Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65655
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar la liquidación presentada por la demandada mediante escrito electrónico de fecha 20-III-2026.
II. Intimar a la demandada a que, en el perentorio plazo de diez (10) días, practique nueva liquidación, de conformidad a las pautas establecidas en la sentencia dictada en autos, en la resolución del 15-XI-2024 y en la presente.
B.65.655 "LORENZO GRACIELA BEATRIZ Y OTRA CONTRA PROVINCIA DE BS. AS. (I.P.S.)"
I. La Fiscalía de Estado, en fecha 20-III-2026, se presenta acompañando la liquidación practicada por el organismo demandado, señalando que esta ha sido confeccionada conforme a las pautas establecidas en la sentencia dictada en autos.
En tal sentido, afirma que el cálculo respeta los lineamientos fijados por el Tribunal en lo relativo tanto a la determinación del capital como a la aplicación de los intereses devengados.
Respecto del causante Santiago Lorenzo, se consigna el reintegro correspondiente al período comprendido entre octubre y diciembre de 2001, estableciéndose un capital de $3.997,35 y la suma de $12.785,28 en concepto de intereses, lo que arroja un total de $16.782,63.
Asimismo, se detalla el retroactivo correspondiente al período diciembre de 1999 a diciembre de 2001, fijándose un capital de $78.663,70 y $244.536,07 en concepto de intereses, lo que totaliza la suma de $319.659,91.
En relación con la coactora Lydia Beatriz Otero, se expone el cálculo del retroactivo correspondiente al período comprendido entre enero de 2002 y octubre de 2010, determinándose un capital de $421.996,51 y la suma de $1.458.495,41 en concepto de intereses, lo que arroja un total de $1.837.489,17.
A ello se adiciona el reintegro correspondiente al período junio a diciembre de 2010, fijándose un capital de $20.811,84 y $107.701,51 en concepto de intereses, con un total de $128.513,35.
Sobre la base de los rubros detallados, la demandada arriba a un monto global consolidado de $2.302.445,06, comprensivo de capital e intereses, que considera ajustado a las pautas establecidas en la sentencia.
II. La liquidación que se practique en cumplimiento de la sentencia debe presentarse de manera clara, precisa y detallada, permitiendo al Tribunal y a la contraparte comprender exactamente cómo se arriba al resultado final, discriminando rubro por rubro, e identificando específicamente el capital, los intereses correspondientes a cada período o etapa, y cualquier otro concepto que integre el cálculo. Es decir una demostración detallada, instruida y documentada de las operaciones realizadas (arg. art. 859 CCC).
III.1. Del examen de la liquidación practicada por la demandada el 20-III-2026, surge que esta no se ajusta a las pautas expresamente fijadas en la sentencia dictada en autos, ni a las precisiones efectuadas por este Tribunal en la resolución de fecha 15-XI-2024, razón por la cual no puede ser admitida.
En autos, con fecha 9-X-2023, la Fiscalía de Estado acompañó liquidación practicada por el IPS, en cumplimiento de la intimación cursada.
Dicha liquidación fue oportunamente impugnada por la parte actora, quien formuló observaciones vinculadas, entre otros aspectos, a la falta de explicitación de los datos utilizados, la incorrecta aplicación de intereses y la omisión de determinados rubros.
III.2. Frente a tales cuestionamientos, el representante de la demandada manifestó que requeriría al organismo previsional un nuevo control de los cálculos efectuados.
El ente previsional elaboró una nueva liquidación el 20-III-2026, la cual presenta un mayor grado de desarrollo en la exposición de los datos y un detalle más extenso de los períodos liquidados.
III.3. Si bien la nueva liquidación, como es lógico, arroja un monto superior al de la anterior, ello no resulta suficiente para tenerla por válida, en tanto persisten las deficiencias metodológicas y la falta de explicitación del cálculo que impiden su adecuado control.
La reciente cuenta efectuada por el IPS, si bien presenta un mayor grado de detalle, no modifica sustancialmente el método empleado ni subsana las deficiencias señaladas por el Tribunal, en tanto continúa omitiendo la explicación del haber base y de los datos objetivos utilizados, así como la correcta aplicación de las tasas de interés conforme a los tramos fijados en la sentencia.
Ahora bien, más allá de la eventual corrección o incorrección de los montos a los que arriba la liquidación, corresponde destacar que el reproche central no se vincula exclusivamente con el resultado numérico, sino con la falta de adecuada fundamentación del procedimiento de cálculo. En tal sentido, lo que se exige no es solo la determinación de una suma, sino la exposición clara, detallada y circunstanciada del modo en que dicha suma ha sido obtenida.
En particular, la liquidación continúa siendo insuficientemente explícita, en tanto no determina con claridad el origen y composición del haber base tomado para el cálculo, no detalla el procedimiento seguido para arribar a los importes mensuales consignados, no discrimina adecuadamente entre capital e intereses, ni permite verificar de manera precisa la aplicación de las tasas correspondientes en los distintos períodos. Esta omisión impide efectuar un control acabado de su adecuación a las pautas fijadas en el pronunciamiento definitivo, frustrando así la finalidad propia de esta etapa de ejecución.
En adición, la planilla incorpora parámetros y variables ajenos al método dispuesto en la sentencia, tales como la utilización de coeficientes de "índice" y referencias a valores "actualizados", los cuales inciden directamente en la determinación del monto final sin que se explique su origen ni su justificación. Tales elementos no se corresponden con la aplicación del dispositivo de condena o no ha quedado definida la pertinencia de su invocación.
La liquidación no identifica, más allá de su mención, la tasa de interés efectivamente aplicada, ni distingue los períodos en los cuales correspondería la utilización de la tasa pasiva común o la tasa pasiva digital.
Esa falta de precisión no permite reproducir o verificar el cálculo, comprometiendo su transparencia y validez.
III.4. En consecuencia, la liquidación presentada no solo se aparta del método impuesto en la sentencia -esto es, la determinación del capital por diferencias mensuales entre el haber debido y el percibido y el posterior cálculo de intereses exclusivamente sobre dicho capital, conforme a la tasa fijada y diferenciando sus tramos de aplicación-, sino que además carece de los elementos mínimos necesarios para su adecuada fiscalización.
V.1. En lo que respecta a los descuentos practicados en virtud de la ley 12.727, cabe señalar que, tal como lo sostiene la demandada, dicha cuestión no ha sido materia de tratamiento en el proceso ni integra el contenido del dispositivo de la sentencia.
No obstante ello, de la propia normativa aplicable -ley 12.727 y su modificatoria, ley 12.874- surge que el régimen de reducciones allí previsto no resultaba aplicable a los agentes del Poder Judicial, tanto en actividad como en pasividad.
Siendo que el legislador ha contemplado expresamente dicha exclusión, cabe concluir que la aplicación de tales descuentos al haber del señor Lorenzo deviene improcedente, aun cuando la cuestión no haya sido objeto de debate específico en el proceso.
V.2. Distinta consideración corresponde efectuar respecto de la señora Otero, en tanto percibe una pensión derivada del causante.
Del texto legal no surge de manera expresa la extensión de dicha exclusión a los beneficiarios de prestaciones derivadas, lo que impide su aplicación automática sin un análisis particular de su situación.
VI. En virtud de lo expuesto, corresponde, desaprobar la liquidación del 20-III-2026 e intimar a la demandada a practicar una nueva según las pautas establecidas en la sentencia dictada en autos, en la resolución del 15-XI-2024 y lo dispuesto en la presente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar la liquidación presentada por la demandada mediante escrito electrónico de fecha 20-III-2026.
II. Intimar a la demandada a que, en el perentorio plazo de diez (10) días, practique nueva liquidación, de conformidad a las pautas establecidas en la sentencia dictada en autos, en la resolución del 15-XI-2024 y en la presente.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:38:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2026 20:03:33 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:35:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:39 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:38:58 hs. bajo el número RR-317-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia