Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76734
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa I. 76.734, "Mackinnon, Ignacio Jorge y otro contra Provincia de Buenos Aires. Demanda Originaria de Inconstitucionalidad de los arts. 23 in fine , 44 y 45 inc. f de la ley 11.044; arts. 9 último párrafo, 23, 36 y 38 del decreto reglamentario 3385/09; 3, resolución 4106/09; 1, resolución N° 4107/09; 1 y 2 resolución 748/12 y, 1 y 2, resolución 003/17 ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Mancini .
I. Los señores Ignacio Jorge Mackinnon y Luis Arturo Wehbe, por apoderado, promovieron la presente demanda en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que esta Corte declare la inconstitucionalidad de los arts. 23 in fine , 44 y 45 inc. "f" de la ley 11.044; 9 último párrafo, 23, 36 y 38 del decreto reglamentario 3.385/08; 3 de la resolución 4.106/09 y 1 de la resolución 4.107/09, ambas del Ministerio de Salud; 1 y 2 de la resolución CP-SAMO 748/12 y 1 y 2 de la resolución CP-SAMO 3/17, por considerar que vulneran preceptos del texto fundamental, afectando sus derechos como investigadores de la salud dentro del subsector privado en el ámbito bonaerense.
II. Corrido el traslado de ley, se presentó el señor Asesor General de Gobierno, contestó la demanda y solicitó su rechazo con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. Agregada la documentación acompañada, producida la prueba, declarado perdido para las partes el derecho que tenían de alegar sobre el mérito de ella, oído el señor Procurador General y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los actores manifiestan que las normas que por esta acción impugnan inciden de manera directa en los procedimientos de autorización de investigaciones en materia de salud, obstaculizando y perjudicando sus intereses profesionales como investigadores que se desarrollan su actividad en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Denuncian que las disposiciones de la ley 11.044, su decreto reglamentario y las resoluciones dictadas en su consecuencia, en lo concerniente al trámite de autorización de un estudio clínico de investigación, afectan y lesionan derechos consagrados en la Constitución provincial, tales como el de trabajar (citan los arts. 11, 27 y 39), a la investigación científica (invocan los arts. 36 inc. 8 segundo párr. y 43) y a la garantía del debido proceso (mencionan los arts. 15, 56 y 57).
I.1. Explican que el procedimiento para la autorización de un protocolo de investigación clínica establecido en la ley 11.044 y su decreto reglamentario consta de dos instancias: una privada, que comienza con la presentación de un protocolo ante el Comité de Ética; y otra administrativa, que inicia con la intervención de la Comisión Conjunta de Investigaciones en Salud (CCIS), organismo inserto en la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Dicen que, en virtud de lo dispuesto en los arts. 1, 23 y 24 de la ley 11.044, reglamentados por el decreto 3.385/08, se establecen dos vías para comenzar el procedimiento de aprobación de un estudio clínico: de un lado, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, de otro, directamente a través del Ministerio de Salud bonaerense. Aclaran que, por disposición nacional (art. 3, disp. ANMAT 6677/10), están obligados a requerir la autorización de la ANMAT en todos los estudios de investigación que, a su finalización, presentarán a registro un producto farmacéutico. Aclaran que de esto trata la inmensa mayoría de los estudios clínicos que se promueven. Precisan que también deben elevarse informes anuales de avance ante el organismo nacional y, semestralmente, ante la CCIS.
Apuntan que la autorización que hubiese otorgado la ANMAT no resulta suficiente para obtener la permisión provincial. De ahí que se produzca una ociosa doble instancia de aprobación de los organismos estatales. De tal modo, creen que la normativa impugnada excede largamente el ejercicio válido del poder de policía, al someter una autorización ya otorgada por el Estado nacional a una subsecuente regulación local.
Sostienen que el ejercicio de competencias concurrentes que la Constitución federal consagra en los arts. 41, 43, 75 incs. 17, 18, 19 y 30 y 125, entre otros, no implica anular el ámbito de actuación de ninguna órbita de gobierno, sino que importa la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, tal como lo es la salud pública. De allí, postulan que si la competencia relativa a la aprobación de investigaciones médicas ya ha sido ejercida por el gobierno nacional, requerir una nueva conformidad del Ministerio de Salud provincial equivale a desconocer el ámbito de actuación de la ANMAT, demorando innecesariamente su autorización con riesgo de que el acuerdo de investigación se cancele.
I.2. A propósito de eso último, cuestionan los plazos contemplados en la reglamentación para la aprobación de los proyectos de investigación. Sostienen que el término de noventa días hábiles administrativos es excesivamente extenso y, por consiguiente, irrazonable. Entienden que viola la garantía del debido proceso, además de constituir una interferencia al pleno goce del derecho a trabajar y a investigar. A su vez, plantean que los investigadores en la Provincia de Buenos Aires están en desventaja frente a colegas de otras provincias, en las que la legislación es más expeditiva en cuanto al procedimiento y sus plazos.
Aclaran que, sin la aprobación o autorización, el patrocinante o laboratorio que impulsa el ensayo clínico no permite iniciar la investigación, pudiendo también dar por anulado el acuerdo y requerir en otros centros y/o países el reclutamiento de participantes para llevar adelante el estudio.
I.3. Aseguran que la ley 11.044 se opone a claras disposiciones de la Constitución provincial y que su reglamentación afecta su derecho a la investigación científica. Refieren que la Provincia no solo ha impuesto como deber del Estado su fomento en pos del desarrollo económico y social para una mejor calidad de vida de la población (art. 43), sino que también ha declarado que el medicamento es un bien social que integra el derecho a la salud (art. 36 inc. 8).
I.4. En otro orden, apuntan que los arts. 4 inc. "e" y 9 de la ley 11.044 establecen que debe obtenerse el consentimiento informado —mediante instrumento público— en el que ha de explicitarse la libre elección por parte del participante, mientras que el art. 5 dispone que la identidad de las personas en la investigación deberá ser resguardada con carácter confidencial y sólo podrán ser identificadas con consentimiento expreso mediante documento público. Notan que el decreto reglamentario 3.385/08 exige que ese consentimiento informado se efectúe ante la presencia de un testigo que esté en condiciones de comprender —de manera cabal e inequívoca— toda la información brindada al sujeto de la investigación, debiendo él mismo firmar el formulario pertinente.
Consideran que estas normas, al incluir otros actores (testigo y escribano) e incorporar el consentimiento informado a un registro público, rompen la confidencialidad médico-paciente y violentan un derecho personalísimo de autonomía y resguardo de "datos sensibles". Expresan, también, que ellas exceden el marco de lo razonable, pues contradicen preceptos superiores (conf. arts. 11 y 43, Const. prov.; 23, 31, 32, 38 y 48, Cód. Civ. y Com.; y tratados internacionales sobre derechos humanos que se invocan).
I.5. Seguidamente, se refieren a la Comisión Conjunta de Investigaciones en Salud (CCIS) creada por la ley 11.044 (v. arts. 44 y 45 inc. "f"; 38 del decreto reglamentario). Cuestionan que ella "rompe [...] con esa característica esencial, cual es la independencia del CEI para analizar y aprobar el proyecto de investigación". Afirman que la intervención de la CCIS es a título de "mera evaluación", de modo tal que las aludidas disposiciones son inconstitucionales porque se traducen en una inadmisible intromisión del Estado en la labor que desarrolla el Comité Ético de Investigación (CEI).
A su vez, ponen en duda la legitimidad del Comité de Ética Central (CEE), creado por la resolución 4.107/09 como organismo consultivo y de evaluación. Afirman que la inconstitucionalidad de esta norma deriva del hecho de que hubo una clara desviación, tanto del contenido como de la ratio legis de la ley 11.044, puesto que en ninguna de sus disposiciones se habilita la creación de un organismo de ese tenor.
I.6. Finalmente, plantean la inconstitucionalidad de las resoluciones 748/12 y 3/17 del Consejo Provincial del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), por las que se aprobó el "Módulo para la Docencia e Investigación", en cuyo Anexo único se establece un "arancel administrativo" obligatorio tanto para solicitudes de aprobación de protocolos nuevos como para enmiendas. Subrayan el exceso de esta reglamentación al no contener la ley 11.044 ninguna disposición que habilite semejante imposición. Destacan que estas resoluciones se fundan en el decreto ley 8.801/77 y su decreto reglamentario 1.158/79, por lo que difícilmente puedan vincularse con la investigación clínica regulada por aquella ley.
II. El señor Asesor General de Gobierno contestó la demanda.
II.1. Tras delinear los fundamentos esgrimidos por los actores con relación a cada una de las normas atacadas, asevera que de los términos del escrito postulatorio surge que los demandantes sólo han efectuado planteos de ilegalidad (o eventualmente, "inconstitucionalidad refleja") en la mayoría de sus impugnaciones, por lo que no serían materia de la acción originaria instada. Manifiesta por eso que, pese a lo extenso del escrito de demanda, la crítica constitucional es insuficiente.
II.2. Subsidiariamente, responde sobre el mérito del reclamo.
II.2.a. Ante todo, señala que la ley 11.044 y su reglamentación tienen por finalidad establecer un marco de tutela adecuado para las personas que —voluntariamente— se someten a investigaciones científicas y/o clínicas, prescribiendo sobre sus derechos, la seguridad y el bienestar de aquellas durante y después de los estudios en los que colaboraron.
Precisa que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los arts. 103 inc. 13 y 144 de la Constitución provincial, la Legislatura y el Poder Ejecutivo han instituido uno de los tantos regímenes dirigidos a asegurar el acceso a la salud de los bonaerenses, en cumplimiento de la manda fundamental del art. 36 inc. 8 de la carta local.
Subraya que, para eso, la referida ley creó la Comisión Conjunta de Investigaciones en Salud (CCIS) y dos comités centrales (Comité de Ética Central —CEC— y de Investigación Central —CIC—), todos en el ámbito del Ministerio de Salud.
Agrega que, también, contempla las tareas y funciones de los comités de Ética Independiente (CEI) y de Investigación Independiente (CII) de establecimientos o instituciones de salud del ámbito público, privado y de las obras sociales.
Remarca que mientras estos últimos intervienen principalmente en la formulación del protocolo de investigación y tienen a su cargo la supervisión del estudio en desarrollo, los órganos dependientes de la autoridad de aplicación de la ley (Ministerio de Salud) —el CCIS y los CEC y CIC— tienen por función esencial asesorar a dicha cartera y dictaminar sobre aquellos protocolos de investigación que son sometidos a aprobación.
Afirma que, de acuerdo con el diagrama delineado por la ley 11.044 y la distribución de funciones y tareas establecidas en el decreto reglamentario 3.385/08, los aludidos organismos (CCIS, CEC y CIC) han sido creados para procurar un desempeño eficiente de la organización administrativa, dirigida al buen orden y custodia de la función en materia de salud y resguardo de la integridad física de las personas que participan en investigaciones médicas.
Alerta que, en caso de prosperar la demanda, la potestad de control y fiscalización que le compete en forma indelegable al Estado provincial quedaría anulada.
II.2.b. Refuta el planteo de inconstitucionalidad de las disposiciones que reglamentan el consentimiento informado del participante voluntario del estudio de investigación científica.
II.2.c. En orden al plazo de noventa días hábiles contemplado en el art. 3 de la resolución 4.107/09 del Ministerio de Salud, niega que pueda proceder aquí la declaración de inconstitucionalidad, toda vez que los actores no han puesto en evidencia un verdadero perjuicio.
Repele asimismo el argumento ensayado por los demandantes, de que quienes financian estudios de investigación concurrirán a otras jurisdicciones en las que rijan plazos más cortos. Esto, al señalar que las encuestas de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y de la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica que fueron acompañadas a la demanda, dan cuenta de que la Provincia de Buenos Aires recibe anualmente más protocolos que el resto de las provincias que se mencionan.
II.2.d. Por último, afirma que carece de fundamento la impugnación del arancelamiento de la tarea de investigación dispuesta en las resoluciones CP SAMO 748/12 y 3/17, pues aquel está expresamente contemplado en el art. 42 último párrafo de la ley 11.044.
III. El señor Procurador General emitió dictamen, aconsejando el rechazo de la demanda por considerar que los actores no han logrado demostrar el agravio constitucional invocado, toda vez que su presentación expone no más que una mera disconformidad con el régimen jurídico vigente, sin crítica efectiva a los fines de la procedencia de la acción originaria (v. dictamen de fecha 7-VI-2023).
IV. Posteriormente al llamamiento de autos para sentencia (v. despacho de 9-VI-2023) fue sancionada la ley 15.462 (B.O.P. de 24-X-2023), que consagró un nuevo marco regulatorio para la actividad de investigación en salud humana y derogó la ley 11.044, sus modificatorias y, por implicancia, desvirtuó las normas reglamentarias impugnadas en autos.
Con eso, su dictado sin dudas ha innovado en la disputa.
IV.1. Entre sus fundamentos, la ley 15.462 refiere que la ley 11.044 fue sancionada en el año 1990, antes de que en la República Argentina existiese un régimen nacional en materia de investigación. Precisa, además, que el dictado de la primera disposición sobre buenas prácticas por parte de la ANMAT (disp. 5330/97) marcó el inicio de la reglamentación federal en investigación farmacológica, siendo competencia del mencionado organismo la aprobación de ensayos clínicos con la finalidad de registro de medicamentos.
Señala, también, que desde aquella primera norma reglamentaria "...ha existido una posible superposición de funciones entre el organismo federal y la ley provincial, detectándose una serie de trámites y aprobaciones superpuestas..." que no ha contribuido a la protección de sujetos, sino a conformar una burocracia sin finalidad específica.
Pone de resalto que el Código Civil y Comercial de la Nación consagró un régimen de derechos personalísimos con incidencia en el ámbito de la salud, y que los preceptos contenidos en los arts. 58 y 59 influyen directamente en la investigación en seres humanos.
Seguidamente, apunta que la resolución 4008 de la ANMAT destaca el rol fiscalizador y de control de organismos provinciales de investigación a través del régimen de acreditación de comités, por lo que manifiesta que la ley 11.044 debió haber acentuado esas precisas funciones y no superponerse con el rol de los organismos federales, que por ley son competentes para la aprobación en todo el país.
Expresa que, en función de las modificaciones legislativas y los solapamientos antes referidos, lo que se vino a proponer es la actualización de la ley 11.044, a fin de agilizar los procesos administrativos, actualizar el régimen de protección de los sujetos participantes en investigaciones, realzar el sistema de derechos personalísimos y derechos humanos surgido con posterioridad al año 1990 y, a la vez, reforzar el poder de policía de la jurisdicción provincial en materia de investigación científica. Esto último, en armonía con la competencia nacional en el mismo tema.
IV.2. Así las cosas, la nueva ley modificó aquello que antes estaba regulado en el art. 23 de la norma derogada, exceptuando de la aprobación del Ministerio de Salud a aquellos "...proyectos de investigación que deban ser aprobados por organismo nacionales competentes en la materia". En este caso, aclara que "...el estudio de investigación no dará inicio al reclutamiento en la Provincia de Buenos Aires si no se encuentra aprobado por la autoridad nacional competente por ley, y si no se encuentra registrado en el Ministerio de Salud con posterioridad a la aprobación nacional, según corresponda" (v. art. 24).
A su vez, el antiguo contenido del art. 45 inc. "f" de la ley 11.044 ha sido sustituido, en el sentido de que es función de la CCIS (que ahora cuenta con distinta composición, v. art. 45, ley 15.462) "...emitir los dictámenes correspondientes a los protocolos de aquellas investigaciones que requieran autorización directa del Ministerio de Salud, ya sean estudios desarrollados por el propio Ministerio como centro de investigación o estudios de alto riesgo que no deban ser evaluados por autoridades nacionales o federales competentes". Es decir, que se suprimió el dictamen de la mencionada comisión en supuestos en que el estudio ya hubiese sido aprobado por la autoridad nacional (v. art. 46 inc. "d").
También se ha previsto que el CCIS establecerá "...los requisitos para el Registro Provincial de Investigaciones en Salud, incluyendo los requisitos administrativos y/o arancelarios" (art. 46 inc. "g").
De otro lado, fueron modificadas las normas vinculadas con el consentimiento informado, en particular, aquello que decían los derogados arts. 4 inc. "e" y 9, al eliminarse la exigencia de obtener el consentimiento informado mediante "instrumento público" (v. arts. 4 inc. "e" y 9, ley 15.462).
En suma, es claro que a raíz del rotundo cambio normativo instado por la Legislatura ha quedado modificada la situación que diera origen a la presente demanda.
V.1. Esta Suprema Corte ha sostenido que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un interés real en su determinación (doctr. causas B. 49.206, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I, pág. 363 y sus citas; B. 53.370, "Prando de Quitegui", sent. de 17-VI-1997; I. 73.782, "Durrieu", sent. de 6-VI-2018; e.o.). Es decir, que exista un conflicto a dirimir: un "caso o controversia", extremo inherente al ejercicio válido de la función judicial (doctr. arts. 161 inc. 1 y 166 in fine , Const. prov.; causas B. 67.594, "Gobernador de la Provincia", sent. de 25-II-2004; B. 64.314, "Castagnari", sent. de 14-XI-2007 e I. 75.772, "Pujol", resol. de 27-XI-2019; v. tmb. art. 116, Const. nac. y CSJN Fallos: 275:282; 313:863; 321:1252; 322:528; 323:1339; 323:4098; 326:3007; 337:627; 346:970; 347:321; e.o.). Se trata de un recaudo que ha de verificarse en todo momento (CSJN Fallos: 342:853). Pero muy especialmente, cuando la intervención de la judicatura ha sido requerida con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de una ley, acto de suma gravedad considerado siempre de ultima ratio (conf. doctr. causa I. 2.289, "Municipalidad de La Costa", sent. de 24-VI-2020).
Es así como, aunque la causa de una pretensión haya podido presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se tor
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.