Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 77215
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de reposición interpuesto y confirmar la resolución de fecha 14-III-2023, en cuanto allí se declaró la caducidad de la instancia (arts. 315, 317 y concs., CPCC).
II. Dejar sin efecto la regulación de honorarios dispuesta mediante la resolución de fecha 14-III-2023 y, consecuentemente, fijar la retribución por la actuación profesional en autos del letrado de la parte actora, doctor Juan Ignacio Ferreyra, en la suma equivalente a … Jus arancelarios (arts. 944, Cód. Civ. y Com. y 49, ley 14.967); a los que deberá adicionarse el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
III. Oportunamente, cúmplase con la comunicación a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires ordenada en la resolución de fecha 14-III-2023.
I.77.215 “PARTIDO INTRANSIGENTE DISTRITO PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ DEMANDA ORIGINARIA DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 12 DECRETO LEY 9889/82 Y MODIFICATORIAS”
I. Mediante resolución de fecha 14-III-2023, esta Corte declaró la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones y reguló los honorarios por la actuación en autos del apoderado de la parte actora.
Frente a ello, se presentó el mismo letrado y requirió la revocatoria de aquella decisión (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2023, 11:27:32 hs.).
Al fundar su solicitud sostuvo que en la resolución se omitió ponderar que, al contestar la intimación dispuesta en autos en fecha 13-II-2023, esa parte expresó de modo manifiesto su intención de proseguir el juicio. Expuso también que debió valorarse la constitución de un nuevo domicilio procesal como acto impulsorio de las actuaciones.
Por otro lado, expresó haber considerado que la providencia de fecha 6-VII-2021 -mediante la que se ordenó el traslado de la demanda- sería notificada electrónicamente por el propio Tribunal, como sucedió con las notificaciones vinculadas al acogimiento y traba de la medida cautelar dispuesta en el expediente.
Refirió que a esa conclusión podían inducir las disposiciones incorporadas al régimen de notificaciones electrónicas (Ac. 3.845) mediante los acuerdos 3.989 y 3.991, en tanto previeron las notificaciones de oficio y automáticas a los domicilios electrónicos constituidos (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2023, 11:27:32 hs., en particular punto II.2.2).
Sostuvo que la resolución impugnada desatiende el carácter excepcional que reviste el instituto de la caducidad de instancia y violenta los principios de razonabilidad y pro actione , así como el derecho de defensa.
Por último, impugnó la regulación de honorarios por considerarlos elevados e invocó precedentes de este Tribunal en los que se evaluó la constitucionalidad de la ley 14.967 en cuanto prevé honorarios mínimos y la imposibilidad de la regulación judicial por debajo de esos valores.
II. En primer término cabe recordar que, según tiene dicho esta Suprema Corte, la vía aquí intentada resulta idónea, por regla, para la impugnación de providencias simples (art. 238, CPCC) y no para la objeción de sentencias interlocutorias o definitivas (doctr. causas I. 75.125, "Central de Trabajadores Argentinos", resol. de 1-VIII-2018; I. 75.111, "Macchi", resol. de 18-IX-2019; I. 72.669, "Piccorelli", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
Sin embargo, toda vez que la impugnación de la actora se dirige contra la resolución de este Tribunal que declaró la caducidad de la instancia, corresponde avanzar en el abordaje del remedio intentado por la naturaleza de la cuestión allí decidida (arg. art. 317, CPCC).
III. Tal como quedó expuesto en los puntos precedentes, la actora requiere la revocatoria por contrario imperio de la declaración de caducidad del proceso resuelta en fecha 14-III-2023.
Por los motivos que a continuación se exponen, la impugnación no es de recibo.
III.1. Se equivoca la actora al sostener que el Tribunal no ponderó adecuadamente las circunstancias procesales de la causa, en particular, el hecho de haber manifestado expresamente su interés en la prosecución del proceso.
Ello es así, por dos razones: de un lado, porque, tal como quedó dicho en los fundamentos de la resolución objetada, la intimación de fecha 13-II-2023 no sólo exigía la manifestación por la interesada de su intención de continuar el trámite de la causa sino también la realización de alguna actividad procesal útil a ese fin (de modo que la cobertura del primer recaudo resultaba insuficiente para evitar la caducidad finalmente decretada); y, de otro, porque no puede asignarse efecto impulsorio a la constitución de un nuevo domicilio procesal toda vez que esa actuación es a todas luces inhábil, por sí, para provocar un avance en el trámite hacia la sentencia de mérito. En este punto, no puede dejar de destacarse que se hallaba pendiente la notificación del traslado de la demanda, para cuya concreción no se erigía ningún impedimento ni ahora se explica acabadamente que lo hubiera.
III.2. Por otro lado, debe descartarse también el argumento según el cual "pudo haber existido una desinterpretación no imputable a su parte respecto de la notificación de la demanda" como consecuencia de la emisión de los acuerdos 3.989 y 3.991 (v. presentación electrónica de fecha 27-III-2023, 11:27:32 hs., punto II.2.2.1); en particular en tanto manifiesta haber entendido que el traslado de la demanda sería notificado por Secretaría y de manera automática.
Al contrario de lo postulado por la demandante, ninguna duda podía caber respecto de la necesidad de que esa parte concretara por sí la notificación del traslado de la demanda ni pudo razonablemente extraer tal conclusión de las normas contenidas en el referido reglamento. En efecto, el art. 11 de ese cuerpo normativo (Ac. 4.013 y modif., anexo I; vigente al momento de ordenarse el traslado de la demanda y de disponerse la intimación a impulsar el proceso) expresamente contempla el traslado de la demanda como un supuesto de exclusión del régimen de notificaciones automáticas que establece y al que el recurrente asigna la virtualidad de haberlo hecho incurrir en la confusión que alega.
Reflejo de tal disposición fueron, además, los términos en que se ordenó el traslado de la demanda en autos, en tanto allí se indicó de manera expresa: "Notifíquese en forma electrónica con archivo adjunto de la documentación presentada mediante cédula dirigida al domicilio electrónico [email protected], el que deberá indicarse como 'denunciado' (arts. 135 inc. 1, CPCC)" (actuación de fecha 6-VII-2021). Extremo ya valorado y puesto de relieve por el Tribunal en los fundamentos de la decisión interlocutoria aquí impugnada y que, como se ve, no es adecuadamente rebatido en el escrito de reposición.
Todo ello resulta, por lo demás, adecuado a la trascendencia procesal que reviste el acto en cuestión y la estrecha relación que guarda la carga de su notificación con la vigencia del principio dispositivo o de impulso de parte que rige el proceso (arg. arts. 135, 310 -proemio-, CPCC).
III.3. Las consideraciones precedentes conducen a rechazar la impugnación formulada en torno a la declaración de caducidad de la instancia y, en consecuencia, confirmar en ese tramo la resolución atacada.
IV. El apoderado del Partido Intransigente impugna -por alta- la regulación de honorarios, establecida en 50,5 Jus arancelarios.
Justifica su embate ante la eventualidad de que se confirme la decisión atacada. Así, sostiene que las pocas etapas cumplidas, el modo anormal de terminación del proceso y la ausencia de contenido económico de la pretensión, conducirían a demostrar la "desproporcionada retribución por la efectiva labor cumplida". Añade a ello, la consideración de la "restringida situación financiera por la que atraviesa la fuerza política" a la que representa.
Sobre esto, los argumentos blandidos por la recurrente fueron, precisamente, los tenidos en cuenta por el Tribunal para fijar los estipendios profesionales. Y ello, en la valoración de la tarea desempeñada por el letrado actuante relativa al proceso cautelar, en el marco del cual obtuvo una medida favorable a los intereses de su representada, así como la labor cumplida en presentaciones posteriores referidas al proceso principal tendientes a resistir la decisión adoptada en la sentencia interlocutoria del 14-III-2023 (cfr. art. 16 incs. "b", "c", "e", "g", "i", ley 14.967).
No obstante, de acuerdo a la expresa petición del profesional interviniente, considerando que la regulación de honorarios es un derecho instituido en beneficio del interés particular de su titular y no hallarse la renuncia a su percepción prohibida por la ley (art. 944, Cód. Civ. y Com.), corresponde reducir la estimación fijada en la resolución recurrida al umbral regulatorio establecido por el art. 22 de la ley 14.967 (doctr. causa I. 75.560, "Brodschi", resol. de 12-VIII-2021).
Las consideraciones antes desarrolladas descartan la configuración, en el caso, de las particulares circunstancias que llevaron a esta Suprema Corte a descalificar -por inconstitucional- la fijación de mínimos legales bajo pena de nulidad prevista en la ley arancelaria en que se funda este decisorio (doctr. causa P. 133.318, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 24-IX-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar el recurso de reposición interpuesto y confirmar la resolución de fecha 14-III-2023, en cuanto allí se declaró la caducidad de la instancia (arts. 315, 317 y concs., CPCC).
II. Dejar sin efecto la regulación de honorarios dispuesta mediante la resolución de fecha 14-III-2023 y, consecuentemente, fijar la retribución por la actuación profesional en autos del letrado de la parte actora, doctor Juan Ignacio Ferreyra, en la suma equivalente a … Jus arancelarios (arts. 944, Cód. Civ. y Com. y 49, ley 14.967); a los que deberá adicionarse el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria del mencionado profesional frente al IVA.
III. Oportunamente, cúmplase con la comunicación a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires ordenada en la resolución de fecha 14-III-2023.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/04/2023 21:05:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2023 10:50:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/04/2023 23:48:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2023 11:31:24 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2023 11:32:44 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS DE SUPREMA CORTE el 02/05/2023 11:55:20 hs. bajo el número RH-76-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia