Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124528
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.528 "LUDOVICO SILVANA MARISA C/ RED MONIPHONE ACE Y OTROS S/ DENUNCIA DE DAÑO TEMIDO"
I. El apoderado de la demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la falta de definitividad de la decisión atacada y en la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley (v. resol. de 10-III-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 31-III-2021 y su archivo adjunto identificado como "telefonica moviles ludovico rex.pdf").
En el caso, en el marco de una acción de denuncia de daño temido y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la excepción de incompetencia planteada por las firmas accionadas Telefónica Móviles Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. y ordenado la remisión de las actuaciones al fuero federal. En consecuencia, difirió su tratamiento para el momento del dictado de la sentencia al entender que, por ser un proceso sumarísimo, no eran admisibles las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Ello, sin perjuicio de lo que se pudiera resolver al respecto en la decisión definitiva (v. resols. de 24-VIII-2020 y 29-IX-2020, en archivo adjunto al trámite titulado "RECURSO DE QUEJA - DEDUCE" de fecha 26-XI-2020).
II.1 En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de juez natural, igualdad de partes, defensa en juicio, propiedad, razonabilidad y jerarquía normativa (arts. 14, 16, 17, 18, 28, 31 y 75 incs. 13, 14 y 18, Const. nac.; v. págs. 4/6, 12/21 y 23/25, adjunto "telefonica moviles ludovico rex.pdf", cit.).
II.2. Sostiene que la sentencia en crisis no constituye una derivación razonada del derecho aplicable y debe ser descalificada como acto judicial válido, en tanto -según su modo de ver- se sustenta en meras afirmaciones dogmáticas. Ello, por cuanto esta Corte, sin analizar las circunstancias objetivas de la causa y apartándose de la normativa que rige al caso, calificó -sin fundamentación y con exceso ritual- de no definitiva la decisión del a quo . En consecuencia, desestimó la queja por denegatoria del remedio de inaplicabilidad de ley, vulnerando así las garantías constitucionales mencionadas, en particular el derecho de defensa en juicio de su representada.
Asevera que -contrariamente a lo expuesto- el diferimiento decretado por el Tribunal de Alzada le ocasiona un perjuicio irreparable a su mandante, insusceptible de ser saneado con posterioridad, ni en otro proceso, en tanto implica el apartamiento de la causa de sus jueces naturales que, de forma exclusiva y excluyente, deben conocer en materia federal. Se obliga a las partes a tramitar toda la causa por ante un juez incompetente, todo lo cual torna evidente -según su entender- la definitividad de la decisión recurrida. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 333:433; 181:7; 114:283; 280:228; 277:201; 280:429, entre muchos).
A tal fin, denuncia que, en el caso de marras, debe interpretarse el sentido y alcance de normas federales, tales como la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798, entre otras que cita (v. págs. 3/6, 16/20 y 22/26, adjunto cit.).
II.3. Alega, por otro lado, que la decisión atacada descartó -sin dar fundamentos suficientes- los agravios federales que asegura haber planteado, vulnerando -de esa manera- la garantía constitucional de debido proceso (v. pág. 20/22 y 26/27, adj. cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 19-IV-2021 y trámites identificados como "OFICIO A" y "OFICIO RECIBIDO" de fechas 22 de abril y 14 de junio del corriente año, respectivamente) el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones vinculadas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía deducida (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual manifiesto, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura fijada por este Tribunal para descartar el recurso de hecho intentado, insistiendo el agraviante con cuestionamientos que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 3/6 y 16/27, adjunto "telefonica moviles ludovico rex.pdf" cit. y resol. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de juez natural, igualdad de partes, defensa en juicio, propiedad, razonabilidad y jerarquía normativa; arts. 14, 16, 17, 18, 28, 31 y 75 incs. 13, 14 y 18, Const. nac.; v. págs. 4/6, 12/21 y 23/25, adjunto "telefonica moviles ludovico rex.pdf", cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.945, "Usuarios Y Consumidores Unidos", resol. de 19-IX-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 120.789, "Serantes", resol. de 13-VIII-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.224, "Ugartemendia", resol. de 8-VI-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/09/2021 16:26:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2021 08:41:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2021 16:04:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2021 11:26:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2021 10:17:52 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/11/2021 10:12:40 hs. bajo el número RR-793-2021 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia