Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65123
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.123, "Serrano, Alicia Blanca contra Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Budiño, Natiello.
La actora, por apoderada, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) requiriendo se anule todo lo actuado en el expediente 3001-374/97, así como las resoluciones 2.662 y 3.324 dictadas por esta Suprema Corte (de fecha 11 de septiembre y 6 de noviembre de 2002, respectivamente) y el dictamen del señor Procurador General acompañado en esas actuaciones.
De su planteo surge que en la primera de las mencionadas resoluciones se decidió exonerar a la accionante, doctora Alicia Blanca Serrano, a partir del 27 de mayo de 1997, por las irregularidades cometidas durante su desempeño en el cargo de Secretaria del Juzgado Criminal y Correccional n° 2 del Departamento Judicial de La Plata y, en la segunda resolución, se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la sancionada.
Solicita que, como consecuencia de la nulidad pretendida, se condene a la demandada a abonar una indemnización por los daños material y moral que, según dice, la medida impugnada le irrogó. Pretende que se le abonen los salarios caídos, bonificación por antigüedad, bloqueo de título, tasa de justicia, permanencia, etcétera, desde su suspensión precautoria y hasta el efectivo pago, con más intereses y actualización monetaria.
Se reserva el derecho de optar por la reincorporación o pedir la sustitución de los daños y perjuicios pertinentes.
Ofrece prueba y formula reserva de caso federal.
Corrido el traslado de ley, a través de su representante, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado y niega todas las circunstancias de hecho que no resulten acreditadas con las constancias de las actuaciones administrativas. Seguidamente, contesta la demanda, argumenta en favor de la legitimidad de las decisiones impugnadas y peticiona el rechazo de la acción.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, plantea la improcedencia del pedido de que las costas se impongan a la Provincia y formula reserva de caso federal (v. fs. 108/121).
III. Agregadas -sin acumular- las actuaciones administrativas (v. fs. 97 y 429), glosado el cuaderno de prueba actora -único formado- (v. fs. 157/429) y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 435 -demandada- y fs. 436/437 -actora-), integrado el Tribunal en debida forma (v. fs. 87 y 440) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan, dijo:
La actora relata que, inicialmente, fue imputada por un supuesto ilícito informado a esta Suprema Corte por el entonces titular del Juzgado Criminal y Correccional n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, situación que dio inicio al sumario registrado bajo el n° 3001-374/97.
Agrega que, posteriormente, la instrucción amplió el objeto de investigación en esas actuaciones, que -luego- fue suspendida en sus funciones y que el 11 de septiembre de 2002 esta Suprema Corte resolvió disponer su exoneración a partir del 27 de mayo de 1997 (resol.2.662), en un procedimiento que culminó con la resolución 3.324 (de 6-XI-2002) por la cual se rechazó el recurso de reconsideración por ella interpuesto contra la sanción aplicada.
I.1. Impugna el procedimiento disciplinario llevado a cabo, sostiene que se encuentra viciado de nulidad absoluta, enuncia que se ha violado el debido proceso, su derecho de defensa, de igualdad, de propiedad y de intimidad.
Entre las distintas circunstancias que cuestiona del trámite de las actuaciones administrativas, manifiesta "que debió preverse su derecho a ser oída", que no pudo explayarse sobre las concretas imputaciones que realizaran en su contra por no contar con todos los expedientes que acreditarían las faltas que le atribuían y que no pudo aclarar detalladamente la operatividad del juzgado.
Se agravia de que le denegaran pruebas ofrecidas; específicamente, que se desechara el careo como la pericia caligráfica, a pesar de reconocer -respecto de esta última- que su defensa omitió determinar los puntos de pericia.
Afirma que en la actuación de la Administración existió una desviación de poder, que se incurrió en arbitrariedad, "que por excesiva e injustificada complejidad debió reputarse totalmente inválido el proceso y que, en todo caso, ante irregularidades tan graves como las observadas, debió haberse pedido la intervención del Juzgado". Pone de relieve que, en su carrera judicial, nadie advirtió su falta de idoneidad o decoro, que no se tuvo en cuenta que nunca fue sancionada, ni siquiera apercibida. Sostiene que hubo parcialidad manifiesta en el sumariante.
Acusa distintos "olvidos" en el procedimiento para desconformarse con la valoración probatoria efectuada en las sumariales, mencionando a fs. 60 que dado que las faltas (tanto las correctivas como las segregativas) tienen un plazo de prescripción, en "muchas de las causas" que le imputaron, la potestad disciplinaria se encontraría prescripta.
I.2. Indica que no se tuvo en cuenta la "obediencia debida" implementada en el Juzgado y, asimismo, que con la operativa de trabajo cuestionada, llevada adelante en dicho órgano, se pretendía simplificar la tarea.
Por otra parte, se queja de la falta de debida ponderación de las declaraciones, que la instrucción se apartó del principio de la verdad jurídica material y objetiva, de descubrir la verdad de los hechos, que "...realizó la investigación integral [...] que se excedió en su investigación por querer o creer que el agente era culpable...". Luego remarca que, si bien se dieron los pasos formales requeridos por la reglamentación, se prestaron "oídos sordos a lo alegado y probado" (fs. 60).
I.3. Se agravia de la prolongada suspensión preventiva dispuesta en el sumario y aduce que esta le impidió ejercer su profesión de abogada, a la par que vulneró el derecho a trabajar, ante la situación de incompatibilidad entre la función judicial y el ejercicio de la profesión independiente, generando perjuicios económicos de imposible reparación ulterior.
I.4. Seguidamente, realiza una impugnación en particular de los actos cuestionados.
Manifiesta que la resolución 2.662 es nula de nulidad absoluta, al determinar como existentes hechos o antecedentes de hecho que considera falsos. Precisa que no se corresponde con la prueba rendida, expresa que se vale de un informe tendencioso, que omite cuestiones esenciales, realizando una irrazonable interpretación de probanzas, y desechando toda justificación verdadera.
Estima que hubo exceso de punición y falta de proporcionalidad entre las faltas y la sanción aplicada.
Señala que las imputaciones no alcanzaban para desacreditar o comprometer el prestigio de la administración, que aquellas no tienen una envergadura tan grave que pudiera justificar la sanción expulsiva decretada. Destaca que, para el caso, una sanción correctiva de suspensión máxima con prestación de servicios y sin goce de haberes hubiera sido suficiente y propia.
Califica de ilegítima e inconsistente la resolución 3.324 que rechazó el recurso de reconsideración por ella interpuesto contra la decisión sancionatoria. Aprecia que dicho acto resulta incompleto por no haber tratado los agravios planteados en su pieza recursiva.
I.5. Por último, reclama que se fije una indemnización por el daño moral y material que, según afirma, la ilegítima actuación de la autoridad disciplinaria le irrogó, reservándose en la parte final del punto VIII del escrito de demanda el derecho de optar por la reincorporación (que finalmente peticionó en su presentación del alegato -v. fs. 436/437-, a pesar que, previamente, había manifestado estar jubilada).
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado puntualiza las distintas instancias por las que transitó el procedimiento disciplinario que investigó la conducta de la actora como funcionaria judicial (v. fs. 109/121).
Refuta que la potestad disciplinaria se encontrara prescripta a la fecha en que se decidió la exoneración de la demandante.
Sostiene que la prueba producida resulta suficiente para dar sustento a la sanción impugnada, toda vez que con las actuaciones sumariales se acreditan debidamente las faltas que se le imputaron a la actora. Manifiesta que la conducta de la doctora Serrano fue considerada inaceptable para un funcionario judicial, además de atentar contra el prestigio y la eficacia de la administración de justicia, encuadrando su accionar en las previsiones del art. 2 inc. "e" del Acuerdo 1887, por entonces vigente.
Pone de resalto que el comportamiento cuestionado involucró aspectos de notoria significación en el desarrollo de un proceso penal, tales como librar oficios ordenando la libertad de un imputado sin que el Juez hubiera concedido la excarcelación; de eximición de prisión sin tener tampoco la pertinente orden jurisdiccional; disponer la entrega de vehículos en carácter de depósito judicial sin que el Juez hubiera ordenado tal medida o en forma previa a que estuvieran agregadas las pericias; certificar como auténticas firmas falsas, entre otras irregularidades que se detallan en el informe de instrucción obrante en el expediente administrativo y en la resolución sancionatoria.
Expone que dichas faltas, por sí, comprometen seriamente la relación de confianza que debe primar en toda relación laboral, máxime considerando que por el cargo que desempeñaba la aquí actora era depositaria de la fe pública judicial.
Estima que con las pruebas recogidas durante el procedimiento disciplinario se encuentra idóneamente acreditada la legitimidad de la sanción impuesta a la actora, sin que ninguno de los argumentos defensivos logre desvirtuarla.
Niega que, en el sumario administrativo llevado a cabo, revista trascendencia la falta de condena en sede penal, tal como expone la actora. Aclara que la sanción disciplinaria fue aplicada tras considerar que, conforme los elementos probatorios reunidos en la causa administrativa, las distintas imputaciones atribuidas a la actora fueron debidamente acreditadas.
En otro orden, niega que en el procedimiento disciplinario concurran vicios que afecten el debido proceso. Pone de resalto que del expediente administrativo surge que la actora tuvo efectivo conocimiento de las conductas reprochadas, tomó vista de las actuaciones, obtuvo fotocopias de ellas, sentó su descargo, ofreció y produjo prueba, y alegó sobre su mérito; además de haber interpuesto recurso administrativo contra la resolución sancionatoria.
Destaca especialmente que la imputada, fue citada en varias oportunidades a prestar declaración indagatoria, pero que se negó a hacerlo.
En cuanto a la prueba ofrecida consistente en el careo con el juez y la pericia caligráfica, advierte que la denegatoria en la instancia administrativa se debió a la falta de señalamiento de las contradicciones que deberían despejarse en el careo y de los puntos de pericia a ser informados.
Refuta lo expresado por la actora en torno a la duración de la suspensión preventiva que le fuera decretada y sostiene que en el marco del art. 79 del Acuerdo 2300 la actuación resulta ajustada a derecho.
Finalmente, niega que la aplicación de los Acuerdos 1887 y 2300 generen agravio alguno para la funcionaria sancionada.
Por último, en forma subsidiaria, para el hipotético caso que prospere la demanda, se opone al pago de los salarios caídos, a la indemnización del daño moral y a la actualización monetaria reclamados por la demandante.
III. Ahora bien, de la prueba producida en autos surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Expediente administrativo 3001-374/97.
III.1.a. Nota presentada por el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 3 del Departamento Judicial de La Plata en la que pone en conocimiento de esta Suprema Corte supuestas irregularidades en el desempeño del cargo de Secretaria del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2 del aludido departamento judicial (v. fs. 1/2).
III.1.b. Orden de instrucción de sumario (v. fs. 3).
III.1.c. El 15 de abril de 1997 este Tribunal dispuso el traslado precautorio de la doctora Alicia Blanca Serrano, de conformidad con lo dispuesto en el art. 76 del Acuerdo 2.300 (v. fs. 8).
III.1.d. En atención a lo informado por las instructoras a fs. 23/28, se ordenó la ampliación del objeto del sumario (v. fs. 37).
III.1.e. Informe elaborado por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, doctor Braulio Alberto Fonseca (v. fs. 45/47).
III.1.f. A fs. 75/89 prestan declaración testimonial empleados del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 2 del Departamento Judicial de La Plata.
III.1.g. Careos efectuados entre la señora Luna de Madrid y el doctor Burlando y entre aquella y el doctor Garganta (v. fs. 94/97).
III.1.h. Declaración testimonial del titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de La Plata (v. fs. 98/105; 360/364 y 366/368).
III.1.i. Declaración testimonial de la madre de un detenido (v. fs. 108/124).
III.1.j. A fs. 120/144; 168/176; 211/217; 219/221; 236/240; 422/432 y 435/439 se agregaron declaraciones testimoniales.
III.1.k. Informe elaborado por el perito calígrafo (v. fs. 246/257 y 396/399).
III.1.l. Informe del Banco Municipal de La Plata sobre créditos solicitados por la imputada Serrano (v. fs.252).
III.1.m. El 27 de mayo de 1997 este Tribunal decidió transformar el traslado precautorio dispuesto el 15 de abril de 1997 a la doctora Alicia Blanca Serrano, en suspensión precautoria con retención de haberes y prohibición de prestar servicios a partir de esa fecha, (v. resol. 1135 -fs. 260-; y su notificación a fs. 266).
III.1.n. Declaración informativa prestada por la actora, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 8 del Departamento Judicial de La Plata, el 24 de junio de 1997 (v. fs. 311/337).
III.1.ñ. Estudio cromatográfico elaborado por el perito oficial bioquímico sobre las piezas propuestas por la instrucción (v. fs. 402 y 405/409).
III.1.o. A fs. 460/464, 476, 481 y 573/577 la imputada Serrano, previamente citada a prestar declaración indagatoria, se negó a hacerlo.
III.1.p. A fs. 465 se certificaron diferentes circunstancias advertidas en las causas en trámite por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2 en el que la actora ejercía el cargo de Secretaria.
III.1.q. Descargo presentado por la imputada (v. fs. 459) y negativa a contestar la vista conferida, en razón de su presentación previa (v. fs. 478).
III.1.r. A fs. 516/521 las instructoras sumariantes produjeron el informe dispuesto en el art. 10 inc. "c" del Acuerdo 1.642.
III.1.s. Mediante resolución 4.207 de fecha 17 de diciembre de 1998, previo dictamen del señor Procurador, el presidente del tribunal resolvió rechazar la recusación articulada por la imputada y el planteo de nulidad interpuesto contra el traslado conferido toda vez que habían sido detallados circunstanciadamente en la declaración indagatoria los hechos reprochados. Asimismo, se proveyó la prueba ofrecida por la imputada (v. fs. 532).
III.1.t. A fs. 579/580, 584, 592/596 y 606/607 prestaron declaración los testigos propuestos por la imputada.
III.1.u. Alegato presentado por la encartada (v. fs. 610/638).
III.1.v. A fs. 682/685 se agregaron copias certificadas de la resolución dictada, el 29 de agosto de 2000, en la causa n° 69.487, "Serrano, Alicia Blanca s/extorsión en grado tent. Denuncia", de trámite por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 6 del Departamento Judicial de La Plata que decidió "sobreseer provisoriamente a Alicia Blanca Serrano por el delito de exacciones ilegales, toda vez que no aparece suficientemente justificada la responsabilidad criminal de la misma en el hecho que dio origen a la formación de la presente causa".
III.1.w. A fs. 691/697 se agregó copia certificada de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el 6 de abril de 2001, en la causa n° 1-5452 seguida ante el Juzgado de Transición n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, que decidió sobreseer a la señora Alicia Blanca Serrano por no haberse acreditado debidamente la existencia del delito de malversación de caudales públicos.
III.1.x. Informe final elaborado por las instructoras sumariantes que sugiere la aplicación de la sanción de exoneración a la imputada (v. fs. 700/730).
III.1.y. Previo dictamen del señor Procurador General (v. fs. 739/744), este Tribunal dictó la resolución 2.662 de fecha 17 de septiembre de 2002 en la que decidió aplicar a la imputada la sanción de exoneración a partir del 27 de mayo de 1.997, decisión que fue confirmada por resolución de esta Corte 3.324 de fecha 6 de noviembre de 2.002.
III.2. Declaración testimonial del doctor Juan Carlos Ponz (v. fs. 38/39).
III.3. Legajo personal de la actora remitido por la Subsecretaría de Personal (v. fs. 215/321).
IV. De acuerdo con las postulaciones de las partes y los antecedentes antes detallados, la cuestión a decidir se centra en determinar si la sanción de exoneración aplicada a la actora se ajusta a derecho.
IV.1. En relación a la acción intentada recuerdo que, en lo concerniente a la fiscalización de actos discrecionales como los involucrados en la especie, la sola circunstancia de que la autoridad hubiere procedido en ejercicio de atribuciones de esa naturaleza no implica que las decisiones dictadas en ese ámbito sean irrevisables, por cuanto esa actuación es susceptible de examen y revisión judicial cuando infringe las normas que reglan sus límites o incurre en irrazonabilidad, arbitrariedad o desviación de poder (cfr. doctr. causas B. 57.761, "Stribeck", sent. de 7-XI-2001; B. 57.327, "Paus", sent. de 5-XII-2001; B. 57.250, "Acuña", sent. de 28-VIII-2002; B. 62.764, "Fontana", sent. de 21-IV-2010 y B. 61.651 "Cocha", sent del 26-II-2024). De modo que la actividad discrecional no implica que los órganos estatales tengan un ámbito de actuación desligado del plexo normativo o que ella no resulte controlable (cfr. doctr. causas B. 58.784, "G., R. M.", sent. de 4-VI-2008; B. 60.613, "Arana", sent. de 30-IX-2009; B. 66.616, "Cabrera", sent. de 4-XI-2015; B. 62.493, "Arias", sent. de 5-X-2020; B. 62.473, "Maggi", sent. de 3-II-2022; e.o.).
La Administración se encuentra vinculada a la ley y al derecho cuando dicta resoluciones concretas, no obstante que estas eventualmente tengan su origen en potestades discrecionales. Y el escrutinio judicial de tal actividad no importa la sustitución del criterio de la Administración por el propio del juez, sino que conlleva la constatación de que aquella se ajustó a los límites impuestos por el ordenamiento y cumplió con la finalidad perseguida por el legislador al asignarle una facultad de esa naturaleza (cfr. doctr. causas B. 57.250, "Acuña", sent. de 28-VIII-2002 y B. 62.493, cit.). Si la discrecionalidad proviene del propio orden jurídico, corresponde al juez controlar que su ejercicio se ciña a los márgenes establecidos por aquel (cfr. doctr. causa B. 65.042, "Siarrusta", sent. de 4-V-2023).
En suma, el hecho de que el órgano estatal obrare conforme atribuciones discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, exige el ordenamiento aplicable (cfr. doctr. CSJN Fallos: 307:639; 320:2509 y 331:735 y causas B. 67.977, "Aller", sent. de 2-XI-2011; B. 66.616 cit.; B. 55.3
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