Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 58959
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 58.959, "Parodi, José María contra Provincia de Buenos Aires. Demanda Contencioso Administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño, Natiello.
El señor José María Parodi promovió el presente juicio contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando la anulación de los actos mediante los cuales se dispuso y confirmó su cesantía, pidiendo que se condene a la demandada a reincorporarlo en el cargo que desempeñaba y al pago de una indemnización por los daños y perjuicios padecidos.
Esta Corte, por sentencia de 16 de septiembre de 2009, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta, anulando los actos impugnados y condenando a la Provincia de Buenos Aires a que ejerciera su potestad disciplinaria mediante el dictado de un acto administrativo regular, dentro del razonable marco de discreción fijado por las normas aplicables. También, ordenó la reincorporación del actor en el empleo del que fue ilegítimamente privado y fijó el término para el cumplimiento de ambas condenas en sesenta días hábiles (conf. arts. 163 y 215, Const. prov.).
Dispuso postergar el tratamiento de las demás pretensiones deducidas por el actor, hasta tanto se hiciera efectiva la manda anterior.
Notificada la sentencia, el Ministerio de Trabajo dictó la resolución 11.121 n° 35 de fecha 25-VI-2013, ordenando la reincorporación del agente José María Parodi en la Delegación Regional de Trabajo y Empleo de Mar del Plata, en el Agrupamiento Ocupacional 6, Personal Jerárquico, Categoría 24 (v. fs. 168).
Esta decisión fue denunciada en autos por la Fiscalía de Estado, quien manifiesta que "la actora se notificó de dicho acto con fecha 19 de julio de 2013" (fs. 172).
Transcurridos desde ese entonces más de dos años sin que se hubiera retomado el sumario, el señor Parodi se presenta en autos y solicita que se "...proceda a determinar los daños y perjuicios que padeciera por la baja ilegítima...", pretensión a la que la parte contraria se opone por considerarla "prematura, improcedente e infundada" (fs. 175 y vta.; 185/187).
Subsidiariamente, contesta los restantes planteos y solicita se rechace la condena de la totalidad de los haberes dejados de percibir y que se limite la indemnización del daño moral al reconocimiento de $10.000.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Se ha extinguido la potestad disciplinaria?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Corresponde hacer lugar a la pretensión relativa al pago de los salarios caídos?
En caso negativo:
3ª) ¿En qué medida y con qué pauta corresponde resarcir el daño material?
4ª) ¿Corresponde indemnizar por daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Esta Suprema Corte, en la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2009, hizo lugar parcialmente a la demanda, lo que implicó invalidar las resoluciones III-38/97 de fecha 31-I-1997 y 11.107-282/97 de fecha 1-IX-1997, condenando a la autoridad demandada a que ejerciera su potestad disciplinaria a través del dictado de un nuevo acto administrativo debidamente fundado, con la consecuente reincorporación del actor entretanto. Para ello, fijó el plazo de sesenta días contados a partir de la notificación de la sentencia, postergando el tratamiento de la pretensión indemnizatoria hasta que se diera cumplimiento con las mandas dispuestas (v. fs. 134/156).
I.2. El representante de la Fiscalía de Estado adjunta copia de la resolución 11.121 n° 35, de fecha 25-VI-2013, mediante la cual se dejaron sin efecto las resoluciones impugnadas en este proceso y se ordenó la reincorporación del agente Parodi. Al pie de ese acto luce la notificación personal del actor, de fecha 19-VII-2013 (v. fs. 167/172).
Posteriormente, la Dirección de Personal del Ministerio de Trabajo informa que el agente José María Parodi será reincorporado a partir del 3-I-2014 en la planta permanente, Agrupamiento Jerárquico, Categoría 24, Sector de Apoyo (v. fs. 171).
II.1. El 6 de noviembre de 2015 se presenta la parte actora denunciando la prescripción de la potestad disciplinaria, al considerar que se ha agotado el plazo de sesenta días conferido a la autoridad estatal para su ejercicio. Solicita, además, la determinación de los daños y perjuicios padecidos desde la baja ilegítima en su empleo y hasta su reincorporación, computando para ello la categoría en la que fue repuesto (Categoría 24, Sector de Apoyo, Personal Jerárquico, Agrupamiento Ocupacional 6) con más "...todas las bonificaciones, antigüedades, funciones y aumento del salario, más los intereses devengados y la repotenciación del valor adquisitivo atento el carácter alimentario de la remuneración desde la baja y hasta el efectivo pago...". A ello agrega la indemnización por daño moral, cuya estimación requiere sea equivalente al 100% del total de los daños estimados en salarios y bonificaciones dejados de percibir (v. fs. 175 y vta.).
II.2. A su turno, la parte contraria expone que se ha gestionado ante la autoridad administrativa la definición del correspondiente trámite disciplinario y por ello, a su criterio, la petición actoral resulta prematura.
Subsidiariamente, contesta el planteo indemnizatorio.
Rechaza la supuesta pérdida de sueldos por cuanto no hubo desempeño efectivo de tareas. Destaca que la anulación de la sanción disciplinaria no genera como necesaria consecuencia la obligación de pagar salarios por servicios no prestados. Cita como fundamento de su postura la doctrina que emana de la causa B. 48.455, "Villanueva", sentencia de 8-II-1983.
En lo que refiere a la pretensión de cobro del 100% de los salarios caídos desde el cese hasta la reincorporación del actor, solicita se contemple la incidencia de la conducta del agente. Esto, ya que el otorgamiento en tal magnitud podría eventualmente generar un enriquecimiento indebido siendo que no existió contraprestación alguna a cambio de ello, transformándose así la indemnización en ganancia.
Por ese motivo, con cita de fallos dictados por este Tribunal, pide que en caso de otorgarse la indemnización por daño material, se reduzca el porcentaje requerido estableciéndose en el 25% de las remuneraciones dejadas de percibir.
En lo que refiere al daño moral, considera que no se halla debidamente probado el rubro. Esto, ya que las circunstancias que derivan de los hechos narrados y acreditados no dan lugar a un daño tal que deba ser resarcido por cuanto comprenden, según expresa: "incomodidades personales incluidas dentro de las vicisitudes e inquietudes propias y corrientes al modo de los negocios y los pleitos" (fs. 187, pto. 4).
A todo evento, exige que se reduzca el monto reclamado por exorbitante, fijándoselo en la suma de $10.000.
III. De las constancias de autos resultan los siguientes datos útiles para la resolución de la presente:
III.1. El agente José María Parodi revistó desde el 15-VI-1993 en el cargo de Oficial Principal 1 —Personal de Apoyo—, Categoría 24 de la Subsecretaría de Trabajo, Regional Mar del Plata, dependiente del entonces Ministerio de Gobierno y Justicia (v. fs. 143, párrafo segundo), hasta su baja por cesantía a partir del 31-I-1997, conforme resolución III-38 ya citada (v. fs. 79).
III.2. El 16-IX-2009 se dictó la sentencia a la que se refiere en los apartados anteriores, con el alcance allí indicado (v. sent. de fs. 134/156 y cédula de notificación de fecha 2-X-2009 a fs. 157).
III.3. El 8-XI-2010 el Tribunal dispuso devolver los expedientes administrativos originales 2200-7254; 2244-5853/93; 2801-41310/91; 2801-21600/91 y las copias del expediente 2801-41310/91, a fin de que el organismo demandado diera cumplimiento con la manda judicial dispuesta en autos.
III.4. Con fecha 25-VI-2013, el Ministro de Trabajo dictó la resolución 11.121 n° 35, a través de la cual se ordenó reincorporar "...para el desempeño de la función pública a José María Parodi (MI 8.704.518, Clase 1947), de la Jurisdicción 11121 Ministerio de Trabajo, Subsecretaría de Trabajo, Dirección Provincial de Delegaciones Regionales, Dirección de Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo Zona VII, Delegación Regional de Trabajo y Empleo Mar del Plata, en el Agrupamiento Ocupacional 6, Personal Jerárquico, Categoría 24 , Sector de Apoyo" (fs. 174 vta.).
III.5. Como ya se reseñó, la sentencia dictada por esta Corte también condenó a la autoridad estatal a ejercer —nuevamente— la potestad disciplinaria, dentro de los sesenta días contados a partir de su notificación.
Según se vio, si bien se dispuso la reincorporación del agente Parodi —la que se hizo efectiva a partir del 3-I-2014—, nada concreto se hizo en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria (v. fs. 171). Es decir, el Ministerio de Trabajo no impulsó ni decidió definitivamente el sumario —de un modo compatible con el fallo judicial— en tiempo propio.
Corresponde, entonces, establecer cuál es la incidencia que esa omisión tiene respecto del resto de las pretensiones deducidas por el actor.
IV. Sabido es que las medidas disciplinarias tienen por objeto establecer el orden y buen desempeño en las relaciones de empleo público y de servicio, en general, con el fin de asegurar el debido cumplimiento de los deberes funcionales.
No obstante lo cual, en supuestos como el de autos, se fija un plazo determinado para llevar adelante la ejecución de la sentencia invalidante que instrumenta el reenvío, con el propósito de que la Administración ejerza aquellas potestades con arreglo a derecho, en la inteligencia de que aún cuenta con algún margen de discreción que no puede ser suplido judicialmente. La limitación temporal busca, esencialmente, no prolongar indefinidamente el estado de incertidumbre generado con posterioridad a la declaración de ilegitimidad del acto que dará lugar a un nuevo pronunciamiento del órgano.
No se trata de un plazo de caducidad o prescripción, legalmente tasado. Involucra, en rigor, un plazo procesal ordenatorio que procura llevar adelante la ejecución de la sentencia en un tiempo prudencial, evitando que la autoridad demandada incurra en dilaciones injustificadas o en una actitud contumaz en el cumplimiento de la manda judicial (v. mi voto, causa B. 66.669, "Juárez", sent. de 29-VIII-2018; doctr. causas B. 57.667, "Roqueiro", sent. de 23-VI-2023; B. 64.669, "Rocha", sent. de 26-II-2024; e.o.).
En el caso, las constancias incorporadas a la causa no dejan duda de que el plazo conferido en la sentencia se ha agotado, sin que la demandada hubiese actuado su potestad disciplinaria. Circunstancia que, desde ya, no implica la exclusión de responsabilidad.
Cabe resaltar que la defensa esgrimida por la Fiscalía de Estado en cuanto pretende atribuir cierto comportamiento negligente al actor por no "...impulsar el trámite correspondiente a la definición de su situación, v.gr. a través de la presentación de un pronto despacho o la denuncia de incumplimiento o del requerimiento de una intimación judicial..." (fs. 185/186), carece de asidero. Y esto es así, ya que la fuerza ejecutoria del fallo recae sobre la parte a la que le resultó impuesta la condena por ser aquella vencida en el proceso, no pudiendo su incumplimiento serle imputable a quien es vencedor en la contienda.
Aquí la autoridad demandada tenía conocimiento pleno de sus obligaciones y de los alcances de la sentencia. Es por ello que, no habiendo ejercido la potestad disciplinaria durante el plazo otorgado a tal fin, corresponde decretar su extinción. Al mismo tiempo, habiendo imposibilidad de actuar tal poder coactivo, no existe causa jurídica que legitime la privación de la reparación que pudiera ser debida (doctr. causas B. 56.376, "De Cunto", sent. de 28-X-1997; B. 51.193, "Arriondo", sent. de 12-V-1998; B. 56.441, "Bucharsky", sent. de 20-IV-1999; B. 57.469 bis, "Tettamanti", sent. de 21-XII-2005; B. 55.490, "Arrambide", sent. de 17-IX-2008; B. 60.042, "Peralta", sent. de 12-II-2021; B. 57.667 y B. 64.669, cits.; e.o.).
V. Por las consideraciones que anteceden, corresponde declarar extinguida la potestad disciplinaria de la Provincia de Buenos Aires respecto del agente José María Parodi y abordar el tratamiento de las demás cuestiones.
Voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Natiello, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Resuelta la cuestión anterior, corresponde decidir el reclamo del actor tendiente a que se le abonen la totalidad de los salarios caídos desde que le fuera aplicada la sanción de cesantía, hasta su reincorporación (v. escrito de inicio, apdo. 1.b., fs. 7 vta.).
Adelanto que esta pretensión, si bien ha de prosperar, no habrá de hacerlo en los términos propuestos en la demanda.
II.1. Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que el reclamo de las remuneraciones devengadas por el tiempo que duró la interdicción de prestar servicios constituye un pedido implícito del resarcimiento del perjuicio material ocasionado (doctr. causa B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985), en el cual el fundamento de la reparación del daño imputable a la Administración deriva de la afectación del derecho a la estabilidad (doctr. causa B. 48.945, "Moresino", sent. de 26-II-1985).
A los efectos de la determinación de la cuantía económica derivada de la afectación ilegítima del derecho aquí reconocido, en el marco de una relación de empleo público, estimo necesario realizar ciertas precisiones.
Puesto que, de ordinario, el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, cabe presumir, iuris tantum , que el cese ilegítimo de aquel vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento en el marco del proceso administrativo (doctr. causas B. 49.176, cit.; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001; e.o.) y que, por tanto, en principio, basta con que el actor demuestre la relación de empleo que mantenía, que ha sido excluido del cargo estable del que gozaba por un acto viciado y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción.
Mas de ello no puede desprenderse que la reparación por la segregación ilegítima se identifique con la totalidad de los salarios dejados de percibir por el agente durante el período en que perduró la separación del cargo.
En esta parcela es de notar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como acontece en relación con el período que media entre la separación del agente público dado ilegítimamente de baja y su reincorporación; CSJN Fallos: 307:1199, 1215; 308:732, 1795; 321:635; e.o.).
Sin embargo, dicho Tribunal ha dejado a salvo la existencia de una disposición expresa para el caso o ha mitigado tal doctrina cuando ha mediado una irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad. En este último supuesto se ha reconocido, aun en ausencia de norma, el derecho del agente a la percepción de los haberes caídos desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial (CSJN Fallos: 297:415).
Puede concluirse entonces, como pauta de interpretación, que en los supuestos en los que el agente público es afectado por una medida segregativa (sea ella producto de un procedimiento disciplinario o adoptada en el marco de un régimen de prescindibilidad) luego declarada ilegítima por el órgano judicial, se admite la posibilidad de acordar una indemnización en concepto de reparación de los perjuicios materiales padecidos, que tome en cuenta los salarios caídos, puesto que la falta de prestación de servicios, en última instancia, no resulta imputable al agente (conf. causa B. 31.217, "Acuña", sent. de 23-IX-1947, voto del doctor Ramírez Gronda en "Acuerdos y Sentencias", serie 20ª, Tomo X, pág. 331; arg. CSJN Fallos: 321:635, cons. 6° in fine ).
II.2. Tal como lo señalara en mis votos en las causas B. 57.454, "Sebey", sentencia de 1-III-2004; B. 57.484, "Obesio", sentencia de 14-IV-2004; B. 57.257, "Marino", sentencia de 27-IV-2004 y B. 57.706, "Pérez", sentencia de 2-VI-2004, en el ámbito del derecho público provincial, la conclusión arriba expuesta ha encontrado acogida legislativa en el art. 73 inc. 1 apartado "c" de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), maguer la redacción de esta norma, que utiliza el vocablo "devengados" para referirse al alcance del reconocimiento patrimonial allí previsto. Es claro que tal precepto tiene su campo de aplicación en el proceso especial reglado en el Capítulo II del Título II de dicho Código, cuyas características difieren del sustanciado en el sub examine . Por ello, la norma tan solo brinda una pauta hermenéutica útil en la materia (conf. mi voto en causa B. 57.183, "Chaparro", sent. de 12-XI-2003).
Por consiguiente, la procedencia del pago de la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir por el agente por todo el lapso en que estuvo excluido de los cuadros de la Administración dista de erigirse en un parámetro incontestable (doctr. minoritaria en las causas B. 53.291, "Álvarez", sent. de 22-IV-1997; B. 59.013, cit.; B. 54.852, "Pérez", sent. de 10-V-2000; "DJBA", 158:244; e.o.). Ello así, porque si bien el agente ha sufrido un daño que inicialmente equivale a la privación de su sueldo, no es lógico reputar que la subsistencia de tal perjuicio se prolongue más allá de un tiempo prudencial, suficiente para la obtención de otra actividad lucrativa (doctr. causas B. 38.396, "Benítez", sent. de 22-IV-1958 en "Acuerdos y Sentencias", 1958-III-44, voto del doctor Acuña Anzorena a la tercera y cuarta cuestión; B. 49.176, cit.; B. 48.945, cit.; voto de la mayoría en las causas B. 53.291; B. 59.013 y B. 54.852, cits.; e.o.).
III. En resumen, sin descartar de plano una compensación equivalente a los haberes no abonados al empleado público, en situaciones como la examinada —pues el ordenamiento no lo prohíbe— la menor o mayor extensión de la indemnización por el daño causado, cuya existencia cabe presumir en modo relativo, está ligada a las constancias de la causa y, por cierto, de la prueba reunida en el proceso (arts. 77, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 375, CPCC).
Bien entendido que la invalidación judicial de nulidad del acto de cese, pese a lo dispuesto por el art. 390 del Código Civil y Comercial —aplicable por analogía a las nulidades administrativas (arg. arts. 171, Const. prov. y 2, Cód. Civ. y Com.)— en orden a la retroactividad de los efectos de la invalidación (CSJN Fallos: 321:635) no conlleva inevitablemente al pago de todos los sueldos dejados de percibir, mas tampoco obsta a que puedan invocarse y acreditarse toda clase de perjuicios ocasionados por la baja ilegítima (CSJN Fallos: 313:472; 321:2748).
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
El demandante reclama salarios caídos desde el momento del cese hasta su reincorporación.
En casos similares al presente, la mayoría de este Tribunal ha resuelto, repetidamente, que la petición de las remuneraciones devengadas constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado por el cese ilegítimo y ha concluido en que el daño se presume ante la ilegitimidad del acto. No obstante, ha indicado que dicha presunción no puede alcanzar en su magnitud a la totalidad de los haberes que pretenden, correspondien
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