo IV, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1965, pág. 90).
Se ha señalado que si se trata de procedimientos de naturaleza administrativa, que tienen por objeto establecer un título de obligación respecto de un determinado responsable, el Tribunal de Cuentas es la única autoridad que puede aprobar o desaprobar de modo definitivo la gestión de los administradores de la hacienda pública, señalando las responsabilidades en que estos hubieran incurrido (Bielsa, Rafael; "Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas", Rosario, 1941, pág. 353). A tal efecto la legislación reglamenta un juicio de cuentas y/o de responsabilidad, para que tramiten ante él (Granoni, Raúl A.; "El control de los gastos públicos por los Tribunales de Cuentas", Ed. Argentina de Finanzas y Administración, Buenos Aires, 1946, pág. 170).
No pueden existir dos sanciones de la misma naturaleza con subsunción sobre un mismo hecho, de allí que resulte necesario diferenciar la naturaleza jurídica de multas y cargos. Si el cargo persiste aún sobre los herederos del causante, es por su plena identificación con el perjuicio material ocasionado sobre los bienes públicos. Ahora bien, ello no podría predicarse sobre las multas porque, si bien subsiste, en la especie, materialidad fáctica susceptible de sanción, se trata de una pena (Granoni; óp. cit., pág. 183) y de ello resulta que, en este caso, el fallecimiento del actor imposibilita a la autoridad administrativa el ejercicio de su potestad en cuanto a este tipo especial de sanción.
Como necesaria consecuencia del deceso del actor debo señalar que, en el sub examine , las imputaciones de incumplimiento de normas legales y reglamentarias por las que se le impusiera una multa de A 50.000 en el artículo cuarto de la resolución del Tribunal de Cuentas del día 23 de agosto de 1990, se ha extinguido naturalmente por la razón aludida precedentemente, ya que una eventual condena no tendría razón de ser, ni podría recaer sobre el patrimonio heredado por quienes han continuado la acción.
En el caso de autos, esta situación fue especialmente señalada y requerida por los herederos del actor mediante escrito de fs. 412.
III. Despejado ello y atento a que el cargo -en el caso, patrimonialmente determinado- no constituye una "pena" sino una deuda contraída por el causante, la obligación de restituirlo se transmite a sus herederos (arts. 2.278, 2.289 y 2.317, Cód. Civ. y Com. -arts. 3.279, 3.363, 3.365 y 3.371, Cód. Civ. derogado-), razón por la cual corresponde analizar las faltas señaladas en los considerandos 3° y 4° apartados 2 y 6, con formulación de cargo actualizado de A 42.685.076,44 tratados en el artículo quinto de la resolución del día 23 de agosto de 1990 por las que se formulara la sanción mencionada (en forma solidaria con el contador).
III.1. La parte actora señala, en primer lugar, que en el acto atacado se objeta el contrato del señor Aseff y el pago mensual por el uso de su automóvil particular "en las tareas para las que había sido contratado". Indica que, en el fallo, se le formula cargo porque, al haberse desaprobado el contrato principal, también debe desaprobarse el pago accesorio por el uso del automóvil.
En su defensa, el actor precisa que el contrato cumple con las previsiones del art. 95 de la ordenanza general 207 y que, estando contratado el señor Aseff desde el año 1980, nunca el tribunal en sus anteriores fallos objetó el contrato, el cual permaneció en similares condiciones hasta ese momento. Cuestiona al Tribunal de Cuentas por no fundar la razón de la referida observación.
III.2. Señala que también se le formularon cargos por gastos de traslado de un equipo de fútbol a la Provincia de Córdoba. En el caso afirma que carece de la documentación para defenderse por haber cesado en sus funciones solicitando que se realicen inspecciones en la dependencia municipal por parte del tribunal para recabar la información necesaria.
III.3. Asimismo, cuestiona el cargo por gastos no municipales. Explica que se observan treinta y un órdenes de pago por no evidenciar naturaleza oficial en su gasto, pero el propio tribunal reconoce que seis de ellas "...si bien merecen la calificación de municipales" se les formula cargo por ejecución por personal no municipal. Con doce órdenes más del considerando, se aplica similar criterio resultando autocontradictorio que reconozca que la calificación es municipal, pero con formulación de cargo.
Cuestiona así el fallo por generar una clara nulidad por errónea interpretación y aplicación del derecho.
III.4. También cuestiona la actualización monetaria efectuada y la aplicación de intereses por parte del tribunal.
III.5. Enuncia un planteo prescriptivo sobre el accionar del tribunal sin demasiada argumentación para sustentarlo.
III.6. En torno a las reservas que efectúa el fallo y en lo que pudiera ser materia de eventual incorporación de responsabilidad, solicita su nulidad al señalar que en el caso se han superado todos los plazos legalmente impuestos por la ley 4.373 para resolver.
IV. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado argumenta a favor de la legitimidad de las sanciones aplicadas por el Tribunal de Cuentas.
IV.1. En relación con el convenio celebrado con el señor Aseff, aclara que esta contratación fue motivo de observación por parte del Tribunal de Cuentas a partir de la rendición del año 1984.
Considera que el error en que pueda haber incurrido la autoridad administrativa en ejercicios anteriores al año 1984, no hace nacer en cabeza del peticionante ningún derecho a eximirse de responsabilidad en ejercicios subsiguientes.
Añade que tampoco le asiste razón al demandante por no haberse acreditado el cumplimiento de los extremos requeridos por la norma.
IV.2. Por otro lado, con relación al pago realizado por el traslado de un equipo de fútbol a Córdoba, destaca que durante la sustanciación del procedimiento administrativo el actor no acompañó ninguna prueba a las actuaciones con la finalidad de justificar dicho pago, no obstante las explicaciones que en esa oportunidad se le solicitaron.
Considera que el referido gasto carece de carácter oficial, pues no se advierte en el caso la necesidad de efectuar una erogación de tal naturaleza que no ha tenido por objeto cumplir con un fin público, el cual necesariamente debió orientar la tarea del exintendente.
Estima que el gasto fue realizado con exceso de las facultades y de los deberes correspondientes al cargo que desempeñaba el actor, y ha provocado perjuicio al erario municipal.
IV.3. En punto a la observación formulada con motivo del egreso de fondos mediante diversas partidas presupuestarias, relacionadas con varias órdenes de pago, señala que una atenta lectura de los considerandos 4° apartado 6 de la decisión del día 23 de agosto de 1990 y 6° de la decisión del día 20 de diciembre de 1990 pone de relieve que en realidad no existe la contradicción endilgada a las resoluciones atacadas.
Destaca que el cuestionamiento del Tribunal de Cuentas se centra en el hecho de que los egresos observados, si bien son susceptibles de calificarse como municipales, no debieron ser abonados con fondos públicos, pues esas tareas pudieron ser ejecutadas por el personal municipal. Por ello, dichas erogaciones se encuadran en el concepto de actos personales a que alude el art. 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
IV.4. Por otra parte, estima sin sustento jurídico las afirmaciones del actor en el sentido de que el tribunal carece de competencia para actualizar y aplicar intereses sobre el quantum de los cargos pecuniarios que se le formularan.
Justifica la aplicación de ambos institutos.
IV.5. Añade que otra de las articulaciones introducidas por la parte actora en su escrito de demanda se halla vinculada a la prescripción del plazo para declarar la nulidad de los actos u omisiones "no ejecuciones".
Destaca que la competencia del Tribunal de Cuentas establecida en la Constitución provincial, no se abre para la declaración de nulidad de actos u omisiones de las autoridades municipales.
Aclara que el control que ejerce el Tribunal de Cuentas se limita a la fiscalización de la legalidad financiera de la Administración, careciendo obviamente, de competencia para dejar sin efecto o revocar los actos que considere viciados de ilegitimidad.
Concluye señalando que el Tribunal de Cuentas ha ejercido en su momento su competencia sin que medie óbice de orden temporal alguno a su proceder, ni norma prescriptoria que lo limite en el ejercicio de sus atribuciones.
En su caso, considera que de aplicarse la prescripción, debería computarse el plazo de diez años del art. 4.023 del Código Civil.
V. De la prueba producida resultan las siguientes constancias relevantes para la decisión de autos:
V.1. Expediente administrativo 8.682/87 "Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 1986, Municipalidad de San Nicolás".
V.1.a. A fs. 231/235 y 280/281 vta. se produjeron informes previstos por el art. 21 de la ley 4.373.
V.1.b. Corrido el traslado contemplado por el art. 22 de la ley 4.373 (v. fs. 238, 284 y 292) los señores Díaz Bancalari y Torrado lo contestaron a fs. 294/298.
V.1.c. A fs. 316/320 se produce el informe previsto por el art. 25 de la ley 4.373.
V.1.d. Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 23 de agosto de 1990 (v. fs. 333/338).
V.1.e. Recurso de revisión presentado por los funcionarios afectados (v. fs. 343/346 vta.).
V.1.f. Resolución dictada por el Tribunal de Cuentas de fecha 20 de diciembre de 1990 (v. fs. 351/354).
V.2. Pericia contable y contestaciones de observaciones (v. fs. 112/113 y 125).
V.3. Oficio agregado sin acumular, remitido por la Municipalidad de San Nicolás que contiene copias de órdenes de pago y de algunas aprobaciones de ejercicios de la Municipalidad de San Nicolás entre los años 1980 y 1989.
VI. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si los cargos impuestos al actor se ajustan a derecho.
VI.1. De modo preliminar, es pertinente señalar que el Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, resulta competente para examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos (art. 159 inc. 1, Const. prov.; conf. causa B. 64.489, "Giannettasio", sent. de 13-X-2021).
Asimismo, corresponde destacar que el mencionado organismo desempeñaba su función con arreglo a las disposiciones de la ley 4.373 orgánica del Tribunal de Cuentas, vigente al momento del ejercicio 1986, norma que fue posteriormente derogada por su similar ley 10.869 (B.O. de 5-I-1990).
La primera de esas normas legales sindicaba al citado ente público como autoridad encargada de aprobar o desaprobar de modo definitivo las cuentas rendidas por los obligados.
Ello resulta conteste con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6.769/58). En efecto, en el Capítulo IX se fija lo atinente a la responsabilidad de los funcionarios municipales. Luego de establecer el principio de responsabilidad de dichos funcionarios por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos (art. 241), la ley detalla los distintos tipos de responsabilidad: política, civil, penal y administrativa (art. 242). Con respecto a esta última, el mismo artículo establece que será determinada y graduada en su alcance por el Tribunal de Cuentas en lo concerniente a la actividad económica financiera de los municipios y a la preservación de sus patrimonios (conf. causa B. 62.395, "Yapur", sent. de 26-X-2016).
VI.2. Señalado lo anterior, cabe examinar los distintos cargos impuestos al actor.
VI.2.a. Con relación al contrato celebrado con el señor Aseff, es menester puntualizar que, conforme resulta de la ampliación de las observaciones de la señora relatora a fs. 317 vta. de las actuaciones administrativas, el señor Jorge Roberto Aseff fue contratado para el control de los proyectos de erradicación de villas de emergencia. Y fue en el marco de esa contratación, realizada mediante decreto municipal n° 6 del día 6 de enero de 1986, que el día 25 de junio de 1986 se celebró un contrato de suministro por el vehículo particular del agente, a fin de facilitar su traslado a la zona de trabajo asignada (v. fs. 126 de estas actuaciones).
En ese contexto, no existen discrepancias entre las partes en concebir al contrato de suministro como accesorio del de locación de servicios y, en consecuencia, que aquel sigue la suerte de este último en cuanto a su validez.
La cuestión se suscita en relación con la contratación principal la cual no obra en autos, pese a que, conforme manifestara a fs. 317 la señora relatora, ella la tuvo a la vista, y que además no fuera negada por la parte actora. Para más cabe señalar que las circunstancias fácticas del caso no fueron negadas por el encartado.
La parte actora expresó que en ese contrato se cumplió con las disposiciones establecidas por el art. 95 de la ordenanza general 207 y que el instrumento era igual al suscripto en ejercicios anteriores desde el año 1980, los cuales no habían merecido reproche alguno por parte del Tribunal de Cuentas hasta la rendición del ejercicio 1984. De ahí que -según afirma- en tanto el Tribunal de Cuentas no fundó el cambio de criterio que sostiene en esta oportunidad, la sanción resulta nula.
La demandada manifestó que los eventuales errores anteriores en los que hubiera incurrido la autoridad administrativa no hacían nacer en cabeza del señor Díaz Bancalari ningún derecho a eximirse de responsabilidad en ejercicios subsiguientes.
En el caso, el Tribunal de Cuentas, en su resolución del día 23 de agosto de 1990, formuló cargo por el contrato de suministro firmado por el señor Aseff en el que se había pactado un pago mensual por el uso de su automóvil particular para las tareas para las que había sido contratado. Asimismo, destacó que el contrato original era continuación del celebrado en el ejercicio anterior, y "...que mereciera la formalización del reparo por la D. Relatora, y que tuviera tratamiento a través del considerando cuarto del fallo de las cuentas del año 1984...".
Atento a que esa resolución fue acompañada a fs. 155/161 del oficio que corre por cuerda separada, remitido el día 7 de enero de 2003, señaló que en la pieza indicada se expresó que: "...no encuadran los alcances del art. 95 de la O. Gral 207 los contratos celebrados con los siguientes profesionales [...] Sr. Roberto Asseff...".
Por otra parte en la sentencia en estudio se expresó que: "...voy a votar la desaprobación de la totalidad del egreso (A 3.994,80) ya que el pago por afectación de su automóvil particular, se convierte en accesoria de la principal desaprobada...".
En este aspecto asiste razón a la demandada.
Al Tribunal de Cuentas le corresponde, por mandato constitucional, examinar las cuentas municipal
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