Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.979-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución nº 141/2016 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-9432-2012, declarando que el importe de la multa automática por falta de presentación del C.O. vinculado al D.I. Nº 11017IC04006357R asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 440,96).
2Imponer las costas respecto del punto anterior sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 2% a cargo de la actora y en un 98% a cargo del fisco.
3Revocar la Resolución nº 140/16 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-9431-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de multa automática y tributos por falta de presentación del C.O. vinculado al DI nº 11017IC04006757V, con costas al fisco.
4Revocar parcialmente la Resolución n° 143/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657-9429-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de tributos vinculados al DI nº 11017IC05005352M.
5Imponer las costas respecto del punto anterior, al fisco.
6Confirmar parcialmente la Resolución n° 143/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657-9429-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa automática vinculada al DI nº 12657-9429-2012, declarando que el importe de la misma asciende a CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 5.223,06).
7Imponer las costas respecto del punto anterior según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 2% a cargo de la actora y …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-105516810-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Septiembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente Nº 36.979-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 7/10 vta. se presenta la firma DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A., por gestor, e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones números 140, 141 y 143, todas dictadas en el año 2016 por la Aduana de Córdoba, en las actuaciones administrativas SIGEA números 12657-9431-2012; 12657-9432-2012 y 12657-9429-2012, respectivamente, mediante las cuales se resolvió rechazar las impugnaciones interpuestas y confirmar, en consecuencia, los cargos números 2694/12, 2693/12 y 2695/12, formulados respecto de las destinaciones de importación números 11017IC04006757V, 11017IC04006357R y 11017IC05005352M, por supuesta presentación extemporánea de los Certificados de Origen. Relata que mediante los DI mencionados la aquí actora documentó con fecha 22.11.2011, 04.11.2011 y 21.12.11 la importación de insumos para la fabricación de productos locales, siendo la mercadería originaria y procedente de Brasil; por lo que en atención a su origen y procedencia, la importación de la misma se encontraba amparada con preferencias arancelarias.
Agrega que por la importación se liquidaron y abonaron los tributos de acuerdo al régimen preferencial y se garantizó la falta de presentación de los Certificados de Origen. Aduce que los mismos fueron presentados por internet mediante el módulo “PRESENTACION DE DJ POR INTERNET”, previsto en la normativa aduanera, dentro del plazo correspondiente. No obstante ello, la aduana formuló los cargos por diferencia de tributos por entender que los certificados fueron acreditados fuera de término. Aduce que dichos cargos fueron formulados por error toda vez que fueron presentados en debido tiempo y cuyas constancias obran en el sistema de AFIP. Agrega que los mismos resultan válidos para acreditar el origen de las mercaderías importadas, amparando las mismas, conforme sostiene el propio servicio aduanero a fs. 31, 21 y 43 de las actuaciones administrativas; razón por la que entiende que no corresponde el pago de los aranceles intimados en las liquidaciones aduaneras.
Aduce que considerar que los C.O. presentados no son un instrumento válido para acreditar el origen de las mercaderías importadas, por cuestiones meramente formales de un complejo procedimiento operativo aduanero (Aviso N° 01/12 DI PNPA), de acuerdo con los términos utilizados por la C.S.J.N. es un exceso de ritual manifiesto. Efectúa reserva de caso federal, ofrece prueba y solicita se revoquen la Resoluciones aduaneras, dejando sin efecto los cargos formulados, con costas.
II. Que a fs. 30 se presenta el Presidente de la firma y ratifica la gestión procesal ejercida por el gestor; por lo que se tiene por ratificada la gestión ejercida por el Dr. Olivera y en consecuencia, por presentada a la firma DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A. a fs. 33.
III. Que a fs. 55 la aquí actora acompaña copias de las Resoluciones Números 345/16, 346/16, 347/16 y 348/16, todas ellas emitidas por el Administrador de la Aduana de Córdoba, mediante las cuales la propia D.G.A. revoca los cargos formulados con fundamento en el Aviso 01/12 de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros.
IV. Que a fs. 60/63 se presenta la representación fiscal, por apoderado, y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de los hechos y afirmaciones vertidas por la actora, que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Sostiene que los C.O. fueron presentados en forma extemporánea sin que conste su ratificación conforme a lo reglado por la Resolución AFIP 2987 y el Aviso 1/12 (DI PNPA), circunstancias que llevan al vencimiento del plazo de validez del C.O., teniendo en cuenta lo normado en la Resolución 763/96. Aduce que la recurrente pretende que se le aplique un régimen preferencial, para el cual resulta requisito ineludible la validez del C.O. de la mercadería, pero sin cumplir con dicha exigencia “sine qua non”. Destaca que es necesario para considerar el origen de las mercaderías y tenerlo por acreditado, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa que la ampara a los efectos de que proceda el beneficio tributario. Agrega que las circunstancias de hecho demuestran que el C.O. resulta ser inválido. Cita normativa y jurisprudencia. Sostiene que el CO es inhábil para acreditar el origen de la mercadería por haberse excedido el plazo de 180 días contemplado en la normativa. Entiende que el C.O. para producir los efectos que se pretenden a la fecha de su presentación debió haber sido prorrogado. Agrega que estos certificados deben emitirse cumpliendo determinados requisitos que son fundamentales y que le confieren validez y aplicabilidad, siendo imprescindibles para que la mercadería amparada por los mismos goce de una preferencia arancelaria. Aduce que la postura interpretativa de la actora (un certificado que, pese a su invalidez, resulte igualmente eficaz) implica desnaturalizar por completo el régimen de origen y desnaturalizar el funcionamiento de la propia preferencia arancelaria, ya que ésta se concedería en forma indiscriminada y sin tener en cuenta el fundamento que la nutre: el origen de la mercadería fehacientemente acreditado, de modo tal que la excepción que constituye la preferencia terminaría siendo la regla. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
V. Que a fs. 64 se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido a la demandada, quien luego acompaña las actuaciones administrativas vinculadas a estos autos. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos a sentencia.
VI. Que las actuaciones administrativas n° 12657-9431-2012 se inician con el escrito de impugnación presentado por la firma DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A. en relación al cargo n° 2694/2012, vinculado al despacho de importación n° 11017IC04006757V, que fuera formulado por falta de presentación del C.O. en término. A fs. 7/23 se adjunta la documental pertinente. A fs. 24/26 obra copia de la notificación del cargo n° 2694/12, que fuera formulado en concepto de multa automática y tributos. A fs. 27 se apertura procedimiento de impugnación en contra del cargo referido. A fs. 31 obra la Nota n° 28/13 (Sección V), mediante la cual se informa que el certificado de origen n° 9773 ampara la mercadería en trato, pero fue presentado fuera de término y no ha sido ratificado de acuerdo a la Resolución AFIP 2987 y Aviso 01/12 (DI PNPA) y se han vencido los 180 días de validez del certificado de acuerdo a la Resolución 763/96, por lo que corresponde ejecutar los cargos realizados. A fs. 32 se ponen autos a alegar. A fs. 33/34 obra el alegato de la actora. A fs. 35 obra el Dictamen n° 233/15, mediante el cual se entiende que corresponde confirmar el cargo ya que el C.O. fue presentado fuera de término sin que conste su ratificación conforme a lo reglado por la Resolución AFIP 2987 y el aviso 1/12, circunstancias que llevan al vencimiento del plazo de validez del C.O. (180 días a contar desde la intervención de la Cámara emisora en la factura comercial, Res. 762/96). A fs. 36/36 vta. obra la Resolución n° 140/16 (AD CORD), aquí apelada.
Que las actuaciones administrativas n° 12657-9432-2012 se inician con el escrito de impugnación presentado por la aquí actora contra el cargo n° 2693/12, vinculado al D.I. n° 11 017 IC04 006357 R y a fs. 7/15 adjunta copia de la documental pertinente. A fs. 18 con fecha 22 de febrero de 2013 se apertura el procedimiento de impugnación. A fs. 17 obra la liquidación del cargo. A fs. 21 se rectifica el cargo mencionado y se realiza por la multa automática, la que asciende a u$s 103,03. A fs. 22 se clausura el período de prueba y se ponen autos para alegar. A fs. 23 obra el alegato de la actora. A fs. 25 obra el Dictamen n° 234/15, mediante el cual se concluye que corresponde acotar el reclamo fiscal a la multa automática. A fs. 26/26 vta. obra la Resolución n° 141/16 (AD CORD), aquí apelada.
Que las actuaciones administrativas n° 12657-9429-2012 se inician con el escrito de impugnación contra el cargo n° 2695/12, vinculado al D.I. N° 11017IC05005352M y a fs. 7/36 agrega la documentación pertinente. A fs. 39 obra la liquidación del cargo. A fs. 40 se apertura procedimiento de impugnación. A fs. 43 obra la Nota n° 127/13 (Sección V), mediante la cual se entiende que el C.O. 1-25012-11 ampara la mercadería involucrada en autos pero fue presentado en forma extemporánea y no ratificado conforme la Resolución AFIP 2987 y aviso 01/12 (DI PNPA) y se han vencido los 180 días de validez del mismo de acuerdo a la Resolución 763/96, por lo que entiende que corresponde ejecutar el cargo. A fs. 44 se ponen autos a alegar. A fs. 45/46 vta. obra el alegato. A fs. 47 obra el Dictamen n° 238/15. A fs. 48/48 vta. obra la Resolución n° 143/16 (AD CORD), aquí apelada.
VII. Que, corresponde analizar si resulta ajustado a derecho el cargo nº 2693/12, vinculado al DI n° 11 017 IC04 006357R, que fuera confirmado mediante la Resolución nº 141/2016, dictada en la actuación nº 12657-9432-2012.
Que, resulta menester aclarar que conforme surge del punto II de la parte dispositiva de la Resolución nº 141/2016, el Administrador de la Aduana de Córdoba comparte lo manifestado en el Dictamen nº 234/2015, en donde se dice expresamente que se acota el reclamo fiscal a la multa automática (ver fs. 25 de las actuaciones administrativas nº 23657-9432-2015).
Que el fundamento del cargo radica en que el C.O. que ampara la mercadería documentada por el DI nº 11 017 IC04 006357R fue presentado y ratificado en forma extemporánea, o sea vencido los plazos reglados por la Resolución AFIP 2987 y el aviso 1/12.
Que, mediante dicho DI, oficializado el 4/11/11, la aquí actora documentó la importación a consumo de 267,27 kgs. de rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas, P.A. 8482.10.10.129D, mercadería originaria de Brasil.
Que dicha mercadería fue librada a plaza bajo el régimen de garantía debido a la falta del correspondiente C.O. y conforme surge del cuerpo del DI se garantizaron las diferencias tributarias y la “MULTA FALTA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA” (ver fs. 7/9 de las actuaciones administrativas).
Que el art. 220 del C.A. establece que: “La no agregación de la documentación complementaria (…) dentro del plazo que al efecto estableciere la Administración Nacional de Aduanas hará automáticamente aplicable una multa equivalente al UNO (1%) por ciento del valor en aduana de la mercadería que se tratare.”
Que en lo que aquí interesa la Resolución General AFIP 2793/10 (B.O. 8/3/10), vigente a la fecha del registro de la operación dispone que el libramiento de mercadería bajo el régimen de garantía sólo será autorizado ante la falta transitoria de la documentación complementaria conforme a las previsiones contenidas en el Anexo II (art. 2) y en el art. 6 dispone que: “El incumplimiento total o parcial de las obligaciones dispuestas en esta resolución general, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Aduanero.”
Que conforme surge del Anexo II de la Resolución referida, ap. II, punto 3. 1. “La documentación faltante deberá aportarse dentro de los plazos que se indican a continuación, contados a partir del registro de la destinación de importación: (…) c) Certificado de origen MERCOSUR: QUINCE (15) días hábiles administrativos.”
Que el art. 12 de la Resolución AFIP 2987/10 (norma en la que funda el cargo la aduana) dispone que: “La presentación de los documentos requeridos por el Sistema Informático MARIA (SIM) con posterioridad al libramiento de la mercadería, que no hayan sido integrados al legajo con anterioridad, deberá efectuarse electrónicamente —y de acuerdo con el procedimiento de digitalización utilizado— mediante la remisión (servicio "SETI Aduana") o la puesta a disposición de la imagen digital ("web service") del documento, intervenido con firma y sello del declarante. A su vez, se informará al servicio aduanero de tal situación a través de una Multinota Electrónica. Este proceso constituirá la presentación formal del documento y su estado será "A DISPOSICION DE DGA".
Que, corresponde aclarar que el Aviso 01/2012 de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros (de fecha 11/10/12) que modifica el régimen de la Resolución General AFIP 2987/10 mediante la incorporación de la ratificación de la presentación del C.O. como condición para el acabado cumplimiento del régimen, no resulta aplicable al presente caso, por haber sido dictado con posterioridad a la operación de autos (4/11/11).
Que, en lo que aquí interesa, la presentación de la documentación post-libramiento relativa al C.O. y al DI de autos ocurrió el 20-12-2011, mediante el módulo “PRESENTACION DE DJ POR INTERNET” del sitio de AFIP, a través del Formulario 2241 -MULTINOTA ADUANERA (ver fs. 10 de las actuaciones administrativas nº 12657-9432-2012). Es decir que fue presentado en forma extemporánea, ya que el plazo de 15 días hábiles dispuesto en la Resolución 2793/10 comenzó a correr el 04/11/11 (fecha de registro de la operación) y operó el 25/11/11.
Que, cabe destacar que no escapa a la vista de la suscripta la multinota obrante a fs. 11 de las actuaciones administrativas nº 12657-9432-2012; no obstante considerando que la misma no tiene el sello de recepción de la aduana, ésta no puede ser tomada en consideración.
Que, por las razones expuestas, resulta ajustado a derecho que la aduana le exija a la aquí actora el pago de una multa automática.
VIII. Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1143 del C.A., y toda vez que este Tribunal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, corresponde expedirse respecto de la moneda en que fue liquidada dicha multa automática.
Que, en lo que aquí interesa, el tipo de cambio aplicable para la determinación de multas posteriores a la sanción de la ley 25.561 –caso de autos- es aquél que rija en el momento establecido por el artículo 926 del CA, vale decir, la fecha de la configuración de la infracción.
Que, en consecuencia, corresponde convertir a moneda nacional el importe de la multa impuesta a la fecha en que vence el plazo de la intimación para presentar el certificado de origen: 25/11/11. Que es por ello que corresponde convertir a moneda nacional el importe de la multa impuesta al tipo de cambio vigente a esa fecha; esto es $ 4,28 por dólar estadounidense.
Que, teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde reliquidar el cargo n° 2693/2012, el que asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTVOS ($440,96) -esto es:
u$s 103,03 por 4,28 pesos-.
Que, en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la Resolución nº 141/2016 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-9432-2012, declarando que el importe de la multa automática por falta de presentación del C.O. asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($440,96).
IX. Que, en cuanto a las costas, las mismas corresponde imponerlas según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 2% a cargo de la actora y en un 98% a cargo del fisco.
X. Que, a continuación, corresponde analizar si resulta ajustado a derecho el cargo n° 2694/12, que fuera formulado en concepto de multa automática y tributos, vinculado a la operación n° 11 017 IC04 006757V, que fuera confirmado mediante la Resolución nº 140/16 (AD CORD), dictada en las actuaciones administrativas nº 12657-9431-2012.
Que, en primer término, se analizará si procede la exigencia tributaria.
Que mediante dicho DI, oficializado el 22/11/11, se documenta la importación a consumo de 13.180 unidades de “Las demás partes de vehículos automóviles LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14”, P.A.
3926.90.90.919Z, y 12.205 unidades de “De la subpartida 8415.20-Partes MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIG/ROMETRICO”, P.A. 8415.90.00.200X y 320 unidades de “Las demás -Partes MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMETRICO”, P.A. 8415.90.00.900K, tratándose en todos los casos de mercadería originaria de Brasil.
Que dicha mercadería fue librada a plaza bajo el régimen de garantía debido a la falta del correspondiente C.O. y conforme surge del cuerpo del DI se garantizaron las diferencias tributarias y la “MULTA FALTA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA”.
Que, en lo que aquí interesa, la aduana entiende que si bien el C.O. 9773 ampara la mercadería aquí involucrada, el mismo fue presentado fuera de término y no ratificado de acuerdo a la Resolución AFIP 2987 y aviso 01/12 (DI PNPA) y se han vencido los 180 días de validez del C.O. de acuerdo a la Resolución 763/96; por lo que formula cargo por tributos y multa automática (ver fs. 31 de las actuaciones administrativas nº 12657-9431-2012).
Que, corresponde diferenciar el plazo de validez del certificado de origen, establecido en el art. 16 del, Capítulo V, del Anexo I, del VIII PA, del AAPCE n° 18, y que tiene relación con el tiempo que transcurre desde su emisión y la importación para consumo de la mercadería referida en el certificado, y el plazo de presentación ante el organismo aduanero (plazo de quince días hábiles administrativos contados desde la fecha de registro de la operación).
En la medida en que la importación de la mercadería se realice dentro del plazo de validez del certificado, establecido en 180 días, dicha importación se beneficia con el tratamiento arancelario preferencial que corresponde al origen de la mercadería.
Que, en cambio, el plazo administrativo fijado reglamentariamente para la presentación del certificado puede determinar que una vez vencido se ejecute la garantía otorgada a la espera de la presentación del certificado que acredita el origen y que, además, se aplique una sanción administrativa por el incumplimiento incurrido, pero no tiene entidad para modificar la situación tributaria de la mercadería al momento imponible.
Que, en definitiva, si en el momento imponible (C.A. art. 637) existía un certificado válido, es decir, en el caso que nos ocupa, si desde su emisión no había transcurrido el plazo de validez de 180 días, aunque no se presentara el certificado ante el servicio aduanero, el tratamiento arancelario queda fijado en el momento imponible.
Que, en el caso de autos, el C.O. 9773 -cuya validez no es cuestionada por la aduana- fue emitido el 21/11/11, por lo que existía un certificado válido al importarse la mercadería mediante el DI nº 11 017 IC04 006757V, oficializada el 22/11/11; por lo que corresponde revocar la Resolución nº 140/16, en cuanto le exige a la aquí actora el pago de tributos; con costas al fisco.
XI. Que, a continuación, corresponde expedirse acerca de la procedencia de la multa automática exigida en la Resolución n° 140/16.
Que, como ya se dijo, la aduana entiende que el C.O. acompañado por la actora ampara la mercadería en trato.
Que el mismo fue presentado el 14/12/11 vía módulo “PRESENTACION DE DJ POR INTERNET” del sitio de AFIP.
Que, considerando que el plazo de quince días hábiles administrativos para su presentación comienza a correr el 22/11/11; operaba el 15/12/11; su presentación fue efectuada en término.
Que, cabe destacar que en el presente caso tampoco resulta aplicable la exigencia dispuesta en el aviso 1/12, por tratarse de una norma emitida con posterioridad a la operación de autos.
Que, en consecuencia, le asiste razón a la actora toda vez que el C.O. ha sido presentado en tiempo y forma; por lo que corresponde revocar la Resolución 140/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657-9431-2012, en cuanto le exige a la actora la multa automática, con costas al fisco.
XII. Que a continuación, corresponde analizar si resulta ajustado a derecho el cargo n° 2695/12, vinculado al DI n° 11017IC05005352M, que fuera formulado en concepto de multa automática y tributos, y confirmado mediante la Resolución nº 143/16 (AD CORD), dictada en la actuación administrativa nº 12657-9429-2012, aquí apelada.
Que mediante el DI nº 11 017 IC05 005352M, oficializado el 21/12/11, se documenta la importación de 14.900 unidades de “Cortadas en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles Los demás-Las demás PLACAS, LAMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS”, P.A. 3919.90.00.910B; 4.800 unidades de “Las demás Partes de vehículos automóviles LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14,”, P.A.
3926.90.90.919Z; 200 metros de “Cortados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles-- Sin accesorios-Sin reforzar ni combinar de otro modo con otras materias: TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS”, P.A.
4099.11,.00.100H; 7.200 unidades de “Cortados en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles –Sin accesorios—Reforzados o combinados de otro modo con otras materias: TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO SUS ACCESORIOS”, P.A. 4009.41.00.100a;
2.000 unidades de “Los demás Impresas ETIQUETAS DE TODAS CLASES DE PAPEL O CARTON, INCLUSO IMPRESAS”, P.A. 4821.10.00.999J; 25.000 unidades de “Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas-Artículos roscados; TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS RANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y ARTICULOS SIMILARES DE FUNDICION, HIERRO O ACERO”, P.A. 7318.15.00.320W; 3.500 unidades de “Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas-Artículos roscados; TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS RANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y ARTICULOS SIMILARES DE FUNDICION, HIERRO O ACERO”, P.A. 7318.15.00.990B; 12.000 unidades de “Las demás –Tuercas-Artículos roscados: TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDAS LAS ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO”, P.A. 7318.16.00.990;
6.000 unidades de “Las demás Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo: LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO”, P.A. 7326.19.00.000E; 5.000 unidades de “LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO”, P.A. 7326.90.900x; 2.800 unidades de “Conformados, en dimensiones apropiadas como piezas de vehículos automóviles- De aluminio sin alear TUBOS DE ALUMINIO”, P.A. 7608.10.00.100T; 1.584 unidades de “Las demás -Partes: REFRIGERADORES, CONGELADORES Y DEMAS MATERIAL, MAQUINAS Y APARATOS PARA PRODCCION DE FRIO AUNQUE NO SEAN ELECTRICOS; BOMBAS DE CXALOR, EXCEPTO LAS MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DE LA PARTIDA 84.15”, P.A. 8418.99.00.000Z. En todos estos casos, se trata de mercadería originaria de Brasil y se garantizó la “MULTA FALTA DE DOC. COMP.” y los tributos.
Que puntualmente la aduana entiende que el C.O. n° 1-25012-11 ampara la mercadería de la destinación en trato, pero que fue presentado fuera de término y no ratificado de acuerdo a la resolución AFIP 2987 y aviso 1/12 (DI PNPA) y se han vencido los 180 días de validez del certificado de acuerdo a la resolución 763/96 (fs. 43 de las actuaciones administrativas nº 12657-9429-2012).
Que, el C.O. fue emitido el 19/12/11, por lo que existía un certificado válido al importarse la mercadería mediante el DI nº 11 017 IC05 005352M, oficializado el 21/12/11; (aunque haya sido presentado extemporámente: 14/6/12, conforme surge de fs. 24 de las actuaciones administrativas nº 12657-9429- 2012; es decir una vez vencido el plazo de quince días hábiles administrativos contados desde el registro de la operación de autos.
Que, en consecuencia, la importación se beneficia con el tratamiento arancelario preferencial que corresponde al origen de la mercadería; razón por la que corresponde revocar la Resolución n° 143/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657-9429-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de tributos; con costas al fisco.
XIII. Que, a continuación corresponde analizar la procedencia de la multa automática exigida mediante la Resolución n° 143/16.
Que, como ya se dijo, en el considerando precedente, el certificado fue presentado una vez vencido el plazo de quince días hábiles contados desde el registro de la operación; razón por la que resulta ajustado a derecho la exigencia de la multa automática.
XIV. Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1143 del C.A., y toda vez que este Tribunal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, como ya se dijo, corresponde expedirse respecto de la moneda en que fue liquidada dicha multa automática.
Que, el tipo de cambio aplicable para la determinación de multas posteriores a la sanción de la ley 25.561 –caso de autos- es aquél que rija en el momento establecido por el artículo 926 del CA, vale decir, la fecha de la configuración de la infracción, tal como ya se expuso.
Que, en consecuencia, corresponde convertir a moneda nacional el importe de la multa impuesta a la fecha en que vence el plazo de la intimación para presentar el certificado de origen: 10/02/12. Que es por ello que corresponde convertir a moneda nacional el importe de la multa impuesta al tipo de cambio vigente a esa fecha; esto es $ 4,36 por dólar estadounidense.
Que, en consecuencia, el importe de la multa automática asciende a CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 5.223,06) -esto es: u$s 1.197,95 por 4,36 dólar estadounidense-.
Que, por ello, corresponde confirmar parcialmente la Resolución n° 143/16, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa automática por falta de presentación del certificado de origen vinculado al DI nº 11017IC005005352M, declarando que el importe de la misma asciende a CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 5.223,06).
XV. Que, en cuanto a las costas, las mismas son según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 2% a cargo de la actora y en un 98% a cargo del fisco.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución nº 141/2016 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-9432-2012, declarando que el importe de la multa automática por falta de presentación del C.O. vinculado al D.I. Nº 11017IC04006357R asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 440,96).
2. Imponer las costas respecto del punto anterior sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 2% a cargo de la actora y en un 98% a cargo del fisco.
3.-Revocar la Resolución nº 140/16 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657- 9431-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de multa automática y tributos por falta de presentación del C.O. vinculado al DI nº 11017IC04006757V, con costas al fisco.
4. Revocar parcialmente la Resolución n° 143/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657- 9429-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de tributos vinculados al DI nº 11017IC05005352M.
5. Imponer las costas respecto del punto anterior, al fisco.
6. Confirmar parcialmente la Resolución n° 143/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657- 9429-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa automática vinculada al DI nº 12657-9429- 2012, declarando que el importe de la misma asciende a CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 5.223,06).
7. Imponer las costas respecto del punto anterior según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 2% a cargo de la actora y en un 98% a cargo del fisco.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que por razones de economía procesal me remito al relato de los hechos, como así también al encuadre jurídico y consideraciones efectuadas por la Vocal preopinante en relación a los tributos reclamados en autos, a cuya solución adhiero.
II. Que, sentado ello, cabe señalar, como consideración preliminar, que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
III. Que en tal orden de ideas, con carácter previo al análisis de la cuestión planteada en autos y tal como lo he expresado al sentenciar las causas -que tramitaran por ante la Vocalía Nro. 16- “Aluar Aluminio Argentina SACI y otro c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente N° 24.840-A, del 2/12/13 y “Blanco, Eduardo Jorge c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente N° 24.553, del 3/12/13, entre muchas otras, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae, considero que la Administración carece de facultades para aplicar sanciones de naturaleza penal, aunque se trate de infracciones y no de delitos y, por ello, el organismo fiscal debe elevar al tribunal competente los antecedentes y conclusiones de la labor instructora para que emita la correspondiente sentencia; por lo que en esos casos este Tribunal Fiscal debe avocarse a actuar como tribunal de condena, en virtud de su indudable posición de neutralidad legal, técnica y fáctica frente al caso, toda vez que la DGA ejerció funciones instructorias que pudieron haber afectado objetivamente su ajeneidad con el mismo, al momento de imponer la sanción apelada.
En efecto, el procedimiento infraccional previsto por el Código Aduanero, al admitir que la misma autoridad -en el caso la DGA- que investiga sea la que juzga, no resulta compatible con la garantía de la imparcialidad del tribunal. Dicha norma -y aquellas reglamentaciones dictadas en consecuencia- deben necesariamente entenderse como derogadas, cuanto menos por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, es decir en las condiciones fijadas por la jurisprudencia de la Corte (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 138).
Asimismo, cabe recordar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
En tal sentido, la pertinencia de la actuación de este Tribunal Fiscal de la Nación reside en que ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior S.A. s/ media cautelar” -Expte. 30.400-A-, del 10 de febrero de 2012, voto del suscripto).
A tal fin, cabe recordar que el artículo 8vo. de la Convención Americana de Derechos Humanos equipara las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo a lo sostenido por señera jurisprudencia en la materia “la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del TFN responde a tales exigencias” (confr. Sala I Cont. Adm. Federal, in re “Colfax S.A. -TFN 11.715-I- c/ Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar autónoma”, del 12/5/2000).
Por lo tanto, a efectos de cumplir con los lineamientos jurisprudenciales supra referidos, en especial aquellos vinculados a la imparcialidad del juzgador a los fines de la imposición de sanciones, la intervención por parte de este TFN en el proceso debe ser imparcial, plena, amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, que permita un adecuado juzgamiento de la conducta infraccional reprochada por la Administración, en toda su extensión; pues las garantías de imparcialidad e independencia que indudablemente ostentan sus Vocales no han sido instituidas en beneficio sólo de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables.
Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional.
IV. Que, bajo tales premisas, tratándose en la especie de la revisión de cargos aduaneros impuestos en virtud de la aplicación de tributos y de multas automáticas, corresponde analizar si el procedimiento para imponer dichas sanciones, en virtud de la inexistencia de un sumario previo a su aplicación y atento su indudable naturaleza penal (confr. Fallos: 332:1492, entre otros), vulnera el derecho de defensa en juicio de la parte actora, de neto raigambre constitucional.
En efecto, al revestir dicho análisis una cuestión de orden público, a criterio del suscripto corresponde tratarla de oficio, cuando ésta resulta absoluta y manifiesta.
Según Lohmann, el Juez debe considerar de oficio la existencia de algún tipo de invalidez y aplicar la sanción de nulidad absoluta, porque “aunque no le haya sido rogado por las partes como conflicto de intereses o como incertidumbre jurídica, no debe permitir la subsistencia del referido acto que notoriamente agravia las bases elementales del sistema jurídico a las que el juez no puede sustraerse, ni podrá expedir sentencia ordenando la ejecución o cumplimiento de un acto jurídico que considere nulo” (LOHMANN LUCA DE TENA La nulidad manifiesta. Su declaración judicial de oficio. En Ius Et Veritas, N° 24, año 1992, p. 59).
Toda vez que se ha enfatizado -en la faz determinativa- que el juez del proceso tiene la exigencia de decidir de acuerdo con la verdad objetiva de los hechos sometidos a su consideración y no según el alcance y significación que le atribuyen las partes, ya que en el proceso contencioso tributario -tanto aduanero como fiscal- debe prevalecer la voluntad de la ley; pues lo que está en juego es el principio de la legalidad tributaria y la recta interpretación de las normas, lo que significa que su aplicación no puede quedar diferida al criterio erróneo o insuficiente de los contendientes, máxime cuando se observa que, en rigor, la pretensión de la actora persigue la revocación del acto determinativo (en el mismo sentido, TFN Sala “A”, in re “Tibsa Inversora S.A.”, del 7/11/2001); con mayor énfasis, por tratarse del análisis de sanciones de naturaleza penal, debe extenderse dicho criterio al campo infraccional.
Por lo demás, se ha dicho, y con razón, que en el derecho administrativo la nulidad absoluta es una cuestión que reviste trascendencia general y afecta el orden público, de modo tal que esa posibilidad de declarar de oficio la nulidad del acto irregular tiene en cuenta el principio de juricidad que tiene que regir el accionar de la administración. En última instancia es el juez el que debe controlar, en la medida que ha sido llamado a intervenir en una situación litigiosa, el accionar legítimo de aquélla (cfr. Tomás Hutchinson: “Ley nacional de procedimientos administrativos”- pág. 305 y ss., quien, incluso, propugna dicha atribución respecto de los jueces integrantes del Poder Judicial).
V. Que, tampoco debe perderse de vista que la nueva redacción del inc. 22 perteneciente al art. 75 (CN) ha modificado radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico argentino. El reconocimiento de la jerarquía constitucional de manera directa a once instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la posibilidad de otorgar igual jerarquía en el futuro a otros "tratados y convenciones" sobre la misma materia consagran una clara apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos (confr. Pizzolo, Calógero: “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de constitucionalidad federal”, La ley, tomo 2006-D, pág. 1023 y ss).
De tal manera, el actual ordenamiento jurídico argentino se encuentra presidido por un bloque (plural) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitución Nacional, los referidos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de los organismos internacionales de control, vinculantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del Estado argentino, en cuanto los mismos definen las condiciones de vigencia de dichos instrumentos internacionales.
En este camino, dicho Bloque de Constitucionalidad Federal ha promovido un cambio estructural en las instancias procesales internas introduciendo la antedicha instancia internacional de revisión que persigue, como fin en sí mismo, verificar el cumplimiento efectivo de obligaciones internacionales que garantizan, por ejemplo, el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (cfr. arts. 1°, CADH, 14.1 PIDCP y 10 DUDH), que por imperio de la jurisprudencia infra citada, cabe aplicar, sin hesitación, tanto a los delitos como a las infracciones (en el caso, aduaneras), como una condición de vigencia de la garantía del debido proceso (Fallos: 321:3504, disidencia del juez Fayt).
Ello así, la pertinencia de la cuestión relativa a la imposición de una sanción de naturaleza penal -multa- de modo “automático” y sin sumario previo, debe ser analizada, en esta etapa jurisdiccional, a la luz, tanto de dicha normativa -incorporada a la C.N. por el art. 75, inc. 22-, como así también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las directivas de la Comisión Interamericana, en virtud de que indudablemente las mismas deben servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (confr. CSJN, caso "Marchal, sentencia de 10 de abril de 2007, votos de los Dres. Fayt y Zaffaroni), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (confr. CSJN, caso "Simón", sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17).
Por eso, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la alternativa de una interpretación de la legislación interna que pondría al Estado en conflicto con el Pacto y otra que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho internacional exige que se opte por esta última" (confr. Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, Observación General N° 9, "La aplicación interna del Pacto" (1988), adoptada en el 19° período de sesiones, párrafos 14-15). En efecto, la convivencia de dos subsistemas con igual condición jerárquica impone la integración incluyente como criterio de interpretación, por lo que la necesaria consecuencia de su aplicación permite concluir que toda norma interna que lesione las garantías del Pacto debe quedar inoperante. Bajo tales postulados, resulta imprescindible señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado establecido que “a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal” (caso "Tribunal Constitucional vs. Perú., sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 70).
Al respecto, también ha destacado dicho Tribunal internacional en el caso supra citado que "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del art. 8 de Ia Convención Americana" (párrafo 71).
Y en un fallo posterior esta doctrina fue ampliada por ese mismo Tribunal que consignó que si bien el artículo 8 de Ia Convención Americana se titula "Garantias Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que "cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal", pues "es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas" (caso "Baena Ricardo y otros vs. Panamá", sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127).
VI. Que, a tal fin, en el sub lite corresponde definir, bajo los parámetros expuestos, el alcance de la garantía del debido proceso prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional, el art. 33 del mismo cuerpo normativo y diversos tratados internacionales de derechos humanos, de rango constitucional conforme lo establece el art. 75, inc. 22, segundo párrafo de la Constitución Nacional, que establecen el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica de 1969-; art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos); pues la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia integran la garantía constitucional del debido proceso -art. 18 Constitución Nacional- (Fallos: 125:10; 240:160, entre muchos otros).
VIII. Que, por su parte, nunca debe perderse de vista que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A).
En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalándose que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet).
En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822).
Por lo demás, Por último, el carácter eminentemente penal de las multas ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
En efecto, la referida sanción es de carácter penal pues, “‘si bien puede existir en los casos de multas un interés de tipo fiscal en su percepción, esto no altera su naturaleza principalmente punitiva’, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios del derecho penal, según lo prescribe el art. 4° del Código Penal” (Fallos: 288:356). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
Por lo tanto, corresponde a este Tribunal analizar si los expedientes administrativos que culminan con resoluciones condenatorias (“multas automáticas”) sin sumario previo, como sucede en la especie, se adecua al bloque normativo supra referenciado.
IX. Que el derecho a ser oído y ofrecer pruebas previo al dictado de una resolución condenatoria es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado.
Bajo tales premisas, la operatividad de dicha garantía en cualquier ámbito infraccional resulta incuestionable pues, conforme se ha supra señalado, en definitiva siempre se deben aplicar todas las garantías propias del sistema penal general.
Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia resulta admisible interpretar que, como se lo ha hecho inveteradamente en la faz jurisprudencial, por un lado resultan aplicables a este tipo de procesos infraccionales todas las garantías previstas en el ordenamiento penal, mientras que por el otro no corresponde aplicar aquella que contempla la el derecho a ser oído y ofrecer pruebas con anterioridad a la imposición de una multa, atento constituir uno de los principios cardinales de cualquier proceso represivo. El grado de irrazonabilidad de esa construcción jurídica es manifiesta y no puede ser cubierta con ningún argumento formal, porque el principio republicano (art. 1° de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos estatales.
Por su parte, su aplicación en este tipo de procedimiento no implica alterar la tarea de los tribunales de justicia, porque el contenido de la revisión que deberán hacer con posterioridad no difiere en demasía del que deben efectuar habitualmente en ejercicio de las competencias ordinarias que las leyes les asignan.
X. Que sentado ello, y sin perderse de vista que la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación del mismo -siempre y cuando se trate de un vicio subsanable-, no puede dejar de advertirse que en la especie lo que se encuentra viciado de nulidad son los procedimientos que derivaron en las resoluciones condenatorias de multas automáticas, por afectación de la garantía del debido proceso adjetivo, lesionando el derecho constitucional de defensa en juicio de la actora.
Y no se trata aquí de una hipótesis de “vis sanatrix”, sino de un defecto tan gravemente afectante a la esencia del procedimiento de marras, que imposibilita la producción de efectos jurídicos, tornando nulo de nulidad absoluta el acto dictado en su consecuencia.
XI. Que, por lo demás, es función del legislador diseñar el proceso aduanero de tal manera que estén cabalmente aseguradas las garantías individuales, y que la más mínima duda de menoscabo a las garantías sea disipada con la solución más favorable a la protección del derecho respectivo.
Asimismo, el Estado argentino, al asumir la obligación de garantizar a toda persona el derecho a ser oída por un tribunal imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella (art. 8.1, CADH), se ha comprometido a configurar sus tribunales de tal forma que dicha garantía quede suficientemente satisfecha. Pero dicho recaudo, tanto convencional como constitucional, no se encuentra debidamente cumplimentado, toda vez que el procedimiento infraccional previsto por el Código Aduanero, al admitir que se pueda imponer una sanción de naturaleza penal de modo “automático” y sin sumario previo, no resulta compatible con las garantías previstas por las normas constitucionales y convencionales supra citadas.
XII. Que, por lo expuesto, las normas específicas que rigen la cuestión deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, atento a las particularidades de esta causa, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813).
En las condiciones reseñadas, no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego. Por lo tanto, y habida cuenta las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, este Tribunal considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional analizado en autos, por lo que corresponde poner este pronunciamiento en conocimiento del Poder Legislativo, como así también formular una exhortación a fin de que examine esta problemática. Por último, es conveniente recordar, en tanto resultan plenamente aplicables a la cuestión de autos (pese a tratarse de una infracción), las palabras del entonces Procurador General Sebastián Soler en su conocido dictamen de Fallos: 247:121, cuando expresara que.. "Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles para un mal ocasional, recurre a las facultades de que no está investido, crea, aunque conjure aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace de difícil contención: el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado, con excesos de poder. Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata de justificar con referencia a situaciones excepcionales o con la invocación de necesidades generales de primera magnitud, se transforma, con mayor, o menor tiempo, en las condiciones normales del ejercicio del poder. Ocurre después algo peor. Los mismos gobernados se familiarizan con el ejercicio, por parte del gobierno, de atribuciones discrecionales para resolver problemas. Y entonces, conciente o subconcientemente, pero siempre como si el derecho escrito vigente hubiera sido sustituido o derogado por un nuevo derecho consuetudinario, cada sector de la comunidad exige, si está en juego su propio interés y es preciso para contemplarlo, que la autoridad recurra a cualquier exceso o desvío de poder. A cualquiera, no importa en qué medida, basta que sea idóneo para que la pretensión reclamada sea inmediata y favorablemente acogida; y así como su concesión no comprometa el patrimonio estatal será más fácil y cómodo para el gobierno acordar a lo pedido que negarlo".
XIII. Que mediante los cargos motivo del presente recurso de apelación se exige el pago de multas automáticas.
A tal efecto, cuadra señalar que la multa “automática” se aplica sin necesidad de proceso previo, no se requiere instrucción de sumario atento el carácter de automática, en razón de que la infracción resulta de la simple constatación en el caso, de la fecha de arribo del medio de transporte.
Y aunque el procedimiento reglado y previsto en el CA (art. 1053 inc. e) con relación a la multa automática es el de impugnación., esa circunstancia no desvirtúa su naturaleza sancionatoria o penal, habida cuenta que el carácter penal de las multas aduaneras y el principio de la personalidad de la pena han sido reconocidos por la CSJN en reiterada y pacífica jurisprudencia, -entre otras- en la causa “Safrar Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores, Comercial, Industrial y Financiera c/ A.N.A. s/ nulidad de resolución “ del 27-12-88 en la que señaló que son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le pueda ser atributiva tanto objetiva como subjetivamente.(Fallos:311:2779; 308:2043,1224).
XIV. Que, sobre la base de tal razonamiento, entiendo que resulta de estricta aplicación la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Dumit" (Fallos: 284:150) y “Lapiduz” (Fallos: 321:1043) , con arreglo a la cual "no cabe hablar de 'juicio' --y en particular de aquel que el art. 18 de la Constitución Nacional exige como requisito que legitime una condena-- si el trámite ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial -en este caso jurisdiccional-judicial por tramitar por ante este TFN- correspondiente; ni de 'juicio previo' si esta instancia no ha concluido y la sanción, en consecuencia, no es un resultado de actuaciones producidas dentro de la misma". Por lo tanto, y más allá de la derogación dispuesta por el art. 40 de la ley 25.986 respecto del efecto suspensivo del inc. e) del art. 1053 del Código Aduanero, cabe concluir que la aplicación de una multa de modo automático y sin sumario previo -donde el administrado pueda ser oido y ofrezca prueba- resulta contraria a la garantía del debido proceso establecida en la Constitución Nacional y afecta derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), complementaria de los Derechos y Garantías de la C N (art. 75 inc. 22 de la CN), en especial su artículo 8, supra citado, pues lesiona palmariamente principios elementales del derecho penal liberal, como lo es el del estado jurídico de inocencia anterior a la resolución condenatoria firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.
Todo ello, huelga repetir, interpretado de conformidad con el mandato constitucional que asegura la tutela judicial efectiva (arts. 18 de la Constitución Nacional [la garantía de defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a acusación, defensa prueba y sentencia (Fallos 116:23; 119:284;125:268, 272:188)] y 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Y no obsta a dicha conclusión el hecho de que en el art. 1053, inc. e), del Código Aduanero se encuentre prevista una vía impugnatoria de la sanción -multa “automática”- impuesta por la DGA, toda vez que la entidad del vicio de origen, atento la absoluta falta de sumario previo, resulta insusceptible de ser subsanada o convalidada por ningún procedimiento posterior, aun cuando estuviera reglado y permita la presentación y ofrecimiento de pruebas por parte del interesado; siendo que el suscripto –en disidenciahabía declarado la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley 24.921, modificado por el artículo 51 de la ley 25.345, en cuanto faculta a la Administración a la imposición de multas automáticas, y sin sumario previo, por resultar violatorios del art. 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, in re “AGENCIA MARÍTIMA MUNDIAL SA c/DGA s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 26.863-A), con fecha 18/2/2015; entre muchos otros).
XVI. Que por lo demás, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales.
Asimismo, se trata de preservar, conforme se ha expuesto, la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto siempre deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia (doctrina de Fallos:302:1284; 234:482 y sus citas).
Por último, la inexistencia de un caso concreto donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal fijara posición sobre el particular no opera, a tal fin, como un factor condicionante que impida impartir justicia en nuestro estado constitucional de derecho, en toda su extensión.
Que, por todo lo expuesto, VOTO por:
1. Declarar la inaplicabilidad al caso, en virtud de su inconvencionalidad, del artículo 220 del Código Aduanero (confr. art. 1165 del C.A.), en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos que anteceden,, en cuanto faculta a la Administración a la imposición de multas automáticas, y sin sumario previo, por resultar violatorio del artículo 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental al debido proceso adjetivo (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
2. Declarar la nulidad de la Resolución nº 141/2016 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-9432-2012 y, por ende, dejar sin efecto el Cargo Nro. 2693/12, en cuanto impone a la firma DENSO MANUFACTURNG ARGENTINA S.A. multa automática por falta de presentación del C.O. vinculado al D.I. Nº 11017IC04006357R.
3.-Declarar la nulidad de la Resolución nº 140/16 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-9431-2012 y, por ende, dejar sin efecto el Cargo Nro. 2694/12, en cuanto le exige a la actora el pago de multa automática y tributos por falta de presentación del C.O. vinculado al DI nº 11017IC04006757V.
4. Declarar la nulidad de la Resolución n° 143/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657- 9429-2012 y, por ende, dejar sin efecto el Cargo Nro. 2695/12, en cuanto le exige a la actora el pago de multa automática y tributos vinculados al DI nº 11017IC05005352M.
5. Imponer las costas del pleito a la DGA vencida.
6. Comunicar la presente sentencia a la Secretaría de Hacienda de la Nación, a sus efectos (confr. art. 1165 del C.A.).
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución nº 141/2016 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-9432-2012, declarando que el importe de la multa automática por falta de presentación del C.O. vinculado al D.I. Nº 11017IC04006357R asciende a CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 440,96).
2. Imponer las costas respecto del punto anterior sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 2% a cargo de la actora y en un 98% a cargo del fisco.
3.-Revocar la Resolución nº 140/16 (AD CORD), recaída en las actuaciones administrativas nº 12657-9431-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de multa automática y tributos por falta de presentación del C.O. vinculado al DI nº 11017IC04006757V, con costas al fisco.
4. Revocar parcialmente la Resolución n° 143/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657-9429-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de tributos vinculados al DI nº 11017IC05005352M.
5. Imponer las costas respecto del punto anterior, al fisco.
6. Confirmar parcialmente la Resolución n° 143/16, dictada en las actuaciones administrativas n° 12657-9429-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa automática vinculada al DI nº 12657-9429-2012, declarando que el importe de la misma asciende a CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 5.223,06).
7. Imponer las costas respecto del punto anterior según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 2% a cargo de la actora y en un 98% a cargo del fisco.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
actora: Ignacio Olivera Fisco gral Date: 2023.09.07 16:29:33 -03:00 Date: 2023.09.07 18:36:46 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.07 20:09:59 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 20:10:00 -03:00
Fin de la sentencia