Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 5762
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a los AGRAVIOS expuestos por la parte actora, revocar la sentencia de Primera Instancia en todas sus partes y en su consecuencia.
2Hacer lugar a la DEMANDA entablada por Sandra Elizabet Denegri y condenar a la parte demandada “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” a abonar a favor de la actora el importe de pesos: a) OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000,00) en concepto de valor del vehículo, b) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de privación de uso; c) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de daño moral; d) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de daño punitivo, sumas que deberán ser abonadas dentro del plazo de 10 días de quedar firme la presente f) disponer que los intereses se computaran desde el día 23/11/2013 (arg. arts. 46 y 56 de la ley 17418) a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha denunciada -23/11/2013- hasta el día de su efectivo pago
3Imponer las costas generadas en Primera y Segunda a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).
4Dejar sin efecto la regulación de honorarios y sus respectivos recursos de apelación, atento a la forma en que se resuelve.
5Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL DENEGRI SANDRA ELISABET C/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
CAUSA NRO.5762/1 JUZ CIV. NRO. 1 RSD: 118 /1 FOLIO NRO.:1013
En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza, para dictar pronunciamiento en los autos caratulados:
“Denegri Sandra Elisabet c/ Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada s/ cumplimiento de contratos” (5762/1), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Taraborrelli –Dr. Pérez Catella- Dr. Posca- resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
2. cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso A fs. 377/384 la Sra. Juez de la instancia de grado resolvió rechazar la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por Denegri Sandra Elizabet contra Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, impuso las costas a la parte actora y reguló honorarios profesionales en porcentajes. Contra dicha sentencia apeló la parte actora cen fecha 13/07/2018, recurso que fuera concedido libremente en fecha 02/08/2018.
Por lo cual, una vez en condiciones en fecha 27/12/2018 se elevan las presentes actuaciones siendo radicadas ante esta Alzada a fs. 409, poniéndose los autos en secretaria a fs. 410, habiendo expresado agravios la parte actora conforme proveído de fs. 418 –presentación electrónica de fs. 413/417-, corriéndose el respectivo traslado de ley a fs. 418 pto. II, siendo contestado por la demandada conforme proveído de fs. 422 pto. I. Finalmente, pasaron los autos para sentencia a fs. 422 pto. II y se practicó el sorteo de vocalía a fs. 423.
II. Fundamentación de los agravios. Agravios de la parte actora Con fecha 21/02/2019 mediante presentación electrónica, la parte actora expresó agravios, centrando sus críticas contra el rechazo de la acción intentada. En efecto, destaca que: 1) le agravia que la magistrada de grado haya hecho lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la demandada Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., y con ello haya fulminado el progreso de la acción, apartándose del plexo probatorio que obra en autos. Que en la sentencia en crisis solamente se centró la atención en determinar si la cuota (de la “prima” del seguro) con vencimiento 20-09-2013 se encontraba abonada a la fecha 02-10-2013, prescindiendo de aquellas probanzas que demuestran que la real fecha de ocurrencia del siniestro fue otra, es decir el 06-10-2013, y que en ese momento la cobertura se encontraba rehabilitada y vigente.
Que lo importante era develar si a la fecha del hecho la cobertura suspendida por dicho incumplimiento se encontraba rehabilitada. Que S.S. admitió que el hecho ocurrió el 2 de octubre de 2013, basándose solamente en la primera denuncia de siniestro de la accionante, prescindiendo de valorar el resto de las pruebas (ampliación de denuncia y declaraciones testimoniales) que demostrarían que la verdadera fecha del suceso fue el 6 de octubre de 2013. Entiende que también se equivoca S.S. cuando aclara que es indistinto que el siniestro haya ocurrido el 2 o el 6 de octubre de 2013, puesto que resultaba fundamental haber considerado que el ilícito ocurrió el 6 de octubre de 2013 dado que a esa fecha la cobertura que otorgaba el contrato de seguro se encontraba rehabilitada, lo cual también –reitera- se encuentra avalado con las pruebas producidas en el expediente.
En consecuencia, destaca los diversos medios probatorios que considera avalan su postura. Respecto a las declaraciones testimoniales, manifesta que dicha prueba resulta contundente a la hora de demostrar que el robo del automotor de la accionante Sandra Denegri se produjo el 06-10-2013 en el horario señalado. Que dichas declaraciones son lógicas y concordantes entre sí y que además las prestadas en estos autos, no fueron objeto de planteos de inidoneidad - en los términos del art. 456 del C.PC.C.- por la parte demandada. Por lo tanto, no existen argumentos para restarles eficacia probatoria. Que respecto a la desestimación que la Juez de Primera Instancia hizo de la ampliación de denuncia realizada por Sandra Denegri el 09-10-2013, la cual aclaraba la fecha del hecho, horarios y dirección correcta de la actora.
Advierte que la “a quo” solo apoyándose en la pericia contable le restó valor probatorio a dicho documento. Que cabe recordar que cuando el perito contador le requirió dicha documentación a la aseguradora le fue informado que ésta no tenía asentado en sus registros una “ampliación de denuncia”. Que únicamente un ingenuo puede presumir que la demandada iba a aportar dicha ampliación, cuando prácticamente esto hubiera sellado la suerte del pleito. Que con la documental aportada por la actora (recibo con membrete de “Seguros Rivadavia” y de “Bloisi Ariel Gustavo”, y ticket de pago en “Rapipago”), con el informe pericial contable (Respuestas a los puntos de pericia N° 7 y 8 ofrecido por la parte actora), e informe producido por “Gire S.A.
Rapipago”-, se encuentra probado –entiende- que la segunda cuota con vencimiento 20-09-2013 se encontraba pagada a la fecha del hecho (06-10- 2013). Destaca que con la respuesta del perito contador al punto de pericia N° 8 se encuentra acreditado que el productor de seguros al imprimir de la página web de la aseguradora el pertinente recibo constituye una autorización tácita para operar, es decir para cobrar y emitir comprobante de pago como si fuera la aseguradora misma. Que además ha quedado demostrado que el citado productor de seguros formalizó el pago de la cuota 2 ante la aseguradora el 05-10-2013 utilizando el medio de pago “Rapipago”. Asimismo, advierte que habiéndose efectuado el pago el día 5/10/2013 y de conformidad con lo estipulado en la póliza contratada (clausula CA-CO 6.1 COBRANZA DEL PREMIO) en concordancia con lo previsto en el artículo 31 de la ley 17.418, la cobertura se encontraría rehabilitada.
Que debe lógicamente entenderse que el importe recibido tanto por el productor como por el ente recaudador surte los mismos efectos que si lo hubiera recibido la aseguradora misma. Que darle otra interpretación conduciría a un estado de inseguridad impensada, ya que se encontraría supeditado el derecho del asegurado a cuestiones externas que no son de su responsabilidad, ni se encuentran dentro de sus posibilidades de controlar. En definitiva, reitera que es dable afirmar que a la fecha y hora probada de ocurrencia del hecho (06-10-2018, entre las 12 y 18,30 hs) la cobertura del seguro contratado por la actora se encontraba rehabilitado. Ello es así, dado que -aún en caso de considerar como fecha de pago el 05-06-2018, la rehabilitación, que sólo se proyecta hacia el futuro, se produjo a la cero (0) hora del 06 de octubre de 2013. 2) Reconocimiento del derecho del asegurado: Que la Juez de grado desestimó dicho planteo argumentando que no es invocable el eventual incumplimiento por parte de la aseguradora de la obligación que impone el art. 56 de la ley de seguros N° 17.418 cuando la mora en el pago de la prima originó la suspensión de la garantía.
Sin perjuicio de ello, considera que es dable afirmar que los derechos de la Sra. Denegri, han sido reconocidos tácitamente por la aseguradora demandada. Que en efecto, Seguros Bernardino Rivadavia, después de ser anoticiada del siniestro en fecha 08-10-2013, y de la ampliación de denuncia de fecha 09- 10-2013, jamás solicitó la información complementaria indicada en el art. 46, párrafos 2° y 3° de la ley 17.418, ni tampoco se pronunció sobre los derechos de la asegurada dentro del plazo de 30 días contemplados en el art. 56 de dicha norma, ya que -destaca- no se hizo en el último domicilio denunciado en la “ampliación de denuncia” de fecha 09-10-2013, esto es en “Ramón Falcón 4643, Dpto. 3, de San Justo.
LA SOLUCION
Centrados los agravios marco de esta instancia recursiva y que constituyen la materia de conocimiento de esta jurisdicción en la Alzada, me adentraré al tratamiento de los mismos. Asimismo, debo destacar que, salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
III. De la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada”. Falta de pago de la prima. Exclusión de la Cobertura Sentado los agravios expuestos por la parte actora, corresponde dar tratamiento al agravio que gira entorno a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía, por falta de pago de la prima, que fuera favorablemente acogida por la sentenciante de grado. No hay dudas que –en la actualidad dentro de un contexto histórico, social, político, económico, y cultural- las acciones de daños y perjuicios originadas en un contrato de seguro, resulta de aplicación la ley 24.240 y sus leyes modificatorias, integrada y armonizada –en el presente caso bajo revisión- con la ley de Seguros Nro. 17418, teniendo en cuenta los derechos subjetivos de los consumidores y usuarios, dado que resultan ser los sujetos más vulnerables, a los que el art. 42 de la C. N. decidió tutelar y proteger. Va de suyo entonces que modernamente se aplica la idea o el concepto de diálogo de fuentes del derecho, integrando el macro sistema (en nuestro caso dicha Ley de Seguros 17.418, incorporada al Código de Comercio) con el micro sistema jurídico impuesto por la de Defensa del Consumidor Nro. 24.240, con sus modificaciones, interpretando armónicamente y de modo concordante dichos ordenamientos jurídicos, que se complementan entre sí.
La Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 y sus leyes modificatorias, define como consumidor o usuario a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social (art. 1) quedando incluido -a mi juicio- en su régimen de protección a los consumidores de los contratos celebrados con las compañías de seguros, quienes son las responsables de mantener indemne el patrimonio del asegurado de conformidad con los términos del contrato que se haya suscripto. Por su parte, el art. 2 dice que el proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional actividades (…) de comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. El art. 42 de la C. N. y 38 de la Const. de la Pcia. de Bs.As., establecen que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el texto del art. 7 regula pertinentemente que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Además, agrega que en las relaciones de consumo se aplican las normas más favorables al consumidor y deben ser aplicadas e interpretadas conforme con los principios de protección del consumidor, y en los supuestos de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. (art. 1094 del C. C. y C. N.). El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor (art. 1095 del C. C. y C. N.).
Por su parte La Ley de Defensa del Consumidor nro. 24.240 y sus modificatorias, también establecen armónica y concordantemente que en caso de duda se aplica la norma más favorable para el consumidor o usuario. Igualmente, en cuanto a la interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor.
Ahora bien, la ley de Seguros 17418 dispone en su artículo 1 que: “Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. El fin perseguido con el seguro es la traslación de un riesgo a un tercero, para que sus eventuales consecuencias graviten sobre éste, que lo asume mediante el pago de una prima o cotización. (Halperin Isaac, Nicolás H. Barbato. “Seguros. Exposición crítica de las leyes 17418, 20091 y 22400. Ed. Lexis Nexis. Depalma, pág. 51).
Por lo cual, dentro del espectro de las consecuencias jurídicas el incumplimiento de la obligación del asegurado de pagar la prima, cobra significativo relieve. En efecto, lo que se suspende es la eficacia del contrato en lo que concierne a la obligación a la que se halla sometido el asegurador. Técnicamente lo que se suspende es su obligación eventual de pago de la indemnización o de la prestación convenida (art. 1º, L.S) como consecuencia del incumplimiento de la correspectiva obligación principal a cargo del asegurado. (Stiglitz Ruben S., “Derecho de Seguros. 5 edición actualizada y ampliada. T III. La Ley. Pág. 63/64).
Por su parte, la jurisprudencia ha dicho al respecto sobre este tópico que: “Existe suspensión de cobertura del seguro cuando el asegurado no ejecuta, en el curso del contrato, una obligación determinada que le es impuesta: se le retira la garantía hasta el día en que se coloca nuevamente en las condiciones del seguro. Mediando ella, el asegurador se desliga de la garantía, aunque el asegurado deba las primas vencidas y las que venzan en el futuro. Es decir, que funciona como una verdadera pena privada, que depende de aquél hacer cesar: es una caducidad en potencia” (SCBA Ac.33.598, “Torres, Ricardo Durval c/Hermisid Julio Cesar y otros s/Daños y Perjuicios”, 15/04/86SCBA LP C 101813 S 06/06/2011 Juez NEGRI (MI) Cabrera, Juan Carlos y otros c/Cárdenas, Raúl Augusto y otros s/Daños y perjuicios SCBA LP C 101813 S 06/06/2011 Brusa, Amelia c/Gennoso, Mauricio y otro s/Daños y perjuicios. SCBA LP C 103615 S 28/12/2010). La mora en el pago de la prima no extingue el contrato, sino que, lo que se suspende es la eficacia temporal del mismo en lo que concierne a la obligación a la que se halla sometido el asegurador. Se genera la cesación temporaria de la garantía contratada. Si bien la mora del asegurado opera de pleno derecho, frente a la denuncia concreta del siniestro el asegurador debe pronunciarse, porque el silencio habrá de ser interpretado como una renuncia tácita a oponer la conducta del asegurado como defensa ulterior (Sucesores de M. O. A. c/ Liderar Compañía General de Seguros s/ ordinario. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico. Fecha: 12-abr-2017. Cita: MJ-JU-M-105761-AR | MJJ105761 | MJJ105761).
Del mismo modo, se ha expuesto que: “La suspensión de la cobertura por falta de pago de la prima generalmente funciona como sanción a la mora. La recepción de la denuncia y de los pagos efectuados después del vencimiento no tienen otro alcance para la aseguradora que la rehabilitación de la póliza, pero no purga con retroactividad los efectos de la suspensión de la cobertura. (CC0201 LP 110680 RSD-216-8 S 04/12/2008. Sicoli, Vicente Juan c/Morales Murguia, Edgardo y ot. s/Daños y perjuicios. B257204). Sentada la doctrina y jurisprudencia que entiendo aplicable al caso bajo estudio, observo que al contestar la demanda 105/115 la parte demandada “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” opuso al progreso de la acción la defensa de falta de legitimación pasiva por ineficacia del contrato por suspensión de la cobertura. Destacó en dicho escrito, que atento a la falta de pago de la cuota segunda de la póliza contratada que habría vencido el día 20/09/2013, se encontraba suspendida la cobertura a la fecha del siniestro denunciado el día 02/10/2013 por la parte actora.
Es así que a fs. 165/167 la parte demandada acompaño la denuncia de siniestro efectuada por la parte actora. En efecto, de dicha pieza se observa que en cuanto a la forma de ocurrencia del siniestro, la asegurada declaró que: “Deje la unidad correctamente estacionada sobre la vía pública el día 02/10 aprox. A las 19 hs. haciéndolo en dicho lugar donde residía por protección del mismo dado que me mude la semana pasada y al no conocer el nuevo barrio decidí que allí quedara. Regreso al lugar donde aún vive mi hermana el día 6/10 por la tarde y la unidad ya no estaba en el lugar”. Por otra parte, contamos con la causa penal, IPP 040174-13, la cual ha quedado incorporada como medio probatorio instrumental público y con “validez y eficacia jurídica” a este juicio por el principio de adquisición procesal y todas sus actuaciones, trámites, constancias, declaraciones testimoniales, pericias, etc., prueban en contra o a favor de cualquiera de las partes involucradas en el proceso.
En ella se vislumbra la denuncia penal efectuada por la parte actora. En dicha denuncia se expuso: “a los 06 días del mes de octubre de 2013 siendo las 20:35 horas (…) Denegri Sandra Elisabet (…) denuncia: que resulta ser titular del rodado marca Volkswagen modelo Gol GL 1.6, dominio CDC091 tipo Sedan 3 ptas., color blanco año 1998, motor nro. BEA028690 (…) que el día 02 del corriente mes y año, siendo aproximadamente las 19:00 horas, la dicente estaciona el rodado en la calle Indart, entre Presidente Perón y Ombú de este medio, que el día de la fecha, siendo aproximadamente las 19:00 horas logra constatar que autores ignorados le sustrajeron el vehículo de mención….” –véase fs. 1-, del mismo modo, a fs. 4, en el parte preventivo, se expuso.
“fecha del hecho 06/10/2013, hora del hecho 19:00 hs. Elemento sustraído: Vehículo Volkswagen Gol (…) síntesis del hecho: Fecha Dció. Denegri que el día de la fecha, siendo las 19 horas, logra constatar que autores ignorados le sustrajeron el vehículo de mención, que días antes había estacionado en Indart, entre Pte. Perón de este medio….”. (el subrayado me pertenece). A fs. 22/22 vta. obra declaración testimonial de Débora Denegri – hermana de la actora-, quien declara: “El día 06 de octubre del corriente año, alrededor de las 12.00 hs., se encontraba en su casa, sito en el domicilio detallado más arriba momento en que al salir de su vivienda a realizar compras visualiza el vehículo marca VW Gol dominio CDC 091, estacionado en la puerta del mismo.
Que al regresar a su casa continúo con sus actividades diarias. Que a las 18.30 horas aproximadamente su hermana Denegri Sandra ingresa al domicilio manifestándole a la dicente que el vehículo en cuestión no estaba, es así que ambas salieron al frente del domicilio y efectivamente autores ignorados habían sustraído el vehículo en cuestión”.
Por otra parte, en los autos principales, consta agregada a fs. 31 -por parte de la actora-, una fotocopia de ampliación de denuncia de siniestro, la cual reza textualmente que: “…constato que autores ignorados sustrajeron el vehículo asegurado el día 6/10/2.013 a las 19hs. (…)”. Al pie de dicho instrumento privado consta que fue recibido el día 9/10/2.013. Esta documental agregada oportunamente por la actora – fue negada su autenticidad, de “mala fe” por parte de la accionada- pues los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo verosímilmente con lo que las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión…” (art. 1.1198 del Cód. Civ.); poniendo este juzgador especial énfasis en destacar –lo que aquí interesa jurídicamente- es que el contrato de seguro debe ejecutarse y cumplirse de buena fe por parte de la demandada aseguradora, sin incurrir voluntariamente en una conducta de desconocimiento meramente formal de documentación aportada por la actora, sin dar las razones, ni los motivos en que se funda dicho desconocimiento de veracidad, precisamente por el fin social y solidario del contrato de seguro y su cobertura asegurada y más por tratarse de una cooperativa de seguros, la persona jurídica demandada.
A propósito de ello, reparo y observo que dicha documental consta impresa en su parte superior el logo Seguros Rivadavia y un sello al pie de la misma que dice recibido el 9/10/13. Además, figura el número de siniestro y de póliza; lo que hace presumir que fue redactada por algún empleado de la aseguradora y en el domicilio de esta última; véase en tal sentido la declaración testimonial de Urbaneja transcripta. Este Juzgador presume “pro-homine” que esta documentación es auténtica y fue redactada y recibida por la adversaria de la actora y presume también, que no fue prefabricada por la accionante, porque si se desconoce su autenticidad –ello importa que es falsa y no se formuló denuncia alguna por falsedad de documentación-, todo ello sobre la base de los indicios que por su número, precisión, gravedad y concordancia y fundados en hechos reales y probados, producen en la persona del juez convicción judicial, según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana critica, que seguidamente paso a desarrollar: a) que a fs. 212 y212 vta. presta declaración testimonial el Sr.
Urbaneja y relata a la tercera pregunta que la actora realizó la denuncia del siniestro de robo en la compañía de seguros. Que le consta porque la llevó y la acompañó el día martes 8 a la sucursal de Ramos Mejía. Después al día siguiente la volvió a llevar para que haga una ampliación de la denuncia. Lo sabe porque la acompaño, en ese momento era el novio. En la compañía estuvo esperando en la oficina donde le tomaron la denuncia. La llamaron por computadora y cuando la llamaron se dirige a un escritorio. Que a la actora le dieron copia de la ampliación de denuncia de siniestro y que él lo había leído. Esta declaración testimonial se encuentra avalada y corroborada por todas las actuaciones penales desarrolladas en la I.P.P. nro. 05-04-0174/13 que tengo ante mí vista de la cual surge la denuncia del hecho ilícito (fs. 1 y 1 vta.); el parte preventivo de fs. 4; la orden de secuestro del automotor impartida a fs. 5; el resultado de la consulta de secuestro: “negativo” del día 19/12/13 conforme fs. 15 y 15 vta.; la declaración testimonial de fs. 22 y 22 vta., prestada por Débora Denegri, quien prestó declaración también en los autos principales a fs. 214 y 214 (“ut supra” transcripto) remitiéndome a los mismos por honor a la brevedad.
Además, y sin perjuicio de todo lo expuesto y fundado precedentemente “Obiter dictum” o a mayor abundamiento es doctrina legal de esta Sala Primera, que: “corresponde aplicar a este caso sometido bajo examen en la Alzada, el principio de la distribución dinámica de la prueba. Al respecto, es conocida la regla que beneficia a la parte económicamente débil por sus dificultades de acceso a la prueba, de aplicación en el Derecho de daños principalmente en el ámbito de la responsabilidad contractual". (Lorenzetti, Ricardo Luis: "Teoría general de distribución de la carga probatoria", Revista de Derecho Privado y Comunitario nro. 13 -Prueba-I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, febrero 1997, pág. 79).
El autor en el referido trabajo doctrinario al formular un distingo entre cargas dinámicas y mejores condiciones probatorias, señala: "Hemos descripto las reglas que regulan la posición probatoria: principio pro damato, profesionalidad, existencia de contrato, etcétera." El análisis económico del Derecho ha desarrollado una regla atinente a la posición probatoria; esto es, externa al proceso, indicando que debe adjudicarse la carga a quien está en mejores posiciones probatorias". "El significado de "mejor" se relaciona con las más eficiente en el sentido de que a quien ya tiene la información o la prueba le resulta más barato animarla al proceso. Todo ello se relaciona con una visión particular del proceso adversarial que, en los inicios de la escuela del análisis económico, queda sometido a las reglas modélicas del mercado".
(ob.cit. pág.87). Por lo cual, en la especie es la parte demandada la que mejor se encuentra -a los fines probatorios- en condiciones económicas, financieras, administrativas, contable y jurídica.
En el caso concreto, se ha exhibido en fotocopia un documento de ampliación de denuncia del siniestro que fuera presentado por la parte actora. No obstante, observo que la parte demandada si bien ha negado su autenticidad, no ofreció prueba tendiente a desvirtuarla, puesto que como se ha señalado era ésta quien estaba en mejores condiciones para hacerlo a través de sus propias constancias documentales. Se ha expresado al respecto –jurisprudencia que entiendo aplicable al presente caso por analogía art. 171 de la CPBA y 16 del CC- que: "El hecho de que la actora acompañara el boleto, resulta prueba suficiente para tener por acreditado su carácter de pasajera". (CNCiv. Sala J, 26/11/98 , "Gluch, Mariana V. c/ Transporte Saavedra SACI s/ Daños y Perjuicios", H. Daray, op.cit., pág. 279, sum.17). Si bien en principio la mera tenencia del boleto no es suficiente para probar inequívocamente la condición de pasajera de la actora, constituye una presunción al respecto. Esta presunción no ha sido neutralizada por el apelante. Inclusive se trata de una cuestión que incide en materia probatoria, siendo carga de la empresa de transporte demostrar que el boleto no se corresponde con el contrato de transporte invocado en la demanda. CNCiv. Sala H, 10/7/98, "Spinelli, Francisca c/ Celman, Víctor M. y otros s/ Daños y Perjuicios", cit. por H. Daray: "Derechos de daños en accidentes de tránsito", Ed. Astrea, Buenos Aires 2001, vol. 1, pág.278, sum. Nro. 11). En todo caso la exhibición de un boleto requiere ir más allá de la mera negativa expresada en la contestación de demanda. ¿Quién está en mejores condiciones de probar la autenticidad del boleto?. Está en abierta retirada la clásica y hermética idea de la carga probatoria y se asiste al auspicio de un proceso dotado de dimensión social con orientación hacia la búsqueda de la verdad objetiva. Repárese que la demandada es una empresa organizada y los pasajeros son consumidores de un servicio público”. (Tasistro, Mirna Gladys C/ T.A.L.P.S.A. Y Otro S/ Daños Y Perjuicios (Sumario)- Causa Nro. 569/1, R.S.D:24/4. Sentencia del 7 días del mes de Septiembre del año dos mil cuatro).
Que con relación a las cartas documentos obrantes a fs. 118 y 120 fueron devueltas al remitente, según se lee en los avisos de fs. 117 y 119. Oportunamente a fs. 129 la actora desconoce la autenticidad de dichas cartas documento y las constancias de devolución de las mismas al remitente. Además, a fs. 309 y 309 vta. se declara negligente a la demandada por la no producción del pedido de informes a Correo Andreani S. A. (véase también certificación de pruebas de fs. 318). Sin perjuicio de todo ello, fueron remitidas a un domicilio que no era de la actora y que la misma les hizo saber su nuevo domicilio, conforme se acredita con la prueba documental (fotocopia de ampliación de denuncia de siniestro fs. 31), corroborado ello por la declaración testimonial de Urbaneja a fs. 212/212 vta. que textualmente dice: “… Yo lo leí (se refiere a la copia de ampliación de denuncia de siniestro) porque quería ver si habían corregido el número de la dirección que tenían mal.
Lo habían puesto bien Ramón Falcón 4643…”. Por otra parte, a 212/212 vta. y refiriéndome nuevamente a la declaración testimonial de Blas Antonio Urbaneja, expuso que: “Para que diga el testigo si sabe y como le consta que la Sra. Denegri le hayan robado el automotor de su propiedad, en su caso, relate lo que sepa. RESPONDIÓ: Si, tengo conocimiento. En esa época era mi novia la Sra. Sandra DENEGRI, cuando fue lo del hecho, en octubre, del año 2013, era miércoles 2, alrededor de las 7 de la tarde, me encuentro con ella en la casa de la hermana, dejó el auto, ahí en la puerta porque se iba a pasar el fin de semana en la casa de la madre que vive en Claypole, lo deja ahí a esa hora, era de noche, no le gustaba manejar de noche, como era yo el novio la llevé a ella a la casa de la madre, con mi auto, además hacia un día que se había mudado de allí, como no conocía el barrio donde se mudó prefirió dejarlo ahí donde lo dejaba siempre.
Después, yo vuelvo el domingo siguiente, 6 de octubre, alrededor de las 12 o 12:30 del mediodía a la casa de la hermana de Sandra, donde habíamos dejado el vehículo, vuelvo solo. Veo el vehículo que seguía estacionado ahí, donde había quedado estacionado, y entro a la casa de la hermana, busco unas cajas porque estaba ayudando con el tema de la mudanza, Sandra seguía en la casa de la madre, ese domingo ya volvía. En la casa estaba la hermana de Sandra. Me llevé esas cajas y las llevé a donde se había mudado Sandra, creo que la calle era Ramón Falcón 4643. Me quedé esperándola a Sandra ahí, y acomodé las cajas y las cosas que había llevado antes ella. El auto era un Gol blanco. La casa de la hermana queda en Indart 2003, entre Ombú y Perón.
Después alrededor de la 7 de la tarde de ese domingo me llamó Sandra por teléfono desesperada, que había ido a la casa de la hermana y no estaba el auto. Me dirigí hasta ahí, y preguntamos a un par de vecinos, a gente que caminaba por ahí, dimos un par de vueltas por el barrio, a ver si encontrábamos el vehículo. Como no encontramos nada, la llevé hasta la comisaría de San Justo, que está enfrente de la plaza, para que haga la denuncia, y la hizo. Yo la dejé en la vereda y me fuí, era de noche ya, eran las 8 u 8:30 de la noche. Después me retiré. A LA TERCERA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta si la Sra. Denegri realizó la denuncia del robo en la compañía de seguros. RESPONDIO: Si, me consta porque la llevé y la acompañé yo.
Fue el día martes 8, a la Sucursal de Ramos Mejía. Después al día siguiente la volví a llevar, para que haga una ampliación de la denuncia, no sé qué incongruencia había con la fecha, le habían colocado mal la fecha del robo. Lo sé porque yo la acompañé, en ese momento yo era el novio. Además, tenía mal la dirección de la casa, se la habían puesto mal, se habían equivocado en un número. En la compañía estuve esperando en la oficina donde le tomaron la denuncia, había unos asientos y llamaban por computadora. Cuando la llaman me quedó esperando y ella se dirige a un escritorio. A LA CUARTA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta si a la señora Denegri le dieron copia de la ampliación que realizó en la compañía de seguros.
RESPONDIO: Si, le dieron, yo lo leí porque quería ver si habían corregido el número de la dirección que tenían mal, lo ví. Lo habían corregido, habían puesto bien Ramón Falcón 4643. A LA QUINTA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta la fecha y hora cuando vió por última vez al vehículo. RESPONDIÓ: El domingo 6 alrededor de las 12 o 12:30 del mediodía. Me retiré de la casa de la hermana a los 10 minutos, y cuando salgo estaba el vehículo. ACTO SEGUIDO la letrada apoderada de la parte demandada procede a formular el siguiente interrogatorio. A LA PRIMERA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta la modalidad en que la Sra. Denegri habitualmente pagaba el seguro del auto. RESPONDIÓ: Creo que en efectivo.
Lo sé porque una vez me dijo que tenía que llevar la plata para pagar el seguro. Pagaba casi siempre los primeros días del mes. Una vez la llevé a pagar, sé que pertenece a Isidro Casanova, era el productor de seguro, no recuerdo el nombre. A LA SEGUNDA: Para que diga el testigo si sabe y como le consta en qué fecha dice el testigo que llevó a la Sra. Denegri a abonar el seguro. RESPONDIÓ: No la llevé a abonar el seguro yo. No recuerdo cuando fue la fecha en que la llevé a pagar en la ocasión indicada en la respuesta anterior”.
Del mismo modo, a fs. 214/214 vta. volvió a declarar Débora Denegri, quien en sede civil manifestó que: “Para que diga la testigo si sabe y como le consta que a la Sra. Sandra Denegri le hayan sustraído el automotor de su propiedad. RESPONDIÓ: Si, lo se porque lo ví el domingo 6 de octubre hace dos años, del 2013. Ví al auto al mediodía tipo una y media-dos, después del mediodía. A esa hora, salí a comprar algo para comer, para almorzar, y cuando volví también lo ví, estaba estacionado enfrente de mi casa. Fueron quince minutos como mucho el tiempo que demoré entre ir y venir de comprar. Cuando volví me acosté y después a la tarde mi hermana me avisó que no estaba el auto, si había visto algo. Yo le contesté que no, porque estaba durmiendo, cuando salimos ya no estaba el auto. A LA TERCERA: Para que diga la testigo si sabe y como le consta las características del vehículo de Sandra Denegri. RESPONDIÓ: Si, es un Gol blanco, la patente no me la acuerdo. Lo sé porque lo ví un montón de veces. ACTO SEGUIDO la letrada apoderada de la parte demandada procede a formular el siguiente interrogatorio. A LA PRIMERA: Para que diga la testigo si sabe y como le consta a que hora de la tarde dice la testigo que su hermana le avisó que no estaba el auto. RESPONDIÓ: Eran las 7 de la tarde más o menos. A LA SEGUNDA: Para que diga la testigo si sabe y como le consta la modalidad y/o sistema de pago en que su hermana pagaba habitualmente el seguro del auto. RESPONDÍO: No, no tengo idea, de eso se encargaba ella. A LA TERCERA: Para que diga la testigo si sabe y como le consta si al momento de advertir que el auto no estaba, su hermana le hizo algún comentario sobre el pago del seguro. RESPONDIÓ: No, me acuerdo que estaba nerviosa, pero del seguro no me dijo nada. Me dijo que tenía que hacer la denuncia. A mí no me comentó nada. No sé si a alguna otra persona le comentó algo, después se fueron con el ex-novio Blas. A LA CUARTA: Para que diga la testigo si sabe y como le consta si declaró en otra sede en relación al hecho de marras. RESPONDIÓ: Si, en la comisaria enfrente de la plaza, me habían citado y declaré allí. Fue al tiempo que pasó esto, no recuerdo la fecha exacta”.
Estos testimonios son considerados con mayor severidad y rigor jurídico, atento al vínculo que los mismos tienen y tenían con la actora, sin perjuicio de que son testigos necesarios, que no podemos prescindir de los mismos. De mas esta decir, que sus testimonios son concordantes y creíbles a juicio de este juez preopinante (art. 456 del CPCC).
Asimismo, a fs. 217/225 se presentó la pericia contable, en la cual se dejó constancia que: “Si la aseguradora demandada emitió la póliza Nro. 18/921350(…) Si, la demandada exhibe póliza nro. 18/921350, de ella surge: a) Datos del Asegurado: Denegri Sandra Elizabet (…) vigencia desde las 12 hs. del 04/08/2013 hasta 12 hs. del 04/02/2014, objeto de seguro: Auto Sedan modelo 1998 (…) Marca Volkswagen Gol 1.6 3 ptas. (…) Si la aseguradora demandada tiene asentado en sus registros un siniestro al que adjudicó el Nro. 08/491473 (…) Si, la demandada tiene asentado en sus registros un asiento al que adjudicó el Nro. 08/491473, más precisamente en la página 174 del Libro-Tomo- Siniestros denunciados nº 342.
Póliza respecto de la cual se encuentra relacionado dicho siniestro: 18/921350; b) Datos que surgen de la denuncia que originó la apertura del número de siniestro mencionado: (…) Denegri Sandra Elizabet.(…) Detalles del siniestro denunciado: Forma de ocurrencia: dejé la unidad correctamente estacionada sobre la vía pública el día 02/10 aproximadamente a las 19 hs. Haciéndolo en dicho lugar donde residía por protección del mismo dado que me mudé la semana pasada y al no conocer el nuevo barrio decidí que allí quedara. Regreso al lugar- donde aún vive mi hermana- el día 6/10 por la tarde y la unidad ya no está en el lugar. Fecha en que fue realizada la denuncia 08/10/2013. (…) Informará la forma de pago del premio estipulada en el contrato de seguro identificado con el Nro. de póliza 18/921350 (…) forma de pago 6 cuotas.
(…) C. 1 $343,00, 2 $343,00, 3 $343,00, 4 $343,00, 5 $343,00, 6 $343,00; fechas de vencimiento de las cuotas: de la referida póliza, surge solo el vencimiento de la primera cuota: 20/08/2013. No obstante, lo mencionado y en relación a lo solicitado, la accionada exhibe impresión de pantalla de su sistema informático la cual transcribo: C. 1 vto. 20/08/2013, C 2 vto. 20/09/2013, 3 vto. 20/10/2013, 4 vto. 20/11/2013, 5 vto. 2012/2013, 6 vto. 20/01/2014. (…) que medios de pago utilizó la asegurada para cancelar las cuotas Nro. 01 y 02 correspondientes a la Póliza Nro. 18/921350. Del expediente de autos, y en relación a la póliza Nro. 18/921350 surgen para las cuotas 1 y 2 tickets del sistema rapipago (…) en que fechas fueron efectivamente abonadas esas cuotas (…) cuota 1 fecha de pago 11/09/2013 y cuota 2 05/10/2013”.
Dicha pericia recibió un pedido de explicaciones a fs. 227 por la parte actora, la cual fuera contestada a fs. 235 por el experto, quien se expidió respecto al valor del rodado Volkswagen GOL 1.6 3 ptas. Año 1998, el cual ronda entre $38.000 y $64500. (el subrayado y resaltado me pertenece).
Ahora bien, estimo que la pericia contable y sus explicaciones se ajustan a las prescripciones legales de los artículos 472 y 474 del CPCC, por cuanto cuentan, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión.
Por otra parte, a fs. 88/101 la letrada apoderada de la parte demandada acompaño la póliza celebrada entre las partes, en la cual a fs. 98 vta. CA-CO6.1 Cobranza del premio, en su artículo 2 se acordó que: “Vencido cualquiera de los plazos de pago del premio exigible sin que éste se haya producido la cobertura quedará automáticamente suspendida desde la hora 24 del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación extrajudicial o extrajudicial alguna ni constitución en mora que se producirá por el solo vencimiento de ese plazo. (…) Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora 0 (cero) del día siguiente a aquel que la aseguradora reciba el pago del importe vencido”.
Del mismo modo, respecto a la fecha de pago de la segunda cuota que habría vencido el día 20/09/2013 se advierte que a fs. 170/171 la empresa “Gire S.A.” contestó respecto “al pago realizado en esa empresa en fecha 05/10/2013, imputable a la cuota Nº 02 con vencimiento 20/09/2013 correspondiente a la póliza 18/921350 emitida por la aseguradora Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.” Que: “Se hace saber a V.S. que hemos verificado la información contenida en Ticket Rapipago adjuntado y podemos confirmar que la cobranza se encuentra debidamente procesada en nuestro sistema habiéndose rendido a la empresa los fondos cobrados por su cuenta y orden, en tiempo y forma. Como constancia acompañamos copia del registro histórico de dicho pago”. A fs. 169 se aduna el registro histórico, en el cual efectivamente se halla la fecha de pago del día 05/10/2013 a Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. por el importe de $358,00.
Así las cosas, del relato pormenorizado de los hechos, tengo por acreditado que: a) la Sra. Denegri Sandra Elisabet tenía un contrato de seguro con la demandada “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” bajo la póliza nro. 18/921350; b) que el objeto del seguro lo era respecto de un auto Sedan Modelo 1998, marca Volkswagen Gol GLD 1.6 3 ptas. patente CDC091 de uso particular; c) que la cobertura de dicho contrato incluía: Responsabilidad Civil hacia terceros transportados y no transportados, robo/hurto, incendio total o parcial; d) que la prima de dicha póliza debía pagarse en cuotas; e) que la cuota Nro. 2 venció el día 20/09/2013, la cual no había sido abonada a la fecha de su vencimiento provocando la suspensión de la cobertura; f) que con fecha 05/10/2013 conforme constancia documental referenciada e informativa se efectuó el pago de dicha prima, produciendo de esa forma la rehabilitación de la cobertura hacia el futuro y sin efecto retroactivo, a partir de las 0 horas del día siguiente a la fecha de pago (según fs. 98 vta. del contrato de seguro); g) que el día 6 de octubre de 2013 el vehículo de la parte actora habría sido sustraído del lugar donde se encontraba estacionado. Sobre este punto me detengo. Considero que existe suficiente prueba que generan convicción a este sentenciante de que el hecho denunciado fue efectivamente el día 6/10/2013. En efecto, tanto de la causa penal, cuya denuncia fue efectuada inmediatamente después del hecho e incluso antes de efectuada la denuncia en la aseguradora, la parte actora ha sido lo suficientemente clara respecto al acontecimiento en cuestión. Dicha situación también se ha vislumbrado en la prueba testimonial rendida en ambas instancias (penal y civil), en donde se ha dejado constancia que desde el día 02 de octubre de 2013 y hasta el día 6 de octubre de 2013 el vehículo se encontraba estacionado y siendo en horas de la tarde de ese mismo día -06/10/2013- cuando se pudo advertir la desaparición del vehículo Volkswagen GOL.
Incluso más allá de que la aseguradora ha negado la ampliación de la denuncia que fuera acompañada –en copia- por la parte actora a fs. 31, en la cual de su atenta lectura se observa que ha sido a los fines de aclarar que el día del siniestro fue el 6/10/2013, siendo visto por última vez el vehículo por su hermana en horas de la tarde, considero que los términos en los cuales fue efectuada la denuncia penal y la denuncia de siniestro –reitero- dan suficiente convicción a este sentenciante que el hecho acaeció efectivamente el día 6/10/2013 y que por lo tanto, la póliza se encontraba rehabilitada al haberse efectuado el pago de la segunda cuota el día 5/10/2013.
Además, en la causa penal se ordenó el secuestro del automotor de autos, conforme surge de fs. 5 cuyo reporto de transmisión obra a fs. 5 vta., con resultado negativo, según surge tácitamente de dicha causa, habiendo transcurrido con exceso el plazo de treinta días, según articulo 56 de la ley 17418 bajo el subtítulo reconocimiento del derecho, su omisión de pronunciarse importa aceptación.
En suma, del relato pormenorizado de los hechos poco trecho queda recorrer para advertirse que debe revocarse la sentencia apelada, puesto que si bien la mora suspende la eficacia del contrato en lo que concierne a la obligación del asegurador, lo cierto es que en la especie dicha mora habría desaparecido, encontrándose rehabilitada la póliza suscripta entre las partes, por haber cumplido la asegurada con la obligación a su cargo. Por lo tanto, los agravios expuestos por la parte actora destinados a criticar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía “Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda”, deben ser admitidos por este Tribunal.
En consecuencia, atento a la forma en que se resuelve esta cuestión, corresponde continuar con el resto de las parcelas reclamadas por la actora en su escrito de inicio.
IV. Daño material. Valor de rodado. deuda de valor (rubros reclamos 1 y 2 del escrito de inicio)
Como primera cuestión, debo aclarar que la reparación integral devenida por el incumplimiento del asegurador constituye un daño cierto cuya cuantificación resulta una deuda de valor. Contribuye a la solución propuesta considerar la naturaleza de la obligación pendiente. Se trata de una deuda de valor cuya consideración se afirma en la actualidad de la cuantificación del reclamo.
MOSSET ITURRASPE sostiene: “Técnicamente se afirma que en la deuda dineraria “el dinero es el objeto inmediato de la obligación”, su componente específico actúa in obligatione e in sollutione; es decir, se debe dinero y se paga dinero”.
“En la deuda de valor, en cambio, el dinero aparece sólo “como sustitutivo del objeto especificado”, esto es como sustitutivo de la prestación dirigida a proporcionar bienes con valor intrínseco. En la deuda de valor el dinero opera únicamente in solutione; aunque se paga dinero, la deuda no es de dinero, sino de valor” (MOSSET ITURRASPE, Jorge: “Límites a la indexación”. Ley 24.283, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 1994, págs. 21/22).
Expresa la doctrina especializada: “La obligación resarcitoria que el juez debe imponer al deudor es una deuda de valor”.
“La liquidación del quantum indemnizatorio en dinero, tiende a restablecer el equilibrio patrimonial afectado en razón del perjuicio (tal el contenido del crédito resarcitorio del acreedor)”.
“De modo que el juez debe determinar cuál es el importe que se ha de considerar equivalente al valor del interés lesionado al acreedor. Esto es, la medida de la indemnización”. (STIGLITZ, ob. Cit. Pág. 249).
Al respecto la jurisprudencia ha señalado que: “Es procedente el reclamo interpuesto contra una compañía aseguradora para que el rubro “monto asegurado” prospere por el valor de reposición del rodado siniestrado, si aparece como un hecho evidente la diferencia que existe entre el valor de reposición de una unidad a la fecha del evento y el costo actual de similar bien, pues ello no puede beneficiar a la aseguradora en desmedro de su contraparte, máxime ante el incumplimiento en la ejecución de su obligación” ( Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, 19/12/2005 – “Robles, Roberto E. c/ Royal Sun Alliance Seguros Argentina S.A., La ley Online: AR/JUR/7672/2005). Aparece como un hecho evidente la diferencia que existe entre el valor de reposición de una unidad a la fecha del evento y el costo actual de similar bien (aún merituando la antigüedad del siniestrado). Ello no puede beneficiar a la aseguradora en desmedro de su contraparte ponderando, reitero, el incumplimiento en la ejecución de la obligación”.
La Cámara Civil y Comercial de Azul ha decidido: “…la ilegítima dilación en el cumplimiento de la prestación a su cargo no puede operar en desmedro del consumidor asegurado, máxime cuando el pago a valores actuales encuentra asidero jurídico en la circunstancia de que se trata de una deuda de valor en los términos del art. 722 del Código Civil y Comercial, aplicable en forma inmediata conforme el art. 7 del mismo ordenamiento, en el principio de buena fe y la confianza y lealtad que las partes se deben recíprocamente (arts. 1061 y 1067, CCCN).” (“Di Tomaso, Graciela Paulina y Otro/A c/ San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros s/ Daños y Perjuicios Incumplimiento Contractual (Exc. Estado)”, del 10 de mayo de 2016, voto del Dr. Peralta Reyes). En el mismo antecedente se señaló: “Si bien como regla la obligación principal a cargo del asegurador posee como límite máximo el monto de la suma asegurada o la medida en que la cobertura fue asumida, ello se mantiene incólume siempre que haya cumplido con la obligación de pago o, al menos, sustente su postura reticente en razonables dudas en punto a su procedencia”. (J.C.C Nº 4 Azul, Causa nº: 2-60346-2015 “Di Tomaso Graciela Paulina Y Otro/A C/ San Cristobal Soc. Mutual De Seguros S/Daños Y Perjuicios Incump sent. del 10/05/16)
En este aspecto se ha considerado: “Si el principio resarcitorio tiende a colocar a la víctima-asegurado- en la misma situación que tenía con antelación al suceso y ello se obtenía -verbigracia-en ese momento mediante la entrega de una suma de dinero que permitiera adquirir al contado un automóvil Renault 12, de nueve años de uso, lejos está de satisfacerse ese principio, si ahora se le pretende otorgar una cantidad de dinero que solo le bastaría -o tal vez no- para comprar un rodado de alrededor de dieciocho años de antiguedad. Si es obvio que de ese modo no se pone al asegurado en la misma situación que poseía antes del siniestro, también es cierto que se estaría prohijando la conducta morosa de la compañía de seguros, quien cuanto más se perpetúe en su incumplimiento, más desmerece y lesiona el interés del asegurado y más favorecida se verá en su posición, habida cuenta que a medida que transcurra el tiempo de incumplir más disminuirá el precio del automóvil, llegando incluso -por vía de hipótesis-, a que la extensión del pleito unido a la reticencia a pagar de la aseguradora podría hacer desaparecer la deuda cuando el vehículo usado pierda su valor de recambio por la amortización total de su valor (arg. art. 1068, 1137 y 1197 del Código Civil).” (CC0001 QL 10800 RSD-32-10 S 31/05/2010 Juez BUSTEROS (SD): “Rojas, Antonio Miguel c/Zanet, Fabricio y otros s/Daños y perjuicios”, B2904624 JUBA).
En consecuencia: “La exacta medida del menoscabo patrimonial - daño material- que sufrió el actor como consecuencia de la consumación del riesgo asegurado por la demandada (robo del automotor) y que esta se negó a indemnizar, viene dada según la clara letra del contrato cuyo cumplimiento se reclama, por "el valor de venta al público al contado en plaza al momento del siniestro, de un vehículo de igual marca, modelo y características, afectado al transporte público de personas con uso de reloj taximetro". Dicho valor a ese momento conforme determina el fallo arrojaba la suma de cuatro mil setecientos pesos (incluido el equipo de gas), empero la reparación integral que corresponde no se cumple si se le abona al asegurado la cifra histórica allí establecida, pues si bien la cantidad debida de acuerdo a lo estipulado se debe estimar a la fecha del hecho, esto es a condición de que la empresa aseguradora pague en el tiempo prudencial que insuma la entrega de la documentación, agregados los días que precepta la respectiva cláusula contractual y su anexo de las condiciones generales, más no en el supuesto de ser conminada judicialmente a hacerlo y como se viera acontece casi nueve años después del siniestro.” (CC0001 QL 10800 RSD- 32-10 S 31/05/2010 Juez BUSTEROS (SD): “Rojas, Antonio Miguel c/Zanet,Fabricio y otros s/Daños y perjuicios”, B2904623 JUBA).
El nuevo Código Civil y Comercial de La Nación, asimilando la vanguardia de la doctrina, regula la cuantificación de un valor, disponiendo que “Si la deuda consiste en un cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda…” (Art. 772 – primera parte-). (similar criterio en los autos caratulados: “ORTIZ SERGIO BENITO C/ LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS S.A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Causa n° 4788/1_R.S. D. Nro.: 172 /17 Folio Int. Nro.: 1327. 19/09/2017. Voto del Dr. Posca).
En el caso concreto debe tenerse en cuenta que la actora reclama el valor de un automóvil marca Volkswagen Gol GLD 1.6 senda 3 puertas modelo año 1998 (Ver título del Automotor fs. 178/180) y que el siniestro es de fecha 06 de octubre de 2013. Por lo cual, a los fines de dar resolución al presente rubro corresponde compulsar páginas oficiales (ver informe de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) en la dirección web https://www.dnrpa.gov.ar/valuacion/informacion/01-06-2019.pdf). Dicha base estadística mencionada, por ser fidedigna y tener además carácter oficial, contiene los valores actuales y objetivos con relación a las distintas marcas y modelos de automóviles cuya consulta permite considerar la pretensión de la apelante.
Asimismo, contamos como pauta referencial las páginas conocidas popularmente que se dedican a la venta de todo tipo de artículos y servicios, como Mercado Libre, la cual también es utilizada por millones de usuarios para la compra y venta de vehículos. (https://listado.mercadolibre.com.ar/vwgol-gld-1.6 1998#D[A:vw%20gol%20gld%201.6%201998]). Del mismo modo, la página “de motores” resulta ser otra página de consulta popular. (https://demotores.com.ar/autos/usadocondici%C3%B3n/volkswagen/gol/1998-ano/).
En consecuencia, tomando dichas pautas como referencia y habiendo fijado este sentenciante que el presente rubro se trata de una deuda de valor, que debe fijarse y liquidarse al momento de sentenciar, como así también que sin perjuicio de lo estipulado por las partes en el contrato de póliza –véase fs. 94 y siguientes-, la parte demandada se encuentra en mora, corresponde cuantificar el presente rubro en el importe de pesos OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000,00), suma que considero justa y equitativa.
V. Privación de uso. (Rubro reclamado como indisponibilidad del vehiculo).
A los fines de dar respuesta a este agravio, resulta menester destacar que en la especie este sentenciante ha realizado un nuevo reexamen y estudio de la cuestión, apartándose del criterio sostenido hasta entonces. En una primera etapa, se consideraba que este rubro “privación de uso” formaba parte de lo que suele denominarse 'lucro cesante”. Los tribunales se inclinan a exigir una prueba muy precisa y detallada de los perjuicios, negándose a repararlos si ella no se brindaba.
Sin perjuicio de ello, por este camino se llegaba a soluciones disvaliosas, puesto que se dejaba sin indemnizar perjuicios que eran reales, pero no podían ser objeto de la prueba directa que se requería en razón de dárseles el trato de “lucros cesantes", por lo cual, comienzan los diversos Tribunales a conceder esa indemnización. Se considera, con acierto, que la "imposibilidad de utilizar el vehículo durante un determinado lapso (…) configura un perjuicio que debe ser indemnizado pues si no la reparación dejaría de ser integral". “El vehículo tiene por finalidad tanto el esparcimiento como su utilización como medio de trabajo", en razón de que "el automóvil, por su propia naturaleza, está destinado al uso" y con él se satisfacen -o pueden satisfacer- necesidades espirituales y materiales". Comporta un daño resarcible la sola privación del uso de un automotor en virtud de afectar uno de los atributos del dominio. La sola privación del vehículo importa por si un daño indemnizable, a título de daño emergente, aunque no se compruebe el perjuicio real y concreto, ni se pruebe su utilización en tareas lucrativos. (Luis Moisset de Espanés, Automotores. Privación del uso. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (República Argentina) http://www.acader.unc.edu.ar).
Del mismo modo, por aplicación analógica (art.171 de la Const. de la Prov. Bs. As. y art. 2 del CCyCN) que se realiza en este voto, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul ha tenido oportunidad de manifestar que: “En punto a la prueba del aludido daño, esta Sala señalaba en la causa “Lazzarino” (voto del Dr. Galdós) que “en general se sostiene que la privación de uso de un automóvil es de por sí un daño indemnizable pues se presume que quien lo utiliza lo hace para llenar una necesidad’ (Borda, Guillermo ‘Tratado de Derecho Civil Argentino Obligaciones’ T.II ps.370/371; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni ‘Códigos...’ T.5 p.275 y ss.; S.C.B.A.
Ac.27251, 24/6/60 ‘Rassori’, DJJ 119- 553/54; Ac.47079, 20/11/91 ‘Sellaro’). De tal suerte que la sola privación de uso –sin necesidad de acreditar su afectación a actividad productiva constituye la materialidad del daño (arts.1068, 1069, 1083, 1094 y concs. Cód.Civ,; ver Zavala de González Matilde ‘Daños a los automotores’ p.118 y ss.).” (causa n° 39300, “Lazzarino, Ismael…”, del 19/5/98, E.D. 178-335 con nota de Jorge Bustamante Alsina). Se subrayó en ese precedente que “La tendencia jurisprudencial mayoritaria adhiere a la tesitura que entiende que la indisponibilidad del vehículo puede dar origen a un daño emergente – generalmente presumido- o a un lucro cesante, sujeto a prueba’ (ver Zavala 60346 24 de González, ‘Daños a los automotores’ T.1 ps. 92, 99, 130, 150”).
(esta Sala, causa cit. “Lazzarino”; en igual sentido, causas n° 56.236, “Sala, Jorge Ulises, del 05/07/12 y nº 58761, "Galarza, Blanca Beatriz, del 17/07/14). Respecto de la ausencia de prueba concreta en torno a lo erogado, ha dicho la citada autora que “sería ciertamente engorroso y no siempre posible la acumulación detallada de los múltiples comprobantes de expedición no habitual que acrediten, por ejemplo, el importe de los varios viajes en taxímetro. Recuérdese además que el objeto del resarcimiento parte del derecho, de contenido económico, de sustituir el uso impedido, y que se contaba con ese derecho a partir de la propia indisponibilidad del vehículo, de suerte que es indiferente el comportamiento que en los hechos haya concretado la víctima; lo que importa es el que, jurídicamente, tenía facultad de desplegar con la indemnización, que debió anticipar el responsable, en lugar de abonarla al cabo del proceso”.
(Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. Tomo 1. Daños a los automotores, ob. cit., pág. 131).
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de La Nación, ha tenido oportunidad de expedirse sobre la cuestión, refiriendo que: “En lo que hace a la privación de uso particular del automóvil, su resarcimiento se impone e atención a que la indemnización debe ser integra.” (Silvia Susana Piccini y o. c/ Prov. de la Rioja y o. s/ daños y perjuicios” CSJN, 14/10/1992). Sentado ello, y adentrándome al tratamiento de la cuestión, no escapa a este sentenciante que en la póliza celebrada entre las partes se ha dispuesto sobre este tópico que: “CG-CO 8.1 Privación de uso: El asegurador no indemnizara los perjuicios que sufra el Asegurado por la privación del uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cubierto” –véase fs. 95/95 vta.-. Por lo cual, corresponde preguntarse si en la especie y atento a las características del caso bajo estudio, ¿Corresponde estarse a lo pactado por los litigantes?
Al respecto, ha sentenciado cierta jurisprudencia que: “Es importante señalar que el Sentenciante, adecuadamente a mi criterio, no condenó al pago de la indemnización por privación de uso como consecuencia del cumplimiento del contrato sino justamente lo contrario. Si la aseguradora hubiera abonado el monto correspondiente a la destrucción total del vehículo asegurado dentro del plazo que el contrato le otorgaba, este rubro no hubiera podido ser reclamado por la limitación que se establece en la póliza, pero al caer en mora la demandada, la limitación también cae. La privación de uso constituye una delimitación objetiva del riesgo, el incumplimiento del contrato de seguro por parte del asegurador, habilita al asegurado a reclamar la misma como contenido de una pretensión de daños y no como cumplimiento del objeto (riesgo) del contrato de seguro.- En lo que hace a la cláusula limitativa se ha resuelto que la mera privación del uso del vehículo es susceptible de producir un perjuicio resarcible y que no empece a ello la aludida cláusula ya que la misma resulta aplicable cuando la aseguradora ha cumplido en término con su obligación de resarcir el siniestro, y no cuando ha incurrido en mora (CNCom., Sala E, 25/3/1988, “Silva, J. c. Lefa Coop. de Seg.”, La Ley, 1989-C, 152; CNCom., Sala C, 18/8/1994, “Gómez, J. c. Anta Cía. de Seg.”, La Ley, 1995-B, 301; CNCom., Sala E, 22/6/1995, “Miraglia, D. c. Libertad Cía.de Seg.” inédito). En efecto, en el marco de un proceso por cumplimiento de un contrato de seguro y daños y perjuicios, se tiene expresado que “si el asegurador se halla en mora en el cumplimiento de su obligación, deviene inaplicable la limitación del reclamo a los términos del contrato” (CNCom., Sala E, 5/9/2003, “Romano W. c. H.S.B.C., La Buenos Aires”, RCyS, 2005-I-116).” (fallo citado, Sucesores de M. O. A. c/ Liderar Compañía General de Seguros s/ ordinario. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico. Fecha: 12-abr-2017. Cita: MJ-JU-M-105761-AR | MJJ105761 | MJJ105761).
En consecuencia, considero que encontrándose en mora la parte demandada en el cumplimiento del contrato, y su culpa se presume por el mero incumplimiento (arts. 509 y 512 del CC), dicha cláusula que exime a la aseguradora del pago de la privación de uso, deviene en el presente caso inaplicable.
En suma, corresponde que el presente rubro prospere, cuantificándolo económicamente y de modo equitativo, con prudencia y razonabilidad en la suma de pesos DIEZ MIL ($10.000,00) (art. 1068, 1069 y 1083 del CC y art. 165 del CPCC).
VI. El daño moral contractual El daño moral tiene carácter resarcitorio ("Daños a las personas" RRCyS 2005-35; "Nuevos daños a las personas en la sociedad de riesgo" en libro Homenaje al Profesor Jorge Mosset Iturraspe, Santa Fe, Ediciones UNL 2005, p. 159). Lorenzetti puntualiza que se asiste a una notable expansión del concepto de daño moral tanto en su contenido como en la titularidad de la acción, incluyéndoselo en una noción más amplia de daño a la persona como lesión a derechos fundamentales de raigambre constitucional (Lorenzetti Ricardo, "El daño a la persona", LL 1995-D-1012; aut. cit. "La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante", Rev. de Der.
Priv. y Com., Nº. 1, "Daños a las personas", p. 103). El daño moral se concibe considerando el interés jurídico susceptible de ser reparado toda vez que el derecho no protege los bienes en sí mismos o en abstracto sino en cuanto idóneos para satisfacer necesidades (intereses) patrimoniales o extrapatrimoniales que resultan frustrados a raíz del hecho dañoso (conf. "El daño moral colectivo. Su problemática actual" en "Derecho Ambiental y Daño" -Director Ricardo L. Lorenzettipág. 253; Bueres, Alberto J., "El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general", Revista de Derecho Privado y Comunitario, p. 237; Boragina, Juan, "El Daño" en "Derecho Privado" (Homenaje a Alberto Bueres), pág. 1138; Calvo Costa, Carlos, "Derecho de las obligaciones" T. 2 p. 239).
(….) Consiste "no sólo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del individuo", sino también en la "privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del damnificado -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las personas" (Highton, Elena I. - Gregorio, Carlos G. - Álvarez, Gladys S., "Cuantificación de Daños Personales. Publicidad de los precedentes y posibilidad de generar un baremo flexible a los fines de facilitar decisiones homogéneas y equilibradas", Revista de Derecho Privado y Comunitario 21, Derecho y Economía, pág. 127; conf. mis trabajos "Afección al Espíritu de la Persona. Legitimados para reclamar el daño moral" en "Estudios de Derecho Privado Moderno.
Homenaje al Dr. Julio César Rivera", Ed. L. L., Bs As 2012 pág. 145; "Los daños a las personas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", Revista de Derecho de Daños 2009-3-245; "Cuánto" y "quién" por daño moral" en "Homenaje a los Congresos Nacionales de Derecho Civil (1927-1937-161-1969). Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba Ed. Advocatus, Córdoba 2009-T. III pág. 1659; esta Sala, causa nº 57.218, 13/06/2013, "Rossi...", “Barcelona” cit. anteriormente). La doctrina analizada, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Nacional (C.S. 12/04/11 "Baeza Silvia c/ Buenos Aires, Pcia. de"; conf. "El daño moral (como "precio del consuelo") (“O., María del Rosario c/ AMX Argentina (Claro) S.A. s/ Daños y Perjuicios” (Causa N° 63.121) Causa nº: 2-63121-2018 28 días del mes de agosto del año 2018).
Asimismo, la jurisprudencia se ha orientado a considerar que “la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual – conforme a la doctrina tradicional de la S.C.B.A. – ha sido morigerada en los últimos tiempos cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional” (esta Sala causa nro. 117.024 del 18/12/2018; SCBA LP 115486 S 30/09/2014, CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, CC0201 LP 120537 rsd 286/16 S 25/10/201, CC0102 MP 161454 263-S S 03/11/2016, CC0002 QL 16462 113/15 S 07/08/2015, CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015, CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; JUBA; Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, Astrea, 2008, p. 481, con cita de C.N.Civ. y Com. Fed., Sala III, 19/02/08, “Borlenghi c. Cubana de Aviación”). (“ACUÑA NESTOR ANTONIO C/ LUXCAR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”. Expte. Nº SI-117437. Sala I. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, 07/05/2019).
Del mismo modo, “si bien es cierto que el menoscabo moral contractual debe estar probado como presupuesto para su resarcimiento, también lo es que para acreditar tal daño no es necesario la existencia de prueba directa, cuya realización resulta imposible por la índole del perjuicio, pudiendo acreditárselo por medio de indicios que lleven a la convicción del juzgador acerca de la configuración del daño (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa Ac. 89068 “Flores, José Martín y otra c/ Lucio V. López S.A. y otro s/ cobro de pesos”, sent. del 18-VII-2007; S.C.B.A. en la causa Ac. 73965 “Massimino, Héctor c/ Gorosito, Hugo s/ resolución de contrato”, sent. del 21- 03-2001; entre otras). En particular, debe dejarse de lado el criterio restrictivo en la ponderación de la prueba del daño moral cuando, como en el caso de autos, nos hallamos frente al reclamo efectuado por un consumidor quien por su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo por deficiencias del producto o servicio prestado por el proveedor, se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones ya sea patrimoniales o informativas para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido (argto. doct. esta Cámara y Sala en la causa N°153.582“Pastore, Mabel Ramona c/ Bco. Columbia S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 10-07-2018; esta Cámara y Sala en la causa N°156.786 “Galera Laferrere, Ándres Alfredo c/ AMX Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 04-08-2014; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul, Sala II, en causa N° 57.494 “Rossi, Laura Viviana c/ Whirlpool Arg. S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 11-06-2013; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul en la causa N°214 “Boragno, Cristian c/ Dragoun, Jorge y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 09-09-2004). (argto. jurisp. S.C.B.A. en la causa N°111.627 “Ceruzzi, Jorge Alfredo y otro c/ Della Crocce, Guillermo Valentín s/ daños y perjuicios”, sent. del 26-06-2013). ("RUBIOLO, CLAUDIA ELIZABETH C/ LLAVE MAESTRA S.R.L. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"REGISTRADA BAJO EL N° 97 F° 620/634 EXPTE. N° 167.435. Mar del Plata, 5/06/2019, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera.)
Así las cosas, tratándose el presente caso bajo juzgamiento de un incumplimiento contractual derivado de una relación de consumo y en virtud de lo “ut supra” descripto, considero que el daño moral debe ser analizado bajo el amparo de dicha normativa.
Ahora bien, en la especie, observo que el daño moral se encuentra acreditado por las circunstancias y antecedentes que fueron relatados en las presentes actuaciones. Como ha quedado probado, a la accionante el día 6/10/2013 le han sustraído su vehículo automotor, lo cual motivara que realizara la pertinente denuncia en la causa penal, la que ya ha sido valorada por este sentenciante. Posteriormente, al iniciar la denuncia ante la aseguradora y su ampliación –a la cual ya le he otorgado valor probatorio-, la demandada no ha bridado ni el servicio ni asistencia que la situación requería. Por lo cual, los padecimientos sufridos por la parte actora, no se tratan de las contingencias propias del mundo de los negocios, sino que tienen una relación causal adecuada con el incumplimiento injustificado del contrato de seguro, en donde la Sra. Denegri Sandra, resultaba claramente la parte más débil de la relación contractual.
En suma, por las consideraciones expuestos precedentemente y la naturaleza de la cuestión, corresponde hacer lugar al rubro daño moral en el importe de pesos DIEZ MIL ($10.000,00) (arg. arts. 522, 1067, 1068, 1071, 1083 del CC, 1,2,3 y siguientes y concordantes de la ley 24240 y sus modificatorias).
VII. Daño punitivo. Derecho positivo y doctrina aplicable Dicho rubro ha sido requerido por la apelante en su escrito de inicio. Ahora bien, el art. 52 bis actual de la Ley de Defensa del Consumidor dispone: “Art. 52 bis.- Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduara en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art.47, inc. B) de esta ley”. Por su parte, el artículo 47 establece que. "Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: […] b) Multa de pesos cien ($100) a pesos cinco millones ($5.000.000)…”.
Como ha adoctrinado Daniel R. Vitolo: “…la norma resulta de una alta complejidad, pues requiere para la aplicación del instituto – según reza la norma – la conjunción de varios elementos: a) Una relación de consumo; b) Un proveedor que incumpla con su obligación legal o contractual; c) Un consumidor damnificado; d) Un proceso judicial en el cual el consumidor damnificado reclame el daño punitivo; e) Un juez que acoja favorablemente la petición. Faltando alguno de ellos, el instituto de los daños punitivos no opera. Veremos- seguidamente cada uno de estos elementos en particular (Vitolo Daniel R., “Las reformas al régimen de Defensa del Consumidor…”, Ed. Ad- Hot, Buenos Aires, año 2012, pág. 167). a) Una relación de consumo: Parafraseando al citado autor, Dr.
Vitolo, dice que: “El primer requisito para que pueda operar el instituto de los daños punitivos es que exista- en el conflicto en cuestión- una relación de consumo, es decir, un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor o usuario; esto es que una persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolle de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios, se haya vinculado -jurídicamentecon persona física o jurídica que adquiere o utilizar bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, incluyendo la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines; b) El proveedor incumplidor En este punto- y habida la relación de consumo- se requieren tres condiciones: dos positivas y una negativa. a) la primera condición positiva es la existencia de una persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolle de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios; b) la segunda condición positiva es que este proveedor haya incumplido con alguna obligación legal o contractual frente a un consumidor o usuario; y c) la condición negativa es que esta persona no sea alguien que preste servicios de profesiones liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matricula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello; pero si la publicidad que se haga de su ofrecimiento; salvo que se trate de temas vinculados a la publicidad que estas personas realicen; c) El consumidor damnificado El tercer elemento -o condición- es que exista un sujeto damnificado que encuadre dentro de la definición de consumidor o usuario, es decir alguien que haya sufrido un daño o perjuicio y que se trate de: a) persona física o jurídica que haya adquirido o utilizado los bienes y servicios suministrados por el proveedor en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social; incluyendo la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines; o b) una persona física o jurídica quien, sin ser parte de esa relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza los bienes o servicios suministrados por el proveedor como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social; o c) una persona física o jurídica que, de cualquier manera, este expuesto a esa relación de consumo; d) El proceso judicial en el cual el consumidor o usuario efectúe el reclamo.
Para que pueda establecerse la obligación de efectivizar una sanción de la naturaleza del daño punitivo se requiere de una petición expresa respecto de dicha sanción por parte del actor damnificado- es decir, del consumidor o usuario y de quienes se encuentren equiparados a el-. Es decir que la sanción no puede ser establecida de oficio por el juez. Asimismo, la sanción requiere de un procedimiento judicial, ya que las autoridades administrativas no se encuentran legitimadas para imponer multas civiles con carácter de daños punitivos; a diferencia de lo que ocurre con el daño directo, donde se encuentran facultadas expresamente por la ley para determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de cinco (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec); e) El Juez que acoja favorablemente la petición.
Finalmente, se requiere que el juez resuelva en la sentencia que dicte en el procedimiento judicial en que se lleve adelante el reclamo, imponer al proveedor la multa civil, la que será adicionada a las otras indemnizaciones que pudieran corresponderle al reclamante” (Vitolo Daniel R., ob. pub. cit. Pág. 167/170).
En efecto, desde esta perspectiva, sostienen Junyent Bas y Garzino que no cabe duda alguna que la finalidad del instituto o móvil es de carácter sancionatorio, pues procura castigar determinadas conductas que lesionan al interés comunitario y que deben ser reprochadas por el derecho. Asimismo, también posee un jaez preventivo, pues como sostiene la doctrina, las puniciones procuran impactar de manera concreta en el espectro de las conductas de todos los integrantes de la comunidad. En consecuencia, se ha señalado el doble carácter del instituto, que su finalidad no es sólo la de castigar a la demandada por una conducta grave, sino también desalentarla en el futuro, vale decir, que se trata de una sanción punitiva y preventiva a la vez, pero fundamentalmente disuasiva para evitar la reiteración de hechos similares. En particular, Irigoyen Testa destaca que la función de los derechos punitivos habilita a distinguir un aspecto principal y otro accesorio: el principal es la disuasión de daños conforme con los niveles de precaución deseables socialmente; y, por otra parte, la accesoria, es la sanción al dañador, ya que, toda multa civil, por definición, tiene una finalidad sancionatoria por la circunstancia fáctica de ser una condena en dinero extracompensatoria. De tal modo, la introducción de los daños punitivos implica reconocer que la responsabilidad civil, al lado de su función típica que sin dudas consiste en reparar, también puede y debe cumplir finalidades complementarias a los fines de la prevención y punición de ciertas conductas. Así, Lorenzetti explicó que la responsabilidad civil tiene tres finalidades que deben incorporarse a la parte general de toda normativa fondal, a saber: preventiva, reparadora y sancionatoria. (Doctrina del día: daño punitivo. Presupuestos de aplicación, cuantificación y destino. Autores: Junyent Bas, Francisco y Garzino, María Constanza. Publicado en: DIARIO LA LEY, tomo LXXV~239, 2011-12-19).
Por su parte, se ha sentenciado que: “Pasando al daño punitivo regulado en el art. 52 bis LDC (según ley 26.361), doctrina y jurisprudencia, han dejado en claro que se trata de sanciones o multas civiles que proceden a pedido de parte, que están destinadas a culpables de conductas extremadamente reprobables por su gravedad, y que pueden sumarse al resarcimiento ordinario (extra a lo resarcitorio) (...) (conf.: Fundamentos al Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, en relación a las proyectadas “sanciones pecuniarias disuasivas”, del art. 1748 eliminado por el Poder Ejecutivo; GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L., El daño punitivo y la sanción pecuniaria disuasiva. Análisis comparativo de la proyección de una figura resistida hoy consagrada, en RCyS, 2013-X, 15; GALDÓS, Jorge M., La responsabilidad civil (parte general) en el Anteproyecto, LL, 2012-C- 1254) (...) El art. 52 bis LDC establece que la fijación judicial del importe se "graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso", lo cual es válido complementar con lo normado por el art. 49, que fija pautas para la graduación de las sanciones por infracción a la ley, de lo que es dable concluir que para la estimación del daño punitivo deben tenerse en cuenta, por lo menos, los siguientes parámetros: el perjuicio causado por el hecho dañoso, la posición que ocupa el dañador en el mercado (...) el grado de reprochabilidad o intencionalidad de la conducta, (...) (ZENTNER, Diego H., El daño punitivo entendido como una verdadera sanción disuasiva, en: DJ 11/03/2015 , 7).
En el supuesto que nos ocupa, el juez de grado contempló los múltiples reclamos que debió realizar la actora, la incontestación a su interpelación epistolar, la actitud asumida por la empresa demandada en sede administrativa y el incumplimiento al compromiso asumido por ésta ya en el juicio, de efectivizar el servicio sin que lo hubiera hecho. Creo entonces, que la sanción ha sido bien dispuesta, pues la prestataria del servicio público aquí accionada, no sólo no instaló la línea telefónica en el tiempo debido, sino que tampoco dio correcta y amplia información a la usuaria, ni probó que documentó los reclamos y respuestas que se le brindaron como era su obligación, además de excusarse por la demora en razones que nunca explicitó, ni acreditó ni mucho menos expuso que se tratara de obstáculos legalmente contemplados como para eximirla de las responsabilidades por ella asumidas.
El monto fijado por este rubro ($10.000), también lo estimo adecuado, ya que cuantitativamente si el importe fuera mínimo, la sanción no cumpliría su fin disuasivo, y examinado bajo las pautas arriba enunciadas, también resulta razonable, de modo que la queja tampoco puede ser acogida”. (Cámara de Apelaciones Sala Primera en lo Civil y Comercial. Expt.Nº 5054/C "A. E. C/ TELECOM DE ARGENTINA S.A. S/ SUMARISIMO (CIVIL)" Juzgado Civil y Comercial Nº 3, Gualeguaychú).
Sentadas las premisas legales aplicables al presente “sub judice” analizaremos y estudiaremos, si se encuentran reunidos los extremos legales requeridos para la viabilidad o no, de la aplicación de los daños punitivos.
Nos hayamos frente a la existencia de una relación de consumo (art. 42 de la CN y arts. 1, 3 y siguientes y concordantes de la ley 24240 con las reformas de la ley 26361), mediante el cual la parte demandada “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” celebró con la parte actora Denegri Sandra Elisabet un contrato de seguro conforme la póliza que se encuentra adunada a estas actuaciones.
De este modo, frente al encuadre jurídico expuesto “ut supra”, me avocaré como preopinante a someter a estudio y análisis los agravios propuestos por la actora apelante y sus pretensiones señaladas en el escrito de inicio de demanda, que giran en torno a la aplicación del instituto de los daños punitivos, conforme fuera requerido –reitero- en su escrito inaugural. Así las cosas, considero que el comportamiento y la conducta culpable y de carácter grave de la demandada, se produce dentro de la etapa de ejecución y cumplimiento del contrato de seguro, recordando expresamente – a esos efectos- que los contratos deben cumplirse y ejecutarse de buena fe, y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, actuando las partes con cuidado y previsión (art. 1.198 del Cód. Civ.). De este modo, repárese –como lo hice notar “ut-supra”, que la accionada ha actuado dentro de la etapa de ejecución del contrato, de mala fe y con culpa grave –que así la califico-, pues desconoce arbitrariamente la autenticidad de la documental que contiene la ampliación de denuncia de siniestro, planteando injustamente la suspensión y la exclusión de la cobertura por la falta de pago de la prima, encontrándose vigente la póliza de seguro, toda vez que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.(art. 902 del Cód. Civ.), y para la estimación de los hechos voluntarios las leyes toman en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estimará el grado de responsabilidad, por la condición especial de los agentes (art. 909 del Cód. Civ.).
Que las circunstancias que rodean a esta obligación, son: a) Los sujetos, en nuestro caso el deudor (la cooperativa de seguros, constituida legalmente con fines sociales y solidarios), el acreedor-consumidor, víctima del daño del siniestro; b) una relación de consumo entre dichas partes, que tutela con normas de orden público a la parte más débil en la contratación, es decir el consumidor; c) el lugar de complimiento del contrato; c) el tiempo en que debe cumplirse el contrato de seguro.
De manera pues, que se vislumbra por parte de la aseguradora, una conducta abusiva por su posición dominante, al no ejercer sus derechos de buena fe, toda vez que el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal el que contraríe los fines del ordenamiento jurídico o al que exceda los límites impolutos `por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 1.071 del Cód. Civ.).
Todos estos extremos comprobados, hacen que corresponde legalmente aplicar y condenar a la demandada al pago de los daños punitivos.
En suma, cuantifico económicamente el monto en concepto de daño punitivo o multa civil, que la gradúo en función de la gravedad del hecho en el importe de pesos DIEZ MIL ($10.000,00), suma que liquido de modo equitativo con prudencia y razonabilidad (arts. 47 inc. b y 52 bis de ley 24240 mod. 26361).
VIII. Cómputo de los intereses.
El indócil tema de los intereses ha promovido en la jurisprudencia soluciones a veces antagónicas. Este Tribunal en fallos recientes ha aplicado las soluciones brindadas por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires en los casos “Vera” y “Nidera” (sentencias dictadas con fecha 18/04/2018 y 3/05/2018) por interpretar que dichos precedentes constituían doctrina legal. Una actual compulsa realizada por este Tribunal con relación a la jurisprudencia de la SCBA permite advertir que en fallos posteriores a los mencionados, el Superior Tribunal Provincial ha aplicado la solución dada en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (ambas sentencias del 15-VI-2016), estableciendo que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los periodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cod. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). (ver JUBA B5034897).
La SCBA al sostener, reitero, luego de “Vera” y “Nidera” este criterio, también ha hecho referencia a que se trata de una doctrina legal consolidada (ver SCBA LP L. 120039 S 13/02/2019 Aguilar, Héctor Enea contra Torres Americanas S.A.. Accidente de trabajo - Acción especial; SCBA LP L. 120059 S 13/02/2019 Fernández, Cristian Ramón contra Campo Nuevo S.A. Accidente de trabajo - acción especial; SCBA LP L. 118442 S 26/12/2018 Lama, Olga Beatriz contra Estado de la Pcia. de Bs. As. y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial, entre otros ver JUBA B5034897). En ningún caso, en esta jurisprudencia actual y posterior a las causas “Vera” y “Nidera” se hace alusión al criterio plasmado en las mismas, debiéndose interpretar que las soluciones brindadas en esos precedentes han obedecido a un contexto muy particular, de modo que cabe inferir que no se ha modificado desde las soluciones brindadas por mayoría, en las causas “Cabrera” y “Trofe”, el criterio general en materia de doctrina legal sobre intereses.
Dicha interpretación ha comenzado a receptarse en otros Tribunales de la Pcia. de Buenos Aires (ver Cámara Civil y Comercial del dpto. judicial de Lomas de Zamora, “Ripani Enio Eugenio s/ sucesión c/ Nortur SRL y otro/a s/ Daños y Perjuicios” (Expte. LZ-12972-2012) RSD 209, Folio 1490 sentencia del 30/10/18; Cámara Civil y Comercial del dpto. judicial de Morón, Sala Segunda, “Muñoz Campos Cecilia del Carmen c/ Lucchetta Damian Luis, Thintchinian Alicia y Seguros Sura SA s/ Daños y Perjuicios” Causa MO-31377-2013 sentencia del 7/02/2019) de modo que los jueces, al dar una solución razonablemente fundada, aplican la consolidada doctrina de la SCBA en materia de intereses.
En consecuencia, propongo modificar el criterio sostenido por este Tribunal hasta el presente y aplicar la consolidada doctrina legal de la SCBA en la causa “Cabrera”.
En éste orden de ideas, no cabe más que señalar que los intereses se computaran desde el día 23/11/2013, fecha en que quedó constituido en mora legal la demandada, es decir de pleno derecho y en forma automática (art. 509, 512, 902, 909 y 1198 CC) por haberse vencido el plazo de 15 días (art. 49 de la ley 17418) que el asegurador tenia para abonar y cancelar su deuda, y que comenzó a correr desde el vencimiento del plazo de 30 días previsto para expedirse a sus efectos (conforme el art. 56 de la citada ley), a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha denunciada -23/11/2013- hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.). (SCBA, Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y Perjuicios, Causa 119.176, 15/06/2016).
IX. Las costas de Primera y Segunda Instancia Atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en Primera y Segunda instancia deben ser impuestas a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.).
Por todas las consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y Posca también VOTAN POR LA NEGATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ
DOCTOR JOSÉ NICOLÁS TARABORRELLI dijo:
Visto el Acuerdo que antecede, propongo a mis distinguidos colegas: 1º) SE HAGA LUGAR A LOS AGRAVIOS expuestos por la parte actora, SE REVOQUE la sentencia de Primera Instancia en todas sus partes y en su consecuencia. 2º) SE HAGA LUGAR A LA DEMANDA entablada por Sandra Elizabet Denegri y SE CONDENE a la parte demandada “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” a abonar a favor de la actora el importe de pesos: a) OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000,00) en concepto de valor de vehículo, b) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de privación de uso; c) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de daño moral; d) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de daño punitivo, sumas que deberán ser abonadas dentro del plazo de 10 días de quedar firme la presente f) SE DISPONGA que los intereses se computaran desde el día 23/11/2013 (arg. arts. 49 y 56 de la ley 17418) a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha denunciada -23/11/2013- hasta el día de su efectivo pago 3º) SE IMPONGAN las costas generadas en Primera y Segunda a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.). 4º) SE DEJE SIN EFECTO la regulación de honorarios y sus respectivos recursos de apelación, atento a la forma en que se resuelve. 5°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogos fundamentos, el Dr. Pérez Catella y Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A.
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. HACER LUGAR A LOS AGRAVIOS expuestos por la parte actora, REVOCAR la sentencia de Primera Instancia en todas sus partes y en su consecuencia.
2. HACER LUGAR A LA DEMANDA entablada por Sandra Elizabet Denegri y CONDENAR a la parte demandada “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” a abonar a favor de la actora el importe de pesos: a) OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000,00) en concepto de valor del vehículo, b) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de privación de uso; c) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de daño moral; d) pesos DIEZ MIL ($10.000,00) en concepto de daño punitivo, sumas que deberán ser abonadas dentro del plazo de 10 días de quedar firme la presente f) DISPONER que los intereses se computaran desde el día 23/11/2013 (arg. arts. 46 y 56 de la ley 17418) a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha denunciada -23/11/2013- hasta el día de su efectivo pago 3º) IMPONER las costas generadas en Primera y Segunda a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.). 4º) DEJAR SIN EFECTO la regulación de honorarios y sus respectivos recursos de apelación, atento a la forma en que se resuelve. 5°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia