Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 56525
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, librar oficio a la Municipalidad de La Matanza para que dentro del perentorio plazo de diez días deposite en la cuenta abierta a nombre de estos autos los importes aprobados mediante resolución de fecha 3-VIII-2023, con apercibimiento de aplicarse al señor Intendente -en forma directa y personal- y en favor de la parte actora, una multa de 1 Jus por cada día de retardo (arts. 163, Const. prov.; 86, ley 2.961; 77 inc. 1º y 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
B.56.525 "MATHIEU AMERICO C/ MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA"
Los Señores Jueces doctores Torres, Mancini y Carral dijeron:
I. En atención a lo peticionado por la parte actora, teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde la aprobación de la liquidación practicada en autos (v. resol. de fecha 3-VIII-2023), no habiéndose hecho efectivo, intímase a la Municipalidad de La Matanza para que dentro del perentorio plazo de diez días de recibido el oficio electrónico a librarse, dé cumplimiento al depósito y dación en pago de los importes adeudados, con apercibimiento de aplicarse al señor Intendente -en forma directa y personal- y en favor de la parte actora, una multa de 1 Jus por cada día de retardo (arts. 163, Const. prov.; 86, ley 2.961; 77 inc. 1º y 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 37, CPCC y 804, Cód. Civil y Comercial; conf. doctr. causas B. 66.241, "Aschira SA", resol. de 5-IV-2017; B. 57.624, "Michard", resol. de 28-VI-2017, B. 65.655, "Lorenzo", resol. de 18-IX-2023, entre otras).
Viene al caso destacar que la responsabilidad de los funcionarios a cargo de determinados organismos públicos frente al incumplimiento de las sentencias judiciales, así como la posibilidad de intimarlos bajo apercibimiento de imponerles multas o sanciones conminatorias, no solo han sido reconocidas en múltiples antecedentes de esta Corte y se derivan -tal como acaba de indicarse- de la Constitución provincial, la legislación procesal aplicable y el Código Civil y Comercial (por cierto, tampoco la Ley de Responsabilidad del Estado las ha excluido en el orden nacional -cfr. art. 1 in fine , ley 26.944 y CSJN, Fallos: 343:140, "Bernardes", sent. de 3-III-2020).
Además, las astreintes establecidas en cabeza de los funcionarios públicos competentes constituyen un mecanismo particularmente idóneo para conseguir que se dé satisfacción a aquello que los tribunales le han ordenado al Estado, cuando este no se aviene a obedecer luego de transcurrido cierto lapso.
En efecto, la fuerza conminatoria del instituto aquí empleado aparece menguada en aquellos supuestos en que la amenaza de sanción no se dirige en forma personal a los funcionarios que deben actuar para que la persona jurídica estatal pueda cumplir con el mandato jurisdiccional impuesto.
II. Respecto al pedido de nueva liquidación de intereses, téngase presente para su oportunidad (doctr. causas B. 61.209, "Descalzo", resol. de 6-VI-2023; B. 62043, "Karanicolas", resol. de 4-X-2023).
El Señor Juez doctor Violini dijo:
Debo abrir respetuosa disidencia con la postura asumida por mis colegas.
En efecto, si bien considero correcto intimar a la Municipalidad de La Matanza para que dé cumplimiento al depósito y dación en pago de los importes adeudados, discrepo con la legitimidad de la disposición por la que se pretende intimar al Intendente bajo apercibimiento de aplicarle una multa diaria de forma "directa y personal". Ante todo, observo que la decisión se pretende sustentada en normativa de diverso rango, a partir del artículo 163 de la Constitución de la Provincia, en cuanto dispone que "en las causas contencioso administrativas", tanto la Suprema Corte como los demás tribunales "estarán facultados para mandar a cumplir directamente sus sentencias por las autoridades o empleados correspondientes", aclarando el segundo párrafo de la norma en trato que "los empleados o funcionarios a que alude este artículo serán responsables por el incumplimiento de las decisiones judiciales" (el resaltado me pertenece).
A mi ver, la asignación de responsabilidad sentada en la Carta Magna local sólo sienta un principio que debe ser reglamentado, pero no establece de modo alguno que dicha responsabilidad deba ser exclusivamente "personal", pues ello importaría no sólo que la deuda generada pudiera continuar en cabeza de la persona física aún luego de abandonar o cesar en su cargo, sino que la misma podría incluso transmitirse a sus descendientes.
En esta senda, además, y desde que el lenguaje empleado en una decisión jurisdiccional siempre ostenta carácter técnico, observo que la "multa" impuesta ni siquiera podría considerarse como una suerte de "cláusula penal", dado que conforme el artículo 790 del Código Civil ella, en tanto sujeción a una "pena o multa" para el caso de incumplimiento de una obligación, sólo resulta legítima si la parte consiente someterse a ella.
Quizás el problema de legitimidad que vislumbro aquí es el de la asimilación entre el organismo estatal (Municipio), y la persona física que se encuentra a la cabeza de ese organismo (el intendente).
Aunque parezca una obviedad, la sentencia de condena se dirigió contra el Municipio, como sujeto obligado al pago, esto es, contra un poder del Estado Provincial a nivel municipal (o lo que es lo mismo, una persona jurídica pública en los términos del artículo 146 inciso "a" del Código Civil), y no contra un sujeto particular, por lo que en rigor, las consecuencias del incumplimiento deberían recaer sobre el mismo "sujeto" que se encuentra obligado al pago, más allá de la responsabilidad solidaria que establece el artículo 63 de la ley 12008.
En esta senda, entonces, la decisión de mis colegas encuentra fundamento normativo en las sanciones conminatorias -esto es, astreintes- del artículo 804 del Código Civil, las que pueden imponerse "a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial", es decir, al condenado que en este caso, insisto, es el municipio.
Cierto es que la norma en cuestión determina que en casos como el presente se aplicará el derecho administrativo, pero también es cierto que son las disposiciones del derecho administrativo las que me generan reservas, y en definitiva ellas no obstan a la aplicación supletoria del derecho civil (artículo 2 ley 12008), o el Código Procesal Civil y Comercial (artículo 25, ley 2961).
Encuentro entonces que, aunque refiriéndose a la legislación nacional, es plenamente aplicable al presente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme la cual, "las astreintes constituyen un medio del que los jueces pueden valerse con el objeto de vencer la reticencia de quien deliberadamente incumple un mandato judicial" (CSJN, "Bernardes, Jorge Alberto c/ ENA - Ministerio de Defensa s/ amparo por mora de la administración", del 3 de marzo de 2020).
En el precedente de mención, se discutía la posibilidad de imponer astreintes al Estado, interrogante que se respondió afirmativamente, pero precisamente, la cuestión involucraba al "Estado", no a las personas físicas que representan al organismo estatal.
Agrego a lo expuesto que en mi opinión, antes de cursar una intimación o un apercibimiento a una persona física, debería poder pregonarse certeza respecto de la notificación personal de la sentencia que se debe cumplir a esa persona física, dado que es sabido que en lo que atañe a los entes públicos, tales notificaciones suelen ser cursadas a las oficinas o departamentos y no necesariamente en forma personal y directa a la cabeza jerárquica del organismo.
Lo expuesto me lleva a considerar que en rigor, en la presente debería intimarse la imposición no una multa de carácter "personal", sino de una astreinte en cabeza del órgano estatal que ha incumplido con el mandato sentado en una sentencia judicial, es decir, en cabeza de la Municipalidad de La Matanza, y que tal disposición debería ser notificada de modo personal al señor intendente (artículos 18 de la Constitución Nacional; 163 de la Constitución Provincial; 804 del Código Civil y Comercial de la Nación; 2, ley 12.008).
El señor Juez doctor Natiello dijo:
Adhiero a la solución propiciada por los Dres. Torres, Mancini y Carral.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, librar oficio a la Municipalidad de La Matanza para que dentro del perentorio plazo de diez días deposite en la cuenta abierta a nombre de estos autos los importes aprobados mediante resolución de fecha 3-VIII-2023, con apercibimiento de aplicarse al señor Intendente -en forma directa y personal- y en favor de la parte actora, una multa de 1 Jus por cada día de retardo (arts. 163, Const. prov.; 86, ley 2.961; 77 inc. 1º y 78 inc. 3º, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21), así como también en forma personal al señor Intendente de La Matanza, mediante oficio dirigido al domicilio físico de la referida comuna, al que se adjuntará, digitalizado en formato PDF, el texto de la presente.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/12/2024 13:50:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 11:20:27 - VIOLINI Victor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 11:29:29 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2024 11:35:31 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 10:41:20 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2025 10:24:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/05/2025 10:25:41 hs. bajo el número RR-220-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia