Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76485
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la medida cautelar peticionada por la actora con fecha 28 de junio de 2020 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
I.76.485 “FLORES PIRAN, MARÍA GABRIELA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DEMANDA ORIGINARIA DE INCONSTITUCIONALIDAD LEY 15.170”
I. La señora María Gabriela Flores Pirán, a través de apoderado, promueve acción originaria de inconstitucionalidad en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de los arts. 4, 9 y 10 de la ley 15.170 –Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires-, vigente para el año 2020 (B.O. 1-I-2020), que establecen los coeficientes de actualización de las valuaciones fiscales y la base imponible para la determinación del Impuesto Inmobiliario Rural y fijan las escalas de alícuotas aplicables para su pago.
La accionante manifiesta, en primer lugar, ser propietaria de dos inmuebles individualizados bajo las Partidas 014-037218-8 y 014-037219-6, ambos ubicados en la localidad de Campana.
En virtud de ello, alega que los preceptos impugnados, al basarse en parámetros pura y exclusivamente objetivos, resultan contrarios al derecho de propiedad y a los principios de capacidad contributiva, igualdad, razonabilidad y no confiscatoriedad, consagrados en los arts. 10, 11, 31, 32, 35 y 57 de la Carta local y en los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución nacional.
Relata que los terrenos poseen una excesiva presencia de agua y carecen de espacios porosos, lo que produce el afloramiento de una capa freática en la superficie y conlleva a que el índice de productividad se encuentre extremadamente por debajo del calculado sobre un inmueble de similares características, pero que no se halla afectado por la serie de factores topográficos, climáticos y geográficos que detalla.
En razón de esto, sostiene que, al excluirse de las bases aplicables para la determinación del tributo ciertas cuestiones vinculadas con los contribuyentes, éste, en el caso particular, deviene indefectiblemente en confiscatorio y desproporcionado, por cuanto insume una porción sustancial de la renta que pueden generar los predios. Así, afirma que este cuadro de situación derivaría en la necesidad de desprenderse de activos para poder afrontar el pago del gravamen.
Aclara que en autos no se cuestiona, de modo alguno, la valuación de los referidos terrenos. En este punto, señala que ha solicitado a las autoridades catastrales la revisión correspondiente y que, en virtud de ello, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) –a través del área de Gestión e Información Territorial Multifinalitaria- dictó la disposición 6679/2012, en el marco del expediente administrativo N° 2360-389218/2012, mediante la cual se precisaron las pautas para su estimación. Sin embargo, entiende que debe brindarse una solución particular para las fincas de baja productividad, con independencia del valor asignado a la tierra.
Resalta que es el conjunto de normas que delimita el hecho imponible del tributo el que apareja la invalidez constitucional en el caso concreto, pues se aparta de la realidad económica de quien acciona. Destaca que, para el período fiscal 2020, la rentabilidad anual neta potencial del inmueble identificado con la Partida 014-037219-6 rondaría los $616.768 y respecto del terreno correspondiente a la Partida 014-037218-8 los $154.192, mientras que el impuesto determinado sería de $873.196 y $120.816,80, respectivamente, lo que importaría una incidencia del gravamen sobre la rentabilidad del 141,58% en el primer supuesto y del 78,35% en el segundo.
Por último, solicita, cautelarmente, que se suspenda la aplicación de los preceptos cuestionados a la accionante y que se ordene a la Provincia de Buenos Aires y a la ARBA que se abstengan de adoptar cualquier medida administrativa o judicial tendiente al cobro del impuesto y su adicional; esto, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones.
II. Este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria, atento la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (cfr. causas I. 3.024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944, "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 71.446, "Fundación Biosfera", resol. de 24-V-2011 e I. 74.048, "ATE", resol. de 24-V-2016; e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
A la luz de los parámetros señalados, se debe analizar si en la especie se encuentran reunidos los extremos requeridos por la ley procesal inherentes a la petición precautoria, sopesando su concurrencia en el asunto traído a conocimiento del Tribunal (arg. arts. 230, 232 y concs., CPCC).
III.1. En relación a la verosimilitud del derecho, debe tenerse en cuenta que la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (cfr. CSJN Fallos: 312:1010 y sus citas), razón por la cual el análisis de medidas cautelares en materia tributaria impone una particular estrictez en la constatación de sus requisitos de procedencia (doctr. causas I. 72.222, "La Cucha SA", resol. de 10-VII-2013; I. 72.086, "Supercanal SA", resol. de 3-IV-2014; I. 72.987, "Traverso", resol. de 12-IV-2017 e I. 75.815, "Goyeneche", resol. de 26-XII-2019, e.o.).
En este punto, la actora se limita a sostener que la confiscatoriedad del impuesto "se evidencia de manera clara y concreta con la prueba documental aportada y la restante ofrecida".
Al respecto, cabe señalar que las impugnaciones basadas en la cuantía del tributo sólo deben acogerse en caso de que se demuestre con nitidez que su aplicación resulta prohibitiva, destructiva o confiscatoria de la capacidad contributiva gravada (cfr. causa I. 1183, "Nida", sent. de 31-V-1988, e.o.), extremo que aún no se encuentra corroborado, pese a las alegaciones vertidas en contrario.
En consecuencia, la verosimilitud del derecho no aparece acreditada, desde este punto de vista y por el momento, con la claridad que un despacho cautelar como el requerido exige, tratándose de un asunto que precisa un mayor caudal probatorio, que sólo podrá ser integrado al proceso como resultado de su propio desarrollo, permitiendo así un juicio razonado sobre bases sólidas (doctr. causas I. 70.772, "Asociación de Usuarios de Motovehículos de Argentina", resol. de 14-VIII-2010; I. 71.307, "Garibaldi", resol. de 11-VII-2012 e I. 75.141, "Banco Santander Río SA", resol. de 5-XII-2018, e.o.).
III.2. Tampoco concurre en la especie un supuesto de peligro en la demora que justifique la concesión del remedio precautorio solicitado (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
En esta parcela es preciso indagar tanto el gravamen que podría producirse si al cabo del proceso el precepto de las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales, como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dichos artículos, en caso de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión (cfr. causa B. 65.158, "Burgués", resol. de 30-IV-2003).
En virtud de tal análisis, dado que por el momento y por el estado procesal de la causa no existen elementos que permitan cotejar la repercusión de la normativa en la concreta situación económica y financiera de quien acciona, no es posible hacer lugar a la medida suspensiva peticionada (doctr. causa I. 72.233, "International Value SA", resol. de 23-IX-2015; CSJN Fallos: 319:633).
Es que, el menoscabo económico que aduce padecer la actora por el cobro del impuesto no se desprende suficientemente de las constancias agregadas en la causa y, en buena medida, se encuentra sujeto a la producción de la prueba ofrecida en la demanda. Ello, incluso, de acuerdo a lo manifestado en el propio escrito postulatorio, tal como fuera señalado en el apartado precedente.
A mayor abundamiento, la accionante funda su pedido en que "si al vencimiento de la obligación de la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural que opera el día 07-IV-2020 (conforme lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución 04/2020, Anexo I), mi mandante no abona el tributo en cuestión, el Código Fiscal vigente autoriza a la Provincia de Buenos Aires a iniciarle juicio de apremio sin previa intimación de pago, tal como se encuentra previsto en los artículos 42 y el inciso d) del artículo 104 de dicho cuerpo normativo".
Ahora bien, considerando que la presente acción fue interpuesta el día 28 de junio del corriente año, de la mera lectura del pasaje citado se advierte que el hecho eventual e hipotético invocado en sustento de la tutela requerida -esto es, el inminente devengamiento de la obligación tributaria-, tuvo lugar hace más de tres meses del inicio de este proceso. Siendo así, no resulta idóneo para acreditar la concurrencia del presupuesto precautorio bajo estudio.
IV. Por tales razones, sin que lo anterior implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, no corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la accionante (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC; doctr. causas I. 71.668, "Sulimp", resol. de 8-VIII-2012; I. 72.269, "CEAMSE", resol. de 6-XI-2012; B. 72.230, "Pereyra Iraola", resol. de 23-XII-2013; B. 72.232, "Candia", resol. de 23-XII-2013; B. 72.236, "Urien", resol. de 23-XII-2013; B. 72.234, "Arrillaga", resol. de 5-III-2014; I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018; I. 75.353, "Gonzalez de Souza", resol. de 7-III-2019, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la medida cautelar peticionada por la actora con fecha 28 de junio de 2020 (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC).
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/10/2020 10:15:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 12:21:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/10/2020 18:04:26 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2020 08:29:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 12:58:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2020 17:00:34 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia