Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34286
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento de la instancia mediante el cual el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco no hizo lugar a la medida cautelar de no innovar requerida en autos por el Sr. Agente Fiscal Carlos David Bruna. Todo ello en cuanto fue materia de recurso de apelación por parte del Ministerio Público Fiscal. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
c. 34286. "AZAR SANDRA MIRIAN S/DENUNCIA". IPP 08-01-00254-21
Mar del Plata, 16 de junio de 2021.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 34286, y de cuyas constancias,
1. Que el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco no hizo lugar a la medida cautelar de no innovar requerida en autos por el Ministerio Público Fiscal.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. Fiscal Carlos David Bruna, remedio que fue mantenido en esta instancia por el Sr. Fiscal General Fabián U. Fernandez Garello.
Precisa el recurrente que requirió la medida de no innovar con respecto a los débitos mensuales que se encuentra sufriendo Sandra Miriam Azar, DNI 16.895.165, en su cuenta nro. 4018657-0063-1 del Banco Galicia, correspondientes a cuotas de un préstamo obtenido por terceros sin su debida autorización, hecho que se encuentra en etapa de investigación.
Entiende que la medida solicitada resulta conducente y proporcional, ello a efectos de garantizar el derecho de la damnificada a la tutela judicial efectiva y evitar que se incremente el perjuicio ya sufrido, cesando los efectos del delito.
Critica los fundamentos del sentenciante de grado y rebatiéndolos considera que no resulta razonable, a la luz de los derechos de la víctima establecidos por la Ley 15232, que el Banco mantenga su pretensión de ejecutar un contrato viciado que tiene origen en un delito, cuya modalidad es reiterada y por lo tanto conocida por toda empresa que brinda servicios digitales. En este punto se impone que se procure cesar los efectos del delito, conforme lo establece el art. 23 del Código Penal último párrafo.
Apunta que es deber de las entidades bancarias brindar las medidas de seguridad necesarias, en tanto es sabido de la existencia de verdaderas organizaciones criminales que sustituyen la identidad de las personas realizando acciones inusuales para el perfil del cliente, tales como préstamos exorbitantes, posteriores transferencias de los fondos acreditados a distintas cuentas bancarias de diversas entidades. Estas acciones deben ser advertidas y evitadas por los organismos de prevención de fraude bancario que posee toda entidad; si ello no sucede, no puede considerársela como tercera ajena a la cuestión, mas aun cuando resulta beneficiaria de los intereses de un préstamo que fue otorgado con desconocimiento y sin el consentimiento efectivo del titular de la cuenta.
Precisa que la medida requerida propende a evitar, temporalmente, ocasionar mas perjuicio a la víctima del delito. Advierte que ellas acuden a esta sede judicial en la búsqueda de la tutela efectiva de sus derechos, dada la actitud pasiva de la entidad bancaria en el otorgamiento de una solución al conflicto derivado de un hecho ilícito. Nota que existe un crecimiento exponencial de fraudes informáticos, similares al denunciado en autos, al punto que desde esta Unidad Fiscal se libro comunicación al Presidente del Banco Central de la República Argentina con el fin que las entidades bancarias arbitren mecanismos de autenticación de la identidad lo suficientemente idóneos antes de efectivizar un préstamo personal; autorizar transferencias bancarias - circunstancias que en general se dan de manera conjuntas- o bien para implementar sistemas de alertas tempranas ante movimientos no usuales de la cuentas.
Con todo lo señalado, en el convencimiento que en autos se reúnen los requisitos para disponer la medida requerida, pide que este Tribunal revoque el auto de la instancia y otorgue la cautelar de no innovar solicitada.
1. Que la solicitud de no innovar efectuada en autos por el Ministerio Público Fiscal, va dirigida al Banco Galicia; ello con el objetivo que la entidad se abstenga de continuar debitando los montos correspondientes a las cuotas de un préstamo personal otorgado por la suma de pesos $700.000, con fecha 21 de enero del corriente año, a Sandra Miriam Azar -dni. 16.895.165, titular de cuenta nro. 401865700631.
2. Que no puede dejar de advertirse que el Ministerio Público Fiscal, más allá de lo expuesto en el recurso que abre la instancia, no avanza en el caso contra alguna eventual responsabilidad de índole penal que pudiera emerger del personal de la estructura de la entidad bancaria.
3. Que en este contexto, al menos en el marco de actuación de este expediente y de momento, la entidad bancaria resulta efectivamente un tercero en la eventual maniobra aquí materia de investigación.
No se desconoce el posible fraude informático del que pudo ser víctima Sandra Miriam Azar, ni el propio error en el que incurrió al develar datos de estricta esfera de seguridad de sus cuentas bancarias. Pero cierto es que tampoco, en el contexto de estos obrados, se puede cargar consecuencias de la denuncia materia de investigación a un sujeto que, de lo actuado, no emerge participación alguna en el evento objeto de investigación.
En el caso se advierte una falencia en el requisito de apariencia de responsabilidad respecto a quien se dirige la cautela requerida; extremo, claramente exigido para la procedencia de medidas como la aquí peticionada (CPP, 197).
Para concluir no se desconocen los precedentes "Casco" y "Olguín", de este mismo Tribunal traídos por el Sr. Fiscal General en el oportuno responde a la vista concedida, pero se debe precisar que el presente, además de erigirse en un reexamen de lo allí considerado, conlleva a que al peticionarse una medida cautelar, al menos preliminarmente, se establezca la eventual participación penal del sujeto al que va direccionada.
Ello, independientemente de los deberes de contralor que se encuentran en cabeza del banco y de las falencias en ese sentido que, a todo evento, resultan propias de tratar en sede civil.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento de la instancia mediante el cual el Sr. Juez de Garantías Daniel Alejandro De Marco no hizo lugar a la medida cautelar de no innovar requerida en autos por el Sr. Agente Fiscal Carlos David Bruna. Todo ello en cuanto fue materia de recurso de apelación por parte del Ministerio Público Fiscal. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia