Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57445
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 57.445, "Ferre, Miguel Darío contra Provincia de Buenos Aires (Policía). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan .
I. El señor Miguel Darío Ferre, por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires —Policía— y reclama la revocación de la sanción de exoneración que, por infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80, se le impuso en el expediente administrativo 2137-651.006/93, a través de la resolución del Jefe de Policía 82.382 del día 18 de septiembre de 1994, luego confirmada por las resoluciones 84.378 y 1.238 de fechas 27 de enero de 1995 y 10 de mayo de 1996, respectivamente.
Solicita su reincorporación a las funciones propias de su jerarquía y agrupamiento, con más el pago de los haberes retenidos durante el tiempo en que estuvo en disponibilidad preventiva. Pide también que se fije una indemnización por los daños y perjuicios que aduce haber sufrido en el ámbito profesional, personal y familiar como consecuencia de la resolución impugnada que califica de injusta.
Ofrece prueba.
II. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, realiza una negativa general de conformidad con la carga establecida en el art. 354 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, postula la legitimidad del obrar administrativo y solicita el rechazo de la acción.
Como prueba ofrece únicamente las actuaciones administrativas y formula reserva de caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la actora —único formado— (v. fs. 123/181) y los alegatos de las partes (v. presentaciones de 8-IV-2025 —actora— y 15-IV-2025 —demandada—) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el actor que se desempeñó como Suboficial de la Policía Bonaerense, cumpliendo último destino con la jerarquía de Cabo (legajo 423.536) en el Destacamento Caminero con asiento en la localidad "El Socorro", jurisdicción de la Comisaría de Pergamino y dependiente de la Unidad Regional San Nicolás.
Narra que el día 17 de junio de 1993 fue detenido y torturado por personal policial tratando de vincularlo a las causas penales identificadas con los números 2283, 2286 y 2238 por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad y robo calificado de automotor; y 2292, por cohecho.
Aduce que la mendacidad de los funcionarios intervinientes y de los testigos que introdujeron en la investigación, fue demostrada en las causas citadas y dieron origen a otras por falso testimonio y apremios ilegales en las que se investiga la responsabilidad de quienes se prestaron para involucrarlo.
Señala que paralelamente se inició el sumario administrativo disciplinario en el que se imputó la presunta infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80 y se ordenó su "disponibilidad preventiva".
Afirma que ante la ola de robos que venía sufriendo el transporte de mercaderías (piratas del asfalto), "el interés de la superioridad policial en encontrar 'chivos expiatorios' a través de 'falsos testigos y un accionar policial arbitrario y criminal, hicieron que se lo pretendiera involucrar en los mismos".
Dice que luego de allanamientos en su domicilio y en el de personas allegadas, reconocimiento en rueda de personas y otras medidas de prueba que resultaron negativas, el día 29 de septiembre de 1993, apenas tres meses después de la falsa imputación que se le hizo, fue absuelto. Agrega que esta decisión fue confirmada por la Cámara de Apelación del Departamento Judicial de Pergamino el día 31 de agosto de 1994.
Niega haber afectado el prestigio de la institución. Manifiesta que lo dañaron los funcionarios que maliciosamente pretendieron involucrarlo en hechos delictivos utilizando mentiras y presionando a sus subalternos para que incurrieran en falso testimonio. Precisa que lo perjudicaron al utilizar la tortura física y psíquica para tratar de lograr una confesión que nunca podrían obtener de quien es inocente.
II. Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado refiere, en primer lugar, que la revisión judicial de las facultades disciplinarias de la Administración sólo procede cuando el actor cumple la carga de demostrar la existencia de arbitrariedad en el ejercicio de la aludida potestad.
Niega que esta situación concurra en autos. Afirma que los actos administrativos cuya nulidad se pretende se encuentran adecuadamente fundados en la ley de personal de policía que, en el art. 59 autoriza la aplicación de la sanción de exoneración cuando se configura alguno de los supuestos allí mencionados.
Apunta que las pruebas recogidas durante la etapa sumarial brindan sustento a los actos administrativos impugnados y señala que ello fue destacado por la Asesoría General de Gobierno en su dictamen de fs. 426.
A su vez, sostiene que las pruebas documental e informativa ofrecidas en la demanda no poseen aptitud para conmover los fundamentos que dan sustento a los actos administrativos cuestionados.
Seguidamente expone lo que estima la verdad de los hechos. Apunta que el actor resultó involucrado en el sumario administrativo disciplinario como autor y partícipe de hechos delictivos que derivaron en una causa penal que tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Pergamino.
Señala que las principales actuaciones tuvieron lugar a raíz del robo a un camión que transportaba cubiertas, cerca de la ciudad de Pergamino, el día 3 de junio de 1993, hecho en el que uno de los malvivientes exhibió, con fines intimidatorios, una credencial verde perteneciente a la Policía.
Narra que iniciado el sumario judicial y caratuladas las actuaciones como "Privación ilegal de la libertad y robo calificado", efectuadas las diligencias investigativas pertinentes resulta que ese hecho estaba vinculado con otros delitos de similares características: 1, el robo a un camión con carga de electrodomésticos ocurrido a fines del año 1992 en cercanías de la ciudad de Zárate; 2, robo a un camión Mercedes Benz 1114 con acoplado y carga de cubiertas de distintas medidas en la localidad de Fontezuela, partido de Pergamino y 3, asalto a una camioneta cargada con medicamentos ocurrido el día 15 de junio de 1993, en la ruta 188, km 113.
Apunta que todos estos hechos delictivos presentaron similares características en el "modus operandi" y utilizaron un vehículo Ford Sierra XR4 color gris/celeste metalizado.
Destaca que al ser interrogado, el Cabo Ferre reconoció los hechos que se investigaban como de su autoría, como partícipe de una banda delictiva integrada con miembros de la fuerza policial. Seguidamente, pone de resalto diversas constancias de las actuaciones administrativas que, a su criterio, acreditarían la responsabilidad administrativa del actor.
Continúa relatando que luego de dictado el procesamiento y la prisión preventiva del aquí actor, el juez interviniente dispuso su sobreseimiento por no aparecer suficientemente justificada su responsabilidad criminal en los ilícitos investigados.
Seguidamente distingue la responsabilidad administrativa de la penal. Afirma que la autoridad policial está facultada para efectuar una libre valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa, más aún en el caso de los organismos de seguridad en que se exige mayor severidad en la ponderación de la conducta de los agentes comprometidos en su prestación. Por ello, postula que la evaluación primaria efectuada por el Jefe de la institución ha de ser revisada otorgando prioridad al sentido funcional con que la realiza.
Asevera que en el sumario administrativo que se instruyó, en mérito a la prueba producida en el marco de las facultades contempladas en el art. 66 del decreto ley 9.550/80, se acreditó que el actor transgredió lo dispuesto en el art. 59 inc. 7 de aquella reglamentación, toda vez que su conducta afectó gravemente, según expresa, el prestigio de la institución. Precisa que la sanción le fue impuesta por haberse acreditado que asumió comportamientos que lo involucraron en causas penales al punto que fue procesado y se dispuso su prisión preventiva, todo lo cual —asevera— ocasiona el desprestigio de la institución policial, así como "también una pérdida de confianza respecto del agente quien, evidentemente, omitió desarrollar conductas dignas de un funcionario policial".
Subsidiariamente, para el eventual supuesto en que prospere la demanda, dice que sólo correspondería una indemnización por daño material que no podría superar el equivalente al 25% de las remuneraciones dejadas de percibir por el actor. Y en cuanto al reclamo de los salarios no percibidos durante la disponibilidad preventiva, sostiene que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 87 del decreto ley 9.550/80, y en atención a que se le aplicó la sanción de exoneración, no corresponde que se le abonen.
III. De las actuaciones administrativas y documental acompañada se desprenden las siguientes constancias útiles para la decisión de la presente causa:
III.1. Legajo personal del actor (v. fs. 140/161).
III.2. Expediente administrativo 2137-651.006/93 s/ sumario administrativo.
III.2.a. Denuncia efectuada el día 3 de junio de 1993 que da cuenta del robo a un camión que transportaba trescientas treinta cubiertas mientras circulaba por la ruta 8, aproximadamente a nueve kilómetros de la ciudad de Pergamino (v. fs. 1/3).
III.2.b. Denuncia efectuada el día 15 de junio de 1993 con relación al robo de una camioneta pick-up que transportaba medicamentos, ocurrido a unos cinco kilómetros de la rotonda de Rojas (v. fs. 47/48 y 64).
III.2.c. Acta de fecha 17 de junio de 1993 en la que consta lo manifestado por el Cabo Miguel Darío Ferre ante los funcionarios policiales (v. fs. 68/70).
III.2.d. Notificación al actor de que se encuentra imputado en el sumario caratulado "Robo calif. - P. I: L- Robo reit. y aut y cohecho", con intervención del juez en lo Criminal del Departamento Judicial de Pergamino (v. fs. 75).
III.2.e. Con fecha 18 de junio de 1993 se ordena el sumario prevencional "Robo calificado - Privación Ilegal de la libertad- Robo reiterado de automotor y cohecho", con intervención del juez en lo Criminal del Departamento Judicial de Pergamino (v. fs. 76 y 64).
III.2.f. Testimonios que incriminan al actor (v. fs. 88/89, 152, 157, 207, 233/235, 269/270, 336/337).
III.2.g. Remisión de actuaciones correspondientes a las causas 2283, "Cabrera, Carlos Rufino Denuncia privación ilegal de la libertad y robo calificado- Pergamino", y sus acumuladas 2286 y 2292 (v. fs. 177).
III.2.h. En atención a la prueba producida en las actuaciones, en razón de surgir prima facie una infracción al art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80 imputable al cabo legajo 123.536 Miguel Darío Ferre se ordenó la instrucción de sumario administrativo disciplinario (v. fs. 178, 179 y 184).
III.2.i. El juez en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Pergamino, en la causa 2283, caratulada "Cabrera, Carlos Rufino -denuncia privación ilegal de la libertad y robo calificado- Imputados -Ferre, Miguel Darío y Muñoz, Carlos Eduardo - Pergamino", el día 8 de junio de 1993, resolvió convertir en prisión preventiva la detención de los imputados (v. fs. 200, 273/277).
III.2.j. Declaración indagatoria administrativa prestada por el imputado (v. fs. 218/220) y su ampliación (v. fs. 284/285).
III.2.k. Descargo presentado por el Cabo Ferre (v. fs. 298/300) y declaraciones testimoniales ofrecidas por la defensa (v. fs. 306/307).
III.2.l. Declaraciones testimoniales prestadas por personal policial en la causa judicial (v. fs. 330/338).
III.2.m. El día 31 de agosto de 1993 se decidió el sobreseimiento provisorio de Miguel Darío Ferre en las causas 2238 y 2292 (v. fs. 339) y el día 29 de diciembre de 1993 se lo absolvió libremente en la causa 2283 (v. fs. 349/354).
III.2.n. Conclusiones del Oficial sumariante (v. fs. 382).
III.2.ñ. Resolución 82.382 del Jefe de Policía que solicitó al Gobernador la baja por exoneración del Cabo Miguel Darío Ferre por haberse acreditado que con su conducta afectó gravemente el prestigio de la institución y su dignidad de funcionario —art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80— (v. fs. 389/391).
III.2.o. Sentencia de 31 de agosto de 1994, dictada en la causa 2283, por la Cámara de Apelación del Departamento Judicial de Pergamino que confirmó la sentencia apelada en cuanto absolvió libremente a Miguel Darío Ferre (v. fs. 404/408).
III.2.p. Resolución 84.378/95 mediante la cual el Jefe de Policía desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el Cabo Ferre contra la resolución de esa Jefatura 82.382/94 (v. fs. 416).
III.2.q. Decreto 1.238/96 mediante el cual el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Cabo Miguel Darío Ferre contra la decisión del Jefe de Policía antes mencionada (v. fs. 430).
IV. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes, la cuestión sometida a decisión de este Tribunal se circunscribe a determinar si la sanción de exoneración impuesta al actor, de conformidad con lo establecido en el art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80, se ajusta a derecho.
IV.1. Para comenzar es preciso recordar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aún de aquellos que importen el ejercicio de la potestad disciplinaria, no exhibe en principio elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, un acotamiento en las causales determinantes de su invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos también se encuentran comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; ellos traducen un quehacer que, como tal, está sujeto a control y eventual invalidación judicial al comprobarse no solo arbitrariedad o irrazonabilidad, sino también la concurrencia de cualquier otra causal de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; cfr. mi voto, causas B. 58.328, "Millar", sent. de 21-V-2003; B. 59.078, "González", sent. de 28-V-2003; B. 57.563, "Agliani", sent. de 4-VI-2003; B. 57.907, "Von Ortel", sent. de 4-VIII-2004; B. 59.986, "Caselli", sent. de 16-II-2005; B. 62.616, "F. C., A.", sent. de 18-II-2009; B. 58.669, "C., F. C.", sent. de 30-V-2012; B. 66.966, "Ávila", sent. de 14-VIII-2013; B. 57.387, "Vaccaro", sent. de 7-IX-2016; B. 60.796, "Frontaloni", sent. de 20-XI-2019; B. 59.441, "Castañares", sent. de 29-V-2019; B. 62.278, "Alfano", sent. de 16-XII-2020; B. 62.035, "Lagoa", sent. de 13-IX-2022; entre muchos otros).
IV.2. Delimitado el alcance del control jurisdiccional de las sanciones administrativas, corresponde analizar los agravios planteados por el demandante a fin de dilucidar si es procedente la invalidación de la exoneración aquí cuestionada.
IV.2.a. El actor inicia su defensa alegando haber sido detenido y torturado por personal policial a fin de vincularlo a las causas penales identificadas con los números 2283, 2286 y 2238 por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad y robo calificado de automotor, y 2292 por cohecho.
Sin embargo ninguno de estos gravísimos hechos resultan acreditados en autos. Más aun, el demandante ni siquiera ofreció prueba tendiente a demostrar el accionar ilegal que denuncia.
IV.2.b. Tampoco resulta demostrada la alegada mendacidad de los funcionarios intervinientes y de los testigos que se introdujeron en la investigación.
La sentencia dictada por el juez en lo Criminal y Correccional n° 2 del Departamento Judicial de Pergamino, a la que refiere el actor para sustentar su agravio, lejos de acreditar la comisión del delito de falso testimonio, se limita a ordenar la formación de una causa en la que ello se investigue (v. fs. 349/354, expte. adm.).
IV.2.c. Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en el que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y las amplias facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de su pretensión, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no solo por revestir tal calidad en el proceso (arg. arts. 77, CCA —ley 12.008, texto según ley 13.101— y 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (causas B. 61.867, "Schmidt", sent. de 7-III-2007; B. 62.840, "A.", sent. de 27-III-2008; B. 60.941, "Susena", sent. de 29-XII-2009; B. 64.248, "Romero", sent. de 28-IX-2011; B. 58.973, "Fernández", sent. de 25-IX-2013 y B. 54.823, "Algeri", sent. de 11-IX-2019).
El actor no produjo y ni siquiera ofreció prueba tendiente a demostrar las circunstancias que alega como invalidantes de su declaración agregada a fs. 68/70 de las actuaciones administrativas. Tampoco acreditó que los testimonios que lo incriminaron en los hechos investigados hayan sido falsos.
Así, tal como ha señalado reiteradamente esta Suprema Corte, las omisiones probatorias del actor limitan los alcances de la decisión final del Tribunal, dado que en el ámbito del proceso administrativo el interesado debe aportar los elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca, en tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en un proceso de conocimiento, debiendo entonces cumplir con la carga probatoria que impone el onus probandi (conf. doctr. causas B. 49.121, "D'Ambar S.A.", sent. de 21-VIII-1990; B. 57.985, "Miró", sent. de 21-VI-2000; B. 56.587, "Chescotta", sent. de 16-VII-2003; B. 56.942, "Sivero", sent. de 31-VIII-2007; B. 54.823 cit.; e.o.).
IV.2.d. Por último aduce que fue declarado absuelto en las aludidas causas penales y niega haber afectado el prestigio de la institución.
Al respecto, cabe aclarar que no obsta a las conclusiones de la autoridad administrativa disciplinaria las resoluciones judiciales que declararon el sobreseimiento o absolución del actor en las causas penales vinculadas a los hechos investigados en el sumario administrativo disciplinario analizado en autos.
Tiene dicho esta Suprema Corte que los elementos de convicción acumulados en el sumario administrativo deben apreciarse con criterio de responsabilidad administrativa y no penal. En principio, corresponde juzgar la conducta de un agente en el ámbito del derecho administrativo de modo independiente respecto a la valoración que podría ella merecer al ser enjuiciada en el marco de otros ordenamientos jurídicos, aunque en ciertos supuestos, por las particulares circunstancias de la causa, lo resuelto en estos posea una relevancia tal que amerite su oportuna ponderación (conf. doctr. causas B. 57.130, "Della Magiora", sent. de 23-II-2005; B. 59.976, "C., C. L.", sent. de 14-V-2008; B. 61.651, "Cocha", sent. de 26-II-2024; B. 65.123, "Serrano", sent. de 15-XI-2024; entre muchas otras).
En cuestiones vinculadas a la potestad disciplinaria de la Administración en materia de empleo público, sabido es que el pronunciamiento que emite la Administración es independiente del que fuera dictado en el ámbito judicial. Ello así, en razón de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados por uno y otro fuero, y de la especial finalidad de la función de contralor administrativo (conf. doctr. causas B. 48.985, "Morales",
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