Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57694
Lo que resolvió el tribunal
I. Remitir los presentes obrados a la Dirección General de Asesorías Periciales, a fin de que el Perito Contador Oficial interviniente, analizando la documentación y elementos que resulten necesarios, en el plazo de quince días, practique la liquidación conforme las pautas fijadas en la sentencia de autos (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 34 inc. 5 ap. "c", 36 inc. 2, CPCC), a costo de la demandada (conf. causa B. 61.906, "Aguero", resol. 13-XI-2019).
Una vez cumplido, confiérase traslado a las partes (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 34 inc. 5 ap. "c", 36 inc. 2, CPCC).
II. Denegar el pedido de aplicación de sanciones conminatorias y multas procesales en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial.
B.57.694 "RADA S.A. CONTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MRIO. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS)"
I. Este Tribunal, el 10-XI-2023, dictó sentencia en la presente causa haciendo lugar parcialmente a la pretensión actoral, declaró la nulidad de las resoluciones 338/85 y 155/96 del Ministro de Obras y Servicios Públicos, reconoció el derecho de la firma Rada S.A. al cobro de las diferencias en concepto del índice M24 -correspondientes a los certificados del tercer y cuarto trimestre de 1986, en el marco de la obra denominada "Desagües pluviales en la ciudad de Carmen de Patagones"- y condenó a la demandada a su pago.
A tal fin determinó que en etapa de ejecución de sentencia debía precisarse la sobrevaloración que la resolución 334/84 generó en el índice M24 respecto a la variación real que sufrió el precio de contado del cemento en el mercado en tal período y definirse su efecto arrastre para el índice correspondiente al mes de noviembre de 1984 (base de la licitación), para posteriormente determinar con dichos resultados la disminución del precio con respecto al insumo en cuestión en cada uno de los períodos reclamados.
Asimismo, los créditos reconocidos en concepto de diferencias por variación de costos debían ser actualizados desde el momento en que se devengaron, tomando para ello las fechas de ejecución de los trabajos y los plazos de pago establecidos en los arts. 43 y 45 de la ley 6.021.
Los importes así reconocidos, debían ser actualizados mediante la aplicación del promedio de los índices de precios al consumidor y costo de la construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde la fecha de ejecución de los trabajos -computando el vencimiento de los plazos establecidos en los arts. 43 y 45 de la ley 6.021- y hasta el 31 de marzo de 1991 (art. 8, ley 23.928), con intereses.
II. La firma actora, el 23-XI-2023, solicitó la intervención de la Dirección de Asesorías Periciales a los fines del cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.
Conferido el traslado, se presentó el representante del señor Fiscal de Estado señalando que en el expediente administrativo 2023-49438948- -GDEBA-FDE- se había comenzado la elaboración de la liquidación de conformidad con las pautas establecidas. Añadió que, dada la complejidad de la labor a realizar, resultaba que la autoridad competente en materia de infraestructura era quien se encontraba en mejores condiciones para analizar y brindar el tratamiento pertinente a la orden judicial, con la consiguiente práctica liquidatoria.
III. Con motivo del tiempo transcurrido, el 17-IV-2024 la empresa actora solicitó se conmine a la contraria a presentar la liquidación y se la aperciba de que, en su defecto, se practicaría a través de la Asesoría Pericial.
En la providencia de fecha 18-IV-2024, se consideró que, previo a lo peticionado, debía librarse oficio a la requerida a los fines del estricto cumplimiento de la sentencia de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 82 y sgtes. de la ley 2961.
Ante el nuevo pedido de la actora, el 29-VIII-2024 se intimó a la demandada a dar cumplimiento con lo ordenado o bien a que informe los motivos que lo impedían, bajo apercibimiento de la responsabilidad personal de los funcionarios intervinientes (arts. 82 y ss, ley 2961; 163, Const. Prov.; 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
El Fisco informó la formación de una nueva actuación administrativa (EX-2024-30534038- -GDEBA-FDE) tendiente a recabar de la autoridad demandada la acreditación requerida.
El día 1-X-2024, el representante de la demandada acompañó a estos autos los informes de los organismos técnicos del Ministerio de Infraestructura por los que se señalaba la imposibilidad de la elaboración de la liquidación encomendada, atento la insuficiencia de documentación y constancias para determinar los valores involucrados.
IV. En efecto, el Departamento de Liquidaciones de la autoridad demandada indicó que al analizar los expedientes desarchivados (2406-8084/1984; 2406-9356/1994 y su Alcance 2), solo se habían hallado las resoluciones 334/84, 1069/86 y 143/87, que aprobaron los valores definitivos de los índices correspondientes de abril a junio de 1984, julio a septiembre de 1986 y octubre a diciembre de 1986, incorporadas en las órdenes 43 a 45.
Añadió que esa área técnica no disponía de información sobre el precio de contado del insumo "cemento" (M24) en el mercado durante los períodos solicitados, lo cual imposibilitaba aportar datos para determinar la variación de precios descontando la incidencia del cemento en los trimestres reclamados, es decir, el tercero y cuarto de 1986.
Concluyó que ante la ausencia de la documentación necesaria no podía realizar la liquidación en cuestión.
V. La firma actora respondió el traslado y peticionó, en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial, que se imponga una multa al Fisco dada su inconducta, toda vez que solicitó realizar la liquidación y luego de un prolongado tiempo, afirmó no poder efectuar la tarea. También requirió la fijación de astreintes, debido al incumplimiento de la carga procesal que debía llevar adelante y la remisión de los autos a la Asesoría Pericial a los fines de efectuar la liquidación ordenada en la sentencia.
VI. Del relato efectuado se desprende que, tras el reconocimiento del derecho de la firma Rada S.A. a percibir las diferencias económicas derivadas de la incorrecta aplicación del índice M24 en la obra pública en cuestión, la demandada -Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos-, luego del libramiento de oficios e intimaciones para hacer efectiva la liquidación, informó que no contaba con la documentación técnica necesaria para realizarla.
VII.1. La temática relacionada con el índice M24 y la incidencia de su variación de costo no es novedosa para este Tribunal, como tampoco para la parte demandada.
En efecto, en autos B. 51.806, "Choix S.A.C.I.F.I.C.A." del 27-III-2008, esta Suprema Corte dejó sin efecto las resoluciones 357/87 y 1164/87 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la 334/84, en cuanto a su aplicación, reconociendo el derecho de la actora al cobro de la diferencia en concepto de índice M24 correspondientes al segundo trimestre de 1985 y primero, tercero y cuarto de 1986. Asimismo, en fecha 3-VI-2009, fue aprobada la liquidación confeccionada por la demandada sin que se alegaran de su parte los obstáculos que aquí se presentan como insalvables (v. copia expte. adm. 5100-28959/08, fs. 300/348, B. 51.806 cit.).
Del mismo modo, en la causa B. 51.981, "Choix S.A.C.I.F.I.C.A." del 21-VI-2000, la sentencia reconoció similares derechos solo que respecto del período agosto de 1984 y abril-mayo de 1985. La liquidación arrimada por la demandada fue admitida el 6-IV-2004.
En autos B. 51.979, "Choix S.A.C.I.F.I.C.A", del 21-VI-2000 -período abril-diciembre de 1984-, se registra el mismo trámite que en los casos anteriormente citados.
El Perito Ingeniero llamado a dictaminar en autos, tampoco manifestó inconveniente para cumplir su cometido (v. fs. 355vta.).
VII.2. En definitiva, de la reseña apuntada surge -más allá del comportamiento que pudiera señalarse a la demandada- que los cuerpos técnicos provinciales definieron su imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia, atento la ausencia de documentación suficiente y necesaria a tal fin. Tal circunstancia formaliza la propia declinación a la realización del cálculo comprometido.
VIII. Dado que la pronta satisfacción del derecho reconocido a la parte actora en la sentencia exige una solución que respete debidamente los intereses comprometidos (conf. art. 15, Const. prov.; B. 61.906, “Agüero”, resol. de 29-X-2025), corresponde adoptar las medidas necesarias para concretar la liquidación que ha sido demorada.
Habida cuenta de ello, remítanse los presentes obrados a la Dirección General de Asesorías Periciales, a fin de que el Perito Contador Oficial interviniente, analizando la documentación y elementos que resulten necesarios, en el plazo de quince días, practique la liquidación conforme las pautas fijadas en la sentencia de autos (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 34 inc. 5 ap. "c", 36 inc. 2, CPCC), a costo de la demandada (conf. causa B. 61.906, "Aguero", resol. 13-XI-2019).
Una vez cumplido, confiérase traslado a las partes (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 34 inc. 5 ap. c, 36 inc. 2, CPCC).
IX. Respecto de la petición actoral en cuanto a la aplicación de astreintes, corresponde señalar que esta sanción tiende a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando este es resistido por el obligado -mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido- y que, por ello, pueden ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste si aquel desiste de su resistencia y justifica totalmente su proceder (doctr. causas Ac. 90.941, “Sociedad de Fomento Cariló”, sent. de 8-III-2006 y A. 68.857, “Asociación Civil Nuevo Ambiente - Centro Vecinal Punta Lara”, resol. de 30-XI-2011).
Para el caso, atento lo señalado anteriormente, aún cuando no se haya verificado un cumplimiento estricto y acabado del mandato judicial, lo cierto es que la parte demandada ha aportado fundamentos concretos que explican su accionar, descartándose así cualquier voluntad deliberada de desobediencia o reticencia al cumplimiento, circunstancia que no habilita la fijación de la sanción conminatoria solicitada.
Por lo demás, en cuanto a la solicitud de imposición de multas en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial, se hace saber a la firma actora que la liquidación ordenada lo fue con costas a cargo de la demandada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Remitir los presentes obrados a la Dirección General de Asesorías Periciales, a fin de que el Perito Contador Oficial interviniente, analizando la documentación y elementos que resulten necesarios, en el plazo de quince días, practique la liquidación conforme las pautas fijadas en la sentencia de autos (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 34 inc. 5 ap. "c", 36 inc. 2, CPCC), a costo de la demandada (conf. causa B. 61.906, "Aguero", resol. 13-XI-2019).
Una vez cumplido, confiérase traslado a las partes (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 34 inc. 5 ap. "c", 36 inc. 2, CPCC).
II. Denegar el pedido de aplicación de sanciones conminatorias y multas procesales en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:38:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 12:40:16 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:35:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:38:54 hs. bajo el número RR-315-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia