Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63947
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la caducidad de la instancia en estas actuaciones (arts. 315 y 316, CPCC; 78 inc. 3°, CCA y 20, ley 2.961). Costas por su orden (art. 78 inc 3°, CCA y 17, ley 2.961).
II. De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios en autos al doctor Daniel Emilio Bruno Iglesias Berrondo, por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
Con relación a la labor desarrollada por el doctorÁlvaro Marí Hernández, se difiere la estimación de sus honorarios para la oportunidad en que se encuentre debidamente establecida la base regulatoria (arg. art. 51, dec. ley 8.904/77).
B.63.947 "PROSEGUR S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA"
I. Con fecha 24 de abril de 2024 se intimó a la parte actora, en los términos del art. 315 del Código Procesal Civil y Comercial, a que manifieste su interés en continuar con la presente causa y producir actividad procesal útil para la prosecución de su trámite, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de la instancia.
Frente a esto, el día 3 de mayo próximo pasado, se presenta con nuevo apoderado, solicitando este último se lo tenga por parte y constituyendo nuevo domicilio procesal. Seguidamente, requiere "...se ordene su digitalización y foliación de todo el expediente a fines de poder continuar con el trámite e impulso de estas actuaciones, según normas del procedimiento virtual. Asimismo y para el improbable caso de que V.E. no ordenase lo solicitado, solicito se me otorgue el préstamo de las actuaciones a fines de lograr copias NECESARIAS PARA LA TRAMITACIÓN y su ulterior digitalización y presentación en autos". Finalmente, solicita "...que tenga por cumplida la intimación en responde MANIFIESTA LA INTENCIÓN DE CONTINUAR LAS ACTUACIONES...".
Ante tales circunstancias, corresponde evaluar si la petición formulada constituye un acto procesal eficaz para evitar la declaración de caducidad de la instancia.
II. Como ha dicho reiteradamente este Tribunal, el interés tutelado por el instituto de la caducidad es la actividad jurisdiccional útil. Así, el acto procesal que, de acuerdo al art. 311 de la norma adjetiva, da origen a su cómputo debe ser idóneo para impulsar el trámite. Por tal razón, quedan excluidos de ese concepto aquellos que resulten inocuos o inoficiosos a tales efectos (doctr. causas Ac. 75.518, D.J.B.A. 162, 63 y sus citas; B. 64.027, "Lancioni", resol. de 03-VI-2009; I. 73.576, "Telecom Argentina SA", resol. de 23-X-2019; I. 77.215, "Partido Instransigente Distrito Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-III-2023; B. 62.416, "Piromalli", sent. de 19-IV-2024; e.o.).
Se ha resuelto, también, que al valorar la aptitud para interrumpir el curso de la caducidad de un determinado escrito debe tenerse en cuenta, básicamente, si la actuación o solicitud ha tendido a que el proceso avance mediante un acto admisible, con prescindencia del resultado o eficacia de dicha actuación o pedido (causa L. 85.207, "Manuel", sent. de 12-XII-2007).
III. Bajo esas pautas generales, se advierte que la presentación efectuada por la actora, luego de ser intimada con el apercibimiento y los alcances previstos en el citado art. 315 del ordenamiento de rito, no solo resulta superflua sino también ineficaz a los fines pretendidos.
Y ello es así, en primer lugar, porque pese a tratarse de un expediente de "formato mixto" en los términos del art. 18 del Reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales aprobado por Ac. 3.975/20 y, como tal, no hallarse visible la totalidad de los trámites en la Mesa de Entradas Virtual, se encuentra disponible para su consulta en la sede del Tribunal.
Precisamente las "normas del procedimiento virtual" a que alude la actora en su presentación, expresamente relevan a los órganos judiciales del deber de digitalizar las actuaciones en soporte papel de los expedientes mixtos (art. 22, anexo Ac. 3.975/20).
En particular, desde su inicio hasta el momento, el expediente pudo ser examinado por las partes durante el horario judicial y sin restricción de ninguna naturaleza en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Demandas Originarias de esta Suprema Corte. Pero, además, de la lectura de los trámites que se encuentran visibles en la Mesa de Entradas Virtual se desprende con claridad la etapa procesal en la se halla el juicio, cuál es el último proveído dictado y a quién correspondía el impulso del trámite (v. especialmente el proveído de fecha 6-III-2008).
En ese escenario, teniendo en cuenta el tenor de la intimación cursada que imponía a la actora, por única vez, no solo la necesidad de que manifieste su intención de continuar con el pleito sino, también, la de producir actividad procesal útil dirigida a encaminar el juicio hacia la sentencia de mérito, la presentación en los términos formulados no abastece en absoluto la carga que pesaba sobre ella, ni justifica por sí sola un elemento objetivo que le impida hacerlo.
A la luz de lo expuesto, no cabe más que concluir que dicha postulación carece de virtualidad para impulsar el trámite del juicio (conf. art. 315, CPCC).
IV. En atención a lo dicho hasta aquí y al hecho de haber transcurrido el plazo previsto en el art. 316 del Código Procesal Civil y Comercial desde la última actuación con virtualidad de impulsar el proceso, corresponde declarar la caducidad de la instancia (arts. 315 y 316, CPCC; 78 inc. 3°, CCA y 20, ley 2.961).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar la caducidad de la instancia en estas actuaciones (arts. 315 y 316, CPCC; 78 inc. 3°, CCA y 20, ley 2.961). Costas por su orden (art. 78 inc 3°, CCA y 17, ley 2.961).
II. De acuerdo a lo resuelto, no corresponde regular honorarios en autos al doctor Daniel Emilio Bruno Iglesias Berrondo, por resultar inoficiosa su actuación (art. 30, ley 14.967).
Con relación a la labor desarrollada por el doctorÁlvaro Marí Hernández, se difiere la estimación de sus honorarios para la oportunidad en que se encuentre debidamente establecida la base regulatoria (arg. art. 51, dec. ley 8.904/77).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:31:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/05/2024 12:58:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2024 09:24:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 00:14:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/05/2024 10:54:32 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/05/2024 11:13:33 hs. bajo el número RR-367-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia