Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 56601
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a las impugnaciones planteadas por la parte actora a las liquidaciones practicadas por el perito contador oficial y por la comuna demandada con fecha 6-II-2023 y 16-II-2023, respectivamente.
II. Intimar a la Municipalidad de Avellaneda a que informe el sueldo neto actual de la categoría que ocupaba el señor Corvo al momento de su cese (Instructor en la Escuela de Fútbol Infantil dependiente de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Avellaneda).
Asimismo, y en base a dicho monto, practique la liquidación correspondiente según lo dispuesto por el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 y a las pautas fijadas en esta resolución con relación a los intereses. Todo ello en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente.
B.56.601 "CORVO MIGUEL ANGEL C/MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. Mediante sentencia de 22-VIII-2018, este Tribunal, por mayoría de fundamentos concordantes, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, condenando a la Municipalidad demandada a abonar al señor Corvo, en concepto de indemnización, la suma que resulte de aplicar a su situación el régimen que establecía el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757.
Asimismo, dispuso que a dicho monto deberá adicionarse el importe correspondiente a los intereses, que serán determinados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, vigente durante los distintos períodos de devengamiento y hasta el efectivo pago, conforme las reglamentaciones aplicables a cada caso.
II. En atención a lo solicitado por las partes, por proveído del 14-IX-2022, se dispuso el pase de las actuaciones a la Dirección General de Asesorías Periciales a fin de que un perito contador confeccione la liquidación conforme a las pautas indicadas en el fallo dictado en autos.
III. El perito contador oficial designado, Santos Ernesto Luparelli, observa que, en el informe pericial contable realizado en etapa de prueba, obrante a fs. 185/187, se indica que las remuneraciones percibidas en el período que corre desde el 14-XI-1990 hasta el 26-I-1994 no fueron informadas.
Por tal motivo, solicitó que se intimara a la demandada a presentar dicha información y, además, la retribución correspondiente al sueldo básico de la categoría 1 del régimen de 48 horas de la ley 10.430 o aquella que la reemplace en leyes posteriores.
Agrega que, si no existiera la información que solicita, sugiere tomar como remuneración percibida la del momento de desvinculación laboral -enero 1994-, esto es, $271,18 (v. informe de fecha 8-XI-2022; fs. 244/245).
IV. Atento lo solicitado, la Municipalidad de Avellaneda informa que no es posible adjuntar copia de las liquidaciones de los años anteriores a 1995 debido al deterioro de los listados impresos y en tanto se han realizado dos cambios de sistemas informáticos desde el año 1991. Con relación a los salarios de las categorías inherentes a la ley 10.430, la comuna aclara que no cuenta con dicha información ya que tiene su propio escalafón y escala salarial (v. informe del 22-XI-2022; fs. 247/249).
V. En virtud de lo informado por la demandada, el perito contador solicita se resuelva autorizar, en la liquidación a practicarse, tomar como remuneración percibida la del momento de desvinculación laboral -enero 1994-, la que ascendería a $ 271,18 (v. escrito electrónico del 29-XI-2022; fs. 252/253).
Habiéndose conferido traslado a las partes de lo solicitado, la apoderada de la Municipalidad demandada presta conformidad (v. escrito electrónico del 14-XII-2022). La actora guardó silencio.
VI. Con fecha 16-XII-2022, el perito contador Luparelli presenta liquidación, la que en concepto de capital e intereses, asciende a la suma de diez mil setecientos veintitrés pesos con ochenta y siete centavos -$ 10.723,87- (v. fs. 257/259).
VII.1. Contestando el traslado que se le confiriera, la Municipalidad de Avellaneda impugna la liquidación presentada en tanto manifiesta que el perito debió utilizar para el cómputo de intereses, a partir del 19-VIII-2008, la tasa pasiva digital.
A sus efectos, efectúa el cómputo correspondiente, el que arroja un monto total -capital e intereses- de trece mil ciento dieciséis pesos con noventa y siete centavos -$13.116,97- (v. escrito electrónico del 5-II-2023).
VII.2. Por su parte, la actora impugna el cálculo efectuado por el perito contador interviniente.
Manifiesta que analizando el informe del perito contador oficial se evidencian consideraciones que no respetan lo expresado por la sentencia dictada en autos, realizando un cálculo simplificado para arribar a un monto que, además de no guardar relación con lo resuelto por el Tribunal, no precisa el origen debido de sus evaluaciones y, si menciona referencias, no respetan el fallo.
Señala que la sentencia ordena que a fin de establecer el importe de la indemnización cabe aplicar el régimen establecido en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757, vigente al tiempo en que el actor trabajó bajo dependencia de la demandada.
Agrega que la referida norma dispone que el monto de la indemnización será equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuese menor.
Afirma que de ello no surge en modo alguno que el monto salarial mensual, base del cálculo indemnizatorio, debería ser el del último mes de trabajo (enero 1994) como lo hizo el perito, quien no aclaró en su informe que ese habría sido el mejor sueldo del actor. En su caso, agrega, debería surgir de autos cuál ha sido la mejor remuneración mensual, normal y habitual que hubiera percibido el actor durante su prestación de servicios o, en su defecto, debió haber requerido a la demandada la presentación del detalle remuneratorio del actor, por lo menos durante su último año laboral.
Respecto de los intereses a aplicar, señala que en la sentencia se resolvió la "utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las consideraciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso...". Manifiesta que el cálculo deberá realizarse hasta el momento de practicarse y deberá ser actualizado hasta tanto la parte actora lo perciba íntegramente.
Afirma que el perito, para realizar su estimación y determinación de intereses, obvió la exigencia del Tribunal de determinar la tasa más alta durante los distintos períodos de devengamiento, no precisándola y, además, modificó la pauta de tipos de depósitos referidos en la sentencia y fragmentó el cálculo refiriendo que se limitó a determinar las tasas aplicables en la página web de esta Suprema Corte.
En consecuencia, pide que, en tanto la liquidación practicada por el perito no se ajusta a derecho, sea desestimada por las razonas expuestas.
Asimismo, solicita que a los fines de acceder a la información necesaria para que la liquidación a realizarse se cumplimente conforme las pautas de la sentencia, se ordene que el Banco de la Provincia de Buenos Aires informe las tasas fijadas para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días en el período comprendido entre julio de 1986 y la fecha de respuesta de la rogatoria.
Por otra parte, requiere que el perito contador interviniente se constituya en dependencias de la demandada y exija la exhibición de la documentación que acredite los montos mensuales salariales, incluidos la totalidad de los rubros que integraban la remuneración y sus adicionales que percibió entre julio de 1986 y enero de 1994 (v. escrito electrónico del 6-II-2023).
VIII. Con fecha 16-II-2023, el perito contador oficial Luparelli adjuntó archivos digitales sobre las tasas de interés que utilizara en el cálculo presentado anteriormente.
IX. La actora respondió el traslado que se le confiriera con fecha 6-II-2023, respecto a la impugnación presentada por la demandada con relación a la liquidación practicada por el perito contador.
Dice que resulta improcedente e inconducente lo expresado por la accionada al pretender esgrimir conceptos vertidos por esta Corte en un litigio ajeno a los presentes actuados. Manifiesta que la Municipalidad debió considerar que la tasa de interés a aplicar para el cálculo de la indemnización a la que fue condenada, es la que surge de la sentencia dictada en autos y no la que antojadizamente pretende refiriéndose a otro proceso, por lo que solicita su rechazo.
Manifiesta que las sumas que surgen de los -a su entender- errados cálculos del perito y de la demandada no sólo vulneran pautas legales de las que se prescindió para liquidar el crédito, sino también para el análisis que un magistrado debe realizar para concebir como justa y equitativa una indemnización y no con una suma irrisoria y agraviante como la que surge del informe pericial y de la practicada por la demandada. Afirma que el monto indemnizatorio de aproximadamente $10.000/$13.000 que se pretende establecer reviste un carácter meramente simbólico.
Asegura que convalidar esas sumas a esta fecha implicaría una decisión injusta.
Solicita, por ende, que se adecue el crédito a valor real y razonable conforme la teoría del realismo económico (v. escrito electrónico del 16-II-2023).
X. Analizando las manifestaciones efectuadas por las partes, corresponde señalar:
X.1. Mediante informe del 8-XI-2022, el perito contador oficial Luparelli manifiesta que, a efectos de practicar la liquidación que se le encomendara, necesita que la municipalidad demandada le informe las remuneraciones percibidas por el actor en el período que corre desde el 14-XI-1990 hasta el 26-I-1994 y, además, la retribución correspondiente al básico de la categoría 1 del régimen de 48 horas de la ley 10.430.
En tanto la demandada respondió negativamente al requerimiento por carecer de la documentación que se le solicitara, el perito utilizó para iniciar su cómputo el monto del sueldo que supuestamente se le abonara al señor Corvo por el último mes trabajado, esto es, $ 271,18, arribando a la suma total de $ 10.723,87, que la Municipalidad demandada cuestiona por haber errado el experto en la tasa de interés aplicada, arribando así al importe de $13.116,97. No hace falta destacar que estos montos resultan a todas luces irrisorios
X.2. En la sentencia dictada el 22-VIII-2018 se resolvió aplicar el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757, que toma como base para indemnizar la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el tiempo de prestación de servicios, adicionando la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el efectivo pago.
Sin embargo, esa pauta fijada en la sentencia no puede ser utilizada en este caso por causas que, básicamente, son imputables a la Municipalidad de Avellaneda, quien ha manifestado no poseer registros de las remuneraciones abonadas al actor.
Dado lo irrisorio del monto al que arriban el perito y la demandada, resulta evidente que la base de cálculo utilizada por el experto es inidónea para la determinación de la indemnización; a lo que cabe agregar los argumentos expresados por la actora al impugnar dicho cálculo.
Por lo expuesto, corresponde a esta Corte en uso de los lineamientos objetivos y razonables que el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial le encomienda (aplicable al caso en los términos del art. 77 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-) establecer el importe de la indemnización y adoptar, por las particularidades del caso y con carácter excepcional, una solución que salvaguarde el principio de suficiencia (conf. CSJN, "Cerigliano", Fallos: 334:398, consid. 8, último párrafo) en la debida reparación de los perjuicios causados al actor (conf. CSJN, "Ramos", Fallos: 333:311, consid. 9, último párrafo).
A esos fines, este Tribunal actuando la potestad atribuida por el citado art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, entiende que a los efectos de calcular el monto de la indemnización debida por la Municipalidad de Avellaneda a la parte actora, deberá tomarse como base de cálculo para el pago de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses prestados por el señor Corvo, el sueldo neto actual correspondiente a la categoría que este ocupaba al momento del cese. Ello sentado, para el cálculo de los intereses deberá aplicarse una alícuota del 6% anual, la que corresponderá serle impuesta al crédito indemnizatorio desde el momento del cese y hasta la fecha de esta sentencia (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés reconocida en la causa B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016); esto es, la pasiva más alta.
A todo evento, se indica que la solución que aquí se adopta resulta análoga a la que, por mayoría, actualmente aplica esta Suprema Corte, tal como surge de las causas A. 74.235 ("Mesiano", sent. de 23-XII-2020), A. 74.089 ("Sert", sent. de 12-II-2021) y A. 73.859 ("Alcaray", sent. de 31-VIII-2021), entre otras.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Ponderando la totalidad de las circunstancias que rodean los hechos del caso, sobre la base de las constancias incorporadas a la causa y llevando en cuenta el monto calculado como condena, comparto -en función de la celeridad y lo dilatado del presente litigio- la solución a que arriban los señores magistrados de este Tribunal que intervinieron con anterioridad, sobre la base de la doctrina elaborada en autos B. 48.618 ter, "Pérez" sent. 23-VI-1999 y posteriores.
En virtud de tales fundamentos, juzgo que corresponde hacer lugar a las impugnaciones planteadas por la parte actora a las liquidaciones practicadas por el perito contador oficial y por la comuna demandada con fechas 6-II-2023 y 16-II-2023, respectivamente, e intimar a la Municipalidad de Avellaneda a que informe el sueldo neto actual de la categoría que ocupaba el señor Corvo al momento de su cese (Instructor en la Escuela de Fútbol Infantil dependiente de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Avellaneda).
Asimismo, y en base a dicho monto, practique la liquidación correspondiente según lo dispuesto por el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 y a las pautas fijadas por quienes me preceden en la votación con relación a los intereses. Todo ello en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente.
Así lo voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a las impugnaciones planteadas por la parte actora a las liquidaciones practicadas por el perito contador oficial y por la comuna demandada con fecha 6-II-2023 y 16-II-2023, respectivamente.
II. Intimar a la Municipalidad de Avellaneda a que informe el sueldo neto actual de la categoría que ocupaba el señor Corvo al momento de su cese (Instructor en la Escuela de Fútbol Infantil dependiente de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Avellaneda).
Asimismo, y en base a dicho monto, practique la liquidación correspondiente según lo dispuesto por el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 y a las pautas fijadas en esta resolución con relación a los intereses. Todo ello en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2023 14:22:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2023 17:48:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:27:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 12:49:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 18:08:56 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/11/2023 18:10:59 hs. bajo el número RR-1028-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia