Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61209
Lo que resolvió el tribunal
I. No hacer lugar al planteo formulado por la demandada en su escrito electrónico del 29-VI-2023.
II. Reiterar la intimación al señor Intendente Municipal de Baradero dispuesta en la resolución de este Tribunal de 6-VI-2023, debiendo dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente, bajo el apercibimiento allí decretado (arts. 17 y 18, Const. nac.; 10, 11 y 15, Const. prov.; 79 y sgtes., ley 2961; 78 inc. 3, ley 12.008).
B.61.209 “DESCALZO CRISTIAN PABLO CONTRA MUNICIPALIDAD DE BARADERO”
I. Con fecha 6-VI-2023, este Tribunal resolvió rechazar el pedido de embargo solicitado por la actora sobre una cuenta bancaria de la Municipalidad demandada; practicar actualización de intereses sobre la liquidación que fuera aprobada por resolución del 21-X-2020 y, dado el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia de autos (6-VI-2012) y las sucesivas intimaciones por las que la demandada fuera conminada a cumplir con lo allí ordenado y con lo dispuesto en la resolución dictada el 21-X-2020, se intimó al señor Intendente Municipal de Baradero para que dentro del perentorio plazo de diez días de recibido el oficio a librarse deposite en autos el importe de la liquidación aprobada más el monto de la actualización de intereses que se practicara, lo que arrojó la suma total de cinco millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos quince pesos con sesenta y seis centavos -$ 5.365.815,66-.
Asimismo, se dispuso que dicha intimación se formulaba con apercibimiento de remitir copia de todo lo actuado a la Fiscalía General Departamental para que tome la intervención que corresponda y evalúe la responsabilidad personal de los funcionarios con competencia a ese efecto (arts. 163, Const. Prov.; 82 a 90, ley 2961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-) y con la advertencia de aplicar sanciones conminatorias que deberán ser cumplidas por el Intendente Municipal de Baradero, en forma directa y personal, las que se fijaron en el monto equivalente a un (1) Jus por cada día de demora (arts. 804, Cód. Civ. y Com.; 37 y 511, CPCC; v. resolución de 6-VI-2023; fs. 394/397).
II. El día 29-VI-2023, se libró oficio electrónico a la Municipalidad demandada adjuntándose copia en formato PDF de la resolución dictada por el Tribunal.
III. La Municipalidad de Baradero, a través de sus apoderadas, solicita que, conforme lo dispuesto en el art. 20 de la ley 24.624, extensible a los municipios por ley 25.973, se deje sin efecto la intimación cursada mediante la resolución de fecha 6-VI-2023.
Sostiene que la realidad comunal hace imposible el cumplimiento de la manda judicial, toda vez que el depósito solicitado no se encuentra previsto en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2023 y que, debido a la difícil situación financiera que atraviesa la municipalidad, no cuenta con los fondos líquidos necesarios. Manifiesta que se realizarán las previsiones del caso para el próximo ejercicio presupuestario: año 2024 (v. escrito electrónico del 29-VI-2023 y sus archivos adjuntos).
IV. Habiéndose corrido el correspondiente traslado, la actora lo contesta solicitando el rechazo de la petición que formula la demandada.
Señala que el Tribunal dictó sentencia definitiva en estos autos el día 6-VI-2012 y, con fecha 8-V-2013, desestimó el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la demandada.
Manifiesta que desde el año 2013 ella se muestra reticente a cumplir con el fallo dictado en autos, y afirma que no se trata de una simple mora, porque la amplitud del plazo transcurrido y la falta de razones que lo justifiquen denota una real intención de no cumplir.
Agrega que, en virtud de lo establecido por el art. 20 de la ley 24.624, el Municipio demandado debió haber hecho las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2014, y no lo hizo. Por ello, sostiene que la pretensión de aplicar dicha norma es temeraria ya que han pasado más de 10 años desde que debió cumplir con la sentencia (v. escrito electrónico del 11-VII-2023).
V. Analizado lo expuesto por las partes corresponde señalar que, en el presente caso, este Tribunal dictó sentencia con fecha 6-VI-2012, la que quedó firme con el rechazo del Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la demandada (v. resolución de 8-V-2013).
V.1. Luego de sucesivas intimaciones por las que la demandada fuera conminada a cumplir lo dispuesto por el Tribunal (v. proveídos y oficios de fechas 25-VIII-2014 y 16-IX-2015), se aprobó la liquidación que practicara la parte actora mediante la resolución dictada el 21-X-2020, la que fue actualizada, por el Tribunal, con fecha 6-VI-2023.
V.2. En virtud de ello, ponderando el tiempo transcurrido y el silencio guardado por la Municipalidad de Baradero a todas y cada una de las intimaciones que se le cursaran, se dictó la resolución del día 6-VI-2023 donde se intima al señor Intendente Municipal a dar cumplimiento a lo allí dispuesto bajo apercibimiento de evaluarse la responsabilidad personal de los funcionarios con competencia a ese efecto y con la advertencia de aplicar sanciones conminatorias a ser cumplidas en forma personal por el jefe comunal (arts 163, Const. Prov.; 82 a 90, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008; 804, Cód. Civ. y Com.; 37 y 511, CPCC).
V.3. El art. 20 de la ley 24.624 aplicable a los municipios en virtud de lo dispuesto por el art. 1° de la ley 25.973, establece en su segundo párrafo: "En el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo Nacional, deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el del ejercicio siguiente...".
En consecuencia, según lo allí dispuesto -con la debida traspolación a la situación de los municipios y sin abrir juicio acerca de su validez constitucional- y atento lo que surge de las constancias de autos, encontrándose notificada de la sentencia la comuna demandada debió efectuar , tal como lo ordena la ley 24.624, las previsiones necesarias para la inclusión de la condena en el presupuesto para el ejercicio 2014 o, en su defecto, una vez aprobado el monto de la liquidación por resolución de 21-X-2020, en el ejercicio 2021.
El propósito de la norma citada es el de evitar que la Administración pueda verse, a raíz de una condena judicial, en la situación de no poder responder en término a tal requerimiento por no tener los fondos previstos en el presupuesto para tal fin o en la de perturbar su desenvolvimiento normal; sin embargo, ello no significa que el Estado esté exento de cumplir los fallos judiciales.
La Municipalidad demandada, una vez notificada de la liquidación aprobada por el Tribunal, debió dar cumplimiento a lo dispuesto depositando el monto de condena o, alternativamente, efectuar los procedimientos administrativos necesarios a fin de diferir el pago incluyéndolo en el siguiente presupuesto anual.
En el presente caso, teniendo en cuenta que han transcurrido diez años desde que quedó firme la sentencia -habiéndose efectuado varias intimaciones a fin de lograr su cumplimiento- y que la demandada guardó silencio a cada una de ellas, a casi tres años de aprobada la liquidación no es posible hacer lugar a su planteo pues semejante cosa implicaría, lisa y llanamente, una flagrante violación de derechos constitucionales del actor, tales como -entre otros- el de propiedad y el de tutela judicial continua y efectiva.
V.4. Por lo expuesto, corresponde denegar lo solicitado por la demandada el 29-VI-2023 y reiterar la intimación al señor Intendente Municipal de Baradero dispuesta en la resolución de este Tribunal de 6-VI-2023, debiendo dar estricto cumplimiento a ordenado en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente, bajo el apercibimiento allí decretado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. No hacer lugar al planteo formulado por la demandada en su escrito electrónico del 29-VI-2023.
II. Reiterar la intimación al señor Intendente Municipal de Baradero dispuesta en la resolución de este Tribunal de 6-VI-2023, debiendo dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente, bajo el apercibimiento allí decretado (arts. 17 y 18, Const. nac.; 10, 11 y 15, Const. prov.; 79 y sgtes., ley 2961; 78 inc. 3, ley 12.008).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2023 12:05:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2023 21:03:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2023 21:25:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2023 12:50:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/08/2023 12:57:56 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/08/2023 13:00:22 hs. bajo el número RR-795-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia