Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61744
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la excepción opuesta por la Municipalidad de San Pedro y, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la pretensión (arts. 35 inc. "i" y 36 ap. 2 inc. "c", ley 12.008 -texto según ley 13.101-). Costas por su orden (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, CCA).
II. Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los letrados apoderado y patrocinantes de la parte actora, doctores Elvio Alfio Macchia, Raúl Alberto Rocca y Marcelo N. Fernández en las sumas de pesos … -$ … -, … -$ … - y … -$ … -, respectivamente (arts. 9, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 44 ap. "b" segunda parte y 54, dec. ley 8904/77), cantidades a las que deberá adicionarse el 10% (art. 16, ley 6716 -t.o. dec. 4771/95 y sus modificatorias-; cfr. doctr. causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo 3871/2017) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
B.61.744 “CEJAS JORGE HORACIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO”
I. El señor Jorge Horacio Cejas promueve demanda contencioso administrativa por retardación contra la Municipalidad de San Pedro reclamando el pago de diferencias salariales por bloqueo de título, con más intereses.
I.1. En lo que atañe a los requisitos de admisibilidad de la demanda, destacó que en el marco de lo dispuesto en el art. 87 de la ordenanza general 267, impugnó la notificación del dictamen de la Asesoría Legal municipal de fecha 27 de enero de 2000, formuló reserva para reclamar judicialmente su nulidad y solicitó el dictado del respectivo acto administrativo.
Agrega que con fecha 4 de abril de 2000 presentó pedido de pronto despacho, por lo que afirma que la denegatoria tácita se configuró el 19 de mayo de ese mismo año.
I.2. En orden a la pretensión pecuniaria, detalló que a través del decreto 168/96 el Intendente municipal lo designó en el cargo de Director del Hospital Subzonal de San Pedro con un régimen de 48 horas semanales y una remuneración mensual determinada para dicho cargo y función, en la Ley de la Carrera Médico Hospitalaria. Especificó que se le asignó una bonificación del 100% del sueldo básico y función, en concepto de bloqueo de título de acuerdo a lo establecido en el aludido régimen.
Se agravia de que dichos importes le hayan sido liquidados y abonados en sumas menores a las que legalmente le correspondía percibir.
Apunta que reclamó ante la autoridad administrativa el pago de las diferencias impagas, pedido que -dice- fue desestimado. Precisa que el planteo se fundó en las disposiciones de la ley 10.471 (en especial, arts. 1, 3 y 56) al que el Municipio de San Pedro adhirió a través de la ordenanza 4.094/87.
Es contundente al afirmar, en un pasaje de la demanda, que "resulta innegable entonces que todos los profesionales médicos dependientes del Municipio de San Pedro, que se desempeñan como tales en el Hospital o en cualquier otra repartición municipal, quedan adheridos desde su designación al sistema de la ley 10.471. Consecuencia lógica de ello -continúa diciendo- es que a dichos profesionales les corresponde el derecho al cobro de los adicionales previstos en el art. 32 de la citada ley…".
Finalmente, reitera que en el reclamo administrativo se "invocó ab initio la ley 10.471 de Carrera Médico Hospitalaria" y concluyó que "cualquiera sea la categorización que se atribuya al Hospital municipal, ella no resultará derogatoria de las expresas disposiciones de la ley 10.471 que regula expresamente los derechos y deberes del personal médico de dicho hospital".
II. A fs. 118/123 se presenta la Municipalidad de San Pedro, contesta la demanda y opone excepción de inadmisibilidad de la pretensión como de previo y especial pronunciamiento, por no haberse agotado la vía administrativa al no haber realizado el actor el reclamo administrativo previo a la interposición de la demanda, conforme lo exige el art. 14 de la ley 12.008.
Precisa que la pretensión formulada en la demanda de autos difiere considerablemente del reclamo intentado en sede administrativa. Apunta que no existe correlación entre lo requerido en esa instancia, esto es que el adicional por bloqueo de título se liquide al 200% y la demanda de autos, por la que pide que se le paguen diferencias salariales por haberse liquidado en menos el adicional por bloqueo de título que en esta oportunidad estima en el importe equivalente al 100%.
III. Luego del impulso procesal realizado por la parte actora con motivo de la intimación de caducidad cursada por este Tribunal el día 29 de junio del corriente (v. fs. 130, 143, 147 y 148), los autos pasaron al acuerdo a fin de resolver la excepción oportunamente planteada por el municipio demandado (v. fs. 151).
IV. Primeramente, cabe destacar que esta Suprema Corte ordenó el traslado de la demanda mediante resolución de 3 de octubre de 2001 bajo la vigencia de la anterior ley 2961, y el apoderado de la Municipalidad de San Pedro opuso excepción de previo y especial pronunciamiento y contestó la demanda el 11 de febrero de 2010.
Este Tribunal ha declarado la aplicabilidad de las disposiciones de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- a las causas iniciadas antes del 15 de diciembre de 2003, en tanto resulten compatibles con la jurisdicción atribuida a esta Suprema Corte por el art. 215, segunda parte, de la Constitución provincial, con las excepciones previstas en el referido cuerpo legal (cfr. doctr. causas B. 64.996, "Delbés", resol. de 4-II-2004; B. 59.618, "Suárez", resol. de 11-II-2004, entre muchos otros).
V. En orden a la falta de cumplimiento del reclamo administrativo previo esgrimido por la demandada, es preciso recordar que desde hace tiempo este Tribunal ha expresado que la necesaria correspondencia entre la pretensión esbozada ante la Administración y la contenida en el escrito inicial del juicio, como derivado del proclamado "carácter revisor" asignado antaño a la jurisdicción contencioso administrativa, ya no es predicable sin más para el régimen de enjuiciamiento de los casos administrativos; ello a tenor de lo dispuesto por la cláusula constitucional de la materia (art. 166 -párrafo final- de la Constitución provincial) cuya operatividad fue declarada por esta Suprema Corte aún antes de la puesta en vigencia del nuevo sistema contencioso administrativo a partir de lo resuelto en las causas B. 64.745, "Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca", resol. de 23-X-2002 y B. 64.553, "Gaineddu", resol. de 23-IV-2003 (cfr. doctr. causas B. 62.495, "López Ruf", sent. de 2-VII-2008; B. 60.825, "Rojas", sent. de 12-IX-2009, e.o.).
La carga de acudir ante la Administración responde, principalmente en el campo de las pretensiones impugnativas, a la necesidad de contar con un acto administrativo que proyecte suficientemente la voluntad institucionalizada del ente público, para de tal modo configurar un caso que le sea imputable por su actuación (cfr. doctr. causas B. 51.847, "Pomponio", sent. de 17-III-2010; B. 65.355, "Acosta", sent. de 25-II-2015; B. 60.626, "Aguiar", sent. de 14-VI-2017;
B. 60.927, "Berardi", sent. de 18-X-2017; e.o.). Es por ello que el recaudo de reclamo previo ha de ser una expresa y razonable consecuencia de aquel postulado (art. 15, Const. prov.; cfr. doctr. causas B. 62.879, "Obras Sanitarias de Mar del Plata Sociedad del Estado", sent. de 17-IX-2009).
En efecto, este Tribunal ha sostenido que la operatividad del art. 166 in fine de la Constitución ha provocado sensibles modificaciones en lo atinente a la exigibilidad de vías administrativas de tránsito previo y obligatorio. Y ha expresado que supuesta la efectiva configuración de un caso, para cuya ocurrencia en ocasiones puede ser menester la articulación de un pedimento ante la entidad administrativa, el tránsito por vías administrativas ha de tener cabida como excepción al principio de demandabilidad directa, ello para no contrariar el principio de accesibilidad irrestricta a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.; cfr. doctr. causas B. 64.552, cit.; B. 51.847, cit.; B. 61.330, "Espíndola", sent. de 24-V-2016, e.o.).
VI.1. De las actuaciones administrativas agregadas a la causa surge que el señor Cejas reclamó, a través del expediente administrativo 4107-0336/2000 -al que refiere en la demanda-, el pago de la bonificación por bloqueo de título conforme el 200% de la retribución básica, con fundamento en lo establecido en el decreto provincial 2.368/97 (v. fs. 16/18).
En atención al tenor de esa presentación administrativa, la Asesoría Letrada municipal emitió dictamen manifestando la inaplicabilidad al caso del decreto invocado por el interesado (v. fs. 44/45).
Seguidamente, el señor Cejas interpone la demanda circunscribiendo su pretensión al pago de diferencias salariales en concepto de bonificación por bloqueo de título por haber sido liquidada y abonada por debajo de lo establecido en los arts. 32 de la ley 10.471 -Carrera Médico Hospitalaria- y 4 del decreto municipal 168/96 -acto de designación-. A su vez, en su escrito postulatorio reconoce que el régimen aplicable es el de la Carrera Médico Hospitalaria y que la bonificación por bloqueo de título asciende al equivalente al 100% del sueldo básico y función.
De tal modo, el reclamo administrativo que originó el expediente 4107-0336/2000 y la demanda de autos no versan sobre idéntica pretensión. Ello surge no sólo del alcance de las sumas reclamadas (administrativamente el 200% y, en la demanda, una diferencia por la liquidación del 100%), sino también del marco legal aplicable (en sede administrativa el suplemento se pidió con arreglo al régimen que resulta del decreto provincial 2.368/97, mientras que en la demanda se lo hizo con fundamento en el art. 32 de la ley 10.471), lo que lleva a la conclusión de que se trata de dos peticiones sustancialmente diversas. Adviértase así que no se está en presencia de la simple mejora o sustitución de argumentos legales, manteniéndose el sentido del pedido inalterado, sino que lo que se busca aquí -directamente- en sede judicial es algo inexplorado con anterioridad en sede administrativa.
Todo ello obsta el cumplimiento de la finalidad del instituto del reclamo administrativo previo, esto es, la configuración de un caso judicial a partir de la manifestación de la voluntad de un ente público de modo suficiente y de acuerdo a las formas legalmente impuestas.
VI.2. Para más, entre otras notas que informan el caso vale dar cuenta que en la presentación administrativa de fecha 20 de enero de 2000, el actor reconoció expresamente que la comuna le abonaba en concepto de bloqueo de título el equivalente al 100% del sueldo básico más la bonificación por función (v. fs.41 vta.), circunstancia que se corrobora con la documentación acompañada a fs. 52/99.
En efecto, en el reclamo administrativo que originó el expediente 4107-0336/2000, el reclamante detalló las sumas percibidas en septiembre de 1996 en concepto de sueldo básico, bonificación por función y bonificación por bloqueo de título, indicando que esta última resultaba equivalente al 100% de lo liquidado por los dos conceptos anteriores.
Este expreso reconocimiento del actor sumado a lo que surge de los recibos de haberes correspondientes a junio/96, septiembre/96 y noviembre/98 adjuntos a la demanda (v. fs. 13/14) y a lo indicado en las planillas de liquidación de haberes acompañadas por la comuna demandada (v. fs. 52/99) dejarían, por un lado, sin sustento aparente al objeto de la acción al desaparecer el interés que debería impulsarla. Y por el otro, evidencia que la propia autoridad estatal no tuvo oportunidad de hacer valer esta falencia, toda vez que el pedido formulado por ante ella versaba sobre un contenido material y jurídico distinto.
VI.3. Es así que en otros supuestos que indudablemente no se asemejan al considerado en el presente caso, por las connotaciones que surgen del análisis que antecede, este Tribunal ha soslayado objeciones como las aquí opuestas por el municipio demandado en beneficio del acceso a la justicia que garantiza el art. 15 de la Constitución provincial (causas B. 60.861, "Rizzardi", sent. de 30-V-2012; B. 62.723, "Buchinsky" y B. 62.742 "Araya", ambas sent. de 12-III-2008).
Sin embargo, en autos, la diferencia sustancial entre el reclamo administrativo primigenio y aquel que se presenta en la demanda impide tener por configurado el caso, en los términos del art. 166 in fine de la Constitución provincial.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la excepción opuesta por la Municipalidad de San Pedro y, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la pretensión (arts. 35 inc. "i" y 36 ap. 2 inc. "c", ley 12.008 -texto según ley 13.101-). Costas por su orden (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, CCA).
II. Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los letrados apoderado y patrocinantes de la parte actora, doctores Elvio Alfio Macchia, Raúl Alberto Rocca y Marcelo N. Fernández en las sumas de pesos … -$ … -, … -$ … - y … -$ … -, respectivamente (arts. 9, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 44 ap. "b" segunda parte y 54, dec. ley 8904/77), cantidades a las que deberá adicionarse el 10% (art. 16, ley 6716 -t.o. dec. 4771/95 y sus modificatorias-; cfr. doctr. causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017 y Acuerdo 3871/2017) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/09/2023 13:27:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:28:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:20:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/09/2023 14:50:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/09/2023 15:16:12 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 18/09/2023 15:29:13 hs. bajo el número RR-849-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia