Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 74380
I. La Fiscalía de Estado promovió el presente conflicto de poderes en los términos de los arts. 161 inc. 2° y 196 de la Constitución bonaerense, denunciando ante esta Suprema Corte que el Juzgado de Faltas N° 2 de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata habría invadido potestades propias de la Provincia, en particular, del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA).
Lo anterior, en razón de que en el expediente administrativo n°4061-1002925/2016 caratulado "Vecinos de Manuel B. Gonnet s/ denuncia colectiva c/ ABSA (potabilidad del agua)", el titular de dicho organismo había dispuesto una medida precautoria con el objeto de que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), por el plazo de seis meses, suministre agua potable para consumo humano en condiciones suficientes para abastecer las necesidades diarias de todos los usuarios domiciliados en la zona comprendida entre las calles 487, 496, 15 y 21 de la localidad de Manuel B. Gonnet, en el partido de La Plata. Ello debía hacerse, con variados alcances según las diferentes circunstancias del caso, mediante la provisión de envases y/o recipientes contenedores que permitan su fraccionamiento y aseguren su almacenamiento y conservación, manteniendo sus condiciones de potabilidad (v. expte. admin. a fs. 39/40).
Dicha medida fue posteriormente ampliada respecto a la zona de Villa Castells, comprendida entre el Camino Parque Centenario y las calles 2, 505 y 480 del mencionado partido (v. expte. admin. a fs. 98 vta./99).
II. A fs. 15 el Tribunal tuvo a la apoderada fiscal por presentada y mandó a pedir al juez de faltas los antecedentes útiles para resolver la controversia. Seguidamente, a fs. 17, se ordenó subsanar la representación de la primera mediante la acreditación, en el término de cinco días, de la voluntad administrativa para promover el conflicto, todo lo cual fue oportunamente cumplido (v. fs. 18/35). En este estado, a fs. 35 se corrió traslado de la presentación a la Municipalidad de La Plata.
III. A fs. 50/64 contestó la Comuna, sosteniendo todo lo actuado por el Juzgado de Faltas n°2. Aseguró que dicho órgano se desplegó dentro de los límites de su competencia, sin extralimitarse ni invadir potestades propias de la Provincia. Insistió, además, en que éste podía dictar medidas precautorias con arreglo al ordenamiento vigente, máxime cuando se trataba de preservar derechos fundamentales como eran el acceso al agua y la salud.
IV. Pasados los autos a la señora Procuradora General a los fines de dictaminar (art. 690, CPCC), consideró que previamente debía notificarse a la firma ABSA acerca del conflicto, toda vez que la medida adoptada por el juez de faltas tenía por destinataria a esa sociedad. Esto último, por cuestiones de legitimación en el marco de la vía escogida, fue desestimado por resolución de fs. 88. Finalmente, a fs. 115/120, obra agregado el dictamen en el que se recomienda hacer lugar al conflicto promovido por la Fiscalía de Estado.
V. Encontrándose los autos en estado de resolver, corresponde plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la presentación por la que se promueve el conflicto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión p lanteada el señor Juez doctor Pettigiani, dijo:
I.2. Fue por tal motivo que haciendo alusión a la "tutela preventiva" y al "interés público comprometido" en la denuncia formulada, el Subsecretario Legal y Técnico del municipio ordenó "elevar el presente informe a los fines de que el juez competente decrete el cese de la infracción a la Ley de Defensa del Consumidor, y en cumplimiento de las facultades previstas por el art. 71 de la ley 13.133 ordene una medida preventiva compatible con la naturaleza del derecho cuya protección se pretende" (fs. 23/24).
I.3. A fs. 27/42 obra la resolución que motivó la radicación del presente conflicto.
I.3.a. En esta pieza, el titular del Juzgado de Faltas N°2 de la Municipalidad de La Plata destacó, en primer lugar, que con arreglo a lo dispuesto en los arts. 79, 80 y 81 del Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, con sostén en lo normado en el art. 41 de la ley 24.240, los municipios se hallaban facultados para aplicar los procedimientos y sanciones sobre esa materia. Recordó que según el art. 81 inc. "a" de la ley 13.133, cada comuna debía establecer un organismo encargado de ejecutar las funciones emergentes del mentado ordenamiento provincial, recayendo la "instancia resolutiva" del procedimiento en cabeza de su juzgado, atento a lo dispuesto en el decreto local n° 1.089/04 y sus modificatorios.
I.3.b. En relación a la intervención que le cupo anteriormente al OCABA y a los fines de descartar cualquier forma de prevención, puso de relieve que no obstante haberse constatado anomalías en el suministro de agua de la zona, la resolución 58/15 dictada por el ente regulador el 8 de abril de 2015 se ciñó a ordenarle a la empresa ABSA a que restaure los parámetros normales únicamente en el ámbito de los domicilios de dos denunciantes. Atento a esto, entendió que era evidente que por las características de un servicio suministrado a través de red se infería la afectación de una cantidad mucho mayor de usuarios, máxime cuando un importante número de vecinos habían adherido a la presentación inicial. Por tal razón, concluyó que la cuestión excedía el estrecho marco cognoscitivo que se le había impreso en el expediente del OCABA n°2430-5604/2015.
I.3.c. Dado lo anterior, reparó en que si bien la denuncia era efectuada por la señora Hilda Scheffer y, de hecho, las actuaciones estaban caratuladas con su nombre, cierto era que en autos se acompañaba un listado pormenorizado de otras noventa y nueve personas que adherían con sus firmas al reclamo. Así, ponderó que la afectación exhibía carácter "pluriindividual" y hallaba respaldo en las cláusulas de los arts. 42 y 43 de la Constitución nacional. Esto último, agregó, con el alcance sentado en el renombrado caso "Halabi" (CSJN Fallos: 332:111), pudiéndose determinar una causa fáctica homogénea y la falta de justificación para la promoción separada de acciones personales.
I.3.d. Por otro lado, destacó el bien colectivo sobre el cual versaba la denuncia, razón por la cual trajo a colación lo resuelto por la Corte nacional en "Kersich" (Fallos: 337:1361), en el que se puntualizó que "El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos". Puso de resalto que en ese mismo pronunciamiento se citó la resolución A/HRC/RES/27/7 del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de octubre de 2014, en la cual se reafirmó que "...el derecho humano al agua potable y el saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos" y se recordó que "...se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana".
En el ámbito provincial, trajo a colación la ley 14.782 que reconoce "...el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida" (art. 1, cit.), entendiendo por "derecho humano al agua" al "derecho de todas las personas a disponer oportunamente de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el consumo y el uso personal y doméstico" (art. 2 inc. 1, cit.). De seguido, recordó con cita al art. 3 de esa ley que tal derecho se debía asegurar, entre otras cosas, mediante el acceso oportuno a la cantidad de agua que sea necesaria y apta para el consumo y el uso personal y doméstico y para promover la salud pública; el acceso físico a instalaciones o servicios que proporcionen el suministro necesario y regular de agua salubre; la adopción de medidas adecuadas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua y establecer un nivel mínimo esencial de disponibilidad diaria de agua potable por persona que permita cubrir las necesidades básicas de consumo y para el uso personal y doméstico, garantizándose su pleno acceso.
Sumó que la Constitución bonaerense persigue la tutela y goce continuo de los derechos de sus habitantes, sin tolerar situaciones de discriminación, debiendo promover el desarrollo integral de las personas en condiciones de dignidad, ya sea en su rol de consumidores o como hombres en su calidad de tales (Preámbulo y arts. 11, 12 inc. 3, 38 y 56, Const. prov.).
Por todo ello, declaró el carácter colectivo de las actuaciones administrativas y ordenó su recaratulación como "Vecinos de Manuel B. Gonnet s/ denuncia colectiva c/ ABSA (potabilidad del agua)".
I.3.e. Es menester destacar que este funcionario determinó que se presentaba una típica relación de consumo encuadrable objetiva y subjetivamente en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 y, tratándose de un servicio público domiciliario -dijo-, se hallaba aprehendida por el Capítulo VI de dicho plexo, cuyo art. 25 -texto según ley 26.361- fija que "...los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley".
En ese esquema, recalcó que ya sea directa o indirectamente -esto es, por aplicación del art. 42 o la remisión a los tratados internacionales mentados en el art. 72 inc. 22-, la Constitución federal asegura el derecho de todas las personas a gozar de prestaciones de servicios públicos en condiciones satisfactorias de calidad y protección a la salud e integridad física. Así también, a nivel legal, sostuvo que tanto la ley 24.240 como la 13.133 protegen esos mismos derechos y, en lo tocante a los servicios públicos domiciliarios, la primera establece una serie de previsiones generales relacionadas con el deber de información, la reciprocidad de trato, el registro de reclamos y la obligación de atención personalizada, la seguridad de las instalaciones y la medición y facturación del servicio, entre otras cosas (arts. 25 a 31).
I.3.f. Ahondando sobre la protección a la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, apuntó que el art. 5 del Código provincial sobre la materia establece que la autoridad de aplicación "...arbitrará los medios necesarios para el fiel, oportuno e íntegro cumplimiento de las obligaciones de los proveedores, tendientes a garantizar que los productos y servicios comercializados sean inocuos en el uso a que se destinen [...] protegiendo a los consumidores y usuarios frente a los riesgos que importen para la salud y seguridad". En cuanto a los servicios públicos, sostuvo que el art. 10 de la ley 13.133 aclara como objetivos de las políticas de protección velar por su calidad y eficiencia en la prestación.
I.3.g. Por otro lado, en lo que hace al marco regulatorio específico del agua potable y desagües cloacales en la Provincia de Buenos Aires, adujo que de acuerdo al art. 51 del decreto 878/03, "la Ley Nacional de Defensa del Consumidor será de aplicación directa en las relaciones entre las entidades prestadoras y los usuarios", a la vez que de conformidad con el art. 50 inc. "l" -texto según art. 4, ley 14.745- los usuarios tienen derecho a "denunciar ante el O.C.A.B.A. y/o ante el Municipio, en este último caso lo será en aquellos en los que funcione Oficina de Defensa del Consumidor y/o ante la Defensoría del Pueblo, cualquier conducta irregular u omisión del prestatario o sus agentes que pudiera afectar sus derechos, perjudicar los servicios o el medio ambiente".
I.3.h. Relativo a la calidad del agua, el juez de faltas reparó en que el decreto 878/03 remite a las condiciones y característica que habría de establecer la Comisión Permanente de Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido de Efluentes Líquidos y Subproductos (arts. 8 inc. "a" y 33). Sin embargo, en la medida en que este organismo no habría cumplido ese cometido, consideró que debía tenerse presente que la Provincia de Buenos Aires había adherido por ley 13.230 al Código Alimentario Argentino (CAA), que en su Capítulo XII (arts. 982 a 1.089) contemplaba normas de calidad para "bebidas hídricas, agua y agua gasificada", refiriéndose en sus arts. 982 y 983 al "agua potable". Y en tal sentido, destacó que esta última debía ser "...apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radioactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, indolora, límpida y transparente".
Con todo, advirtió que determinar una referencia válida para verificar la calidad del agua suministrada a través de red no era una tarea fácil. Recordó que esta Suprema Corte en la causa "Conde" del año 2011, atento a la inacción de la mencionada Comisión y la delegación contenida en el art. 982 del CAA en pos de las autoridades sanitarias locales, había considerado subsistente el Anexo "A" de la ley 11.820 a los efectos de evaluar los parámetros físico-químicos de la composición del agua potable.
Sin perjuicio de ello, por suscitarse su intervención dentro un ámbito estrictamente precautorio, reputó suficientes las manifestaciones vertidas por los vecinos que daban cuenta de la aparente mala calidad del agua ("gusto salobre"), coadyuvado por la resolución 58/15 del OCABA que determinó la existencia de "desvíos comprobados, desde el punto de vista físico-químico...", haciendo referencia especialmente a valores de cloruros y sodios totales que "superaron los límites de la legislación vigente".
I.3.i. Aseguró que el Estado, cuando ejerce funciones administrativas de verificación, prevención y sanción de infracciones, se constituye en el primer y principal resguardo de los derechos e intereses de la población, puesto que un rápido accionar tiene la virtualidad de aventar daños o afectaciones cuyas consecuencias resultarían mucho más gravosas de no atenderse de manera anticipada.
Así, destacando las distinciones respecto al principio preventivo con el principio precautorio y encuadrando su accionar en el último de los supuestos, halló comprometidas las condiciones que hacen a la adecuada calidad del agua domiciliaria suministrada por ABSA en una zona de la localidad de Manuel B. Gonnet, vulnerándose el derecho humano a su acceso, incluso con la posibilidad de que el líquido suministrado genere afectaciones de diversa relevancia en la salud de las "personas humanas y no humanas", en especies vegetales y en bienes materiales. Por tal razón, se vio compelido a adoptar medidas urgentes tendientes a revertir o atemperar las secuelas dañosas, ejerciendo los mecanismos previstos en el art. 71 de la ley 13.133.
I.3.j. Fue entonces que, luego de aclarar que el destinatario de la medida sería la Provincia de Buenos Aires en virtud de su participación casi total en ABSA, ordenó medidas de verificación y divulgación y solicitó a la vez, la intervención de la justicia penal. Pero en lo que representa particular materia de agravio para el OCABA, ordenó a la empresa concesionaria a cesar en la conducta presumiblemente lesiva de normas de defensa de los consumidores y usuarios y, por el plazo de seis meses prorrogables de manera automática, a proveer agua potable para consumo humano en condiciones adecuadas de calidad según la normativa vigente y en cantidades suficientes para abastecer, al menos, las necesidades de consumo diario de todos los usuarios domiciliados en la zona comprendida entre las calles 487, 496, 15 y 21 de la localidad de Manuel B. Gonnet, sin desmedro de otros usuarios afectados que sumariamente acreditasen hallarse en iguales circunstancias.
En esa dirección, dispuso que ABSA debía poner a disposición de los usuarios el agua potable en el Centro Comunal de Manuel B. Gonnet mediante envases contenedores que permitan y aseguren su almacenamiento y conservación, manteniendo sus condiciones de potabilidad. Especificó que el agua sería entregada periódicamente en el lugar indicado de forma tal de asegurar el suministro ininterrumpido, con especial atención los fines de semana, feriados, vacaciones y teniendo en cuenta el incremento en la demanda de consumo con motivo de la escalada en las temperaturas de verano.
Añadió que los usuarios que por razones de edad, enfermedad u otras circunstancias se encuentren impedidos de desplazarse podrían solicitar que el agua les sea entregada en sus respectivos domicilios, de igual manera que las instituciones de enseñanza públicas o privadas de todos los niveles, jardines maternales o de infantes, hospitales y centros de atención a la salud en general, geriátricos y centros terapéuticos debidamente habilitados, clubes e instituciones deportivas y todo otro establecimiento que cuente con afluencia masiva de público y se halle ubicado dentro de la zona de referencia.
Citó, como fundamento de su resolución, los arts. 42, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15, 36 y 38 de la Constitución provincial; 1, 2, 3, 5, 6, 19, 25, 41, 45, 65 y concordantes de la ley 24.240; 1, 2, 4, 5, 7, 10, 26, 36, 49, 71, 72, 79, 80 y 82 de la ley 13.133; 982 y 983 del Código Alimentario Argentino; las leyes 13.230 y 14.782; los decretos provinciales 878/03 33/99 Anexo "C" y el decreto municipal 1.089/04.
I.4. Contra ese pronunciamiento la apoderada de ABSA interpuso un escrito encabezado como "recurso de apelación" en los términos del art. 54 del Código de Faltas municipal y 386 y siguientes del Código contravencional de la Municipalidad de La Plata (ordenanza 6.147/85). En tal presentación, adujo que el juez de faltas, al dictar una medida cautelar de semejante alcance, se arrogó facultades jurisdiccionales propias de los órganos que integran el Poder Judicial.
En esa inteligencia, luego de descalificar la naturaleza de las funciones encomendadas a aquél órgano, alegó que éste había invadido la esfera de competencias del OCABA, configurándose un verdadero conflicto de poderes de la forma prevista en el art. 196 de la Carta local. Sin perjuicio
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.