Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 53586
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 53.586, "Díaz Bancalari, José María U otro contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Violini.
I. El señor José María Díaz Bancalari, por medio de letrado apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) y solicita que se declare la nulidad de la resolución de fecha 4 de octubre de 1990, dictada por el Tribunal de Cuentas en el expediente administrativo n° 8.917/88 caratulado "Rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio 1987" (v. fs. 20/23).
En el decisorio impugnado y en lo que aquí interesa se dispuso aplicar una multa de A 100.000 (cien mil australes) al señor Díaz Bancalari; formular cargo actualizado de A 29.200.623,45 (veintinueve millones doscientos mil seiscientos veintitrés australes con cuarenta y cinco centavos) en forma solidaria con el contador Jorge Martín Torrado (hasta la suma de A 22.870.609,60) -y con la contadora Mabel T. de Lacomba hasta la suma de A 6.330.013,85- y mantener en suspenso el pronunciamiento en las materias tratadas en el considerando 6° y que se tramitan por expediente S 07.936/85 alcance 1, no liberando de responsabilidad al actor.
Asimismo, obra en la presentación la adhesión a la demanda del contador Jorge Martín Torrado, incorporándose así a la parte actora.
II. A fs. 32 se amplía la demanda y se impugna también el decisorio del día 8 de mayo de 1991 por el cual se consideró improcedente la vía recursiva de revisión articulada contra el primer acto.
Por consecuencia de la nulidad reclamada, se pide se dejen sin efecto las sanciones impuestas.
Por último, se ofrece prueba y se formula reserva de caso federal.
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y, con fundamento en la legitimidad de los actos cuestionados, solicita el rechazo de la acción.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal.
IV. A fs. 230 se denuncia el fallecimiento del coactor Díaz Bancalari y a fs. 256/257 y 258/259 se presentan los herederos del causante: sus hijos María Eugenia, Matías Nicolás, María Fernanda, José María, María del Huerto y Luciana Beatriz Díaz Bancalari y su cónyuge supérstite Alicia Raquel Hormazabal.
A fs. 260 el tribunal tiene a los peticionantes por parte, circunstancia que se notifica a la contraria.
V. Producida la prueba ofrecida en los escritos postulatorios, glosados los alegatos presentados por las partes (v. fs. 220/224 -actora- y 225 -demandada-) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el coactor Díaz Bancalari que se desempeñó en el cargo de Intendente del Municipio de San Nicolás durante gran parte del ejercicio 1987. Expresa que al analizar la gestión del mencionado ejercicio el Tribunal de Cuentas lo sancionó con una multa de A 100.000 (cien mil australes); con formulación de cargo de A 29.200.623,45 (veintinueve millones doscientos mil seiscientos veintitrés australes con cuarenta y cinco centavos) en forma solidaria con el contador Jorge Martín Torrado (hasta la suma de A 22.870.609,60) y con la contadora Mabel T. de Lacomba (hasta la suma de A 6.330.013,85); y de "mantener" en suspenso el pronunciamiento en las materias tratadas en el considerando 6° y que se tramitan por expediente S 07.936/85 alcance 1.
Por su parte Jorge Martín Torrado, quien se desempeñó como contador del Municipio de San Nicolás en el ejercicio analizado, presta adhesión a las pretensiones, argumentaciones y pruebas de la demanda. Por otra parte, con relación a la actuación que le generó un cargo patrimonial, sostiene que su accionar se ajustó a las disposiciones legales ya que, no habiendo objeciones al contrato, su acción estuvo dentro de las previsiones del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Añade que las formalidades y condiciones de la contratación configuran suficiente razón para no objetar la autorización de pago.
II. Previo al desarrollo de la cuestión, atento al fallecimiento del señor Díaz Bancalari y en orden al art. 163 inc. 6 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, se impone despejar las imputaciones realizadas.
En este sentido y tal como se pronunciara este Tribunal en la causa B. 53.722, "Aramburu", sentencia de 27-VIII-2020, cabe acotar que la naturaleza jurídica de una sanción no se determina por el tipo de prestación o consecuencia en que esta consiste, sino por la naturaleza jurídica del deber infringido, antecedente lógico de toda sanción.
Conforme este deber sea "civil", "penal" o "administrativo", la naturaleza de la sanción que acarrea su incumplimiento será, respectivamente, civil, penal o administrativa. En el caso que nos ocupa, se han violado deberes de naturaleza administrativa, debido a ello correspondería en cada caso únicamente una sanción disciplinaria y/o reparatoria de la misma naturaleza.
La responsabilidad administrativa como género posee varias subespecies. Dos de las cuales son la "responsabilidad disciplinaria" y la "responsabilidad pecuniaria" (conf. doctr. causa B. 58.704, sent. de 23-VII-2008; e.o.). La multa administrativa es una sanción pecuniaria que se impone al transgresor de una disposición administrativa, abstracción hecha del daño material que la infracción haya causado o podido causar (Bielsa, Rafael; Derecho Administrativo , Tomo IV, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1965, pág. 90).
Se ha señalado que si se trata de procedimientos de naturaleza administrativa, que tienen por objeto establecer un título de obligación respecto de un determinado responsable, el Tribunal de Cuentas es la única autoridad que puede aprobar o desaprobar de modo definitivo la gestión de los administradores de la hacienda pública, señalando las responsabilidades en que éstos hubieran incurrido (Bielsa, Rafael; "Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas", Rosario, 1941, pág. 353). A tal efecto la legislación reglamenta un juicio de cuentas y/o de responsabilidad, para que tramiten ante él (Granoni, Raúl A.; "El control de los gastos públicos por los Tribunales de Cuentas", Ed. Argentina de Finanzas y Administración, Buenos Aires, 1946, pág. 170).
No pueden existir dos sanciones de la misma naturaleza con subsunción sobre un mismo hecho, de allí que sea necesario diferenciar la naturaleza jurídica de multas y cargos. Si el cargo persiste aún sobre los herederos del causante, es por su plena identificación con el perjuicio material ocasionado sobre los bienes públicos. Ahora bien, ello no podría predicarse sobre las multas porque, si bien subsiste, en la especie, materialidad fáctica susceptible de sanción, se trata de una pena (Granoni; ob. cit., pág. 183) y de ello resulta que, en este caso, el fallecimiento del actor imposibilita a la autoridad administrativa el ejercicio de su potestad en cuanto a este tipo especial de sanción.
Como necesaria consecuencia del deceso del actor Díaz Bancalari debo señalar que, en el sub examine , las imputaciones de incumplimiento de normas legales y reglamentarias por las que se le impusiera una multa de A 100.000 en el artículo cuarto de la resolución del Tribunal de Cuentas del 4 de octubre de 1990, se han extinguido naturalmente por la razón aludida precedentemente, ya que una eventual condena no tendría razón de ser, ni podría recaer sobre el patrimonio heredado por quienes han continuado la acción.
III. Despejado ello y atento a que el cargo -en el caso, patrimonialmente determinado- no constituye una "pena" sino una deuda contraída por el causante, la obligación de restituirlo se transmite a sus herederos (arts. 2.278, 2.289 y 2.317, Cód. Civ. y Com. -arts. 3.279, 3.363, 3.365 y 3.371, Código Civil derogado-) razón por la cual corresponde analizar la falta señalada en el considerando 3°, apartado 1, con formulación de cargo actualizado de A 29.200.623,45 para el señor Díaz Bancalari en forma solidaria con el contador Torrado, coactor de autos, hasta la suma de A 22.870.609,60 y con la contadora Mabel T. de Lacomba, hasta la suma de A 6.330.013,85, tratados en el artículo quinto de la resolución del día 4 de octubre de 1990 por las que se formulara la sanción mencionada.
III.1. La parte actora señala, en primer lugar, que en el acto atacado se objeta el convenio celebrado con el señor Aseff.
En su defensa, los actores precisan que el contrato cumple con las previsiones del art. 95 de la ordenanza general 207 y que, estando contratado el señor Aseff desde el año 1980, nunca el tribunal en sus anteriores fallos objetó el convenio, el cual permaneció en similares condiciones hasta el momento de la evaluación en estudio. Cuestionan al Tribunal de Cuentas por no fundar la razón de la referida observación.
III.2. También objetan la actualización monetaria efectuada y la aplicación de intereses por parte del tribunal.
III.3. Enuncian un planteo prescriptivo sobre el accionar del tribunal sin demasiada argumentación para sustentarlo.
III.4. En torno a las reservas que efectúa el fallo y en lo que pudiera ser materia de eventual incorporación de responsabilidad, la parte actora solicita su nulidad al señalar que en el caso se han superado todos los plazos legalmente impuestos por la ley 4.373 para resolver.
IV. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado argumenta a favor de la legitimidad de las sanciones aplicadas por el Tribunal de Cuentas.
IV.1. Con relación al convenio celebrado con el señor Aseff, refiere que el Tribunal de Cuentas entendió que los gastos anteriores al año 1984 que no hubieran merecido objeción, no obligan al cuerpo a mantener el mismo criterio.
Señala que la observación se encuentra suficientemente fundada en los arts. 95 de la ordenanza general 207 y 148 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que son similares a los arts. 191 a 193 de la ordenanza general 2.054/86.
Añade que tampoco les asiste razón a los demandantes por no haberse acreditado el cumplimiento de los extremos requeridos por la norma para efectuar la contratación cuestionada.
IV.2. Estima sin sustento jurídico las afirmaciones de los actores en el sentido de que el tribunal carece de competencia para actualizar y aplicar intereses sobre el quantum de los cargos pecuniarios que se le formularan.
Justifica la aplicación de ambos institutos.
IV.3. Añade que otra de las articulaciones introducidas por los actores en su escrito de demanda se halla vinculada a la prescripción del plazo para declarar la nulidad de los actos u omisiones "no ejecuciones".
Destaca que la competencia del Tribunal de Cuentas establecida en la Constitución provincial no se abre para la declaración de nulidad de actos u omisiones de las autoridades municipales.
Aclara que el control que ejerce el Tribunal de Cuentas se limita a la fiscalización de la legalidad financiera de la Administración, careciendo obviamente de competencia para dejar sin efecto o revocar los actos que considere viciados de ilegitimidad.
Concluye señalando que el Tribunal de Cuentas ha ejercido en su momento su competencia sin que medie óbice de orden temporal alguno a su proceder, ni norma prescriptoria que lo limite en el ejercicio de sus atribuciones.
V. De la prueba producida resultan las siguientes constancias relevantes para la decisión de autos:
V.1. Expediente administrativo 8.917/88 "Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 1987, Municipalidad de San Nicolás".
V.1.a. A fs. 281/285 y 325 se produjeron informes previstos por el art. 21 de la ley 4.373.
V.1.b. Corrido el traslado contemplado por el art. 22 de la ley 4.373 (v. fs. 288 y 328) Díaz Bancalari, Torrado, T. de Lacomba y Di Rocco lo contestaron a fs. 297/304 y 340/341.
V.1.c. A fs. 344/347 se produce el informe previsto por el art. 25 de la ley 4.373.
V.1.d. Resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 4 de octubre de 1990 (v. fs. 354/358 vta.).
V.1.e. Recursos de revisión presentados por los funcionarios afectados (v. fs. 368/369 vta. y 375/376).
V.1.f. Resolución dictada por el Tribunal de cuentas de fecha 8 de mayo de 1991 (v. fs. 377/380 vta.).
VI. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión a decidir se centra en determinar si el cargo impuesto a los actores se ajusta a derecho.
VI.1. De modo preliminar, es pertinente señalar que el Tribunal de Cuentas, órgano de control previsto en la Constitución provincial, resulta competente para examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos (art. 159 inc. 1, Const. prov.; conf. causa B. 64.489, "Giannettasio", sent. de 13-X-2021).
Asimismo, corresponde destacar que el mencionado organismo desempeñaba su función con arreglo a las disposiciones de la ley 4.373 orgánica del Tribunal de Cuentas, vigente al momento del ejercicio 1987, norma que fue posteriormente derogada por su similar ley 10.869 (B.O. de 5-I-1990).
La primera de esas normas legales sindicaba al citado ente público como autoridad encargada de aprobar o desaprobar de modo definitivo las cuentas rendidas por los obligados.
Ello resulta conteste con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6.769/58). En efecto, en el Capítulo IX se fija lo atinente a la responsabilidad de los funcionarios municipales. Luego de establecer el principio de responsabilidad de dichos funcionarios por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos (art. 241), la ley detalla los distintos tipos de responsabilidad: política, civil, penal y administrativa (art. 242). Con respecto a esta última, el mismo artículo establece que será determinada y graduada en su alcance por el Tribunal de Cuentas en lo concerniente a la actividad económica financiera de los municipios y a la preservación de sus patrimonios (conf. causa B. 62.395, "Yapur", sent. de 26-X-2016).
VI.2. Señalado lo anterior, cabe examinar el cargo impuesto a los actores.
Así, el resultante del convenio con el señor Jorge Roberto Aseff, quien fuera contratado para el control de los proyectos de erradicación de villas de emergencia. Conforme resulta de la resolución atacada, la observación del órgano de control fue realizada teniendo en cuenta que era reiteración de la formulada en ejercicios anteriores.
La parte actora manifestó que en ese contrato se cumplió con las disposiciones establecidas por el art. 95 de la ordenanza general 207 y que el instrumento era igual al suscripto en ejercicios anteriores desde el año 1980, los cuales no habían recibido reproche alguno por parte del Tribunal de Cuentas hasta la rendición del año 1985. De ahí que -según expresó- en tanto el Tribunal de Cuentas no fundó el cambio de criterio que sostiene en esta oportunidad, la sanción resulta nula.
La demandada aseguró que, además de no haberse aportado pruebas de la tarea específica realizada por el señor Aseff, tampoco se pusieron en evidencia las cualidades e idoneidad reunidas por el mismo, ni tampoco se acreditó la falta de personal municipal que pudiera realizar las mismas funciones.
Agregó que los gastos anteriores al año 1984 que no hubieran merecido objeción por parte del tribunal, no obligan al cuerpo a mantener igual criterio, ni impiden el pronunciamiento sobre los que se han cuestionado en el presente estudio. Ello en virtud de que los eventuales errores anteriores en los que hubiera incurrido la autoridad administrativa no hacían nacer en cabeza de los actores ningún derecho a eximirse de responsabilidad en ejercicios subsiguientes.
En este aspecto asiste razón a la demandada.
Al Tribunal de Cuentas le corresponde, por mandato constitucional, examinar las cuentas municipales de cada ejercicio y señalar aquellas irregularidades que detecte con el legítimo interés estatal en el mantenimiento de la legalidad.
Por lo que, de encontrar alguna deficiencia, debe indicarla, independientemente de que no hubiera sido advertida en ejercicios anteriores, con la salvedad, en el caso, de que ya en el análisis del ejercicio 1984 fue señalada.
Esta Corte ha resuelto que no puede alegarse, como eximente de responsabilidad, el incumplimiento generalizado por parte de la Administración del régimen jurídico al cual esta debe adecuar su proceder puesto que, por más censurable que resulte semejante situación, no puede generar ningún derecho ni justificar el incumplimiento de ninguna obligación (conf. doctr. causas B. 59.891, "Navarro", sent. de 2-IX-2009 y B. 62.422, "Brown", sent. de 13-X-2021).
En la especie el tribunal observó el incumplimiento de los extremos previstos por el art. 95 de la ordenanza general 207 para las locaciones de servicios, norma que permite la contratación de personal en el campo de las ciencias, artes o técnicas para servicios, trabajos u obras que no puedan efectuar los agentes de la Administración y con personas de reconocida capacidad o idoneidad científica, técnica o artística.
A las probanzas acompañadas no solo no fue agregado el instrumento analizado, sino que tampoco resultan debidamente acreditadas las circunstancias que autorizan la contratación realizada. Se ponderó especialmente que no hay resultados, constancias o elementos que den cuenta de la realización de la labor.
Pues la norma condiciona la contratación de profesionales para los cometidos allí indicados a la verificación de determinados supuestos o situaciones que también especifica.
En este sentido, en supuestos semejantes, esta Corte ha señalado que incumbe a la Municipalidad que sostiene la regularidad de tal actuación, practicar las diligencias de comprobación imprescindibles para acreditar tanto la falta de personal especializado, como las especiales condiciones y aptitudes del beneficiario (causas B. 50.924, "De Aduriz", sent. de 7-VI-1994; B. 63.195, "Brown", sent. de 11-IX-2019; e.o.).
Los demandantes no cumplieron en ninguno de los casos apuntados con la carga del onus probandi consagrada en las normas indicadas.
Para más, en el ámbito de la pretensión anulatoria, incumbe a la parte actora la carga de la prueba pues es esta quien debe demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su pretensión (arts. 25, ley 2.961 -hoy 77.1- CCA; ley 12.008 y 375, CPCC), enervando eficazmente la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la Administración (causas B. 60.081, "Bardone", sent. de 7-IX-2011; B. 58.302, "Guimarey", sent. de 21-XII-2011; entre muchas otras).
En síntesis, y por las razones aquí brindadas, los cuestionamientos efectuados en este punto deben desestimarse.
VI.3.a. A partir de fs. 21 vta., los actores plantean de un modo desorganizado, una serie de argumentos vinculados con la falta de competencia del Tribunal de Cuentas para imponer intereses; y de soslayo y con poca claridad (v. párrafos tercero y quinto, fs. 22), se agraviaron de la duración del procedimiento.
Más allá de la falta de idoneidad del planteo para desbaratar los efectos del acto cuestionado, a todo evento corresponde hacer las consideraciones necesarias para apuntalar la respuesta negativa.
En primer término, en virtud de lo dispuesto por el art. 16 de la ley 10.869 y su concordancia con el art. 243 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Tribunal de Cuentas posee la atribución legal de imponer de
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