Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132686
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara la nulidad de la resolución emitida por la Dirección de Personas Jurídicas el 4 de agosto de 2022; debiendo remitirse las actuaciones a dicho organismo para el dictado de una nueva, que se ajuste a las pautas que se reseñaran. Costas en el orden causado.
En la ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de Octubre de 2022, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "AGREMIACION MEDICA DE ENSENADA S/ DENUNCIA" (causa: 132686), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada resolución del 4 de agosto de 2022?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.a. En las presentes actuaciones y a partir de una denuncia formulada por el Dr. Juan Manuel De Rosa, la Dirección de Personas Jurídicas dictó una resolución el día 4 de agosto de 2022, por medio de la cual declaró "irregular e ineficaz a los fines administrativos la Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2022", realizada por la Agremiación Médica de Ensenada (ver fs. 33/34).
Para tomar tal decisión, comenzó por reseñar los términos de las imputaciones efectuadas; después explicó que aun cuando el día 1 de julio de 2022 se concretó la respectiva notificación, no existe constancia alguna que dicho ente hubiera deducido su descargo; con posterioridad recordó jurisprudencia aplicable en materia de carga de la prueba y consideró "de fundamental importancia la documentación ofrecida por el denunciante", describiendo en qué consiste la misma; para finalmente, y además de citar un precedente judicial sobre la forma del acto colectivo por el cual una sociedad emite su voluntad, tomar la decisión de marras.
1.b. Contra esta resolución y en los términos de los arts. 10 y 11 del dec. ley 8671/76, la entidad aludida apeló la resolución, apoyándose a tales fines en los argumentos vertidos en la pieza de fs. 37/46; donde comenzó por señalar que la misma omite fundamentar sus términos con el más mínimo elemento probatorio.
Asimismo, adujo que el Dr. De Rosa siquiera acompañó una copia del acta de asamblea observada del 23 de marzo de 2022, ni tampoco otra documental en la cual sostener su posición, desconociendo las piezas que se anexaron en autos; y que su parte jamás fue anoticiada de la denuncia, lo que impidió que ejerciera su derecho de defensa, a pesar de que se encuentra abierta y a disposición de los socios de lunes a viernes de 7.30 a 14.30 hs., violándose así el debido proceso adjetivo.
Posteriormente, discurrió sobre el llamado a asamblea, consideró que se han cumplido las pautas estatutarias sobre el punto y que el error en la denominación de la convocatoria no genera violación alguna al derecho de los asociados.
Luego de ello, expuso que la resolución atacada incurrió en un error en la identificación del denunciante, por cuanto se consignó allí que quien se presentó fue "el Sr. Juan Manuel De Rosa, DNI 24.645.987", número que no pertenece a ningún socio de A.M.E., registrando bajo dicho nombre al socio homónimo, que tiene DNI 18.400.976; volvió a argumentar sobre la ausencia de notificación previa a su parte -lo que viola el derecho de defensa- y de sustento legal alguno de la resolución, afirmando que la misma es arbitraria e ilegítima al basarse sólo en los dichos del denunciante; para finalmente considerarírrito al acto impugnado, al partir de alegaciones que no encuentran justificación en las constancias probatorias de la causa, ni haberse demostrado perjuicio para los asociados o violación de derecho alguno.
2.a. A los fines de abordar el recurso y dar las debidas razones del caso, habré de seguir la lógica expositiva que propusiera la institución apelante, de modo tal de brindar las pertinentes respuestas a sus observaciones.
En esa línea, la Agremiación Médica Platense adujo que el Dr. De Rosa no acompañó una copia del acta de asamblea observada del 23 de marzo de 2022; no obstante lo cual, omitió expedirse sobre la prueba documental relativa a este aspecto.
En efecto, a fs. 27 luce una copia certificada de la nota que le presentara el referido el día 10 de mayo de 2022, por medio de la cual solicitó una reproducción de las actas de asamblea que se celebraran los días 25 de noviembre de 2021 y 23 de marzo de 2022; agregando luego, de manera expresa, que, a pesar de ello, no le fueron suministradas (ver fs. 2 vta), sin que tal pieza fuera objetada en tiempo y forma.
Es que el momento para desconocer la documental es aquel que corresponde al descargo, vale decir, una vez anoticiada de la denuncia y durante el tiempo destinado a proponer su postura; siendo impropio pretender hacerlo una vez que se guardó silencio, intentando así reeditar cuestiones precluidas (art. 259 Dispos. DDPPJJ 18/2012).
Con esas condiciones, mal puede ampararse la entidad en la pretendida omisión de acompañar una copia del acta de asamblea, pues, a partir de lo que surge de la referida prueba documental, ha sido la falta de respuesta al pedido de marras lo que ha motivado que el denunciante no acompañara el instrumento respectivo. O lo que es igual, no puede beneficiarse de una omisión causada voluntaria y deliberadamente por su parte; de allí que este argumento no sea de recibo.
2.b. Por otro lado, es dable referir que en autos obra agregada la cédula de notificación por medio de la cual se corrió traslado de la presentación inicial, la que se habría concretado el 1 de julio de 2022 a las 8:30 hs (ver fs. 30); mientras que la Agremiación Médica de Ensena se limitó a referir que jamás fue anoticiada, discurriendo sobre la afectación que tal ausencia le generaría a su derecho de defensa.
Si bien no desconozco la alegación efectuada, lo cierto es que en momento alguno de su presentación impugnó debidamente la referida cédula, abasteciendo todos los recaudos necesarios para poner en seria crisis el acto de anoticiamiento; de allí que, en tales condiciones, su temperamento deba subsumirse en una manifestación carente de los efectos pretendidos (arg. arts. 169 y ccs. del CPCC; 62 a 67 dec. ley 7647/70; 258 y cit. Dispos. DDPPJJ 18/2012)
2.c. En cuanto a la evidentemente errónea identificación del denunciante en la resolución objetada, no resulta difícil concluir que ello se trata de un simple error material, a poco que se advierta la diferencia de tal aserto con el documento que se consigna en la denuncia inicial (fs. 1) y en la certificación actuarial de fs. 4; habiéndose incurrido en tal inexactitud solo al identificar la persona del denunciante, sin entidad para generar un error en la individualización de la misma.
2.d. Ahora bien, aclarado ello, entiendo que la objeción más relevante -desde mi mirada- radica en la deficiente motivación en que habría incurrido el acto impugnado.
En esa lógica, es menester recordar que, conforme lo previsto en el art. 108 del dec. ley 7647/70, "Todo acto administrativo final deberá ser motivado y contendrá una relación de hechos y fundamentos de derecho"; exigencia que reposa en la forma republicana de gobierno y en el régimen democrático, siendo un elemento de la legitimidad y legalidad del acto y de la juridicidad y razonabilidad de las relaciones jurídicas en un Estado de Derecho (cfr. Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, T. II, La Ley, 1964, pág. 85 y ss.; Fiorini, Bartolomé A., Manual de Derecho Administrativo, T. I, La Ley, 1968, pág. 340 y ss.; Gordillo, Agustín A., El acto administrativo, Abeledo-Perrot, 1969, págs. 313-314; Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Abeledo-Perrot, 1993, págs. 333 y 336; Cassagne, Juan Carlos, El acto administrativo, Abeledo-Perrot, 1974, pág. 212; Tawil, Guido S. - Monti, Laura M., La motivación del acto administrativo, Depalma, 1998, pág. 9 y sigs.).
Bajo tales premisas, me permito adelantar que la resolución dictada el día 4 de agosto de 2022 (ver fs. 33/34) por la Dirección de Personas Jurídicas no logra alcanzar el referido estándar.
En efecto, una simple lectura de sus términos pone en evidencia que se han identificado particular y detalladamente los argumentos invocados por el denunciante (pto. primero), se puso de resalto la ausencia de descargo de la Agremiación Médica de Ensenada (pto. segundo), se explayó sobre las facultades que le caben a dicha repartición respecto a los entes colectivos y se ha indicado que se valorarían solo aquellas "cuestiones concretas que conlleven una estructura probatoria mínima que permita su valoración" -con cita de jurisprudencia sobre carga de la prueba-; luego de ello, se realizó una detallada pero mera descripción de las piezas acompañadas por el denunciante, afirmando simplemente que resultan "de fundamental importancia", se citó un precedente judicial, se explicaron nuevamente las atribuciones del órgano en materia de asociaciones civiles (pto. tercero); y, por último, se dictó la resolución de marras.
La reseña previa demuestra, en primer lugar, la ausencia total de exteriorización de la valoración del material probatorio por parte de la Administración; conducta aquella que supone una labor mayor a la simple descripción de documentos, pues consiste en explicitar las conclusiones que se obtienen de los mismos y que justifican el sentido de una decisión, al menos en los términos del art. 58 del dec. ley 7647/70.
En segundo término, pone en evidencia que se ha incurrido en la omisión de vincular la prueba rendida en dichas actuaciones con los hechos e imputaciones alegadas por el Dr. De Rosa, impidiendo controlar así el sentido y corrección del razonamiento emprendido por el Director de Personas Jurídicas y su ligazón con aquellas.
Finalmente y en tercer orden, se aprecia una notoria falta de aplicación de norma legal alguna que aplique a las situaciones denunciadas y la solución que se adopta a su respecto (v.gr., arts. 168 a 186 del Código Civil y Comercial, e incluso el Estatuto de la asociación fiscalizada), toda vez que la legislación en que se apoya el acto (arts. 142 y 163 del Código Civil y Comercial; dec. ley 8671/76; y dec. 284/77) alude estricta y exclusivamente a aquella que regula las facultades de tal órgano en materia de policía societaria.
Las circunstancias descriptas, a la vez de invalidar el acto por falta de cumplimientos de requisitos propios -en el caso y principalmente, la ausencia de motivación-, produce una evidente afectación de los derechos de la Agremiación Médica de Ensenada; quien, aun cuando no compareció en debido tiempo y forma a efectuar su descargo, no puede verse privado de garantías y derechos mínimos del procedimiento emprendido a su respecto (arts. cits.).
Una aclaración final resulta por demás relevante y necesaria: las conclusiones que he puesto de manifiesto no importan sostener que la decisión del Director de Personas Jurídicas -en cuanto declara "irregular e ineficaz a los fines administrativos la Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2022"- sea errónea, pues no he analizado el contenido del acto decisorio; muy lejos de ello, lo que se ha puesto de resalto, independientemente del resultado al que se arribara, es el mero incumplimiento de exigencias mínimas de la resolución aludida, que ponen en jaque su validez como acto.
2.e. En virtud de lo expuesto y atento las deficiencias puestas de resalto, considero que corresponde declarar la nulidad de la resolución emitida por la Dirección de Personas Jurídicas el 4 de agosto de 2022; debiendo remitirse las actuaciones a dicho organismo para el dictado de una nueva, que se ajuste a las pautas que se reseñaran (arts. 18 CN; 15 CPBA; 168 a 186 del Código Civil y Comercial; 108 del dec. ley 7647/70; 10 y 11 del dec. ley 8671/76; arg. 253 del CPCCC; Disp. 18/2012 DDPPJJ).
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: Atendiendo al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, declarar la nulidad de la resolución emitida por la Dirección de Personas Jurídicas el 4 de agosto de 2022; debiendo remitirse las actuaciones a dicho organismo para el dictado de una nueva, que se ajuste a las pautas que se reseñaran (arts. 18 CN; 15 CPBA; 168 a 186 del Código Civil y Comercial; 108 del dec. ley 7647/70; 10 y 11 del dec. ley 8671/76; arg. 253 del CPCCC; Disp. 18/2012 DDPPJJ); con costas en el orden causado, atento el origen del agravio y el modo en que se resuelve la cuestión (arts. 68 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se declara la nulidad de la resolución emitida por la Dirección de Personas Jurídicas el 4 de agosto de 2022; debiendo remitirse las actuaciones a dicho organismo para el dictado de una nueva, que se ajuste a las pautas que se reseñaran. Costas en el orden causado. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia