Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76578
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
Considerando la forma en que se ha resuelto la imposición de las costas, no corresponde regular los honorarios de la doctora María Sol Dellamea, quien litiga en causa propia (art. 12 de la ley 14.967).
I.76.578 “DELLAMEA, MARÍA SOL C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO S/DEMANDA ORIGINARIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART 42 DEL DECRETO 1050/09 (REGLAMENTARIO DE LA LEY 13.982)”
I. La señora María Sol Dellamea, abogada en causa propia, promueve demanda originaria de inconstitucionalidad con el objeto de que esta Suprema Corte declare la invalidez del art. 42 del decreto 1.050/09 por haber desnaturalizado el alcance de la norma reglamentada y violar, de ese modo, lo dispuesto por los arts. 10, 11, 15, 18, 25, 27, 31, 36 inc. 4, 39, 40, 56, 57, 144 inc. 2 y 54 de la Constitución provincial.
Explica que el art. 3 inc. "g" de la ley 13.982 establece una incompatibilidad relativa para ejercer la profesión de abogado en materia criminal y correccional, que el art. 12 inc. "c" de esa misma norma precisa al prescribir, entre las restricciones que pesan sobre el personal policial, que no podrá "patrocinar trámites y gestiones administrativa o judiciales, referentes a asuntos de terceros que se encuentren o no oficialmente a su cargo, vinculados con la institución".
Se agravia, sin embargo, de que el art. 42 del decreto reglamentario 1050/09 profundice tal limitación al puntualizar entre las actividades consideradas incompatibles con el desempeño de la función policial y, por tanto, prohibidas a la de "representar o patrocinar litigantes contra la administración en el orden nacional, provincial o municipal", lo cual constituye -según su criterio- la imposibilidad para los letrados que revistan en la Policía de la Provincia de Buenos Aires de ejercer la profesión de abogado en el fuero contencioso administrativo cuando la parte demandada alcanzara a cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Narra que se desempeñó en la referida institución desde el 1-VII-2011 hasta el 10-IX-2018 -fecha esta última en que fue exonerada- y que durante ese período se vio impedida de ejercer su especialidad en derecho ambiental y, en general, de litigar en asuntos de relativos al derecho público en los que el Estado fuera parte demandada.
Es por ello que aduce que la aplicación de la norma impugnada le provocó un daño económico para cuya reparación reclama la suma de $ 700.000.
Asimismo y sin perjuicio de los planteos patrimoniales que pudieran formular cada uno de los interesados, pide la declaración de inconstitucionalidad del señalado art. 42 del Dec. 1050/09 para todo el colectivo del personal policial que actualmente se desempeñe en la referida fuerza y que se halle alcanzado por la disposición en crisis.
II. Dado que compete a esta Suprema Corte realizar en esta etapa liminar el análisis de admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, con independencia de otras consideraciones que pudieran realizarse sobre el cumplimiento de tales recaudos y el alcance de la representación invocada, se advierten serias dificultades para considerar en término la presentación bajo análisis.
Así, siguiendo la doctrina del Tribunal según la cual los cuestionamientos vinculados con distintos aspectos de la relación de empleo público entrañan un reclamo de sustancia económica, ya sea que se invoque el derecho al sueldo u otros como el derecho a trabajar o el derecho a la estabilidad (conf. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.579, "Miño", resol. de 10-XII-1992; I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.199, "Aimeta", resol. de 7-IX-1999; I. 2.004, "Ditinis", sent. de 17-XI-1999; I. 2.170, "Asarchuk", sent. de 10-III-2010; I. 3.631, "Grammático Mazzari", sent. de 6-X-2010; I. 1.861, "Rodríguez", sent de 1-VI-2011; I. 69.477 "Álvarez", sent. de 14-VIII-2019; e.o.), por el modo en que fueron planteadas las cuestiones constitucionales materia de esta litis , la naturaleza del derecho en juego impone la aplicación del plazo previsto en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL SRL", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari SA", resol. de 10-VIII-2016; I. 72.191, "Sociedad Anónima Comercial Agrícola Ganadera Andrés Mendizábal", resol. de 13-II-2019; e.o.).|
En tales condiciones, es necesario determinar la fecha a partir de la cual comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la demanda articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo debe computarse "...desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, cit.; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte SA", sent. de 15-XII-2015; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; e.o.).
De la propia exposición de la actora corroborada por la documentación presentada como archivo adjunto al escrito que da inicio a este juicio, surge que en el mes de julio del año 2011 la doctora Dellamea inició su desempeño en la institución policial y fue a partir de entonces que comenzó a aplicársele el art. 42 del decreto 1050/09 aquí impugnado. En lo concerniente a esto último, si el dies a quo se establece en la referida fecha, corresponde concluir que el plazo de caducidad para accionar de treinta días que impone el art. 684 del Código adjetivo se encontraba vencido al 23-VIII-2020, día en que se presentó la demanda, lo que determina su inadmisibilidad.
III. La decisión adoptada, desde ya, no perjudica la posibilidad con la que cuenta la parte actora para ocurrir por las vías idóneas a fin de defender los derechos constitucionales que reputa conculcados (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 684 in fine , 336 y concs., CPCC; doctr. causas B. 44.506, "Rolfo", sent. de 7-III-1967; I. 2.170, cit.; I. 2.201, "Search Organización de Seguridad SA", sent. de 27-IV-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar in limine la demanda originaria de inconstitucionalidad (arts. 161 inc. 1 de la Const. prov.; 336 y 684 del CPCC).
Costas a la vencida (art. 68, CPCC).
Considerando la forma en que se ha resuelto la imposición de las costas, no corresponde regular los honorarios de la doctora María Sol Dellamea, quien litiga en causa propia (art. 12 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese (art. 352 inc. 1, CPCC).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:15:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 15:12:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 08:57:53 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 14:47:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2020 08:15:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia