Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 76485
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la excepción de incompetencia planteada por el señor Asesor General de Gobierno (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y 684, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
I.76.485 “FLORES PIRAN, MARÍA GABRIELA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DEMANDA ORIGINARIA DE INCONSTITUCIONALIDAD LEY 15.170”
I. Con fecha 10 de junio de 2021, se presenta el Asesor General de Gobierno y deduce excepción de incompetencia, esgrimiendo una serie de impedimentos formales respecto de la demanda deducida por la señora María Gabriela Flores Pirán.
En primer lugar, sostiene que el planteo de inconstitucionalidad articulado se erige en los perjuicios derivados de la lesión a los derechos de la actora frente a la inminente o efectiva aplicación de la norma cuestionada. Bajo tal entendimiento, afirma que la pretensión incoada no se dirige a controvertir el contenido normativo de las disposiciones impositivas puestas en crisis, sino que el reproche halla su base en las presuntas consecuencias disvaliosas que los arts. 4, 9 y 10 de la ley 15.170 provocarían en la situación particular de la demandante, lo que resulta ajeno a la vía de embate prevista en los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 del Código Procesal Civil y Comercial.
En segundo término, alega que el plazo de caducidad contemplado en el art. 684 del ordenamiento de rito para entablar este tipo de acciones se encontraría vencido, toda vez que el agravio denunciado tendría su origen en lo establecido en los arts. 169 y 170 del Código Fiscal -t.o. 2011- que determinan el hecho imponible del Impuesto Inmobiliario, o bien, en el revalúo dispuesto por el decreto 442/12.
Por último, arguye que el caso se encuentra insuficientemente fundado. Ello así, dado que la actora -a su entender- no explica ni relata cómo los artículos en crisis modifican o afectan confiscatoriamente su patrimonio. Asimismo, estima que no se ha ofrecido prueba pertinente que permita acreditar los extremos fácticos-tributarios invocados en el escrito postulatorio.
Luego, el 17 del mismo mes y año, contesta la demanda sobre el fondo del asunto, oportunidad en la que realiza una defensa de la constitucionalidad de los preceptos en pugna.
II. Sustanciada la defensa previa opuesta, la parte actora la resiste alegando que en el sub lite se cuestiona la previsión objetiva de la norma que omite considerar la capacidad productiva de los inmuebles para la valuación y posterior cálculo del Impuesto Inmobiliario Rural, efectuando un confronte en abstracto de los preceptos impugnados con los derechos y principios constitucionales que entiende vulnerados. En otro orden, manifiesta que el plazo de caducidad debe correr desde la fecha de entrada en vigencia de la ley impositiva cuya validez se ataca, dado que serían los mecanismos de actualización incorporados en la norma los que -según su parecer- resultan inconstitucionales. Finalmente, asevera que en el escrito inaugural no sólo se expuso con claridad la incidencia del impuesto sobre la rentabilidad de cada inmueble, sino también que se acompañó y ofrecieron medios probatorios idóneos para demostrar la distorsión económica denunciada (v. presentación electrónica de fecha 24-VIII-2021).
Corresponde, entonces, abordar el análisis de las objeciones relativas a la admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad deducida.
III. Es útil comenzar recordando que conforme lo dispone el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial, la Suprema Corte de Justicia ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver "...acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada" de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por ende, el ámbito de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto.
Así, este Tribunal ha señalado que en la acción originaria de inconstitucionalidad resultan improcedentes los planteos que no consisten en la validez constitucional de una norma considerada en sí misma, sino que versan sobre la aplicación de ella al interesado, pues si bien la actuación concreta de un precepto puede afectar principios constitucionales, ello nada tiene que ver con la validez en abstracto, que es lo único que puede discutirse mediante la mencionada acción (conf. causas I. 1.308, "Abasto Mar del Plata S.A.", sent. de 28-VI-1994; I. 1.616, "Marsiglia", sent. de 8-IX-1998; I. 2.171, "Bayón", resol. de 2-V-1999 e I. 76.437, "Gini", resol. de 25-XI-2020); e.o.), de manera que en la ponderación de la validez constitucional de una norma no resultan atendibles los agravios que sólo constituyen una consecuencia de su aplicación y no la previsión objetiva del precepto cuestionado (conf. causas I. 1.335, "Club Atlético Brown", sent. de 27-IX-1994; I. 68.276, "Empresa de Transportes 25 de mayo S.R.L.", resol. de 21-X-2005; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011; I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013; I. 74.293, "Suárez", resol. de 7-IX-2016; e.o.).
En definitiva, el objeto primario de la instancia prevista por el art. 161, inc. 1 de la Constitución provincial reside en la verificación de la validez de la norma considerada en sí misma, sin que ello importe -obvio es reconocer- que deban desatenderse por completo los perjuicios derivados de la lesión a los derechos de la parte interesada y que resulten ser consecuencia de su inminente o efectiva aplicación. De lo contrario, no habría "caso" ni "legitimación", requisitoséstos que se infieren a partir de la situación fáctica en que se enmarca la pretensión (conf. art. 683 y sigs., CPCC; y causa I. 72.580, cit.).
Siguiendo tales premisas, es dable ponderar que el embate de la parte actora involucra el escrutinio de los arts. 4, 9 y 10 de la ley 15.170 a la luz de lo previsto en los arts. 10, 11, 31, 32, 36, 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y, de manera coadyuvante, de lo normado en los arts. 14, 17 y 28 de la Carta nacional.
En este sentido, la línea argumental esbozada en el escrito inaugural, que da cuenta de la situación fáctica de la señora Flores Pirán frente al Impuesto Inmobiliario Rural, no sólo procura encuadrar la acción instada en relación a la existencia de un “caso” y legitimación para actuar de quien inicia este litigio -tal como lo reconoce la demandada-, sino también intenta demostrar los extremos alegados en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad y de los principios de no confiscatoriedad y razonabilidad.
Siendo así, no resulta posible afirmar que el agravio esgrimido en el marco de las presentes actuaciones resida en la interpretación o el alcance conferido a las disposiciones en pugna mediante el cuestionamiento de un acto concreto de aplicación, lo que excedería los límites de la jurisdicción reservada a la Suprema Corte por el art. 161 inc. 1º de la Constitución provincial, pues ello importaría valorar las previsiones normativas en mérito a factores extraños a ellas (conf. doctr. causas I. 1.248, "Sancho", sent. de 15-V-1990; I. 1.608, "Nowinski", sent. de 5-XII-1995; I. 1.655, "Mosquera", sent. de 28-XI-2001; I. 2.179, "Jaroslavsky", sent. de 30-XI-2011; I. 72.580, "Florentin", resol. de 8-V-2013; I. 2.129, "Asociación de Diseñadores Gráficos Nicoleños (A.Di.Gra.N)", sent. de 13-VII-2016; I. 74.293, "Suárez", resol. de 7-IX-2016; I. 69.624, "Stampi Sanguineti S.A.", sent. de 8-V-2019; e.o.).
Evaluada la situación de tal modo y a la luz del principio pro actione , el planteo formulado en este punto debe ser desestimado.
IV.1. Sentado lo que antecede, corresponde analizar la cuestión relativa a la tempestividad de la demanda entablada.
Al respecto, es dable señalar que ambas partes coinciden en el carácter pecuniario de la pretensión deducida y la consiguiente aplicación del plazo de caducidad establecido en el art. 684 del código de rito; sin embargo, discrepan en el momento a partir del cual debe iniciar su cómputo.
En efecto, la actora sostiene que el término de 30 días para promover la demanda debe correr desde la entrada en vigencia de la ley 15.170, circunstancia que tuvo lugar el día 10 de enero de 2020 al publicarse la ley impositiva en el Boletín Oficial, dado que es allí donde se introducen los mecanismos de actualización del tributo que le ocasionarían el perjuicio denunciado. Así, efectúa una reseña de las resoluciones emitidas por este Tribunal que suspendieron los términos procesales en virtud de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y, por ende, concluye que la interposición de su escrito inicial ha sido oportuna.
Por el contrario, el Asesor General de Gobierno afirma que la demanda se dedujo en forma extemporánea, tras estimar que los supuestos menoscabos expuestos encuentran su origen en lo normado en los arts. 169 y 170 del Código Fiscal -t.o. 2011-, o bien, en el revalúo inmobiliario dispuesto por decreto 442/12. En consecuencia, infiere que el dies a quo para el cálculo del plazo de caducidad debería fijarse en el año 1987 o en el día 31 de mayo de 2012, puesto que “en dicha oportunidad la Provincia habría ponderado y decidido sobre la situación poco rentable de sus parcelas rurales y la capacidad contributiva que la accionante ahora denuncia en esta litis ”. Luego, puntualiza que “en uno de estos dos momentos la actora estuvo en condiciones de tomar conocimiento del contenido y modo de estimar las consecuencias perjudiciales que le generaría el impuesto inmobiliario” (v. puntos 3.c.2 y 3.d de la presentación electrónica de fecha 10-VI-2021).
IV.2. De los términos del escrito de inicio se extrae que la naturaleza de la norma cuestionada y los agravios en los que se funda la impugnación revisten un contenido eminentemente patrimonial. Ello impone –tal como indican las partes- la aplicación de la regla prevista en el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial, conforme a la cual la demanda originaria de inconstitucionalidad deberá interponerse dentro del plazo de treinta días (doctr. causas I. 70.883, "D'Argenio", resol. de 19-V-2010; I. 69.175, "Distribuidora REL S.R.L.", resol. de 13-IV-2011; I. 1.861, "Rodríguez", sent. de 1-VI-2011; I. 74.191, "Antivari S.A.", resol. de 10-VIII-2016; "Bolsa de Cereales, Oleaginosos, Frutos y Productos de Bahía Blanca", resol. de 27-VI-2018; I. 74.210, "Bolsatodo S.R.L.", resol. de 21-XI-20118; I. 72.214, "Quiet S.A.", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
Es necesario, por lo tanto, determinar la fecha en la que comenzó a correr dicho término para decidir acerca de la tempestividad de la pretensión articulada.
De acuerdo a la norma referida, el plazo aludido debe computarse "…desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor"; con lo cual, más allá del supuesto en que la pretensión es ejercida con finalidad preventiva, el momento a partir del cual comienza a correr dicho término es una cuestión de hecho que ha de verificarse en cada caso (doctr. causas I. 1.591, "González", sent. de 20-X-1998; I. 2.148, "Mule", sent. de 21-V-2008; I. 3.231, "Supermercados Norte S.A.", sent. de 15-XII-2015; I. 74.210, cit.; I. 72.510, "Tarasiuk", resol. de 17-X-2018; I. 72.214, cit.; e.o.).
Sobre esa base, esta Suprema Corte ha sostenido que, si del relato y los antecedentes de la causa surge que la afectación de la situación invocada por quien acciona se produjo con el dictado de la norma que cuestiona por establecerse en ella la obligación pecuniaria aplicable a su situación y por quedar con su vigencia sujeto al cumplimiento de tal imposición, el plazo de caducidad debe computarse desde aquel momento (doctr. causas I. 1.854, "Lamano", resol. de 11-X-1995; I. 2.148, cit.; I. 74.210, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
También se ha dicho que el art. 684 del código de rito no exige el dictado de un acto administrativo de alcance particular para considerar afectados de modo concreto los derechos patrimoniales de los contribuyentes comprendidos en las normas atacadas y, por tanto, sujetos a la obligación de pago del impuesto en cuestión. Lo determinante del caso, a efectos de iniciar el cómputo del plazo de caducidad, es que de los hechos acreditados en la causa resulte inequívoca la aplicación del precepto impugnado a quien persigue su declaración de inconstitucionalidad (doctr. causas I. 1.514, "Chirdo", resol. de 23-IV-1991; I. 1.513, "Merlo", resol. de 18-V-1991; I. 1.329, "Playamar S.R.L.", sent. de 10-XII-1992; I. 1.451, "Clínica Cosme Argerich", sent. de 5-III-1996; I. 2009, "Falocco", sent. de 7-X-1997; I. 2.151, "Smaldini", resol. de 8-IX-1998; I. 1.607, "Hidalgo", sent. de 13-IV-1999; I. 2.160, "Parque Eterno C.A.", resol. de 27-IV-1999; I. 2.219, "Serrano González", sent. de 3-IV-2008 e I. 2.148, cit.; I. 72.214, cit.; e.o.).
IV.3. Conforme lo expuesto, cabe ponderar que en las presentes actuaciones se cuestiona la validez constitucional de los arts. 4, 9 y 10 de la ley 15.170, en cuanto establecen para el ejercicio fiscal 2020: a) el coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales básicas para los inmuebles pertenecientes a la Planta Urbana y para las edificaciones y/o mejoras ubicadas y para la tierra libre de mejoras pertenecientes a la Planta Rural; b) el coeficiente para fijar la base imponible para la determinación del Impuesto Inmobiliario de la Planta Rural; y c) las escalas de alícuotas a los efectos del pago del mencionado tributo.
De ello se extrae que la actora circunscribe la cuestión litigiosa al examen de la validez constitucional de los citados preceptos, por considerar que es a través de la introducción de los nuevos coeficientes y escalas de alícuotas aplicables para el cálculo del quantum a abonar por el mencionado tributo que se produce el perjuicio que alega padecer; cuestionamiento que, en esta instancia, resulta admisible.
En efecto, al pretender ahora la demandada que el plazo previsto en el art. 684 del código de rito se establezca en el momento de la entrada en vigencia de la ley 10.397 que sancionó el Código Fiscal (B.O. N°20.785 de 3-VII-1986) o bien desde la publicación del decreto 442/12 -esto es, el día 31-V-2012-, modifica o altera el objeto primario de la demanda esgrimida. Es que la atendibilidad de los argumentos vertidos por el Asesor General de Gobierno para dilucidar la procedencia o no del planteo constitucional tal como ha sido articulado y las restantes consideraciones que quepa efectuar en torno al mérito de la pretensión deducida resultan ser cuestiones que deberán ser abordadas a la hora de emitir el pronunciamiento definitivo sobre el asunto sometido a conocimiento de este Tribunal.
De acuerdo a lo antedicho y atento los términos del escrito postulatorio, es posible concluir que los agravios invocados como fundamento de la acción –y, con ello, el dies a quo para acudir por esta vía- se produjeron a partir de la publicación de la ley 15.170 (B.O. de 10-I-2020). Esto pues, a partir de allí, la actora estuvo en condiciones de tomar conocimiento del contenido de la norma controvertida y, de ese modo, estimar las consecuencias perjudiciales que su aplicación podía aparejar.
Bajo estos parámetros, se advierte que el plazo de caducidad de 30 días para instar la presente acción se encontraba vigente al 28 de junio de 2020, día en que se interpuso la demanda, teniendo en vista la suspensión de los términos procesales inicialmente dispuesta por resolución SCBA 386/20, las subsiguientes resoluciones de Presidencia 14/20, 18/20, 21/20, 25/20 y 30/20, las prórrogas y modificaciones decretadas por resoluciones SCBA 480/20, 535/20, 558/20 y la habilitación para el ingreso, recepción y distribución de causas prevista en la resolución SCBA 593/20.
V. Finalmente, el Asesor General de Gobierno se opone a la admisibilidad de la demanda entablada aduciendo que la actora no explica ni relata cómo los artículos controvertidos modifican o afectan confiscatoriamente su situación patrimonial. Asimismo, manifiesta que “tampoco contrasta lo liquidado (y/o abonado) por el Impuesto Inmobiliario en el año 2019 con relación al año 2020, a fin de probar que se produjo un incremento sustancial y de grado confiscatorio”, agregando luego que la prueba ofrecida en el escrito inicial no resulta idónea para demostrar, como se alega, el carácter distorsivo del tributo (v. punto 4 de la presentación electrónica de fecha 10-VI-2020).
Ahora bien, cabe señalar que de la mera lectura de las afirmaciones enunciadas se desprende que este tipo de denuncias se orientan a descalificar la concurrencia de los extremos de hecho necesarios para acreditar el agravio en que la señora Flores Pirán funda su pretensión. Así pues, deviene necesario destacar que los planteos relativos a la existencia u orfandad de elementos de convicción que permitan tener por acreditadas las circunstancias fácticas que sustentan las postulaciones sometidas a conocimiento de este Tribunal resultan impropias de esta etapa procesal, siendo materia privativa de la sentencia de mérito, por lo que no atañe en esta oportunidad adentrarse en su tratamiento (conf. arts. 163 y 384, CPCC).
VI. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar las objeciones formuladas por la Provincia en torno a la admisibilidad de la acción originaria de inconstitucionalidad entablada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar la excepción de incompetencia planteada por el señor Asesor General de Gobierno (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y 684, CPCC). Con costas (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:51:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2021 12:26:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 08:16:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:11:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:41:19 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2021 11:14:45 hs. bajo el número RR-858-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia