Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57667
Lo que resolvió el tribunal
I. Admitir la aplicación al caso de la ley 12.836 solicitada por la Municipalidad de La Matanza mediante escrito electrónico del 7-IX-2023 y, consecuentemente, rechazar la impugnación planteada por la actora con fecha 26-IV-2024.
II. Hacer lugar a la impugnación formulada por la parte actora con fecha 17-VIII-2023, con relación a la liquidación practicada por la demandada.
III. Intimar a la comuna demandada a practicar, dentro del perentorio plazo de diez (10) días desde la notificación de la presente, una nueva liquidación de conformidad con las pautas aquí establecidas.
B.57.667 "ROQUEIRO DANIEL SABAS CONTRA MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA"
I. Mediante sentencia de 23-VI-2023 se hizo lugar parcialmente a la pretensión del actor y, por mayoría, se condenó a la Municipalidad de La Matanza a abonar al señor Daniel Sabas Roqueiro, en concepto de indemnización por daño material, una suma equivalente al 40% de los salarios dejados de percibir por el agente, computados desde la separación de su cargo en el año 1993 y hasta su reincorporación ocurrida en el año 2011.
Se estableció que, a tales efectos, debería tomarse como base de cálculo el sueldo correspondiente al cargo que ejercía el agente al momento del cese declarado ilegítimo a valores netos actuales.
Se dispuso que a dichas sumas se le aplicarían intereses a una alícuota del 6% anual, desde la separación del cargo y hasta la fecha de esa sentencia. De allí en más, resultaría aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago.
Asimismo, se condenó a la comuna demandada a abonar los aportes y contribuciones previsionales que hubieran correspondido ingresar por ambas partes durante el tiempo transcurrido desde la separación ilegítima del actor en el año 1993 hasta su reincorporación en el año 2011. Dichas sumas deberán depositarse a la orden del Instituto de Previsión Social.
II. El día 31-VII-2023 el apoderado de la Municipalidad de La Matanza presenta liquidación practicada por el Departamento de Liquidaciones de la Contaduría municipal (v. escrito electrónico y archivo adjunto).
III. Habiéndose conferido el correspondiente traslado, la parte actora impugna la liquidación presentada.
Manifiesta que la sentencia dictada en autos fija como pauta para practicar la liquidación correspondiente a la indemnización por daño material, el sueldo a valores netos actuales correspondiente al cargo que ejercía el señor Roqueiro al momento de la cesantía ilegítima.
Señala que la composición del sueldo neto del actor se integra con el básico, los rubros remunerativos y la antigüedad.
Indica que el actor, habiendo ingresado a la Municipalidad de La Matanza en el mes de abril de 1966, al momento de la cesantía contaba con una antigüedad de 27 años que debe ser incorporada a los fines de practicar la liquidación indemnizatoria, así como los demás rubros que compongan el sueldo con los descuentos de ley.
Agrega que en el informe acompañado, practicado por la Asesoría Letrada del Municipio, se indica que para la liquidación de la indemnización... "se debe tomar como base el 40% del valor neto actual de la remuneración fijada para el cargo de Director de Obras Públicas vigente al 23/06/2023", afirmando que... "no se deben considerar la antigüedad del agente al 12 de noviembre de 1993 ni ningún adicional que no se encontrara vigente a esa fecha. Tampoco ninguna suma que percibiera este agente al momento de su cese pero que no correspondiera específicamente a la retribución básica del cargo...".
Indica que a partir de esta errónea pauta se practica la liquidación que se impugna, señalando, además que no se acompaña constancia y/o certificación actual de haberes correspondiente al cargo de Director de Obras públicas de la Municipalidad, impidiéndose así la verificación de la liquidación y desconociéndose de dónde surge la suma de $38.299,16 que se utiliza para el cálculo (v. escrito electrónico del 17-VIII-2023).
IV.1. Al responder la impugnación presentada por la parte actora, la demandada manifiesta que la liquidación que presentara se realizó sobre la base del valor del sueldo neto actual correspondiente al cargo de Director de Obras Públicas (Categoría 62 con 30 horas semanales) correspondiente a la fecha en la que se efectuó dicho cálculo.
Agrega que a partir de ese importe se practicó la liquidación calculando el 40% de la suma base, con estricta correspondencia a cada uno de los rubros que integraban la remuneración de dicho cargo y categoría al momento del cese.
Sostiene que, frente al contenido de la decisión que ordenó practicar la referida liquidación, resulta irrelevante la antigüedad del actor, toda vez que esa bonificación no sólo no fue mencionada en la sentencia del 23-VI-2023 sino que, además, la misma no se corresponde al cargo de "Director" sino que se abona a todo el personal municipal, en el porcentaje vigente en cada período, por su única condición de tal.
Señala que lo que dispuso la sentencia fue que la base del cálculo era el "cargo" -en sentido general y abstracto- y no la remuneración del actor-en sentido subjetivo y concreto-. De este modo, indica que sólo corresponde la inclusión de los rubros que integraban la remuneración, previo descuentos de ley, los que se han consignado en el informe del Departamento Liquidaciones acompañado.
Manifiesta que se refiere concretamente al rubro "sueldo básico" siendo que, en aquel momento, no existían otras bonificaciones que integraran la remuneración asignada a dicha condición estatutaria.
Destaca que la sentencia de 23-VI-2023 no ha ordenado pagar un porcentaje (40%) de los "salarios caídos" sino una indemnización por daño material por un importe equivalente a ese porcentaje tomando como base el sueldo neto actual correspondiente al cargo o categoría que ocupaba el actor al momento de la cesantía, por todos los períodos desde ésta y hasta su reincorporación.
Indica que la suma tomada como base por la Contaduría municipal resulta correcta, debiendo rechazarse la impugnación formulada por la actora.
IV.2. Paralelamente, el apoderado de la Municipalidad de La Matanza solicita la aplicación de la ley 12.836 y sus modificatorias a la que la comuna ha adherido mediante ordenanza 12482/03.
Cita jurisprudencia del Tribunal y señala que esa legislación sólo era admisible para aquellas obligaciones cuyo hecho generador reconociera una fecha anterior a la de corte fijada en ella, es decir, al 31-XII-1999, circunstancia que, indica, se encuentra configurada en el caso.
En razón de ello, solicita que se recalculen los accesorios de la forma en que señala (v. escrito electrónico del 7-IX-2023 y archivo adjunto).
V. Habiéndose conferido el correspondiente traslado, la parte actora impugna -por inaplicable al caso- la ley 12.836 de acuerdo a lo resuelto en la sentencia recaída en autos, fallo que -remarca- se encuentra firme y consentido conforme los antecedentes agregados a la causa.
Señala que la demandada, habiendo quedado firme la sentencia dictada en autos, procedió a practicar liquidación según su criterio, pero asumiendo que lo hacía conforme las pautas y contenidos liquidatorios emergentes de dicha sentencia.
Agrega que a esa liquidación se opuso, pasándose los autos a resolver y quedando así sustanciada la incidencia.
Luego de ello, indica que se dio traslado de la impugnación presentada por su parte, donde la demandada invoca -tardíamente- la ley 12.836 y la ordenanza de adhesión, pretendiendo ignorar la eficacia de la cosa juzgada a través de un planteo que es a todas luces extemporáneo (v. escrito electrónico del 26-IV-2024).
VI.1. Analizando los planteos formulados por las partes, lo manifestado por la demandada en orden a la aplicabilidad del régimen de consolidación de deudas contemplado en la ley 12.836 y la respuesta brindada por la parte actora, cabe recordar que en numerosos precedentes este Tribunal ha declarado que su aplicación deviene inexcusable en virtud de tratarse de una normativa de orden público (arts. 9 y 13, ley 12.836; doctr. causas C.110.280, "Taboada", sent. de 29-V-2013; C. 101.994, "Pasi", sent. de 11-VI-2014 y C.109.235, "Rodil", sent. de 7-V-2014; conf. CSJN causas 75.XLVIII, "Ragone", sent. de 30-IX-2014; "Ader S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Daños y Perjuicios", sent. de 11-XII-2014; B. 64.579, "Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de González Catán Ltda.", resol. de 13-XI-2024; e.o.).
En cuanto a su procedencia respecto de los créditos aquí en juego, dicha norma establece que queda abarcada en la consolidación de deudas toda obligación no financiera y exigible al Estado Provincial que tenga causa o título anterior al 30 de noviembre de 2001 (art. 8).
Por su parte, el art. 9 dispone que queda alcanzado, en particular, todo reclamo judicial o administrativo que se traduzca en reconocimiento del crédito perseguido, siendo necesario, para la procedencia del trámite de consolidación, que se encuentre firme el previo pronunciamiento de acogimiento, judicial o administrativo.
A mayor abundamiento, el art. 13 indica que las sentencias judiciales que reconozcan la existencia de obligaciones aprehendidas por el régimen de la citada ley, tendrán carácter meramente declarativo con relación a los organismos obligados.
Del análisis de la presente causa surgen configurados todos los presupuestos aludidos precedentemente.
Y en tanto la Municipalidad de La Matanza ha adherido a ella por ordenanza 12.484/03, dando así cumplimiento con lo dispuesto por el art. 23 de la ley 12.836, corresponde declarar su aplicación al caso (arts. 8, 9, 13 y 23, ley 12.836 y sus modif.; causas B. 61.585, "García", resol. de 29-XII-2015; B. 62.930, "Sum y otros", resol. de 17-X-2018; B. 58.340, "Salina", sent. de 12-II-2021; e.o.).
VI.2. Sentado ello, resulta necesario modificar el modo de aplicar intereses dispuesto en la sentencia dictada en autos con fecha 23-VI-2023.
Dados los fundamentos brindados y en tanto en dicha sentencia se condenó a la Municipalidad demandada a abonar al actor, en concepto de indemnización por daño material, una suma equivalente al 40% de los salarios dejados de percibir desde la separación de su cargo en el año 1993 y hasta su reincorporación en el año 2011, tomándose como base de cálculo el sueldo a valores netos actuales correspondiente al cargo que ejercía al momento del cese declarado ilegítimo; y siendo que de los mecanismos de cancelación previstos en la ley 12.836 y sus modificatorias sólo se encuentra vigente el pago en efectivo (conf. doctr. causa B. 58.903, "Jotafi Computación Interactiva SA", resol. de 5-IV-2017), deberá la demandada -dentro del plazo de diez (10) días contados desde la notificación de la presente decisión- practicar liquidación calculando los intereses de la siguiente forma: i] dado que la causa o título de la obligación es anterior al 30-XI-2001, por el lapso transcurrido entre la cesantía del actor en el año 1993 (v. dec. 1942/93) y aquella fecha de corte, los intereses habrán de calcularse aplicando una tasa pura del 6% anual; ii] a partir de ese momento y hasta el efectivo abono, se calcularán los intereses de la consolidación equivalentes a la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común, que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente a partir de la vigencia de la ley, hasta la fecha del pago efectivo (arts. 8, 10, 19 y concs., ley 12.836 y modifs.; doctr. causa B. 61.015, "Astilleros Alfa Centauro", resol. de 17-VI-2015).
VI.3. Por otra parte, y en relación a lo expuesto por la actora en su escrito de fecha 17-VIII-2023, corresponde admitir la impugnación allí formulada.
Como ya ha resuelto este Tribunal, para establecer el sueldo neto actual relativo a la categoría en la que revistaba el actor al momento en que fue separado de su cargo, corresponde, además de la inclusión de los rubros que integran la remuneración, previo descuentos de ley, computar también la antigüedad que llevaba acumulada hasta la fecha del cese. Ello es así, toda vez que la omisión de este rubro salarial produce un efecto distorsivo que desnaturaliza la sentencia de condena (conf. causas B. 61.833, "Autiero", sent. de 5-VIII-2009; B. 58.622, "Martín", sent. de 31-X-2016; B. 64.879, "Cisneros", sent. de 29-VIII-2017; B. 58.340, "Salina", resol. de 31-VII-2023).
En consecuencia corresponde intimar a la Municipalidad de La Matanza a practicar nueva liquidación de acuerdo a lo aquí indicado, acompañada de la documentación correspondiente que acredite los cálculos realizados.
A mayor abundamiento, y a los fines ordenados precedentemente, se señala que el sueldo neto relativo a la categoría en la que revistaba el actor cuando fue separado de su cargo, deberá ser el vigente al momento de practicarse la nueva liquidación, del mismo modo que los rubros remuneratorios y/o no remuneratorios a computarse (v. causa B. 58.340, "Salina", resol. de 13-XI-2024).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Admitir la aplicación al caso de la ley 12.836 solicitada por la Municipalidad de La Matanza mediante escrito electrónico del 7-IX-2023 y, consecuentemente, rechazar la impugnación planteada por la actora con fecha 26-IV-2024.
II. Hacer lugar a la impugnación formulada por la parte actora con fecha 17-VIII-2023, con relación a la liquidación practicada por la demandada.
III. Intimar a la comuna demandada a practicar, dentro del perentorio plazo de diez (10) días desde la notificación de la presente, una nueva liquidación de conformidad con las pautas aquí establecidas.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2025 12:55:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2025 13:48:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:16:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2025 09:32:24 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2025 07:37:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2025 07:38:18 hs. bajo el número RR-315-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia