Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66335
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar las liquidaciones practicadas por la parte actora con fecha 10-VIII-2023 y 7-III-2026 y por la demandada el 2-III-2026.
II. Desestimar la aplicación al caso de la ley 12.836 solicitada por la Fiscalía de Estado en su presentación de fecha 1-IV-2026.
III. Intimar a la Provincia de Buenos Aires a informar el sueldo neto actual de la categoría que ocupaba el señor Campana al momento del cese y, en base a ese monto, a que practique una nueva liquidación de conformidad con las pautas establecidas en la sentencia de fecha 28-V-2021 y en este decisorio. Todo ello en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente.
B.66.335 "CAMPANA ALFREDO EDUARDO CONTRA PROVINCIA DE BS.AS."
I. Mediante sentencia de este Tribunal de 28-V-2021 se hizo lugar parcialmente a la demanda y se condenó a la Provincia de Buenos Aires a dar cumplimiento con lo previsto por el art. 12 de la ley 11.184 y al pago de los haberes dejados de percibir por el actor desde el vencimiento de la inhabilitación impuesta en sede penal (11-IX-1991) y hasta el día en que se hizo efectiva la prescindibilidad (1-VII-1993).
Se estableció que a los importes antes señalados deberán aplicarse intereses que, conforme lo resuelto por la mayoría en los autos B.62.488 ("Ubertalli"), deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. CIv. y Com.).
Asimismo, condenó a la demandada al pago de la suma de ochenta mil pesos –$80.000- en concepto de daño moral.
II.1. Con fecha 10-VIII-2023 la parte actora presenta liquidación y solicita que, dado el salario que percibía el actor a la fecha del evento, por ser un concepto alimentario y teniendo en cuenta los distintos desfasajes económicos y que la sentencia no refiere su actualización a la fecha, para hacer la liquidación se tome como base el valor actual del sueldo que percibiría el agente en esa categoría (v. escrito electrónico y sus archivos adjuntos).
II.2. Habiéndose conferido el correspondiente traslado, la demandada responde impugnando la liquidación practicada por la actora.
Señala que dicha parte utiliza salarios a valores actuales a los fines de contabilizar el capital y que en tanto en la sentencia de autos el Tribunal no ordenó dicha utilización, la liquidación presentada no responde a los parámetros allí establecidos por lo que no corresponde su aprobación.
Asimismo, observa que los montos aludidos en el escrito en traslado carecen de todo respaldo documental.
Indica que en autos se ordenó dar cumplimiento con lo previsto por el art. 12 de la ley 11.184 y al pago de los haberes dejados de percibir por el señor Campana desde el vencimiento de la inhabilitación impuesta en sede penal (11-IX-1991) y hasta el día en que se hizo efectiva la prescindibilidad (1°-VII-1993).
Manifiesta que para arribar a los cálculos y montos correctos quien debe intervenir es la repartición pública demandada, la que acreditará la remuneración del actor en el período aludido, recordando que, en apoyo de lo sostenido por esta Suprema Corte, es la Administración quien se encuentra en mejores condiciones operativas y técnicas para implementar el fallo, principalmente cuando se trata de liquidar haberes, ya que es quien tiene en sus registros la documentación necesaria al efecto.
Señala que ha solicitado al organismo demandado que confeccione liquidación según las pautas de la sentencia (v. escrito electrónico de 28-VIII-2023).
II.3. Conferido el traslado sobre la impugnación planteada por la demandada, la actora manifiesta que la liquidación que practicara se ajusta a la sentencia dictada en autos.
Dice que se advierte la notable diferencia en el valor liquidado como consecuencia de la aplicación de la tasa pasiva a las cifras históricas, dado que representa menos del 3% del valor que le correspondería percibir al actor considerando los valores salariales vigentes y agrega que, si no se tomase como base el valor actual que percibiría el agente, sería casi inexistente el monto a percibir violando principios constitucionales.
Indica que los valores calculados se ajustan a normas jurídicas en base a leyes actuales y según las pautas de la sentencia.
Agrega que, como manifiesta la Fiscalía de Estado, debe intervenir el organismo demandado, quien deberá acreditar la remuneración del actor, categoría y monto de sueldo actualizado, por lo que corresponde dar traslado para que practique liquidación, o en su defecto, sea realizada por un perito contador oficial.
Finalmente solicita que se apruebe la liquidación del agente actualizando el monto del sueldo de acuerdo a la categoría que revestía a la fecha del evento (v. escrito electrónico de 1-IX-2023).
III.1. Encontrándose los autos a estudio del Tribunal, el apoderado de la Fiscalía de Estado acompaña la liquidación practicada por el organismo demandado, la que, al 17-XI-2023, asciende, en concepto de capital e intereses, a la suma de noventa y dos mil quinientos noventa y dos pesos con ochenta y cinco centavos -$92.592,85- (v. escrito electrónico de 2-III-2026 y archivo adjunto).
III.2. Al contestar el traslado conferido, la parte actora impugna la liquidación acompañada por la demandada y practica nuevo cálculo de intereses (v. escrito electrónico de 7-III-2926 y archivo adjunto).
IV.1. Posteriormente, mediante escrito electrónico de 1-IV-2026, la Fiscalía de Estado manifiesta que conforme los hechos del caso y las pautas fijadas en la sentencia, el crédito del actor se extiende desde el 11-IX-1991 hasta el 1-VII-1993, quedando alcanzado por la ley 12.836 de consolidación de deudas y modificatorias, que establece un mecanismo específico que debe considerarse al efectuar cualquier cálculo de deuda estatal anterior al 30-XI-2001, por lo que solicita aplicar el instituto invocado y revisar los cálculos y montos a efectos de que el organismo demandado practique una nueva liquidación conforme las pautas que se establezcan.
Sin perjuicio de ello, impugna la liquidación practicada por la actora, ya que toma como capital el total de intereses obtenidos hasta el 17-XI-2023, por lo que solicita su rechazo.
IV.2. Por su lado, el actor solicita se apruebe la liquidación presentada por su parte (v. escrito electrónico de 16-IV-2026).
V. Analizando los planteos formulados por las partes corresponde señalar lo siguiente:
V.1. La parte actora solicita que, a los fines de practicar liquidación, se tome como base el valor del sueldo actual que percibiría el agente ya que, de otro modo, el monto a percibir sería casi inexistente.
La liquidación practicada por el organismo demandado y presentada por la Fiscalía de Estado con fecha 2-III-2026, arroja, al 17-XI-2023, una suma total de noventa y dos mil quinientos noventa y dos pesos con ochenta y cinco centavos ($92.592,85), conformada por un capital de $13.665,97 e intereses por $78.926,88.
Dado lo irrisorio del monto al que se arriba resulta evidente que la base de cálculo utilizada es inidónea para la determinación de la liquidación, a lo que cabe agregar los argumentos expresados por la actora al impugnar dicho cálculo.
Por lo expuesto, corresponde a esta Corte, en uso de los lineamientos objetivos y razonables que el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial le encomienda (aplicable al caso en los términos del art. 77 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-), establecer el importe de la indemnización y adoptar, por las particularidades del caso y con carácter excepcional, una solución que salvaguarde el principio de suficiencia (conf. CSJN, "Cerigliano", Fallos: 334:398, consid. 8, último párrafo) en la debida reparación de los perjuicios causados al actor (conf. CSJN, "Ramos", Fallos: 333:311, consid. 9, último párrafo).
A esos fines, este Tribunal actuando la potestad atribuida por el citado art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, entiende que, a los efectos de calcular el monto de la indemnización debida por la Provincia de Buenos Aires a la parte actora, deberá tomarse como base de cálculo el sueldo neto actual correspondiente a la categoría que ocupaba el señor Campana al momento del cese (conf. causas B. 56.601, "Corvo", resol. de 29-XI-2023; I. 2.855, "Aldecoa", resol. de 9-IX-2025; B. 56.810, "Gardes", resol. de 1-XII-2025; B. 63.960, "Cevasco", resol. de 11-XII-2025; e.o.). Ello sentado, para el cálculo de los intereses deberá aplicarse una alícuota del 6% anual, la que corresponderá serle impuesta al crédito indemnizatorio desde el momento del cese y hasta la fecha de esta sentencia (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa de interés reconocida en la causa B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016); esto es, la pasiva más alta.
A todo evento, se indica que la solución que aquí se adopta resulta análoga a la que actualmente aplica esta Suprema Corte en controversias de empleo público y que constituye su doctrina legal sobre el tema (doctr. causas A. 74.235, "Mesiano", sent. de 23-XII-2020; A. 74.089, "Sert", sent. de 12-II-2021; A. 73.859, "Alcaray", sent. de 31-VIII-2021; B. 64.843, "González", sent. de 14-II-2025; B. 61.273 "Castellani", sent. de 5-VI-2025; B. 64.571, "Vázquez Pertierra", sent. de 3-X-2025; e.o.).
V.2. Con relación a la petición formulada por el apoderado de la demandada por escrito electrónico de 1-IV-2026, en orden a la aplicabilidad del régimen de consolidación de deudas contemplado en la ley 12.836, resulta importante señalar que se ha planteado en autos la particular situación consistente en que la misma parte que acompañó –con fecha 2-III-2026– la liquidación en estudio y que fuera impugnada por la actora el 7-III-2026 es quien, al contestar dichos planteos e impugnar el cálculo realizado posteriormente por la actora, invoca la normativa en cuestión y asevera que se trata de una ley que debe ser aplicada "...de orden público ." (v. escritos electrónicos presentados por Fiscalía de Estado con fecha 2-III-2026 y 1-IV-2026).
Sobre dicha base, las constancias de autos permiten constatar que la parte demandada estuvo en condiciones de invocar la aplicación en autos de la ley 12.836 al momento en que se presentó el cálculo liquidatorio que fuera sustanciado debidamente y contestado por la parte actora, sin que se alegaran y probaran razones eximentes que hayan impedido el oportuno planteo referido a la aplicación del mentado sistema de consolidación de deudas, en un terreno en el que, si bien actúa una norma de orden público, no resulta de aplicación oficiosa sino a pedido de parte interesada, a quien le incumbe el cumplimiento de todas las cargas propias del proceso (doctr. causa B. 58.959, "Parodi", resol. de 29-X-2025).
A sus efectos, repárese que la sentencia de autos fue dictada con fecha 28-V-2021, habiendo transcurrido un tiempo por demás prudencial para la formalización de tal planteo.
Sin embargo, el mismo apoderado de la Fiscalía de Estado que el 2-III-2026 presenta liquidación sin invocar la aplicación de la ley 12.836, una vez conferido el traslado de esa presentación a la parte actora y contestado por ésta, el 1-IV-2026 formula un planteo por la presunta omisión en la aplicación de aquella norma, lo que denota un comportamiento inconsistente con sus alegaciones anteriores y por demás dilatorio.
Vinculado a ello, como lo ha señalado el Tribunal, de consuno con la doctrina de los actos propios ("Acuerdos y Sentencias", 1988-III-335; 1990-IV-385; causas L.59.702, sent. de 15-VII-1997; B.56703, "Juncal", sent. de 2-IV-2000; L.74.275, sent. de 12-IX-2001 y B.58.169, "Kissner", sent. de 7-V-2003) cuadra desestimar las pretensiones contradictorias con la conducta pasada del pretensor, toda vez que la citada doctrina promueve el cumplimiento del deber de coherencia del comportamiento jurídicamente relevante. Porque a nadie debe permitírsele, en principio, hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando ella, interpretada objetivamente según la ley, los usos o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho cuando hacerlo contraría tales parámetros (conf. causas B. 56.694, "Tissot", sent. de 18-V-2005; B. 52.366, "Calix S.A.", sent. de 12-IV-2006 y B. 53.706, "Electromecánicos Asociados SRL", sent. de 11-XI-2015; e.o.).
Por otra parte, es necesario destacar que la admisión de la aplicación de la ley 12.836 a esta altura del proceso y bajo las particularidades de las postulaciones de las partes que ya fueron señaladas, aparece como injustificadamente dilatoria en perjuicio de la actora y de su derecho de contenido alimentario.
Por consiguiente, habrá de desestimarse -por improcedente- el planteo formulado por Fiscalía de Estado el 1-IV-2026.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar las liquidaciones practicadas por la parte actora con fecha 10-VIII-2023 y 7-III-2026 y por la demandada el 2-III-2026.
II. Desestimar la aplicación al caso de la ley 12.836 solicitada por la Fiscalía de Estado en su presentación de fecha 1-IV-2026.
III. Intimar a la Provincia de Buenos Aires a informar el sueldo neto actual de la categoría que ocupaba el señor Campana al momento del cese y, en base a ese monto, a que practique una nueva liquidación de conformidad con las pautas establecidas en la sentencia de fecha 28-V-2021 y en este decisorio. Todo ello en el perentorio plazo de diez (10) días de notificada la presente.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2026 11:38:23 hs. bajo el número RR-592-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia