Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64843
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.843 "González, Marta Noemi contra Municipalidad de General Paz. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Violini, Natiello.
I. Esta Suprema Corte, mediante sentencia de 31 de agosto de 2021, hizo lugar a la demanda interpuesta por la señora Marta Noemí González; declaró la nulidad de los decretos 237/98, 276/98 y 354/02, dictados por el Intendente municipal de General Paz en el expediente administrativo 4047-4602/88; y dejó sin efecto la sanción expulsiva aplicada a la actora. Asimismo, ordenó la reincorporación de la demandante al cargo que desempeñaba antes del cese y condenó a la Administración comunal a dictar una nueva decisión ajustada a las constancias comprobadas y debidamente motivada, en un plazo no mayor a sesenta días contados desde que el fallo adquiriera firmeza.
A su vez, difirió el tratamiento de la pretensión resarcitoria hasta que la comuna dictara un nuevo acto ajustado a derecho.
II. El día 1 de septiembre de 2021 las partes fueron notificadas de la sentencia en sus domicilios electrónicos constituidos.
III. El día 30 de diciembre de 2021 se toma razón del embargo decretado por la señora jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial n° 17 del Departamento Judicial de La Plata, en la causa n° 20.391, caratulada "Culin, José c/ González, Marta Noemí s/ cobro ejecutivo", sobre los fondos que pudieran corresponder a la actora —Marta Noemí González— en el presente proceso, hasta cubrir la suma de catorce mil setecientos ochenta y siete pesos con 90 centavos ($14.787,90), con más la de treinta y nueve mil pesos ($39.000), presupuestados para intereses y costas de la ejecución.
IV. El día 10 de junio de 2022 se presenta la actora, denuncia el incumplimiento de la sentencia por parte de la comuna demandada y solicita que se intime a la Municipalidad de General Paz para que proceda a su ejecución y que se fijen astreintes.
V. Posteriormente, el Tribunal ordena el libramiento de un oficio a la Municipalidad de General Paz a fin de intimarla al estricto cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada el día 31 de agosto de 2021 (v. proveído de fecha 21-VI-2022 y oficio de la misma fecha, notificados ambos el 24-VI-2022). Esta intimación fue reiterada, a instancia de la actora, el día 6 de octubre de 2022.
VI. A través de la presentación de fecha 1 de noviembre de 2022, la Municipalidad de General Paz denuncia el cumplimiento de la sentencia de autos, acompañando copia del decreto 983/22, de fecha 20 de octubre de 2022.
De esta presentación y de la documentación adjunta se corrió traslado a la parte actora, quien no formuló observaciones ni desconoció lo allí explicitado (v. proveído de 3-XI-2022).
VII. Con posterioridad, la demandante solicita que se declare la prescripción de la potestad disciplinaria y se resuelva la pretensión indemnizatoria planteada en la demanda (v. escrito de fecha 11-IV-2023).
VIII. De esta última presentación se corrió traslado a la comuna, a la cual se le requirió además que informase si había ejercido la potestad disciplinaria por medio del dictado de un nuevo acto administrativo y se la intimó a que, en su caso, acompañara las respectivas actuaciones (v. proveído de 14-IV-2023, notificado el 18-IV-2023). Nada manifestó la Municipalidad al respecto.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia (v. providencia de 18-V-2023), la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Se ha extinguido la potestad disciplinaria de la Administración?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Procede el pago de la totalidad de los salarios caídos?
En caso negativo:
3ª) ¿En qué medida corresponde resarcir el daño material?
4ª) ¿Es procedente la pretensión de pago de los aportes previsionales?
5ª) ¿Prospera el reclamo de una indemnización por daño moral? ¿En qué medida?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Una vez firme la sentencia, la Municipalidad demandada se presentó ante este Tribunal y acompañó el decreto 983/22 —dictado por el Intendente el día 20 de octubre de 2022—, cuyo art. 1 ordenó "...la reincorporación de la agente Marta Noemí González [...] al desarrollo de sus actividades normales y habituales en la categoría 08 Clase 1 con un Régimen Horario de 31 hs. semanales, a partir del día siguiente de notificado el presente acto administrativo al sólo efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires" en la presente causa.
Destaco que, en el anteúltimo párrafo de sus considerandos, el aludido decreto municipal detalló que la actora goza del beneficio jubilatorio desde el mes de septiembre de 2010 (beneficio 15-0-4760904, expediente 024-27-06255628-0-974-000001), circunstancia también denunciada en la presentación de fecha 25 de octubre de 2022.
Seguidamente la actora admitió el dictado del aludido decreto 983/22 y, en atención a que el municipio a esa fecha no había dictado un nuevo acto que resolviera el sumario administrativo disciplinario en el que se investigó su conducta, solicitó que se declarara prescripta la potestad disciplinaria de la Administración comunal en tales actuaciones y se hiciera lugar a la indemnización solicitada en la demanda en orden al pago de los salarios caídos, aportes previsionales no efectuados, mutual no abonada con más el derecho a la carrera y daño moral, todo según el cargo y función desempeñados al momento del cese.
Pese a haber sido intimada, la demandada no acreditó haber ejercido su potestad disciplinaria con relación a la señora González con posterioridad al día 31 de agosto de 2021 (v. proveído de 14-IV-2023).
Corresponde, entonces, analizar en primer término el planteo de la actora en orden a que se declare prescripta la potestad disciplinaria de la Administración comunal, basado en que esta no acreditó haber dictado un nuevo acto que concluya el sumario disciplinario, ajustado a las constancias comprobadas y debidamente motivado, en un plazo no mayor a sesenta días contados desde que el fallo adquiriera firmeza.
Una cuestión con ciertas similitudes a la aquí suscitada ha sido tratada en la causa B. 57.667, "Roqueiro", sentencia de 23-VI-2023, en la que adherí al voto del doctor Soria, que concitó la mayoría y cuyos fundamentos me permito reproducir a continuación.
En esa dirección, he de señalar que las medidas disciplinarias tienen por objeto establecer el orden y buen desempeño en las relaciones de empleo público y de servicio, en general, con el objeto de asegurar el debido cumplimento de los deberes funcionales. Esa es la razón por la cual, en supuestos como el de autos, se fija un plazo determinado para llevar adelante la ejecución de la sentencia, estableciendo una limitación temporal con la finalidad de no prolongar indefinidamente el estado de incertidumbre generado con posterioridad a la declaración de ilegitimidad del acto que dará lugar a un nuevo pronunciamiento de la autoridad administrativa.
Pese a la calificación jurídica brindada por la actora a la petición objeto de examen (que este Tribunal puede encuadrar según corresponda, en aplicación del principio iura novit curia ), viene al caso añadir que no se trata aquí de un plazo de caducidad o prescripción, legalmente tasado, cuyo vencimiento determina inexorablemente la pérdida de la potestad disciplinaria. Aquel constituye, en rigor, un plazo procesal ordenatorio que procura llevar adelante la ejecución de la sentencia en un tiempo prudencial, evitando que la autoridad demandada incurra en dilaciones injustificadas o en una actitud contumaz en el cumplimiento de la manda judicial (doctr. causa B. 66.669, "Juárez", sent. de 29-VIII-2018).
Siendo que ese término ha fenecido y que de las constancias de autos no resulta acreditado que el procedimiento sumarial se haya reanudado en las condiciones indicadas en la sentencia, cabe a esta altura prescindir de la realización de ulteriores actos administrativos a los fines de brindar una solución definitiva a la presente controversia (conf. causas B. 51.319, "Tribiño", resol. de 16-XI-1993; B. 57.994, "Lucini", sent. de 14-V-2003; B. 65.621. "Sheridan", sent. de 23-II-2021; e.o.).
En casos similares al presente, esta Corte ha entendido que situaciones tales como el fallecimiento del interesado (causas B. 49.689, "Mendoza", resol. de 21-IX-1993 y B. 56.416, "Arman", sent. de 6-V-2009) o el transcurso de los plazos fijados en la sentencia sin que la Administración ejerciera su potestad disciplinaria (causas B. 51.193, "Arriondo", sent. de 12-V-1998; B. 57.368, "Etcheveste", sent. de 8-III-2006; B. 57.469 bis, "Tettamanti", sent. de 21-XII-2005; B. 63.280, "Marzat", sent. de 15-VII-2015; B. 60.042, "Peralta", sent. de 12-II-2021; e.o.), extinguían el ejercicio de tal potestad, habilitando al Tribunal a pronunciarse respecto de las pretensiones patrimoniales.
Pues bien, idéntica solución corresponde adoptar en la especie, toda vez que la demandada no ha acreditado en autos haber dictado un nuevo acto administrativo que resuelva el sumario administrativo disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de fecha 31 de agosto de 2021, pronunciamiento donde se estableció a tal fin un plazo de sesenta días que se encuentra holgadamente vencido.
No empece a la conclusión propiciada la circunstancia de que —según lo informado recientemente por el mismo municipio, que no ha sido puntualmente desconocido y que concuerda con los antecedentes consignados a fs. 295 vta. y 353 vta., en sendos informes periciales— la actora se haya acogido al beneficio jubilatorio a partir de septiembre de 2010.
Esto es así, de un lado, porque la comuna no ha demostrado que dicha circunstancia le impidiera ejercer su potestad disciplinaria en los términos indicados por esta Suprema Corte (arg. arts. 69 inc. "b" in fine , ley 11.757; 26 inc. "b" in fine , ley 14.656; e.o.).
Por lo demás, el municipio ha alegado que la denunciada jubilación de la actora "...acarrea la imposibilidad material de restablecer efectivamente a la misma en su cargo..." (escrito del Intendente adjunto a la presentación electrónica de fecha 1-XI-2022) y ha guardado silencio frente a la ulterior intimación a informar si había ejercido su potestad disciplinaria por medio del dictado de un nuevo acto administrativo (v. prov. de fecha 14-IV-2023).
Tales circunstancias permiten conjeturar que el municipio puede haber entendido jurídicamente improcedente aplicarle a la actora —ya acogida al beneficio jubilatorio— la sanción que eventualmente le hubiese correspondido, lo cual —de ser así— también supondría la extinción de la potestad disciplinaria, en este supuesto a causa de la desvinculación del agente (arg. arts. 69 inc. "b", ley 11.757; 26 inc. "b", ley 14.656; e.o.).
En cualquier caso, tiene dicho esta Corte que la responsabilidad de la Administración no queda excluida por la imposibilidad de ejercer la potestad disciplinaria, puesto que esa responsabilidad se genera por la sola sustanciación de un procedimiento viciado y la ilicitud del acto que provocó la privación de la percepción de haberes así declarada judicialmente (cfr. causas B. 49.689 y B. 51.319, cits.), debiendo ponderarse en cada situación las particularidades que esta presenta a los fines de determinar cuáles perjuicios y en qué medida aquella tiene la obligación de reparar (cfr. causa B. 60.871, "Muguerza", sent. de 29-VI-2011).
En mérito a lo expuesto, corresponde tener por extinguida la potestad disciplinaria ejercida por la Municipalidad de General Paz en el expediente administrativo n° 4047-4602/88 (en el que se investigó el desempeño de la agente Marta Noemí González) y, consecuentemente, resolver el resarcimiento de los daños y perjuicios reclamado por la actora.
Voto por la afirmativa.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Violini y Natiello , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. De acuerdo al planteo formulado y decidido lo anterior, corresponde resolver el reclamo atinente al pago de los salarios caídos de la señora González, el que fuera peticionado en los siguientes términos: "...se abonen los salarios dejados de percibir desde el mes de mayo de 1988 —fecha a partir de la cual estos fueron dejados de liquidarse— con sus intereses..." (escrito de inicio, apdo. I —"Objeto"—, a fs. 19 vta.).
II. Adelanto que esta pretensión, si bien ha de prosperar, no habrá de hacerlo en los términos propuestos en la demanda.
Si la pretensión de condena al pago de salarios caídos fuese considerada en términos estrictos, no cabría sino su rechazo. En efecto, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no corresponde, como regla, el pago de las remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público ilegítimamente dado de baja y su reincorporación (CSJN Fallos: 307:1220 y 308:1795), salvo disposición legal expresa y específica en contrario (CSJN Fallos: 297:427; 308:732; 313:473; 316:2922; 319:2507; 326:2347 y 327:4928). Ello, sin perjuicio de haberse dejado a salvo los supuestos en que exista una disposición expresa para el caso o cuando ha mediado una irregular aplicación de regímenes de prescindibilidad. En este último supuesto se ha reconocido, aun en ausencia de norma, el derecho del agente a la percepción de los haberes caídos desde la fecha del cese hasta la reincorporación dispuesta como consecuencia de una acción judicial (CSJN Fallos: 297:415).
Por su parte, esta Suprema Corte, una vez declarada la ilegitimidad del acto administrativo que dispusiera una medida segregativa respecto de un agente público de planta permanente con estabilidad, ha resuelto de modo constante que el reclamo de las remuneraciones devengadas por el tiempo que duró la interdicción de prestar servicios constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio material ocasionado (doctr. causa B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985). De tal modo, al otorgar alcance indemnizatorio a dicha pretensión, ese daño se presume an debeatur por la ilegitimidad del acto que cercena la garantía constitucional de la estabilidad, con la consiguiente inversión de la carga de la prueba.
Puede concluirse, entonces, como pauta de interpretación, que en los supuestos en los que el agente público de planta permanente con estabilidad es afectado por una medida segregativa (sea ella producto de un procedimiento disciplinario o adoptada en el marco de un régimen de prescindibilidad), luego declarada ilegítima por el órgano judicial, se admite la posibilidad de acordar una indemnización en concepto de reparación de los perjuicios materiales padecidos por el agente, que tome en cuenta los salarios caídos, puesto que la falta de prestación de servicios, en última instancia, no resulta imputable a aquel (cfr. doctr. causa B. 31.217, sent. de 23-XI-1947, voto del doctor Ramírez Gronda, "Acuerdos y Sentencias", Serie 20ª, Tomo x, pág. 331; arg. CSJN Fallos: 322:635, cons. 6° in fine ; causa B. 60.042, cit.; e.o.).
Con respecto al quantum de dicha indemnización, este Tribunal ha resuelto, sentando una doctrina que enlaza y armoniza los fundamentos de la reparación con la naturaleza jurídica de la garantía de la estabilidad, que en estos casos debe ponderarse siempre "...la posibilidad de que el empleado despedido sin derecho pueda sufrir inmediatamente a su cesantía, un daño igual a la privación de su sueldo..." y que ese daño es "...lógico presumir durante un tiempo prudencial suficiente como para que el cesante dedique las horas que antes empleaba en su cargo a otra actividad lucrativa" (causa B. 38.396, "Acuerdos y Sentencias", 1958-III-44, esp. voto del señor Juez de primer voto, doctor Acuña Anzorena, a la cuarta cuestión planteada, citado por el señor Juez de primer voto, doctor Vivanco, en la causa B. 49.176, "Sarzi", "Acuerdos y Sentencias", 1985-I-212).
Ahora bien, en autos es necesario tomar debidamente en cuenta que la actora dejó de percibir sus haberes a partir del día 27 de junio de 1988, en virtud de la retención dispuesta por el entonces Intendente municipal a través del decreto 134/88, motivada en los mismos hechos que poco tiempo después dieron pie a la suspensión preventiva decidida por medio del decreto 188/88 (conf. fs. 15 y 31, expte. adm. 4047-4602).
Recién mediante el decreto 237/98, de fecha 15 de julio de 1998, se le aplicó a la agente González la sanción de cesantía, que luego fuera declara ilegítima por esta Suprema Corte (v. sent. de fecha 31-VIII-2021).
Cierto es que, tanto el art. 38 de la actual Ley de Empleo Público Municipal 14.656, como el art. 85 de la anterior ley 11.757 y otras disposiciones semejantes de distintos regímenes (v.gr., art. 103, ley 10.430), disponen que cuando un sumario administrativo culmina con la absolución o sobreseimiento definitivo del agente imputado, deben abonársele íntegramente los haberes correspondientes al tiempo por el que se ha prolongado la suspensión preventiva.
De allí se desprende, como puede apreciarse, una solución consistente en el reconocimiento del cien por ciento (100%) de los haberes retenidos durante la suspensión preventiva, siempre que el sumario impulsado concluya por absolución o sobreseimiento.
Y este Tribunal ha aplicado también la pauta recién indicada en supuestos algo diferentes, tras reputar ilegítimos ciertos actos que habían dispuesto la suspensión, la disponibilidad preventiva, la retención de haberes o aun la cesantía finalmente decretada (cfr. causas B. 66.861, "Verchick", sent. de 29-III-2017; B. 59.984, "Savio", sent. de 12-VII-2017; B. 63.806, "Estigarriba", sent. de 27-XII-2017; B. 63.838, "Mansilla", sent. de 6-XII-2019; B. 62.092, "Nielsen", sent. de 16-XII-2020; B. 60.048, "González", sent. de 12-II-2021; B. 66.335, "Campana", sent. de 28-V-2021; B. 57.535, "Balderrama", sent. de 1-VII-2022; e.o.).
Sin perjuicio de lo precedentemente puntualizado, considero que las circunstancias del caso aquí planteado llevan a apartarse del criterio conforme al cual los haberes no abonados durante la suspensión preventiva deberían ser reconocidos en su totalidad, como una simple deuda salarial.
Por el contrario, la más que prolongada duración de la situación apuntada (que se extendió por el lapso de diez años); la falta de cuestionamientos oportunos, suficientes y concretos contra la suspensión y la retención de haberes que se mantuvieron durante dicho lapso (mientras se sustanciaba la causa penal a cuya resolución se había supeditado la decisión en el marco del sumario administrativo); el hecho de que el supuesto analizado no encuadre exactamente en lo actualmente previsto por el citado art. 38 de la ley 14.656; las particulares razones por las cuales se ha arribado en la especie a la declaración de ilegitimidad del acto de cesantía y de extinción de la potestad sancionatoria; y la forma en que la propia actora ha planteado este aspecto de su pretensión (sin diferenciar entre los distintos períodos en los cuales no cobró los haberes, sus causas ni consecuencias), conducen a reconocerle como indemnización un porcentaje de todos los salarios que no percibió desde la retención producto de la suspensión preventiva hasta el día anterior a su jubilación.
Ello así, además, por cuanto la presunción del daño por la ilegitimidad del acto de cesantía no puede alcanzar también a su magnitud y, sin más, determinarse que esta siempre será equivalente a la totalidad de las rem
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