Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61009
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.009, "Gomikian, Adolfo Gregorio y otros contra Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Budiño .
I. Los señores Adolfo Gregorio Gomikian, Víctor Hugo Reboredo, Blas Esteban Cabello, Manuel Joaquín Martins Fernandes, Carlos Ignacio Vigano, Luis Daniel Zorzoli, Julio Ricardo de los Ríos, Adolfo Bonato, Claudio Gerónimo Benítez, Néstor Javier Goncalves, Sergio Ezequiel Ortega, Walter Fabián Goncalves, Darío Ismael Colussi, Sergio Daniel Giso, Horacio Sergio Garay y Rubén Omar Ricardes, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa por retardación contra la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación) a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones 644/94, 489/94, 4.189/94 y "todas las que se opongan a los términos de esta litis" y se equipare el cargo de "maestro de educación práctica" (en adelante, MEP) al de profesor de taller tanto en el nivel escalafonario como en el remunerativo, calculándose su retribución por hora cátedra desde que fueron transferidos a la jurisdicción provincial.
Ofrecen prueba y formulan reserva de caso federal.
II. A fs. 257 los señores Marcelo Edgardo Gómez, Jorge Roberto Barrera, Leandro Vincenti, Diego Fernando Ruiz y Enrique Roque Bonato, por apoderado solicitan ser admitidos por actores, petición que fue aceptada por el Tribunal a fs. 266.
III. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado quien, contesta la demanda, con cita de doctrina de este Tribunal sostiene la legitimidad del accionar de la Administración y solicita el rechazo de la acción (v. fs. 288/293).
IV. Agregadas —sin acumular— las actuaciones administrativas, producida la prueba oportunamente ofrecida, glosados los alegatos de ambas partes (fs. 370/371 —actora— y 372 —demandada—) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los actores relatan que se desempeñaron como MEP en jurisdicción nacional hasta que fueron transferidos a la órbita de la Provincia de Buenos Aires en el marco de lo dispuesto en la ley nacional 24.049 a la que el Estado bonaerense adhirió a través de la ley 11.524.
Se agravian por no haber sido recategorizados de acuerdo a lo dispuesto en la ley ni a su formación profesional y docente. Entienden que el modo en que fueron incorporados al sistema provincial no respeta los conceptos de identidad, equivalencia y equiparación (de cargos) consignados en la ley.
Manifiestan que los "maestros de enseñanza práctica" en jurisdicción nacional ingresaron a la docencia "por cargo", con una prestación semanal equivalente a veinticuatro horas cátedra de cuarenta minutos cada una. En este punto se agravian de que su retribución no fue equivalente a veinticuatro horas cátedra.
Cuestionan que se los haya equiparado a los maestros de enseñanza agropecuaria por ser su tarea "diametralmente opuesta a su enseñanza de neto corte técnico". Dicen que esta equivalencia viola los términos de las leyes que consagraron la transferencia de los servicios educativos nacionales a la jurisdicción provincial. Asimismo, dicen que se aparta de los preceptos de identidad y equivalencia de la función originaria, genera un perjuicio económico y una asimetría con el restante personal, en tanto para quienes siempre revistieron en órbita provincial e imparten la enseñanza secundaria, su salario es calculado por hora cátedra y perciben mayor retribución por igual tarea.
Sostienen que el criterio que determinó la equiparación efectuada por la Provincia y cuestionada en autos, se basa en la "aritmética salarial" toda vez que el haber del maestro agropecuario coincidía numéricamente con el anterior cargo nacional. Cuestionan esta decisión. Consideran adecuada y legítima la equivalencia con el cargo de profesor pues la función de dicho docente guarda identidad con la que efectivamente desempeñan, esto es, imparten clases a alumnos de nivel secundario con conocimientos e incumbencias divididas en materias específicas. Sostienen que deberían ser remunerados como profesores secundarios de acuerdo a las horas cátedra efectivamente dictadas. Acotan que resulta evidente el desmedro salarial que sufren toda vez que la deficiente calificación de sus tareas determinó que cumplan veinticuatro horas cátedra frente a alumnos y su salario es equivalente a quince horas cátedra, situación derivada de haberlos equiparado a los maestros agropecuarios.
Advierten que, en la Provincia, al tiempo de la transferencia, ya existía el cargo de "profesor de taller", también denominado "de Enseñanza Práctica" cuya función, según detallan, era instruir alumnos secundarios en cuestiones netamente técnicas. Destacan que su remuneración está determinada por la cantidad de horas cátedra que brindan.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado primeramente refiere que la cuestión sometida a decisión ha sido resuelta por este Tribunal en la causa B. 61.047, "Moglia" (sent. de 5-X-2005) y pone de resalto que en ella se concluyó que la Provincia no incumplió las obligaciones derivadas del Convenio de Transferencia. Además, precisó que los actores, al ser incorporados a la jurisdicción provincial, no sufrieron merma en sus retribuciones.
Explica que, en el marco de la transferencia de servicios educativos nacionales dispuesta por la ley 24.049 —a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 11.524—, el Consejo General de Cultura y Educación dictó la resolución 489/94 por la que se aprobaron los índices que permitían determinar las remuneraciones de la mayoría de los exagentes nacionales que habían sido alcanzados por la referida transferencia.
Detalla que a quienes se desempeñaban en el cargo de MEP (escuelas industriales) en jurisdicción nacional se les asignó, a fin de determinar mensualmente el monto de las remuneraciones, un índice equivalente a 1,00, utilizado para determinar la remuneración de una "Maestra de Sección" (escuela agraria).
Precisa que estos cargos fueron asimilados en términos remunerativos en razón de pertenecer ambos a servicios educativos de nivel medio, ser de carácter técnico y poseer estabilidad.
Seguidamente, indica que por resolución del Consejo General de Cultura y Educación 644/94 se aprobaron las equivalencias correspondientes a los cargos nacionales menos comunes que habían quedado comprendidos en la antes citada resolución 489/94.
Destaca que los docentes nacionales transferidos con motivo de la ley 24.049 resultaron beneficiados económicamente con motivo del cambio de empleador, habida cuenta de que sus salarios fueron incrementados. Apunta que ello fue reconocido por los demandantes en la causa "Moglia" citada precedentemente.
De otro lado, explica que los docentes bonaerenses cumplen funciones a través de dos modalidades: a) mediante el desempeño de un "cargo" o b) mediante el cumplimiento de "horas cátedra". Agrega que mientras los que se desempeñan bajo la primera modalidad, perciben un salario igual todos los meses, estén o no frente a alumnos; los que ejercen "horas cátedra" perciben su remuneración de acuerdo a las horas que efectivamente desempeñaron en el período.
Aclara que el valor de la hora cátedra es superior al valor de una hora de un docente que ocupa un "cargo" debido a que la primera modalidad determina una retribución variable de acuerdo a las horas efectivamente desempeñadas en el período.
Señala que los actores, en jurisdicción nacional, desempeñaban un cargo —MEP— y esa situación se mantuvo luego de ser transferidos al ámbito bonaerense.
Destaca que los actores no cuestionan que se les haya asignado un cargo en la Provincia, tampoco aducen que sus retribuciones se hayan disminuido con motivo del cambio de empleador, sino que pretenden percibir la retribución que corresponde a un docente que cumple horas cátedra en atención a que el valor de cada hora trabajada es mayor.
Explica que los demandantes pretenden mantener las ventajas que tiene quien ocupa un "cargo", y en paralelo adicionar la mayor retribución de quien cumple "horas cátedras". En efecto, se agravian de que su cargo, que posee una carga horaria de veinticuatro horas semanales (que no serían horas cátedra sino las que corresponden a sus cargos), es remunerado con el equivalente a quince horas cátedra. De ahí que su reclamo consistiría en que se les adeuda nueve horas cátedra por mes desde el día 1 de enero de 1994 (fecha en que pasaron a desempeñarse en la Provincia). Concluye diciendo que el objetivo de los actores es lograr las ventajas de ambas modalidades de labor, pretensión que califica contraria a las normas jurídicas vigentes que rigen el caso.
Afirma que la pretensión resulta contraria al Estatuto del Docente, su reglamentación y la resolución 489/94 del Consejo General de Educación y Cultura.
Por último, niega que las decisiones administrativas cuestionadas importen un menoscabo al derecho de propiedad e igualdad garantizados constitucionalmente.
III. Del expediente administrativo 5811-466301/95 surgen las siguientes circunstancias relevantes para la decisión de la causa:
III.1. Reclamos presentados por los docentes Marcelo Edgardo Gómez, Adolfo Bonato, Carlos Ignacio Vigano, Manuel Joaquín Martins Fernándes, Blas Esteban Cabello, Diego Fernando Ruiz, Julio Ricardo de los Ríos, Claudio Gerónimo Benítez, Luis Daniel Zorzoli, Néstor Javier Goncalves, Darío Ismael Colussi, Jorge Roberto Barrera, Walter Fabián Goncalves, Adolfo Gregorio Gomikian y Víctor Hugo Reboredo, por no haberse dado cumplimiento a la cláusula trigésimo séptima del Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a las provincias —ley 24.049; ley 11.524— (fs. 1/28 y 33).
III.2. A fs. 192 obra reclamo presentado el día 10 de abril de 1997 a efectos de que se los equipare al cargo "Profesor de Taller".
III.3. A fs. 195 la Dirección de Administración Contable informó que "…de la verificación realizada a los agentes titulares no se observa diminución salarial en ninguno de los casos". Advierte que para efectuar el comparativo se tomó el último haber emitido por la Nación (diciembre/93) y el primero emitido por la Provincia (enero/94).
III.4. La Dirección Provincial de Personal y la Asesoría General de Gobierno se expidieron en sentido coincidente, estimando que correspondía el rechazo del reclamo en la medida que se certificase que no existió disminución de haberes (fs. 198/199).
III.5. Mediante resolución DGCyE 6.699/99 del día 16 de junio de 1999 (notificada a los actores a fs. 203) la Directora General de Cultura y Educación decidió denegar el reclamo efectuado por los actores a efectos de que su cargo MEP sea equiparado en jurisdicción bonaerense con el cargo "profesor de taller". Para así decidir consideró que no hubo rebaja salarial respecto al monto recibido por los peticionantes en el ámbito nacional ni aumento de carga horaria. Ponderó que, en la medida en que la Provincia ajustó su accionar a las pautas establecidas en el Convenio de Transferencia, no correspondía que los docentes efectuasen ningún reclamo (v. fs. 202). Seguidamente, con fecha 28 de abril de 2000, el Consejo Escolar de La Matanza en razón de haber cumplido con la respectiva notificación a los interesados, remitió las actuaciones a la Dirección de Personal (v. fs. 204).
IV.1. Primeramente advierto que la presente acción se inicia a efectos de que "…se declare la nulidad y se dejen sin efecto las resoluciones 644/94, 489/94, 4189/94 y todas aquellas que se opongan a los términos de esta litis" (fs. 194 vta.). En este punto destaco que se ha omitido la individualización de los actos cuestionados toda vez que no se detalló la autoridad que los emitió, su fecha, ni las actuaciones administrativas que llevaron a su dictado. Tampoco fueron acompañados a las actuaciones ni se ofreció prueba a fin de establecer su alcance.
Al ser demandada la Dirección General de Cultura y Educación podría entenderse que los actos impugnados fueron dictados por su titular; sin embargo, de la contestación de la demanda y de los antecedentes jurisprudenciales resulta que las resoluciones en crisis fueron dictadas por el Consejo General de Educación (arts. 202, Const. prov. y 34 y sigs., ley 11.612 entonces vigente).
IV.2. Por otra parte, es dable poner de resalto que la demanda fue iniciada por retardación el día 23 de diciembre de 1999 (v. fs. 199 vta.). Sin embargo, de las actuaciones administrativas acompañadas surge que el día 16 de junio de 1999 se había dictado la resolución DGCyE 6.699/99 que desestimó el reclamo administrativo iniciado por los actores que dio origen a la presente acción (v. fs. 201 del expediente administrativo 5811-466301/95). Al respecto debo señalar que la notificación a los interesados agregada a fs. 203 no indica fecha y la actuación siguiente, que corresponde a la remisión del expediente efectuada por el Consejo Escolar de La Matanza a la Dirección de Personal, es de fecha 28 de abril de 2000.
Luego de contestada la demanda, al ser agregadas las actuaciones administrativas, este Tribunal corrió vista de ellas a las partes (v. fs. 300) sin que la demandante se pronuncie al respecto, amplíe demanda e incorpore la pretensión anulatoria con relación a esta última decisión. El representante de la Fiscalía, por su parte, no formuló reparos u observaciones a la admisibilidad de la demanda.
De tal modo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 31 apartado 2 de la ley 12.008, corresponde sin perjuicio de lo anterior, ingresar al análisis de la cuestión de fondo sometida a decisión.
IV.3. Los actores, pretenden que se les abonen nueve horas cátedra más de las que se les liquidaron desde que se hizo efectiva la transferencia de los servicios educativos nacionales a la Provincia de Buenos Aires.
Su cuestionamiento se centra en que como MEP, según dicen, cumplen una carga horaria de veinticuatro horas cátedra semanales, mientras que los profesores de taller, cargo al que afirman debieron ser equiparados, es de quince horas cátedra semanales. Vale decir, no se agravian de haber sufrido una disminución salarial con motivo de la trasferencia a la jurisdicción provincial; el reclamo tiene sustento en el cargo transferido propiamente dicho o, más precisamente, en la situación de revista.
Entonces, la cuestión a resolver se centra en dilucidar si los actores, en su carácter de docentes transferidos de la jurisdicción nacional a la Provincia de Buenos Aires en virtud del convenio aprobado por la ley 11.524, tienen derecho a ser equiparados al cargo "profesor de taller" del escalafón provincial.
Adelanto que la pretensión no puede prosperar.
Este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta temática en la causa B. 61.090, "Laricchiuto", sentencia de 28-IX-2011, con fundamentos que entiendo resultan aplicables y a los cuales, por razones de celeridad, me remito.
IV.4. La ley 11.524 aprobó el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Buenos Aires, suscripto el día 30 de diciembre de 1993 entre el Poder Ejecutivo nacional y el bonaerense.
La transferencia, hecha efectiva a partir del día 1 de enero de 1994 (cláusula primera), comprendió al personal que se desempeñaba en los establecimientos y servicios de enseñanza estatal quien, según lo dispuesto en la cláusula cuarta del aludido convenio, quedó incorporado a la Administración provincial de conformidad, entre otras, con las siguientes pautas:
a) El personal transferido debía mantener, en todos los casos, identidad o equivalencia en la jerarquía, funciones y situación de revista en que se encontraba a la fecha de la transferencia;
b) El personal titular, interino y suplente debía mantener los cargos y horas cátedra —inclusive aquellas en disponibilidad— que ocupaban a la fecha de la transferencia en las condiciones que fija la ley 24.049 en concordancia con el régimen provincial;
c) La Provincia debía abonar al personal transferido una retribución total no inferior a la que la Nación abonaba a la fecha de la transferencia;
d) Las situaciones de incompatibilidad comprendidas en el art. 28 de la ley provincial 10.579, no existentes anteriormente y originadas en virtud de la transferencia, no serían modificadas siempre que no se modificase la situación de revista del docente. En este último caso y a medida que los docentes comprendidos en dichas circunstancias, por alteración de su situación de revista (jubilación, renuncia, ceses por cuestiones previstas estatutariamente, entre otras), se fuesen asimilando a las previstas en el art. 28 de la ley provincial 10.579, quedarían sujetos al mismo y no podrían invocar derecho a retorno a una mejor situación de la legislación nacional.
En el capítulo "Del Financiamiento", la cláusula trigésimo séptima dispone: "La Provincia abonará los sueldos del personal transferido a partir de la fecha de la transferencia. Asimismo se compromete a equiparar los salarios del personal transferido a la escala salarial provincial, según corresponda...".
Las referidas cláusulas consagran claramente la obligación de la Provincia de Buenos Aires de respetar y garantizar la jerarquía, funciones, situación de revista (cargo/horas cátedra; titular, provisional, suplente) que los docentes transferidos poseían a la fecha de la transferencia.
Asimismo, en el aspecto salarial, la Provincia se comprometió a abonar al personal transferido a partir del día 1 de enero de 1994 como mínimo una remuneración total no inferior a la que la Nación abonaba antes de la transferencia, al tiempo que se comprometió a realizar las respectivas equiparaciones salariales de los docentes transferidos a la escala salarial provincial. En el caso de esta última obligación no se especificó fecha exacta en la que debería cumplirse.
IV.5. En la especie, los actores fueron transferidos a la Provincia de Buenos Aires con el cargo MEP que no existía como tal en esta jurisdicción. Las asignaturas de taller en el nivel medio (luego, Polimodal) eran dictadas en la Provincia de Buenos Aires por "profesores de taller" bajo la modalidad de "horas-cátedra".
Cabe advertir que conforme lo normado en la ley 10.579 "Estatuto del Docente" los servicios docentes pueden desempeñarse: a) por cargo, que implica el cumplimiento de un turno completo cuya duración varía conforme los distintos servicios educativos u organismos y su carga horaria se computa por hora reloj o b) por horas cátedra, cuya extensión es de cuarenta (40) minutos y las correspondientes a cada asignatura se consideran como un "paquete indivisible de horas-cátedra" (art. 13 reglamentado por decreto 2.584/92).
Ahora bien, los actores como docentes dependientes del Estado nacional se desempeñaban como MEP y al ser transferidos a la Provincia de Buenos Aires se debía respetar su situación de revista, lo que comprende no sólo el mantenimiento del cargo que ocupaban sino también su carácter (titular, provisional, suplente), carga horaria y demás condiciones de prestación del servicio.
De las constancias de autos resulta que el MEP tenía una carga horaria de 24 horas (reloj) semanales (jornada laboral de 6 horas, 4 días a la semana); en cambio, los profesores de taller son designados en cada una de las asignaturas en determinadas horas cátedra —de cuarenta minutos cada una—.
En caso de transformarse el cargo MEP en profesor de taller en primer lugar se modificaría la situación de revista (cargo; carga horaria) del docente con lo cual no sólo se incumpliría la cláusula cuarta del Convenio de Transferencia s
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