Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57228
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por inadmisible, el planto formulado con fecha 7 de marzo de 2022 (1:04:49 p.m.) por el Síndico de la quiebra actora (art. 238, CPCC).
B.57.228 “VENTURINO Y PERSONAL LA PLATA S.A. C/MUNICIPALIDAD DE ENSENADA”
I. Mediante la sentencia dictada el 2 de marzo del corriente, esta Suprema Corte hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad los decretos 436/95 y 13/96 dictados por el Intendente de la Municipalidad de Ensenada y, en su consecuencia, dejó sin efecto la multa aplicada a Venturino y Personal La Plata S.A. Contra esta decisión, el síndico de la quiebra de la empresa actora interpone lo que denomina "recurso de reposición in extremis " y cuestiona que las costas hayan sido impuestas por su orden de conformidad a lo dispuesto por el art. 17 de la ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3° de la ley 12.008.
Pese a la claridad del texto de la norma contenida en el aludido art. 78 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- que transcribe en forma completa, la actora se agravia de que este Tribunal haya resuelto la imposición de las costas con fundamento en la ley 2.961 a la que reputa "ya derogada".
Subsidiariamente, manifiesta que el caso debe encuadrarse en la excepción a la que refiere el art. 17 de la ley 2.961 por entender que la conducta de la comuna demandada ha sido temeraria. Como fundamento de esta posición transcribe pasajes de la sentencia en la que se detallan las instancias del procedimiento administrativo y el temperamento del Municipio en cada caso.
Agrega que el art. 17 citado le es inoponible. Trae el art. 7 del Código Civil y Comercial (ley 26.994) y asegura que las leyes no tienen efecto retroactivo salvo disposición en contrario y que, en su caso, no puede afectar los derechos amparados por garantías constitucionales. Aduce que la aplicación de aquella norma afecta sus derechos adquiridos.
En otro orden, manifiesta que la imposición de costas en el orden causado implica que la quiebra de la actora deberá soportar los honorarios que deberán ser regulados a la Sindicatura actuante y, en la extensión correspondiente, los devengados por las tareas periciales, todo lo cual generará directa e inmediatamente una detracción de los fondos falenciales para ser atendidas tales erogaciones que, según dice, gozan del privilegio que prevé el art. 240 de la ley 24.522. Sobre esa base, plantea la vulneración del derecho de propiedad amparado por el art. 17 de la Constitución nacional.
Por último, formula reserva del caso federal.
II. Por regla, la sentencia definitiva no es susceptible de ser impugnada por medio del recurso de reposición; solución que no varía aún cuando se califique al remedio in extremis (arts. 66, ley 2.961; 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 238, CPCC).
Esta Suprema Corte, ante planteos de la misma naturaleza formulados contra resoluciones dictadas en ejercicio de su competencia originaria (cfr. doctr. causas I. 75.125, "Central de Trabajadores Argentinos", resol. de 1-VIII-2018; I. 75.111, "Macchi", resol. de 18-IX-2019; I. 72.669, "Picorelli", resol. de 5-VI-2019; B. 77.804, "Asesoría de Menores e Incapaces", resol. de 8-III-2022; e.o.) o bien, con motivo de pronunciamientos relativos a la admisibilidad de los recursos extraordinarios locales -fuera del supuesto contemplado por el art. 290 del código adjetivo- (cfr. doctr. causas C. 118.592, "Briozzo", resol. de 22-III-2016; C. 121.863, "Centro Integral de Computador SRL", resol. de 7-III-2018; L. 119.977, "Tejeiro", resol. de 26-VI-2019; A. 75.973, "Scalioti", resol. de 15-VII-2021, e.o.), ha dejado claramente establecida la ineptitud de esa vía para revisar lo oportunamente decidido.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo deducido por su manifiesta inadmisibilidad (arts. 66, ley 2.961; 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 238, CPCC).
III. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, es preciso poner de resalto que la postulación de la actora tampoco es procedente.
En efecto, la demanda de autos fue iniciada el 27 de marzo de 1996 (v. fs. 63); es decir, con anterioridad a que comenzara a funcionar el fuero contencioso administrativo, por lo que la presente constituye una causa regida por lo dispuesto en el art. 215, segundo párrafo, de la Constitución provincial.
El actual ordenamiento ritual armonizó sus disposiciones con las del antecedente, estableciendo que serían de aplicación sus normas a aquellas causas iniciadas con anterioridad a la puesta en marcha del fuero contencioso administrativo en cuanto lo allí establecido resultare compatible con la jurisdicción atribuida por aquel precepto a esta Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, expresamente exceptuó de la regla antedicha a la regulación sobre caducidad de instancia, costas, régimen de sentencia, su ejecución y los recursos contra la misma, disponiendo que en tales supuestos deben aplicarse las normas de la ley 2.961 (art. 78 inc. 3°, ley 12.008 -texto según ley 13-101-).
Este Tribunal ha receptado el criterio normativo antes referido al declarar la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en la ley 12.008 -texto según ley 13.101- a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003. No obstante, ha precisado también que ello sería así en la medida en que sus normas resultaren compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el art. 78 inc. 3° de dicho texto legal (cfr. doctr. causas B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004; B. 59.618, "Suárez", resol. de 11-II-2004; B. 64.188, "Machado", sent. de 21-III-2012, entre muchos otros).
De ahí que, por tratarse el régimen de costas de uno de los supuestos exceptuados, no corresponda en la especie la aplicación del art. 51 de la ley 12.008 que pretende la actora.
IV. Con relación al argumento subsidiario relativo a que la demandada habría actuado con temeridad y malicia y que, por ello, debería cargar con los gastos del proceso, no sólo es un planteo que no ha sido debidamente desarrollado -ni mucho menos probado-, sino que constituye una pretensión ensayada de modo extemporáneo.
La actora efectuó esta petición con posterioridad a la sentencia y, pese a que refiere a una supuesta actuación municipal temeraria y maliciosa durante la instancia administrativa, no integró tal denuncia el escrito introductorio de la acción, ni resultó comprendida en la traba de la litis . Por el contrario, en la presentación en tratamiento este planteo se construye a partir de pasajes de la sentencia impugnada en los cuales se detallan diferentes tramos de la actuación administrativa que tampoco prueban por sí sus afirmaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, por inadmisible, el planto formulado con fecha 7 de marzo de 2022 (1:04:49 p.m.) por el Síndico de la quiebra actora (art. 238, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2023 13:11:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2023 16:41:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/05/2023 08:51:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:32:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 07:30:10 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 07:35:53 hs. bajo el número RR-521-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia