Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-13463281-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la Resolución N.° 7278/2018, dictada el 09/10/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.° 12206-6290-2008, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-108260762-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Septiembre de 2025 S.A.
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht y Horacio Joaquín Segura (la Dra. Claudia Beatriz Sarquis se encuentra en uso de licencia), a fin de resolver en los autos caratulados: “DENSO MANUFACTURA ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente EX-2023-13463281-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2023-13462272-APN-SGASAD#TFN, la firma DENSO MANUFACTURA ARGENTINA S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N.° 7278/2018, dictada el 09/10/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.° 12206-6290-2008, mediante la cual se dispuso el archivo del sumario infraccional iniciado a la empresa, en atención al monto de la multa y de conformidad con la Instrucción General N.° 09/2017 (DGA), intimándola junto con su garante “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.” al pago de los tributos aduaneros en relación al D.I.T. N.º 07 073 IT15 000072 X. En primer lugar, solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado en el sumario infraccional desde la instrucción de sumario, dado que de manera arbitraria no se corrió vista, tal como exige el Código Aduanero. Señala que esta omisión afectó su derecho de defensa, le impidió demostrar que cumplió con el régimen temporal investigado y derivó en una denuncia ilegítima con reclamo tributario. Agrega que la única notificación realizada se limitó a informar el dictado de la resolución y a exigir el pago de los tributos que el servicio aduanero consideró adeudados, afectando así el derecho de defensa y los principios elementales del debido proceso. Por esa razón, sostiene que, al no haberse constatado incumplimiento al art. 970 del C.A. mediante un procedimiento válido, no corresponde exigir el pago de los tributos. Asimismo, solicita que se declare prescripta la acción del fisco, ya que la resolución fue notificada años después de dictada, una vez operada la prescripción, lo que la torna nula. Señala que, aunque el Código Aduanero no fija plazos para notificaciones, por aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos y del Código Procesal Civil y Comercial estas deben practicarse en plazos razonables para ser eficaces. Finalmente, manifiesta que cumplió debidamente con el régimen de importación temporaria, habiendo exportado y/o nacionalizado la totalidad de la mercadería antes de la fecha de vencimiento autorizada. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada con expresa imposición de costas.
II. En el IF-2023-65431815-APN-DTD#JGM, la representación fiscal responde al traslado del recurso interpuesto. Tras formular la negativa genérica de rigor y exponer un breve relato de los hechos, defiende la validez del procedimiento y la resolución aduanera. Hace referencia a la Instrucción General N.º 09/2017 D.G.A., y sostiene que el reclamo tributario se fundamenta en el acaecimiento del hecho imponible y no en la comisión de una infracción en conformidad de lo dispuesto en el art. 274 del CA. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura. Asimismo, manifiesta la plena vigencia de las acciones del fisco para percibir tributos e imponer penas. En cuanto al fondo del asunto, señala que, al no haberse acreditado la reexportación de la mercadería dentro del plazo establecido, se configuró el hecho imponible. Por lo tanto, corresponde atribuir la responsabilidad tributaria a la importadora y a su aseguradora. Finalmente, formula consideraciones respecto de la póliza de seguro, su límite de cobertura y la responsabilidad asumida por el garante. Hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba el expediente administrativo y solicita que se confirme la resolución aduanera recurrida, con costas.
III. Las Actuaciones Administrativas SIGEA N.º 12206-6290-2008, incorporadas en el embebido del IF- 2023-119313389-APN-DTD#JGM, se inician a fs. 1 con la presentación del despachante de aduana solicitando la liberación de la garantía, invocando el cumplimiento del despacho de importación y acompañando documentación. A fs. 10 obra el acta de denuncia relacionada con el D.I.T. N.º 07 073 IT15 000072 X, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 12 y, posteriormente, a partir de fs. 33, se incorporan impresiones del sobre contenedor correspondiente a la DIT en trato. A fs. 15 se clasifica y valora la mercadería. A fs. 16 se practica la liquidación tributaria. A fs. 20, con fecha 18/10/2013, se dispone la apertura del sumario (sin notificar). A fs. 23 obra una nueva determinación de multa y tributos. A fs. 24, se agrega el print de la garantía afectada a la destinación. A fs. 25, con fecha 24/09/2018, se deja constancia que se ha consultado el sistema de causas SUMARCHI con resultado negativo en los términos de la Instrucción General 09/17 DGA con relación a la firma importadora. A fs. 26/vta con fecha 09/10/2018, se dicta la Resolución N. º 7278/18 apelada en autos, notificada a la importadora a fs. 30 con fecha 01/02/2023.
IV. En la PV- 2025-102975849-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En ese entendimiento, corresponde analizar el planteo de nulidad formulado por la actora, quien sostiene que la omisión de conferir la vista exigida por el artículo 1101 del C.A. vulneró el procedimiento infraccional y su derecho de defensa.
Para una mejor comprensión, es importante hacer una breve reseña de los hechos en sede aduanera. Así es que, del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12206-6290-2008, se observa que, luego del acta de denuncia por la presunta infracción al artículo 970 del C.A. contra la importadora “DENSO MANUFACTURA ARGENTINA S.A.”, se procedió a clasificar y valorar la mercadería (fs. 15) y a liquidar los tributos y la multa (fs. 16 y 23). Posteriormente, se instruyó sumario (fs. 20). A fs. 24 se incorporó print de pantalla de la garantía. Seguidamente, se consultó al Sistema SUMARCHI sobre los antecedentes registrados de la sumariada, constatándose la inexistencia de los mismos (fs. 25). A continuación, se dictó la resolución apelada en autos, mediante la cual se resolvió archivar el sumario infraccional iniciado contra la firma importadora mencionada, en virtud del monto de la multa y conforme a la Instrucción General N.º 09/2017 de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, se intimó a la firma “DENSO MANUFACTURA ARGENTINA S.A.” y a la garante “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.”, al pago de los tributos aduaneros correspondientes al D.I.T. N.º 07 073 IT15 000072 X.
VII. De este modo, del análisis del expediente administrativo se advierte que no consta documentación que acredite la disposición de la corrida de vista, acto que reviste carácter obligatorio según la normativa vigente (ver fs. 20 y siguientes). Bajo estas condiciones, queda de manifiesto que la demandada no cumplió con lo dispuesto en el artículo 1101 del C.A., que establece la obligación de correr vista de todo lo actuado a los presuntos responsables por un plazo de DIEZ (10) días a fin de presentar sus defensas, ofrecer pruebas y aportar la documentación que tuvieran en su poder, afectando de manera directa el derecho de defensa en el marco del procedimiento.
Al respecto, es importante mencionar la interpretación dada por la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al artículo 1101 del Código Aduanero en un caso análogo, (…) “conviene recordar que el principio que determina la inviolabilidad de la defensa en juicio está tutelado en la Constitución Nacional (art. 18) y asegura a toda persona el derecho a participar en el proceso ejerciendo plenamente su derecho a ser oído, a probar sus dichos y a que esas defensas sean debidamente valoradas por el juez. Se concluye fácilmente, entonces, que mediante la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se pretende dar plena dimensión a la referida garantía constitucional, permitiendo al particular ejercer la defensa de sus derechos e intereses. Sobre esa base, y en la medida en que el proceder de la Aduana impidió a la aquí actora desincriminarse en forma oportuna, se constata la situación de in defensión provocada (…). La defensa en juicio requiere indispensablemente, aun en juicios especiales, co mo los de faltas, que se oiga al acusado y se le dé alguna oportunidad para producir su prueba de descargo (Fallos: 198:467); ello es así por cuanto esa garantía constitucional impone que los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar y demostrar los hechos que se consideren conducentes a su defensa. La doctrina de la subsanación judicial del acto administrativo ha de tener un campo de aplicación limitado a casos extraordinarios, pues lo contrario llevaría a los jueces a tener como función normal suplir la voluntad de la administración, exorbitando sus atribuciones, las que son de control, para transformarse en administradores con evidente violación al principio de división de poderes (Sala IV, in re: “Hsien Yuzh S.A. (T.F. 9852-A) c/ D.G.A.”, del 19/11/99). En tales condiciones, cabe concluir que el hecho de que la Aduana no se haya ajustado a la normativa prevista en el Código Aduanero, en materia alguna puede tener el efecto de que la actora se vea imposibilitada de ejercer su derecho de defensa y que, a su vez, se vea irremediablemente condenada por un cargo que no pudo cuestionar” (Sala II, Sentencia de fecha 12/11/2019 dictada en el Expte. N° 44.039/19 caratulado “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”).
Este razonamiento se encuentra en consonancia con la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de estos procedimientos, en donde ha afirmado que “todo procedimiento, tanto administrativo como judicial, debe responder al imperativo del debido proceso, conforme a su naturaleza particular" (Fallos 325:1649, "Banco Integrado Departamental"; Fallos 327:1249, "Atienza"). Asimismo, ha sostenido, de manera constante, el deber de respeto a la garantía de la defensa en juicio en procedimientos administrativos sancionatorios (Fallos 198:78 [1944], "Pcia. de Santiago del Estero c. Compagno, criterio reiterado en Fallos 308:191, "Zubdesa", en el que se consideró que la obligación de dar "vista" de las actuaciones a los interesados para que efectúen su descargo, preceptuada en el reglamento de contrataciones del Estado, no hace sino reglamentar la garantía de la defensa o debido proceso adjetivo en ese procedimiento). Por otro lado, con particular énfasis, la Corte sostuvo que las garantías del debido proceso y defensa en juicio se extienden a las actuaciones administrativas, pues "son de inexcusable observancia en todo tipo de actuaciones, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria" (Fallos 324:3593, "Castro Veneroso").
Así es que, en consonancia con la interpretación jurisprudencial expuesta, queda claro que la omisión de conferir la vista en el presente caso vulneró el ejercicio efectivo del derecho de defensa de la actora, al impedirle conocer el procedimiento infraccional y ejercer oportunamente las acciones y medios de prueba pertinentes. Esta irregularidad transgrede garantías fundamentales del debido proceso, consagradas en normas de jerarquía constitucional y convencional, como el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
VIII. En este estado de cosas, debe destacarse que el tratamiento de las circunstancias que configuran la nulidad no puede ser abordado de manera mecánica, sino que debe efectuarse evaluando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación conforme a las circunstancias específicas de cada caso. En efecto, si bien en otros fallos he destacado la posibilidad de subsanar las irregularidades acaecidas en el procedimiento administrativo previo cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades regladas (cfr. Fallos: 205:549, 247:52, 267:393, entre otros). En la especie, no puedo dejar de hacer notar que no se trata de una simple irregularidad en el marco del procedimiento administrativo que es susceptible de ser subsanada en esta instancia revisora, sino que lisa y llanamente se omitió por completo el procedimiento en sí mismo, de manera que consentir una irregularidad de tal gravedad, obligaría a este tribunal a una revisión ex novo que desnaturalizaría su carácter revisor de la actuación administrativa previa. Por otro lado, es importante resaltar, que aunque la jurisprudencia ha admitido en ocasiones el saneamiento posterior de actos dictados en vulneración del derecho a ser oído en tiempo oportuno, y en otras los ha declarado nulos e insanables por tal violación, en términos generales se ha sostenido que los vicios de procedimiento pueden subsanarse mediante la interposición de recursos una vez impuesta la sanción. Sin embargo, es innegable que garantizar el debido proceso previo no es lo mismo que permitir el acceso al control administrativo a través de la vía recursiva. Desde esa perspectiva, considero que esta práctica conlleva de manera implícita, una vía libre para que la Administración Pública se distancie de la legalidad y contravenga procedimientos esenciales, con la certeza de que tal actuación no acarreará la nulidad del acto, ya que se considerará subsanada en etapas posteriores.
En ese marco conceptual, no se requiere mayor esfuerzo expositivo para evidenciar el vínculo inquebrantable entre la garantía constitucional del juicio previo y las etapas esenciales e indispensables de todo procedimiento sancionador, las cuales, como ha sido señalado, comprenden la acusación, defensa, producción de pruebas y sentencia definitiva (CSJN, Fallos 96:23; 99:284; 183:68; 321:2021). En este marco argumental, resulta ineludible concluir que la omisión de la corrida de vista —que excluyó a la presunta imputada y a la aseguradora del procedimiento infraccional— vulneró el derecho constitucional de defensa en juicio, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esta afectación, a mi juicio, constituye un perjuicio irreparable en esta instancia revisora.
IX. En atención a la jurisprudencia referida y a los principios aplicables, es necesario hacer especial énfasis que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) dispone que, con anterioridad a la emisión del acto administrativo (en este caso, la resolución definitiva), deben cumplirse los procedimientos esenciales y aquellos que se derivan implícitamente del ordenamiento jurídico (cfr. art. 7°, inc. d), por lo que la ausencia de algunos de estos requisitos hace que el acto sea nulo de nulidad absoluta e insanable (cfr. art. 14 inc. b).
Desde este enfoque interpretativo, la omisión de la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del C.A., junto con el hecho de que la resolución apelada fue notificada a la actora recién 4 años, 3 meses y 23 días después de su dictado, constituyen incumplimientos manifiestos de los requisitos legales que tornan nula la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo.
X. Con base en los fundamentos expuestos, corresponde declarar la nulidad de la resolución apelada, con costas a cargo del Fisco.
Por lo expuesto, VOTO POR:
Declarar la nulidad de la Resolución N.° 7278/2018, dictada el 09/10/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.° 12206-6290-2008, con costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Declarar la nulidad de la Resolución N.° 7278/2018, dictada el 09/10/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.° 12206-6290-2008, con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.09.29 13:39:08 ART Date: 2025.09.29 15:52:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.29 21:00:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.29 21:02:27 -03:00
Fin de la sentencia