Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64669
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.669, "Rocha, Adriana Teresita contra Municipalidad de Tigre. Demanda Contencioso Administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, Maidana, Mancini.
Esta Suprema Corte, mediante sentencia de fecha 11 de abril de 2018, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la señora Adriana Teresita Rocha, declaró la nulidad de los decretos 1.042/01 y 716/02 dictados por el Intendente municipal de Tigre, ordenó la reincorporación de la actora al cargo que desempeñaba antes del cese y condenó a la Administración comunal a dictar una nueva decisión fundada, previa sustanciación de un procedimiento que -con intervención de la demandante- garantizase los mínimos estándares del debido proceso, en un plazo no mayor a sesenta días contados desde que el fallo adquiriera firmeza.
A su vez, difirió el tratamiento de la pretensión resarcitoria para una vez concluido el sumario.
Las partes fueron notificadas de la sentencia en sus domicilios constituidos en fechas 25 de abril y 3 de mayo de 2018 (v. fs. 480 actora; 478/479 demandada).
Posteriormente, el Tribunal ordenó el libramiento de un oficio a la Municipalidad de Tigre a efectos de la remisión, en formato digital, de todas las actuaciones administrativas referidas al vínculo de empleo que ligara a la agente en cuestión con esa Administración, su cesantía y las medidas adoptadas por el municipio para el cumplimiento de la sentencia de esta Suprema Corte.
Mediante presentación electrónica de fecha 26 de junio de 2022, la demandada acompañó los expedientes identificados como 1394-2003 "Rocha Adriana", parte 1 y 2 (PDF) y 5283-2018 "Rocha Adriana", parte 1 y 2 (PDF).
A requerimiento del Tribunal, el apoderado de la actora presentó nueva documentación y precisó el año durante el cual la señora Rocha habría fijado su residencia fuera de la República Argentina (v. presentación de fecha 3-IV-2023 y documentación adjunta).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
De acuerdo con ello:
2ª) ¿Procede el pago de la totalidad de los salarios caídos?
En caso negativo:
3ª) ¿En qué medida corresponde resarcir el daño material?
4ª) ¿Qué pauta corresponde tomar para el cálculo del porcentaje fijado en la cuestión anterior?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Una vez firme la sentencia, la Municipalidad de Tigre presentó un escrito manifestando que había enviado una carta documento al domicilio de la actora obrante en sus registros (calle Espinosa 1932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) para que dicha parte se presentara en la oficina de personal con el objeto de cumplimentar la orden de reincorporarla y que, habiendo sido devuelta sin notificar, solicitaba al Tribunal que por su intermedio se le ordenara comparecer ante el municipio a esos fines (v. fs. 482).
En nueva presentación, adjuntó una segunda copia de una carta documento dirigida a la señora Rocha aunque a un domicilio diferente (Avenida de los Constituyentes 460, departamento "B" de la localidad de General Pacheco). Este instrumento fue recibido por una persona que se hallaba en el lugar de destino y que se identifica al pie, aunque su nombre luce ilegible.
Invocando que la intimación había sido perfeccionada y que, pese a ello, la señora Rocha no había comparecido, la demandada solicitó se la tenga incursa en abandono de tareas (v. fs. 485/486).
II. Por su lado, el apoderado de la demandante solicitó al Tribunal que dispusiera el pago "...de los salarios caídos desde la cesantía a la fecha" y se "...fije el resarcimiento que corresponda, conforme se expresa en la sentencia dictada en autos".
En la misma presentación explicó que la señora Rocha no podía reincorporarse a su empleo porque "...al quedarse sin trabajo, estuvo varios años buscando uno nuevo sin conseguirlo, decidiendo finalmente en el año 2005 abandonar el país e irse a buscar trabajo en el exterior, más precisamente en Italia, en la ciudad de Tirano, provincia de Sondrio". Señaló, además, que tal situación había sido denunciada en autos (v. fs. 488).
III. Conferido traslado a la demandada de esta última presentación, esa parte insiste con su posición de considerarla incursa en abandono del cargo con cita del art. 64 inc. 1 de la ley 11.757, o alternativamente que "...sea tenida su conducta como una renuncia a su puesto de trabajo y se declare innecesario volver a dictar una nueva decisión fundada..." (escrito de fecha 15-V-2019, 11:45:30 hs.).
IV. De las constancias de autos resulta que, con anterioridad a celebrarse la audiencia de absolución de posiciones, el apoderado de la actora realizó una presentación en la que, sin desistir de la pretensión de que su mandante fuera reincorporada, denuncia que la señora Rocha "...se tuvo que ir a vivir a Italia al poco tiempo en que fue despedida y cesanteada sin causa por la contraria, pues al quedarse sin su trabajo, se vio obligada a buscar nuevos horizontes, sobre todo teniendo en cuenta la época en que la actora fue cesanteada (plena crisis del año 2000/2001). A la fecha sigue viviendo en aquel país sin expectativa de retorno" (escrito de fecha 16-VIII-2005 a fs. 380).
No obstante, a los pocos meses, la señora Rocha asistió a la referida audiencia. En dicha oportunidad, en lo pertinente a este punto manifestó lo siguiente: "...que se domicilia en la ciudad de Tirano, Provincia de Sondrio en Italia y viajó exclusivamente para esta audiencia, lo que resulta acreditado con el DNI que exhibe en este acto..." (acta de fecha 4-XI-2005 a fs. 383).
Requeridas por el Tribunal mayores precisiones a la actora sobre la fecha en que se estableció fuera de la República Argentina (v. resol. de fecha 14-III-2023), manifestó por medio de su apoderado que "por error al tipear en presentación anterior había expresado que mi mandante se fue del país en el año 2005, cuando ello ocurrió en el año 2002, siendo sí exacta la localidad de Italia donde debió migrar (la ciudad de Tirano, provincia de Sondrio) [...] En la actualidad y desde el año 2017, la actora, vive en España..." (presentación de fecha 3-IV-2023).
V.1. De la reseña efectuada en los apartados anteriores y lo obrante en las actuaciones administrativas acompañadas en formato digital, resulta claro que si bien la demandada intentó -sin éxito- notificar a la actora la medida que disponía su reincorporación a los fines de iniciar un nuevo procedimiento sumarial, esta última manifestó en autos, mediante apoderado, el impedimento fáctico ya referido para reingresar al cargo ilegítimamente cesado, abandonando su petición inicial en ese sentido, circunscribiéndola al resarcimiento económico diferido en la sentencia (v. escrito, fs. 490/491; 12 y vta., acts. adms. digitalizadas, expte. 4112-5283/18 "Rocha Adriana", parte 2 PDF).
Siendo ello así, es evidente que el lugar de residencia permanente de la señora Rocha desde hace ya más de veinte años, fuera del país, torna de imposible o muy difícil cumplimiento la condena de reincorporación en el cargo cesado, por causas que no cabe reprocharle.
A ello corresponde agregar el conocimiento directo que tuvo el municipio en el marco de este proceso acerca del domicilio real de la extrabajadora y, no obstante eso, insistir con el anoticiamiento en dos lugares en los cuales previsiblemente no iba a ser hallada, postergando indefinidamente el recto ejercicio de su poder correctivo según los lineamientos plasmados en la sentencia.
V.2. Así las cosas, es claro que la consecuencia de ello no puede ser la que pretende atribuirle la demandada, considerando a la señora Rocha incursa en abandono de servicio. Justamente, la falta de vínculo de empleo con el municipio impide ese corolario.
V.3. Al mismo tiempo, lo anterior es revelador de que en la especie se ha extinguido la potestad disciplinaria.
Las medidas disciplinarias tienen por objeto establecer el orden y buen desempeño en las relaciones de empleo público y de servicio, en general, con el objeto de asegurar el debido cumplimiento de los deberes funcionales. Esa es la razón por la cual, en supuestos como el de autos, se fija un plazo determinado para llevar adelante la ejecución de la sentencia, a efectos de establecer una limitación temporal con la finalidad de no prolongar indefinidamente el estado de incertidumbre generado con posterioridad a la declaración de ilegitimidad del acto que dará lugar a un nuevo pronunciamiento de la autoridad administrativa.
No se trata de un plazo de caducidad o prescripción, legalmente tasado. Involucra, en rigor, un plazo procesal ordenatorio que procura llevar adelante la ejecución de la sentencia en un tiempo prudencial, evitando que la autoridad demandada incurra en dilaciones injustificadas o en una actitud contumaz en el cumplimiento de la manda judicial (v. mi voto, causa B. 66.669, "Juárez", sent. de 29-VIII-2018; doctr. causa B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 23-VI-2023; e.o.).
Siendo que ese término ha fenecido y que, por las razones ya explicitadas, no ha tenido lugar la reanudación del procedimiento sumarial en las condiciones indicadas en la sentencia, cabe a esta altura prescindir de la realización de ulteriores actos administrativos a los fines de brindar una solución definitiva a la presente controversia (doctr. causas B. 51.319, "Tribiño", resol. de 16-XI-1993; B. 57.994, "Lucini", sent. de 14-V-2003; B. 65.621, "Sheridan", sent. de 23-II-2021; e.o.).
V.4. Esta Suprema Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos anteriores sobre el efecto que la imposibilidad de reincorporar al agente -y, consecuentemente, de llevar adelante un nuevo sumario- tiene respecto de la pretensión resarcitoria diferida en la sentencia de mérito (conf. causas B. 56.46, "Arman", sent. de 6-V-2009; B. 60.871, "Muguerza", sent. de 29-IV-2011; B. 61.665, "Savarro", sent. de 9-X-2013; 58.475, "Petrini", sent. de 16-IV-2014; B. 60.027, "Rodríguez", sent. de 31-X-2016; B. 65.621, cit.; e.o.).
En tales precedentes este Tribunal puntualizó que la responsabilidad de la Administración no queda excluida por la imposibilidad de ejercer la potestad disciplinaria (en la especie, por una combinación entre el agotamiento del plazo y la radicación en el extranjero de la exagente desde hace aproximadamente veinte años), puesto que aquella se genera por la sola sustanciación de un procedimiento viciado y la ilicitud del acto que provocó la privación de la percepción de haberes así declarado judicialmente (doctr. causas cits. y, de fecha anterior; v. causas B. 49.689, "Mendoza", resol. de 21-IX-1993 y B. 51.319, cit.), debiendo ponderarse, claro está, las particularidades que se presentan en el caso concreto a los fines de determinar los perjuicios y la medida de la obligación de reparar (doctr. causa B. 60.871, cit.).
VI. En suma, los hechos modificativos de la pretensión original de la actora por ella denunciados, que impiden la ejecución de esa parcela de la condena, conlleva a resolver la obligación a cargo de la autoridad demandada transformándola en el resarcimiento de los daños y perjuicios (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 163 inc. 6 segundo párrafo y 511 tercer párrafo, CPCC; doctr. causas B. 57.469, "Tettamanti", resol. de 7-VI-2000; B. 63.280, "Marzat", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Así lo voto .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria hasta el punto V.4. inclusive, en tanto los argumentos allí expuestos resultan suficientes para dar solución a la cuestión planteada.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud , Torres , Maidana y Mancini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión en el mismo sentido .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Decidido lo anterior y de acuerdo al planteo formulado, corresponde resolver el reclamo pecuniario de la señora Rocha, el que fuera peticionado en los siguientes términos: "...mi reincorporación inmediata con pago de salarios atrasados o en su defecto se me pague la indemnización por cesantía indebida conforme ley 12.008 art. 14 inciso a y d, y ley 11.757 (art. 14, 24, 28, 32, 33 y cctes.) en contra de la Municipalidad de Tigre [...] para el caso de pago de la indemnización [...] su actualización monetaria, intereses desde que cada suma fue debida y las costas o lo que estime V.E. de acuerdo a las consideraciones que a continuación se exponen..." (sic, v. escrito de inicio, apartado I - "Objeto", a fs. 52).
Adelanto que la pretensión resarcitoria, si bien en definitiva ha de prosperar, no habrá de hacerlo en los exactos términos propuestos en la demanda, ni con el mismo alcance.
II.1. Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que el reclamo de las remuneraciones devengadas por el tiempo que duró la interdicción de prestar servicios constituye un pedido implícito del resarcimiento del perjuicio material ocasionado (doctr. causa B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985), en el cual el fundamento de la reparación del daño imputable a la Administración deriva de la afectación del derecho a la estabilidad (doctr. causa B. 48.945, "Moresino", sent. de 26-II-1985).
II.2. A los efectos de la determinación de la cuantía económica derivada de la afectación ilegítima del derecho aquí reconocido, en el marco de una relación de empleo público, estimo necesario realizar ciertas precisiones.
Puesto que, de ordinario el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, cabe presumir, iuris tantum , que el cese ilegítimo de aquel vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento en el marco del proceso administrativo (doctr. causas B. 49.176, cit.; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001; e.o.) y que, por lo tanto, en principio basta con que la actora demuestre la relación de empleo que mantenía, que ha sido excluida del cargo estable del que gozaba por un acto viciado y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción.
Mas de ello no puede desprenderse que la reparación por la segregación ilegítima se identifique con la totalidad de los salarios dejados de percibir por el agente durante el período en que perduró la separación del cargo.
II.3. En esta parcela no puedo dejar de reconocer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como acontece en relación con el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación; CSJN Fallos: 307:1199, 1215; 308:732, 1795; 321:635; e.o.).
Sin embargo, dicho Tribunal ha dejado a salvo la existencia de una disposición expresa para el caso o ha mitigado tal doctrina cuando ha mediado una irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad. En este último supuesto se ha reconocido, aun en ausencia de norma, el derecho del agente a la percepción de los haberes caídos desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial (CSJN Fallos: 297:415).
Puede concluirse, entonces, como pauta de interpretación, que en los supuestos en los que el agente público es afectado por una medida segregativa (sea ella producto de un procedimiento disciplinario o adoptada en el marco de un régimen de prescindibilidad) luego declarada ilegítima por el órgano judicial, se admite la posibilidad de acordar una indemnización en concepto de reparación de los perjuicios materiales padecidos que tome en cuenta los salarios caídos, puesto que la falta de prestación de servicios, en última instancia, no le resulta imputable (conf. causa B. 31.217, "Acuña", sent. de 23-IX-1947, voto del doctor Ramírez Gronda, "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, tomo X, pág. 331; arg. CSJN Fallos: 321:635, cons. 6° in fine ).
II.4. Tal como lo señalara en mis votos en las causas B. 57.454, "Sebey", sentencia de 1-III-2004; B. 57.484, "Obesio", sentencia de 14-IV-2004; B. 57.257, "Marino", sentencia de 27-IV-2004 y B. 57.706, "Pérez", sentencia de 2-VI-2004, en el ámbito del derecho público provincial la conclusión arriba expuesta ha encontrado acogida legislativa en el art. 73 inc. 1 apartado "c" de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), maguer la redacción de esta norma, que utiliza el vocablo "devengados" para referirse al alcance del reconocimiento patrimonial allí previsto. Es claro que tal precepto tiene su campo de aplicación en el proceso especial reglado en el Capítulo II del Título II de dicho Código, cuyas características difieren del sustanciado en el sub examine . Por ello, la norma tan solo brinda una pauta hermenéutica útil en la materia (conf. mi voto, causa B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003).
Por consiguiente, la procedencia del pago de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente por todo el lapso en que estuvo excluido de los cuadros de la Administración dista de erigirse en un parámetro incontestable (doctr. minoritaria en las causas B. 53.291, "Álvarez", sent. de 22-IV-1997; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2000; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10-V-2000; "DJBA", 158:244; e.o.). Ello así, porque si bien aquel ha sufrido un daño que inicialmente equivale a la privación de su sueldo, no es lógico reputar que la subsistencia de tal perjuicio se prolongue más allá de un tiempo prudencial, suficiente para la obtención de otra actividad lucrativa (doctr. causas B. 38.396, "Benítez", sent. de 22-IV-1958, "Acuerdos y Sentencias", 1958-III-44, voto del doctor Acuña Anzorena a la tercera y cuarta cuestión; B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985; B. 48.945, "Moresino"; voto de la mayoría en las causas B. 53.291; B. 59.013 y B. 54.852, cits.; e.o.).
III. En resumen, sin descartar de plano una compensación equivalente a los haberes no abonados al empleado público, en situaciones como la examinada -pues el ordenamiento no lo prohíbe- la menor o mayor extensión de la indemnización por el daño causado, cuya existencia cabe presumir en modo relativo, está ligada a las constancias de la causa y, por cierto, de la prueba reunida en el proceso (arts. 77, ley 12.008, texto según ley 13.101; 375, CPCC).
Bien entendido que la invalidación judicial de nulidad del acto de cese, pese a lo dispuesto por el art. 390 del Código Civil y Comercial -aplicable por analogía a las nulidades administrativas (arg. arts. 171, Const. prov. y 2, Cód. Civ. y Com.)- en orden a la retroactividad de los efectos de la invalidación (CSJN Fallos: 321:635) no conlleva inevitablemente al pago de todos los sueldos dejados de percibir, mas tampoco obsta a que pueda invocarse y acreditarse toda clase de perjuicios ocasionados por la baja ilegítima (CSJN Fallos: 313:472; 321:2748).
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La interesada reclama en la demanda, a la par de que se anule el acto cuestionado que determinó su cesantía, el "pago de los salarios atrasados o en su defecto se me pague la indemnización por cesantía indebida, conforme la ley 12008 art. 14 incisos a y d, y ley 11757 (art. 14,24,28,32, 33 y cctes.) [...] para el caso de pago de la indemnización, por el cobro de la suma de $ 54.927,58 [...] o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a rendirse, su actualización monetaria, intereses desde que cada suma fija fue debida y las costas..." (fs. 52).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.