Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61273
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de aclaratoria interpuesto contra la sentencia dictada por esta Suprema Corte el día 5 de junio de 2025 (arts. 67 y sigs., ley 2.961, por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
B.61.273 "CASTELLANI ROBERTO AMADEO CONTRA MUNICIPALIDAD DE TRES DE FEBRERO"
I. Notificada la sentencia, la parte actora interpone aclaratoria solicitando que, por un lado, se aclare y reconsidere la imposición de costas dispuesta por su orden ya que no se ha probado temeridad y malicia de su parte, sumado al hecho de que se ha resuelto la causa a su favor, razón por la cual considera que deberían imponerse a la parte demandada. Por el otro, pide que se aclare si el monto determinado por el rubro daño moral debe considerarse a valores históricos y, en su caso, se establezca la fecha desde la que deberían ser calculados los intereses y tasa aplicable.
II. En atención a que ha sido interpuesto en término, corresponde resolver el pedido de aclaratoria por aplicación de las normas contenidas en la ley 2.961, pues así se halla expresamente dispuesto en el art. 78 inc. 3 del Código Contencioso Asministrativo.
III. Primeramente cabe señalar que el de aclaratoria no es propiamente un recurso contra la sentencia, sino una herramienta para especificar algún punto de ella que no es lo suficientemente claro. El art. 67 de la ley 2.961 exige que se lo interponga por escrito "...precisando los puntos de la parte dispositiva del fallo que el recurrente no encuentra suficientemente claros".
IV. Sentado aquello, el pedido de que las costas se impongan a la demandada vencida en el juicio resulta inadmisible por el conducto deducido y, además, improcedente.
Esta Suprema Corte ha dicho que no resulta procedente modificar un fallo por la vía de la resolución de un recurso de aclaratoria (conf. doctr. causas B. 53.108, "Sierra Chica S.A.", resol. de 20-V-1997; B. 53.141, "Nieto", resol. de 23-VI-1998; B. 53.926, "González", resol. de 11-VII-2012, B. 64.093, resol. de 11-X-2017, entre otras).
El planteo no intenta que se aclaren imprecisiones o ambigüedades de la parte dispositiva de la sentencia, sino que se pretende, en rigor, que el Tribunal revise la decisión adoptada y la modifique. Ello excede evidentemente el ámbito propio de una petición aclaratoria, por lo que la solicitud debe desestimarse (arts. 67 y 68, ley 2.961).
Sin perjuicio de ello, es dable remarcar también que, tal como fuera justificado en la parte dispositiva de la sentencia atacada, el art. 78 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008) dispone que en las causas regidas por el art. 215, segundo párrafo, de la Constitución provincial, regirán las normas de la ley 2.961 -con las modificaciones de los decretos leyes 8.626/76 y 8.798/77- para el régimen de sentencia, su ejecución, los recursos contra la misma y en materia de costas. En su art. 17 dicha norma establece, como regla, que los gastos del juicio sean soportados por su orden salvo que alguna de las partes hubiera obrado con notoria temeridad, en cuyo caso cargará con las costas.
El fallo recurrido se apoya, precisamente, en esa directiva legal y por ello se desentiende del resultado estimatorio de la pretensión, imponiendo los gastos causídicos en el orden causado.
V. Por último, en relación al pedido relativo al daño moral, corresponde señalar que el art. 68 inc. 2 de la ley 2.961 establece entre los supuestos que no darán lugar al recurso de aclaratoria, a "las dudas que pueden surgir sobre puntos no discutidos en los autos o no resueltos en la sentencia, aún cuando tengan atingencia con el juicio; como consecuencia del fallo".
El caso en análisis queda comprendido en este supuesto, en tanto se alegan omisiones en el pronunciamiento por parte de este Tribunal, por lo que corresponde el rechazo del recurso de aclaración (conf. causas B. 56.260, "Barreiro", resol. de 19-V-2004; B. 56.197, "Desinano", resol. de 30-V-2012, B.64.093, "Alsinet", resol. de 11-X-2017, entre otras).
No obstante, cabe destacar que la sentencia es suficientemente clara en cuanto condena a la Municipalidad de Tres de Febrero a pagar a la parte actora la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) en concepto de daño moral. Es decir, a la fecha de la sentencia se ha fijado una suma de dinero por tal rubro, sin que corresponda computar intereses sobre el monto establecido en el fallo, ni pueda deducirse razonablemente de su texto una indicación contraria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso de aclaratoria interpuesto contra la sentencia dictada por esta Suprema Corte el día 5 de junio de 2025 (arts. 67 y sigs., ley 2.961, por remisión del art. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2025 21:01:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 10:07:48 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 14:10:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2025 18:57:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/07/2025 19:04:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/07/2025 19:08:37 hs. bajo el número RR-423-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia