Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 39682-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN);
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4938/2025; “DENSO MANUFACTURING ARGENTINA SA (TF 39682-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de diciembre de 2025. IDM Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La Aduana inició un procedimiento sumarial por la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero de la firma Denso Manufacturing Argentina SA., el cual concluyó con el dictado de una resolución que ordenó el archivo de las actuaciones y que, a su vez, formulo cargos por tributos adeudados a la importadora y a la aseguradora, sin haberle dado previa intervención, razón por la que la aseguradora inició acción. El tribunal Fiscal hizo lugar parcialmente a la demanda.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 08/10/2024 (cfr. págs. 202-204), resolvió declarar la nulidad del art. 2º de la resolución 3241/17, recaída en las actuaciones 12197-5949-2007, en cuanto formula cargos a la importadora y a la aseguradora por los tributos. Las costas las impone al fisco.
Para decidir de este modo, en primer lugar mencionó que el objeto del proceso se circunscribía a determinar si la resolución 3241/17 resultaba ajustada a derecho, en atención a que dispuso el archivo de la causa, en los términos de la Instrucción General Nº 9/17 (DGA) y, a su vez, formuló cargos a la firma imputada y a la aseguradora. Todo ello en el marco de la presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero, correspondiente a la DIT Nº 06001IT14007208F.
Sostuvo que el Tribunal Fiscal se centró en la violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso legal, debido a que la Aduana omitió correr vista de las actuaciones administrativas a los presuntos responsables. DENSO había alegado, entre otros puntos, que el fisco no le corrió vista de las actuaciones, vulnerando su derecho de defensa. Por su parte, la aseguradora enfatizó que la falta de vista de las actuaciones impidió su defensa y la de la importadora. Esta omisión significó que ambas partes recién tomaron conocimiento del sumario y del reclamo tributario al ser notificadas de la Resolución apelada en octubre de 2018.
El Tribunal determinó que la Aduana se apartó del procedimiento reglado en el Código Aduanero para las infracciones. Según el procedimiento, una vez cumplidas las medidas iniciales del sumario (Art. 1094 CA), el administrador aduanero debe correr vista de lo actuado a los presuntos responsables por un plazo de diez días para que presenten sus defensas, ofrezcan prueba y acompañen documental (Art. 1101 CA). Se constató que, tras la instrucción del sumario, no se otorgó ninguna intervención a la importadora ni a la aseguradora, y todos los actos procesales posteriores fueron realizados únicamente por el servicio aduanero. El procedimiento de infracciones es la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones del régimen.
En definitiva, la sentencia concluyó que la omisión de correr vista desnaturalizó el procedimiento y vulneró elementales principios de jerarquía constitucional, impidiendo a las partes ejercer debidamente su derecho de defensa. Dado que la exigencia tributaria formulada nace como consecuencia del presunto incumplimiento del régimen de importación temporaria (infracción tipificada en el art. 970 del C.A.), y este incumplimiento no fue verificado ni constatado de manera fehaciente —al no dársele a la importadora la posibilidad de demostrar lo contrario—, la nulidad del cargo por tributos fue inevitable. Como el perjuicio causado no era susceptible de ser subsanado en la instancia de apelación, se declaró la nulidad de la exigencia de pago.
III. Agravios del Fisco Nacional Contra aquel pronunciamiento, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación y expresó agravios a fs. 216-225 los cuales fueron contestados por la co-actora Denso Manufacturing a fs. 230-233.
Sostiene que el Tribunal Fiscal incurre en una incongruencia cuando declara la nulidad por no haber corrido la vista del cargo infraccional, siendo que el servicio aduanero en el punto de la resolución recurrida, archivó el sumario en los términos del apartado D.1.4 de la Instrucción General Nº 11/16.
Afirma que la vista que se le exige es innecesaria en el marco de un procedimiento infraccional archivado previamente y carece de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4938/2025; “DENSO MANUFACTURING ARGENTINA SA (TF 39682-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
virtualidad para determinar la nulidad de un acto administrativo que se presume valido y en el cual se reclaman obligaciones tributarias, aplicando los principios y preceptos propios del Derecho Tributario y no los del Derecho Penal.
Agrega que no era una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia previa de una infracción aduanera y que, se había planteado desde un primer momento la distinción entre la esfera de la responsabilidad infraccional y la de responsabilidad tributaria. Además, asegura que la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal es una “nulidad por la nulidad misma”, toda vez que la resolución recurrida, toda vez que lo que la aduana reclama en su resolución se reclaman obligaciones tributarias que han devengado al verificarse el supuesto previsto en el art. 274 parte final del Código Aduanero.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Alcances de la resolución que ordena el archivo del sumario y formula cargo por tributos La resolución 3241/17 que ordena el archivo de las actuaciones y formula cargo por tributos es una resolución definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo de dicha imputación al sujeto aduanero encartado exclusivamente en función del bajo monto de la multa por no superar el tope establecido en diversas instrucciones generales de la Aduana (vgr. Instrucción General 9/2017, similar a la Instrucción General 11/206, modificatoria de la IG 2/2008, ampliatoria de la IG 02/2007) y condenando al pago de los tributos al obligado y al garante, prescindiendo del resultado de la investigación del hecho generador o hecho imponible.
Esta Sala, en el expte. nro. 32755/2023, caratulado “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA (TF 67137511-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, al dictar sentencia el 6/03/2025, (ver en especial Considerando VII) y luego en el expte. nro. 1239/2024, caratulado “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 20/03/2025, ha declarado que el reclamo tributario contenido en esta clase de resoluciones debe entenderse formulado en el marco de un procedimiento para las infracciones que culminó con una resolución condenatoria al pago de tributos, aunque absolutoria en el aspecto infraccional y que, por consiguiente, la liquidación de tributos contenida en estas resoluciones, en tanto que recaídas en un procedimiento para las infracciones, no son impugnables en sede aduanera por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a, del código (arg. art. 1112, incs. a y b, CA)”, tal como lo sostuviera la Sala IV del fuero en diversos precedentes (cfr. Sala IV expte. 46832/22 in re “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA”, del 20/09/2022, considerando 3°, primer párrafo; extpe. nro. 47883/22 in re “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA”, del 1/11/2022, en especial, considerando 5°, segundo párrafo).
Lo antedicho, debe ser anudado con que la liquidación de tributos en la que se basa la exigencia aquí disputada, contenida en la Resolución 3241/17 en la medida en que ha recaído en un procedimiento para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4938/2025; “DENSO MANUFACTURING ARGENTINA SA (TF 39682-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
las infracciones, no era impugnable en sede aduanera y por el procedimiento reglado en el art. 1053, inciso a) del CA.
Desde otra perspectiva, y como será analizado en seguida, cabe apuntar que la solución a la que arribó la aduana sólo se halla fundada en que el importe de la multa) no alcanzaba el mínimo previsto por la Instrucción General DGA 11/2016, pero sin dar previa intervención a la importadora incriminada para que acreditase lo que estimare pertinente en su defensa respecto de los hechos que servían de base a la imputación, los cuales, condicionaban el reclamo de los tributos (esto es, la comprobación del incumplimiento de la importación temporaria).
VII. La aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero En lo que atañe al procedimiento seguido en autos, corresponde traer a colación que el Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por lo cual cuando el servicio aduanero tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción aduanera, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (cfme. Arts. 1080 y 1081 del CA). El art. 1091 del CA. establece que: “El sumario tiene por objeto; a) comprobar la existencia de una infracción aduanera; b) determinar los responsables; c) averiguar las circunstancias relevantes para su calificación legal y la graduación de las penas aplicables; d) disponer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas que pudieren corresponder” y el art. 1094 del referido plexo normativo, dispone: “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”. A su vez, el art. 1101 del Código Aduanero que establece: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
El artículo en cuestión, por un lado, obliga a la administración a que –previo a correr vista de lo actuado– determine con estricta certeza los hechos investigados. Por el otro, obliga efectivamente a realizar el pertinente traslado.
En este entendimiento, al correrse vista el imputado podrá ejercer adecuadamente el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En esta línea, se ha dicho que el traslado debe ser notificado y que es obligatorio el patrocinio letrado, en atención a que se trata de una defensa con claro contenido jurídico (Cfr. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo I, Abeledo-Perrot, 1º ed., Buenos Aires, 2011, Tomo III. pág. 627). Ello demuestra que lo establecido resulta de suma importancia para asegurar el debido proceso.
Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló “….es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechos básicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CN) (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pag. 225, 1ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica; Ediciones Iara, 2017).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 4938/2025; “DENSO MANUFACTURING ARGENTINA SA (TF 39682-A) Y OTRO C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Ahora bien, del análisis de las actuaciones administrativas no se advierte que en el proceso sumarial se haya cumplido con la vista correspondiente a la aquí actora, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional. La omisión antes mencionada no puede ser subsanada ante esta instancia, toda vez que la misma ha conllevado la violación del debido proceso de raigambre constitucional (cfr. esta Sala, expte. 1239/2024 “Compañía de Barcos SA (TF 15082537-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” del 20/03/2025).
Esta solución resulta concordante con lo que tiene dicho la Sala IV del fuero en las causas 29997/11 “Cosena Seguros SA (TF 24583-A) c/ DGA”, sentencia del 9/2/2012 y 56691/15 “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA”, del 5/4/2016, en las que resolvió que la corrida de vista prevista en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (cfr. Sala IV, 46832/2022 Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022).
Por todo lo cual, corresponde rechazar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de la resolución.
VIII. Falta de constatación del hecho imponible A mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo por vicio en la causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. arts. 7, inc. b, y 14, inc. b, ley 19.549, según la redacción vigente al momento de dictado del acto; y Sala IV, causas 46832/22 y 46837/22 “Envases del Plata SA (TF 84138521-A) c/ DGA” y “Gax SA (TF 77575105-A) c/ DGA”, sentencias del 13/9/22 y del 20/09/2022 y sus citas).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN);
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia