Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 67487
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anulan las resoluciones 493.199 y 509.996 impugnadas en autos y se reconoce a la señora Graziela Sara Teodolina Bustamante el derecho a que su jubilación sea calculada en lo sucesivo sobre la base del haber de la categoría 18 (Jefa de Departamento) de la Municipalidad de Tigre y, en consecuencia, se condena al IPS a que reajuste la prestación de acuerdo a lo decidido en esta sentencia, con efectos retroactivos al 1 de septiembre de 2000, fecha en la cual accedió al beneficio.
A las sumas adeudadas por la diferencia de categorías se les adicionarán los intereses que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cada caso (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622, Cód. Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
La sentencia deberá cumplirse dentro de los sesenta días (arts. 163 y 215, Const. prov.).
Costas por su orden (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 in fine , dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. …
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3.971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 67.487, "Bustamante, Graziela Sara Teodelina contra Provincia de Buenos Aires (IPS). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
I. La señora Graziela Sara Teodolina Bustamante, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social), solicitando la anulación de las resoluciones 493.199 y 509.996 dictadas en el expediente administrativo 2350-84017/2000, el 23 de mayo de 2002 y el 14 de marzo de 2003, respectivamente.
Por el primero de los actos impugnados, el ente previsional le acordó a la actora el beneficio de jubilación ordinaria pero le denegó la regulación del haber sobre la base de la categoría 18 del escalafón del personal administrativo de la Municipalidad de Tigre, adoptando en su lugar la categoría 16. Luego, a través de la resolución mencionada en segundo término, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la interesada contra su antecedente.
Por consecuencia de la pretendida nulidad, pide que se le reconozca aquello que le fuere desconocido.
Asimismo, reclama el pago de las diferencias de haberes jubilatorios entre los correspondientes a la categoría 18 que pretende y la categoría 16, conforme a la cual se le liquidó efectivamente su jubilación desde el 1 de septiembre de 2000 en adelante. Con intereses.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
II. A través de la resolución de 14 de diciembre de 2005, el tribunal denegó la medida cautelar solicitada por no concurrir en la especie los recaudos legales exigidos al efecto (v. fs. 78/81).
III. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado quien, a través de su representante, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, con fundamento en la legitimidad de los actos administrativos cuestionados.
Ofrece como única prueba las actuaciones administrativas y formula reserva del caso federal.
IV. Agregadas -sin acumular- las fotocopias certificadas de las actuaciones administrativas, glosado el cuaderno de prueba de la actora -único formado- (v. fs. 133/476) y los alegatos de ambas partes (v. fs. 478/481 -actora- y 482/483 -demandada-), encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La actora relata que el 1 de febrero de 1968 ingresó a la planta permanente de personal de la Municipalidad de Tigre y que a principios de 1988 revistaba en el cargo de Jefa de División (categoría 16).
Continúa narrando que el 12 de agosto de ese mismo año, por decreto municipal 2.107/88, fue designada "a cargo del Departamento de Despacho y Registraciones de la Dirección de Despacho General, dependiente de la Secretaría de Gobierno". Apunta que el puesto de Jefa de Departamento tenía asignada la categoría 18, conforme el escalafón del personal municipal de aquella época. Y así, afirma que desde el primer momento en que le asignaron dicha función superior sus remuneraciones y los respectivos aportes previsionales se realizaron sobre esa base y no sobre la anterior jerarquía.
Explica que a través del decreto 32/90, entre varias decisiones relativas a los cuadros municipales, se la ascendió a la categoría 18 a partir del 1 de enero de 1990. Dice que ese acto colectivo debió decir, respecto a su situación puntual: "confírmase" en el cargo de la categoría 18, ya que lo ejercía en forma ininterrumpida desde el 12 de agosto de 1988.
De tal modo, destaca que permaneció en ese puesto durante 40 meses y 20 días, cobrando los salarios correspondientes y realizando los aportes previsionales de manera proporcional a ellos. Por lo tanto, sostiene que es justo que se le reconozca como haber regulatorio de la jubilación el sueldo más alto percibido durante dicho período.
Se agravia de que el Instituto de Previsión Social (IPS), a través de la resolución 493.199 que le concedió el beneficio jubilatorio, dispuso que la base de cálculo debía ser la categoría 16 y no la 18. Está segura de que esta decisión vulnera su derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, puesto que ignora el cumplimiento de los recaudos establecidos en el art. 41 del decreto ley 9.650/80.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado manifiesta, a diferencia de lo argumentado en la demanda, que la actora desempeñó el cargo de mayor jerarquía (categoría 18 - Jefa de Departamento) desde el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1991.
Apunta que, de conformidad a lo dispuesto en el art. 41 del decreto ley 9.650/80, ese cargo de mayor jerarquía debe haberse percibido "durante treinta y seis (36) meses consecutivos o sesenta (60) alternados", condición que, según resalta, la actora no cumple.
Asegura que de las constancias administrativas como de la prueba documental acompañada, no surgen elementos concluyentes que permitan tener por acreditado que la señora Bustamante hubiera percibido durante el período anterior a su ascenso, comprendido entre el 12 de agosto de 1988 y el 31 de diciembre de 1989, la remuneración correspondiente a la pretendida categoría 18.
Advierte que, si bien se puso a la actora a cargo del Departamento de Despacho y Registración a partir del 12 de agosto de 1988, en el mismo decreto 2.107/88 se indicó que ella revistaba en la categoría 16 del personal jerárquico y que, recién a partir del 1 de enero de 1990, fue ascendida a la categoría 18 por decreto 32/90.
En orden a la imposición de costas solicitada por la reclamante, plantea su oposición con fundamento en el art. 51 de la ley 12.008. Agrega que para el hipotético caso de que prospere la demanda, los montos reflejados en la prueba pericial pedida por aquella parte no deben ser tenidos en cuenta, pues el reconocimiento de diferencias de haberes jubilatorios debe ser liquidado por la autoridad administrativa de conformidad con las pautas que fije la sentencia.
III. De la prueba producida en autos surgen los siguientes datos útiles para la solución de la causa:
III.1.a. Resolución 493.199 dictada el 23 de mayo de 2002 (v. fs. 64), a través de la cual el IPS acordó el beneficio de jubilación ordinaria a la actora a partir del 1 de septiembre de 2000, equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de la categoría 16 APT 30 hs., con 23 años de servicios desempeñados en la Municipalidad de Tigre (arts. 2 y 3). En el mismo acto, se denegó la regulación del haber del beneficio tomando en cuenta la categoría 18, por no cumplir el tiempo mínimo exigido en el art. 41 del decreto ley 9.650/80 (v. art. 4).
III.1.b. Resolución 509.996 de fecha 14 de agosto de 2003, por la cual se denegó el recurso de revocatoria interpuesto por la interesada contra la resolución indicada en el apartado anterior (v. fs. 308).
III.2. Decreto municipal 2.107/88, por el cual se designó a la señora Graziela Sara Teodelina Bustamante, a partir del 12 de agosto de 1988, "a cargo del Departamento Despacho y Registraciones de la Dirección de Despacho General (Categoría 16 - Personal Jerárquico) dependiente de la Secretaría de Gobierno" (v. fs. 4).
III.3. Decreto municipal 32/90 por el cual se ascendió a la nombrada, a partir del 1 de enero de 1990, a un cargo de la categoría 18 APT (v. fs. 23/34 -en especial, v. fs. 33-).
III.4. Certificado expedido el 4 de julio de 2002 por el Director de Personal y el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tigre, en el que se dejó constancia que la señora Graziela Sara Teodelina Bustamante ocupó la categoría 18, desde el 12 de agosto de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1991, y que durante todo ese período se le abonó el sueldo y se realizaron los aportes previsionales conforme al mencionado nivel escalafonario (v. fs. 36).
III.5. En respuesta al oficio que se librara con fecha 30 de agosto de 2018, la Municipalidad de Tigre informó que la señora Graziela Sara Teodelina Bustamante se desempeñó en dicho municipio en el cargo de la categoría 18 desde el 12 de agosto de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1991. Precisó también que se le abonó la diferencia de sueldo básico y antigüedad entre las categorías 16 (Jefa de División) y categoría 18 (Jefa de Departamento), desde su designación originaria hasta que "se la confirmó titular" en aquella última por decreto 32/90. Además, especificó que los aportes jubilatorios se realizaron sobre todos los haberes, que incluían el plus por diferencia de categoría (v. fs. 426).
III.6. Planillas remitidas por la Municipalidad de Tigre en las que constan las liquidaciones de sueldos percibidos por la actora desde enero de 1988 hasta diciembre de 1991 (v. fs. 433/442).
IV. Expuestas las postulaciones de las partes y detallados los antecedentes del caso, la cuestión a zanjar se circunscribe a determinar si la decisión del IPS de fijar el haber jubilatorio de la actora de conformidad con el cargo de Jefa de División -categoría 16-, se ajusta a derecho.
IV.1. El decreto ley 9.650/80 (t.o. dec. 600/94), en su art. 41, establecía a la fecha del cese (texto según decreto ley 10.053/80) -y lo sigue haciendo actualmente en lo sustancial- que: "El haber mensual de la jubilación ordinaria calculada por servicios en relación de dependencia, será el equivalente al setenta (70) por ciento de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio o en el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado. En todos los casos se requerirá haber cumplido en el cargo un período mínimo de treinta y seis (36) meses consecutivos o sesenta (60) alternados [...] No se podrá determinar el haber de la prestación sobre la base de servicios o remuneraciones comparado mediante prueba testimonial exclusiva".
Subyace en esta norma un principio esencial en materia previsional: la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad, postulado que tiende a que el beneficiario conserve una situación patrimonial equivalente a la que le correspondería si hubiese seguido prestando servicios (cfr. doctr. causas B. 61.210, "Cardillo", sent. de 1-III-2004; B. 56.786, "Santillán", sent. de 26-XI-2008; B. 63.762, "Lascano", sent. de 10-VIII-2016; B. 66.964, "Laguardia", sent. de 28-IX-2016; e.o.).
Esta Corte interpretó el referido precepto con anterioridad, para lo cual ha dicho que lo importante a los efectos de acreditar el cumplimiento de una mejor función es la efectiva prestación de los servicios invocados, durante el tiempo mínimo requerido en la norma, y que la prueba de esas tareas no sea solo testimonial (doctr. causa B. 66.175, "Elizarraga", sent. de 15-XII-2010). Se sostuvo además que no interesa que haya mediado -o no- un acto de designación, pues lo esencial a los fines de la sustentabilidad del sistema jubilatorio es la real prestación de servicios, siempre que se hubiesen cumplido de modo de permitir la liquidación de las retribuciones correspondientes (doctr. causas B. 50.556, "Bártoli", sent. de 21-VIII-1990; B. 53.463, "Arriola", sent. de 14-IX-1993; B. 55.681, "Lago", sent. de 17-X-2001; B. 63.963, "Pietrasanta", sent. de 4-VII-2007; B. 60.462, "Fittipaldi", sent. de 15-VIII-2007; B. 67.055, "Cuomo", sent. de 2-IX-2009; B. 66.175, cit.; e.o.).
IV.2. La prueba producida en este proceso, unida a las constancias de las actuaciones administrativas agregadas, demuestra acabadamente que la señora Bustamante prestó servicios correspondientes a la categoría 18, Jefa de Departamento, desde el 12 de agosto de 1988 hasta el 30 de diciembre de 1991.
En efecto: a través del decreto 2.107/88, el Intendente municipal la designó, a partir del 12 de agosto de 1988, "a cargo" del Departamento de Despacho y Registraciones de la Dirección de Despacho General dependiente de la Secretaría de Gobierno (v. fs. 4). Posteriormente, a través del decreto municipal 32/90, la actora fue promovida, desde el 1 de enero de 1990, a la categoría 18.
Avalan lo descripto las planillas de sueldo remitidas por la Municipalidad de Tigre en las que consta que en las liquidaciones de haberes de la agente Bustamante, correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 1988 y de enero a diciembre de 1989, se consignó como situación de revista la categoría 16, al tiempo que se incluyó el concepto "110 - Diferencia categoría". Luego, a partir del 1 de enero de 1991, en los recibos de sueldo consta la categoría 18 y desaparece ese rubro compensatorio (v. fs. 433/442).
Asimismo, en el informe remitido por el gobierno comunal (v. fs. 426) se reconoció que la actora "...se desempeñó en esta Municipalidad desde el 1º de febrero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1991, fecha en que fue aceptada su renuncia por retiro voluntario mediante decreto 2431/1991. Siendo Jefa de División (categoría 16 jerárquico) se la designó a cargo del Departamento Despacho y Registraciones (categoría 18 del personal jerárquico) [...] por decreto 2107/1988 [...] Se desempeñó en esa categoría desde el 12 de agosto de 1988 hasta el 30 de diciembre de 1991, fecha que se le aceptó la renuncia".
Seguidamente, se hizo constar que "Se le abonó la diferencia de sueldo básico y antigüedad entre las categorías 16 Jefa de División y Jefa de Departamento, desde la designación hasta que por decreto 32/1990 se la confirmó titular en la categoría 18 del Personal Jerárquico (equivalente a Jefe de Departamento)" (énfasis añadido).
Por último, se destacó que "...los aportes jubilatorios se realizaron sobre todos los haberes incluida la diferencia de categoría".
Idéntica información surge del certificado agregado a fs. 36.
Cabe poner de relieve que ni las liquidaciones de haberes producidas por la Municipalidad de Tigre, como tampoco los informes presentados por ella en esta instancia judicial, fueron impugnados u observados por la parte demandada.
Así las cosas, ha quedado plenamente demostrado en juicio que aquí hubo prestación efectiva de servicios en la categoría 18 por el tiempo mínimo estatutariamente previsto, que sobre tales remuneraciones se descontaron los aportes correspondientes al sistema previsional y que, por lo demás, todos esos elementos de convicción han provenido de medios no vedados por el ordenamiento sectorial (art. 41, dec. ley 9.650/80).
IV.3. Lo dicho hasta este punto permite concluir que el IPS -responsable de la tramitación y otorgamiento del beneficio jubilatorio- no cumplió con sus obligaciones de instrucción y averiguación de la verdad material, proyectando de esa forma vicios en la decisión final, tanto en su motivación como en su objeto (cfr. arts. 7, 48, 54, 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; 73, dec. ley 9.650/80; cfr. doctr. causas B. 66.929, "Kook Weskott", sent. de 6-VII-2005; B. 60.411, "Ferraro", sent. de 4-III-2009; e.o.). Lo expresado, especialmente, a la luz del mandato constitucional en materia previsional (art. 39 inc. 3, Const. prov.; cfr. causas B. 59.769, "Otero", sent. de 1-X-2003; B. 67.055, cit. y B. 66.175, cit.).
V. Por todo lo expuesto, juzgo que corresponde hacer lugar a la demanda, anular en lo pertinente las resoluciones 493.199 y 509.996 impugnadas en autos y reconocer a la señora Graziela Sara Teodolina Bustamante el derecho a que su jubilación sea calculada en lo sucesivo sobre la base del haber de la categoría 18 (Jefa de Departamento) de la Municipalidad de Tigre y, en consecuencia, condenar al IPS a que reajuste acordemente la prestación con efectos retroactivos al 1 de septiembre de 2000, fecha en la cual accedió al beneficio.
A las sumas adeudadas por la diferencia de categorías se les adicionarán los intereses que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cada caso (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622, Cód. Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se hace lugar a la demanda, se anulan las resoluciones 493.199 y 509.996 impugnadas en autos y se reconoce a la señora Graziela Sara Teodolina Bustamante el derecho a que su jubilación sea calculada en lo sucesivo sobre la base del haber de la categoría 18 (Jefa de Departamento) de la Municipalidad de Tigre y, en consecuencia, se condena al IPS a que reajuste la prestación de acuerdo a lo decidido en esta sentencia, con efectos retroactivos al 1 de septiembre de 2000, fecha en la cual accedió al beneficio.
A las sumas adeudadas por la diferencia de categorías se les adicionarán los intereses que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables a cada caso (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561, coincidentes en ambas redacciones en su contenido; 622, Cód. Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
La sentencia deberá cumplirse dentro de los sesenta días (arts. 163 y 215, Const. prov.).
Costas por su orden (art. 17, ley 2.961 por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 in fine , dec. ley 8.904/77; causa I. 73.016, "Morcillo", resol. de 8-XI-2017).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/02/2024 09:50:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/02/2024 12:00:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/03/2024 18:11:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2024 09:55:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2024 10:43:02 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 07/03/2024 10:55:16 hs. bajo el número RS-9-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia