Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 137130
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 137.130 "CATANZARO ALFREDO ENRIQUE S/ DENUNCIA DE LA DEPOSITARIA RELACIONADA CON LA ESCRITURA NÚMERO 215 DEL 25 DE ABRIL DE 2022 "
I. El apoderado del notario Catanzaro deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó -con costas- el remedio de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 2-IX-2025; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 24-IX-2025 y su arch. Adj. identificado como "REF...").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó la sentencia del Juzgado Notarial que, a su turno y por los fundamentos que dio, resolvió destituir al escribano Alfredo Enrique Catanzaro (v. sents. de 4-III-2024 y 23-XII-2024).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso y de protección del trabajo (arts. 14, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH; 16, DADH; 23, DUDH; 6, PIDESC; v. págs. 2/5, 11, 13/14 y 17/18, adj. cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó -mediante lo que denomina como un cliché- el remedio local al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran los derechos constitucionales referenciados, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 308:490; 311:2478; 311:506 y 311: 2478; entre otros).
En tal sentido, aduce, que la decisión objetada omitió -al igual que la de la instancia anterior en grado- tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la violación del debido proceso legal dada la inexistencia de un procedimiento sumarial, de imputación y tipificación concreta de la supuesta falta y la gravedad de la sanción aplicada. Y asevera que, contrariamente a lo expuesto, dichos cuestionamientos resultaban aptos para dar cuenta de que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa, acreditar la falta de responsabilidad de su mandante y, en consecuencia, demostrar el absurdo del fallo impugnado (v. págs. 10/19, adj. cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 3-X-2025), el mismo no fue contestado.
IV.1. En lo que atañe a la vía federal incoada, cabe señalar que para su procedencia es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal y público local (en el caso, los motivos que dieron lugar a la sanción al escribano, la aplicación de la Ley Notarial n°9.020 y la suficiencia del recurso de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación con los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se cumplimenten esos extremos, desde que las razones brindadas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, planteada a partir de las causales de falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que, según lo ha afirmado el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento palmario de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que tal doctrina es particularmente restringida en cuanto a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar aquel vicio respecto del fallo en crisis -y del de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura fijada por este Tribunal para descartar el recurso intentado. En efecto, reitera en sustento de su posición, los cuestionamientos expuestos en el mencionado remedio local referidos al procedimiento previo a la sanción aplicada, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 9/19 del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 11-II-2025, págs. 10/19 adj. cit. y resol. en crisis).
IV.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, CADH; 16, DADH; 23, DUDH; 6, PIDESC; v. págs. 2/5, 11, 13/14 y 17/18, adj. cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el recurso intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (v. causas C. 121.816, "Legajo Registro Notarial n°8 Del Partido De Ayacucho", resol. de 24-IV-2019; C. 123.343, "Legajo Registro Notarial n°311 del Partido de la Plata", resol. de 11-V-2020 y C. 123.612, "Delegación San Martin", resol. de 12-XI-2020; C. 122.842, "Registro de Contratos Públicos n°4. Partido de Lincoln", resol. de 31-III-2021; C. 124.588, "Legajo Registro Notarial n°158 del Partido de La Plata", resol. de 30-XI-2022 y C. 125.676, "Legajo Registro Notarial n°8 del Partido de Ayacucho", resol. de 1-VIII-2023; C. 123.859, "Legajo Registro Notarial n°3 del Partido de Coronel Brandsen", resol. de 9-VIII-2024 y C. 126.311, "Eseverri", resol. de 24-II-2025; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/02/2026 13:26:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/02/2026 15:08:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2026 10:27:25 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 06/04/2026 14:42:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2026 14:00:05 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/04/2026 14:09:53 hs. bajo el número RR-128-2026 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia