Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76927
I.76.927 “CÁMARA EMPRESARIA DEL PARQUE INDUSTRIAL PILAR C/ MUNICIPALIDAD DE PILAR S/DEMANDA ORIGINARIA DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 257 DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 35 / 2020”
I. La Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar -a través de su apoderado- promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1° de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez del art. 257 de la ordenanza fiscal 35/20 dictada por la Municipalidad de Pilar, por medio del cual se creó la Tasa para el Desarrollo de la Infraestructura y Promoción del Empleo Local.
Asimismo, solicita que cautelarmente se suspenda la aplicación del precepto impugnado a sus asociadas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa.
II.1. Relata que es una asociación civil gremial que nuclea a una serie de empresas y que, conforme lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de su estatuto constitutivo, tiene por objeto representar a sus asociados en todo el territorio de la República Argentina como así también gestionar y peticionar ante las autoridades nacionales, provinciales o municipales la sanción de normas que tiendan a impulsar el desarrollo y mejoramiento de la actividad desempeñada por las empresas asociadas, pudiendo actuar en defensa de los intereses de sus miembros, incluso, en sede judicial.
Sobre el punto, expresa que la legitimación extraordinaria invocada ha sido expresamente reconocida por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín en el marco de los autos caratulados “Ilva SA y otros c/ PEN y otros s/ amparo -medida cautelar” (causa n° 2373/2004). A su vez, precisa que la presente acción se centra en la impugnación de la norma en abstracto y con carácter preventivo, sin encontrarse en discusión el concreto impacto patrimonial que en cada uno de los asociados puede llegar a provocar el precepto en crisis (v. punto III del escrito inicial de fecha 12-III-2021).
Respecto al plazo para entablar la demanda, expone que deviene aplicable lo previsto en el art. 685 del Código Procesal Civil y Comercial dada la naturaleza institucional de la cuestión planteada. A todo evento, manifiesta que la acción se interpone tempestivamente por no haber sido oficialmente publicada la ordenanza fiscal impugnada; de modo que “no ha comenzado a regir ni se encuentra vigente, ni ha creado la obligación de su pago” (cita el art. 684, CPCC).
Sin perjuicio de ello, aduce que el plazo de caducidad en ningún caso debería comenzar a correr antes del día siguiente al establecido por la Municipalidad demandada como primer vencimiento para el pago de la tasa, es decir el 29 de enero de 2021 y que, recién a partir de entonces, podría establecerse el dies a quo (v. punto IV del escrito postulatorio de fecha 12-III-2021).
II.2. En cuanto al fondo del asunto, plantea que el tributo creado por el municipio no es una tasa, sino que, antes bien, reviste las características propias de un impuesto, toda vez que no existe un servicio individualizado que real o potencialmente pueda ser utilizado en forma particular por los contribuyentes señalados como sujetos pasivos del tributo. Argumenta, también, que el hecho imponible establecido en la llamada “tasa” excede la materia gravable por el municipio al referirse a cuestiones correspondientes o a cargo de la Provincia o al Estado nacional. Por último, sostiene que el gravamen viola los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad, equidad y generalidad, entre otros principios y garantías que rigen la materia.
Señala que los servicios gravados según lo dispuesto en el art. 257 de la ordenanza fiscal para el año 2021 son la “urbanización, ampliación y mejoramiento de la capacidad instalada para el desarrollo de la infraestructura industrial sobre el transporte, las telecomunicaciones, infraestructura energética e hidráulica y servicios en pos de mantener un equilibrio para la conservación del medioambiente, que requieren diferencialmente aquellas zonas donde se encuentren instalados establecimientos industriales y productivos”. De ello desprende que, como la ampliación o mejora invocada necesariamente ocurrirá en el futuro, no existe un servicio que actualmente deba ser retribuido por el contribuyente. Así, sostiene que la pretensión fiscal no surge sino después de verificarse el hecho imponible y que la obligación tributaria nace una vez que se ha constatado la configuración del presupuesto fáctico del gravamen.
Cuestiona, por otro lado, la definición efectuada en el art. 257 ter de la mentada ordenanza fiscal respecto a quienes revisten la condición de contribuyentes, toda vez que -a su entender- alude de manera genérica a una universalidad de sujetos cuyo punto de contacto con el gravamen se limita a su lugar de radicación y a la realización de cierto tipo de actividades. Siguiendo esta línea, explica que la aludida “radicación” no representa una categoría o concepto jurídico y/o tributario identificable, lo que torna a la norma en ilegítima. En efecto, estima que se trata de un impuesto que parte de la presunción de la capacidad contributiva de quienes desarrollan una labor industrial, de transporte, logística o de depósito o venta de vehículos.
Alega que en todas las categorías el gravamen se incrementa de forma directamente proporcional al monto de la facturación originada o percibida en el territorio municipal, motivo por el cual concluye -una vez más- que la estructura de determinación del gravamen es equivalente a la de un impuesto.
Refiere a que los arts. 257 quinquies a octies facultan al Departamento Ejecutivo a establecer diferentes “bonificaciones” que representan reducciones al tributo, lo que resulta ilegítimo atento la naturaleza exclusivamente legislativa de la determinación de los gravámenes. Además, deduce que tales bonificaciones resultan irrazonables y contrarias a los principios de igualdad, proporcionalidad y generalidad o no discriminación.
Asevera que la Constitución provincial no contiene ninguna delegación de facultades tributarias a favor de los municipios, aunque la Ley Orgánica de las Municipalidades establece los tributos que éstas pueden recaudar. Al respecto, apunta que aquellas facultades -aún las delegadas- tienen un límite impuesto por el art. 9 inc. “b” de la ley nacional 23.548 de coparticipación federal de recursos fiscales. Aquí, plantea que la tasa cuya inconstitucionalidad se persigue, termina gravando la propia actividad económica, pese a que el hecho imponible sea diverso.
En este contexto, indica que el precepto impugnado vulnera los principios de: a) igualdad, al excluir del tributo a personas que se verían beneficiadas por las presuntas mejoras en la infraestructura o a quienes tienen una capacidad contributiva equivalente; b) proporcionalidad, dado que el monto del gravamen se vincula de manera directa a los ingresos brutos -facturación- del contribuyente y c) generalidad, por eximirse a quienes real o potencialmente utilicen los servicios y se beneficien con ellos.
Luego, reseña que en la especie existe superposición entre la tasa en crisis y el impuesto sobre los ingresos brutos y, asimismo, denuncia una “doble imposición” en tanto las cuestiones ambientales referidas en la mentada norma se hallan comprendidas en la tasa de seguridad e higiene fijada en el capítulo IV de la ordenanza fiscal.
Finalmente, respecto a las telecomunicaciones y al fomento del empleo local incorporados en el precepto, sostiene que tal materia resulta ajena al ámbito de competencia municipal y que a través del art. 257 en crisis se estarían extralimitando las atribuciones que le corresponden a la comuna.
Con base en los argumentos desarrrollados, solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 257 de la ordenanza fiscal 35/20 y, hasta tanto ello suceda, se suspendan cautelarmente sus disposiciones.
III. Corrido el pertinente traslado, el apoderado de la Municipalidad de Pilar se presenta y opone excepción previa de prescripción e incompetencia, aludiendo a la inadmisibilidad temporal de la acción. Ello, toda vez que entiende que el plazo de caducidad para presentar la demanda originaria de inconstitucionalidad debe computarse desde la publicación de la ordenanza fiscal e impositiva 35/20 -por medio de la cual se instituyó la norma atacada- en el Boletín Oficial municipal N° 146 del día 30 de noviembre de 2020. Es que, a partir de aquel momento, comenzó a regir la citada ordenanza, conforme lo dispuesto en su art. 69.
En este sentido, precisa que luego de que la Secretaría Legal y Técnica dictara la resolución 10/13 por la cual se aprobó el “Programa de Cooperación y Asistencia Legal y Técnica a los municipios de la Provincia de Buenos Aires”, en el mes de octubre de 2016 el municipio suscribió el pertinente acuerdo marco y el Acta complementaria N° 1 con la mencionada Secretaría. Allí, establecieron “específicamente los objetivos y planes de trabajo, plazos, personal y todo otro aporte que deban efectuar cada una de las signatarias a fin de implementar el SIBOM” (v. punto III del escrito electrónico de fecha 26-III-2021).
En consecuencia, explica que su representada ha dado estricto y oportuno cumplimiento a través de la plataforma web proporcionada por la Provincia, con la publicación de la ordenanza en el “Sistema de Boletines Oficiales Municipales” (SIBOM), conforme lo previsto en el art. 108 inc. 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6769/58-.
Al mismo tiempo, resalta la naturaleza patrimonial de la cuestión controvertida y, debido a esto, afirma que devienen inaplicables las excepciones contempladas en el art. 685 del Código Procesal Civil y Comercial invocadas. Para más, indica que tampoco debe resultar de recibo la tesis de la finalidad preventiva esgrimida por la accionante, puesto que los preceptos impugnados no sólo ya han sido efectivamente aplicados, sino que, también, gran parte de las empresas enumeradas en la demanda han abonado en tiempo y forma la tasa controvertida. Por esta razón, concluye que la cuestión planteada escapa a la competencia originaria y exclusiva de este Tribunal en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
Finalmente, con fecha 13 de abril de 2021 contesta demanda y refuta el planteo de inconstitucionalidad incoado.
IV. El día 30 de marzo de 2021 se presenta la empresa British American Tobacco Argentina SAICyF -a través de su apoderado- y manifiesta que, tras tomar conocimiento del objeto y contenido de la presente acción, no adhiere a la pretensión instaurada por la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar. Por consiguiente, solicita que no se lo tenga por representado en el reclamo instado y se lo excluya del proceso.
Por su parte, el día 7 de abril de 2021 comparece la firma Transclor SA -mediante apoderado- y expresa también su voluntad de permanecer excluido del pleito.
V. Sustanciadas las excepciones opuestas por la Municipalidad de Pilar, con fecha 9 de abril de 2021 la actora las resiste bajo los siguientes argumentos: a) afirma que la competencia de esta Corte atribuida por el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial es indudable, lo que se acreditaría -según lo considera- con el examen preliminar efectuado al correr traslado de la demanda en autos; b) refiere que no existe en nuestro ordenamiento procesal la defensa previa de “caducidad” ni un plazo de prescripción para plantear la inconstitucionalidad de una norma; c) puntualiza que el plazo de treinta días establecido en el art. 684 del código de rito no es aplicable en la especie, dado que su actuación se ciñe a las implicancias institucionales de la creación de la tasa cuestionada y no a la representación de los intereses patrimoniales particulares de sus asociados; d) eventualmente, manifiesta que la acción fue interpuesta de manera preventiva, porque no ha mediado “acto concreto de aplicación” alguno; y, por último, e) sostiene que la pretendida publicación en el Boletín Oficial digital no sustituye la obligación del municipio de imprimir una versión en soporte papel.
VI. Posteriormente, el día 4 de mayo de 2021, la Cámara Empresaria denuncia que se dictó el decreto 821/21 reglamentario de la ordenanza 35/20 y, asimismo, que la Municipalidad inició una serie de inspecciones integrales “en las que pone a cargo del contribuyente la elaboración de cuantiosa información que -en la mayoría de los casos- no guarda relación con la determinación o cobro de tributos cuya percepción está a cargo de la demandada”. Al respecto, entiende que tal pedido es superfluo y que “solo puede relacionarse su inclusión con las sanciones bajo cuyo apercibimiento se remite la intimación, en particular la referida a la aplicación del art. 83 de la ordenanza fiscal vigente”. A la par, esgrime que al pretender la comuna que la tasa impugnada se aplique de forma inmediata, aún para el año fiscal 2020, se estaría violando el principio de irretroactividad de la ley.
En virtud de ello, ante el "inminente peligro de clausura originado en cuestiones directamente vinculadas a la controversia de autos" y la conducta -a su entender- arbitraria del municipio, reitera su pedido cautelar.
VII. Las actuaciones pasan al acuerdo del Tribunal con el objeto de resolver siguientes cuestiones: a) las excepciones de prescripción e incompetencia planteadas por el municipio y, en caso de no prosperar esas defensas, b) la solicitud de tutela precautoria articulada por la actora, c) las peticiones formuladas por las firmas por British American Tobacco Argentina SAICyF y Transclor SA de no ser tenidas por parte en las presentes actuaciones y d) la admisibilidad del hecho nuevo invocado por la demandante.
VIII. En primer lugar, cabe recordar que la competencia originaria de esta Suprema Corte, de acuerdo a lo previsto en el art. 161 inc. 1 de la Constitución, comprende el conocimiento y resolución de casos en los que se discuta "la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos" que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada. Y según doctrina constante, esto ocurre cuando se plantea un conflicto directo entre la disposición controvertida y las normas de la Carta local que se consideren infringidas (doctr. causas I. 2204, "Zamarreño", sent. de 8-X-2008; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero S.A.", resol. de 29-IV-2009, I. 2213, "El Popular S.A.I.C.", sent. de 24-XI-2010; e.o.).
Este carril específico se encuentra regulado en el Capítulo I del Título IX del Código Procesal Civil y Comercial. Así, el art. 684 establece -como regla general- un límite temporal para el ejercicio de la acción respectiva cuando el asunto verse sobre cuestiones de naturaleza patrimonial, vencido el cual cesa la aludida competencia. Ello, claro está, sin desmedro de la posibilidad de los interesados para ocurrir a la jurisdicción ordinaria a fin de ver satisfecha su pretensión y, eventualmente, plantear la cuestión constitucional en esa sede (art. 684, seg. párr., CPCC).
De lo expuesto, se colige que los planteos que involucren la cuestión relativa a la observancia del plazo de caducidad previsto para en este tipo de procesos -cuando éste resulte aplicable al caso- puedan ser canalizados a través de la excepción de incompetencia (doctr. causas I. 1.456, "Fiscal de Estado", resol. de 18-VI-1991; I. 1.305, "Municipalidad de La Plata", sent. de 17-VI-1997; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999 e I. 2.297, "Perrota", resol. de 24-IV-2002).
Sobre tales bases, corresponde desestimar el planteo formulado por la actora vinculado a la imposibilidad de articular una defensa previa de “caducidad” en el marco de las presentes actuaciones y que, a todo evento, tal asunto deba ser abordado en la sentencia definitiva (v. punto II.ii del escrito electrónico de fecha 9 de abril de 2021).
Igual suerte corre el argumento relativo a la inexistencia de un plazo de prescripción para plantear la inconstitucionalidad de cualquier norma. Es que, si bien la accionada yerra al oponer -a la par- las excepciones de prescripción e incompetencia, de la mera lectura del objeto de su presentación se desprende que se trata de una única e idéntica defensa.
Así, el municipio esgrime que “en tiempo y forma viene a deducir la excepción procesal de previo y especial pronunciamiento de prescripción (conforme arts. 344, CPCC) con relación al inicio de la presente acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como consecuencia de ello la incompetencia de la misma para actuar, solicitando en consecuencia se declare inadmisible la demanda instaurada por la parte actora” (sic, punto II del escrito electrónico de fecha 26 de marzo de 2021).
Tal confusión se esclarece en el desarrollo expositivo articulado, en tanto precisa que “a la fecha ha vencido el plazo otorgado para interponer la presenta acción como demanda originaria ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Preliminarmente por haber vencido el plazo (1) y sumado a ello por no encontrarse el caso de autos contemplado en los supuestos de excepción previstos en el art. 685 del CPCC, por tratarse de una pretensión de carácter patrimonial (2)” (sic, punto III del escrito electrónico de fecha 26 de marzo de 2021).
En consecuencia, tratándose -como se ha indicado- de una única excepción erróneamente denominada, más allá de la confusión que también se advierte en punto al tribunal competente, siendo admisible su oposición, cabe entonces abocarse al tratamiento de esta cuestión.
IX. Las partes discrepan acerca del carácter patrimonial de la pretensión esgrimida y, por consiguiente, de la eventual aplicación del plazo de caducidad establecido en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial. También se hallan en desacuerdo sobre el momento a partir del cual debe operar su cómputo en caso de prosperar aquella primera cuestión.
Esta Corte ha precisado que la naturaleza patrimonial del juicio se evidencia allí donde la acción es entablada para salvaguardar derechos o intereses económicos eventualmente afectados por el precepto reputado inconstitucional o irregular, no debiéndose prescindir de tal carácter por el hecho de que se aleguen otros daños no patrimoniales que aparecen como complementarios del interés primario en cuya defensa se acciona (doctr. causa I. 1335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994).
La actora sostiene que no es un sujeto obligado al pago de la tasa impugnada, razón por la cual -para ella- “la norma atacada no posee contenido patrimonial, siendo su interés en la promoción de la acción meramente institucional y por lo tanto extrapatrimonial”. Afirma, asimismo, que no actúa como apoderada o representante legal particular de sus miembros y continúa expresando que “sus asociados pueden coincidir o no con el reclamo contenido en la demanda, renunciando al beneficio que se derivaría para ellos del eventual acogimiento de la acción, o promover acciones individuales por la vía procesal que estimen más conveniente” (v. punto II.ii de la presentación electrónica de fecha 9 de abril de 2021).
Ahora bien, pese a las manifestaciones vertidas en contrario por la demandante, de los términos del escrito de inicio se extrae que la naturaleza de la norma cuestionada y los agravios en los que se funda la impugnación revisten un contenido eminentemente patrimonial, en tanto se controvierte el establecimiento de una tasa para la prestación de determinados servicios en el ámbito del municipio de Pilar. Esto sin lugar a dudas define el contenido de la acción y, con ello, llama a la observancia del plazo de caducidad señalado en el art. 684 del código de rito (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 1
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