Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 31398 1
Mar del Plata, de agosto de 2018.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-31398-1, y de cuyas constancias,
1. Que a fs. 10/2 vta. el Sr. Juez de Garantías no hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público Fiscal actuante en autos respecto a la autorización judicial para la utilización de agentes reveladores en el marco de esta investigación.
2. Que a fs. 1/5 y 15/7 el órgano requirente estatal interpuso recurso de apelación contra aquél pronunciamiento.
Entiende el recurrente que el resolutorio del a quo genera un gravamen de imposible solución debido a que impide la utilización de técnicas de investigación previstas en la legislación nacional y de ese modo coarta la función pesquisitiva del Ministerio Público Fiscal, impidiendo el avance de la investigación y desnaturalizando las atribuciones previstas en el artículo 266 del rito.
Además critica las consideraciones del sentenciante de grado relacionadas a que lo requerido no resulta acorde a la investigación en curso ni a la figura de un agente revelador; tratando el caso como si lo solicitado resultara propio de un agente encubierto que se infiltra en la organización. Sobre el punto en cuestión considera que lo pedido se enmarca en las previsiones del artículo 5 de la ley 27.319 referentes a la recolección de elementos probatorios con la finalidad de aportar elementos útiles a la pesquisa, simulando interés y /o ejecutar el transporte, comprar o consumir para sí o para terceros o participar de cualquier actividad de un grupo criminal; siendo que en la misma tesitura se encuentra el plazo por que se pide la referida autorización.
En otro orden le agravia los argumentos del a quo referentes a la competencia provincial para investigar el tipo de delitos como el que aquí motiva la formación de autos; entendiendo que el narcomenudeo en la zona roja de esta ciudad, de clara competencia provincial, conlleva mayor complejidad que la expuesta por el sentenciante de grado, manifestado los tópicos que entiende pertinentes y que reflejan a su criterio las dificultades que se presentan en el curso de investigaciones como la aquí desplegada. Cita en apoyo de su conclusión el fallo "Fredes" de la CSJN.
Con todo concluye requiriendo que este Tribunal revoque el auto de la instancia y autorice la utilización de agentes reveladores en las condiciones solicitadas.
1. Que de un análisis de la petición en trámite, a la luz de la legislación que incorpora la figura del agente revelador en nuestro ordenamiento legal, este Tribunal advierte que, tal como la propia ley 27.319 lo prevé, las técnicas de investigación penal allí entronizadas resultan aplicables respecto de delitos complejos, también enumerados en la norma de cita, y siempre que se tenga como norte los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad (Art. 1, ley de referencia).
Que la propia ley establezca los referidos principios evaluativos, para tornar procedente el empleo de los institutos investigativos que prevé, trae a colación que ello es así en razón de la implicancia en términos de afectación de garantías constitucionales que en todos los casos conllevan esas novedosas técnicas pesquisitivas.
En consecuencia, puede concluirse que el empleo de las herramientas y facultades que estatuye la ley 27.319 resulta de carácter excepcional.
2. Que en el caso suscitado en el presente y a tenor de lo señalado, liminarmente, debe tenerse en cuenta que la pauta de necesariedad, que conmina la ley de referencia, decanta en que la herramienta cuya utilización se requiere hace falta indispensablemente, que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder de ese modo; lo que implica como contracara que no se puede evitar su implementación para alcanzar el fin propuesto. Fin que debe ser de acreditada entidad suficiente, para alcanzar la razonabilidad y propocionalidad que, también, exige el artículo primero de la ley.
En consecuencia, para satisfacer aquélla exigencia, en el supuesto dado en autos, se debió expresar de que modo fracasaron el empleo de las restantes medidas de investigación que posee, por regla, competencialmente el órgano requirente estatal a fin de lograr el objetivo pesquisitivo que se propone en los presentes obrados. Este extremo no se advierte en la petición en trámite.
3. Que, a mayor abundamiento, sobre el quid en cuestión se impone relevar que la provincia tiene competencia investigativa en la materia normada por la ley 23.737 solamente en los específicos supuestos allí consignados en su artículo 34, mediante la ley provincial de adhesión 13.392.
Claramente surge que la atribución pesquisitiva provincial sobre el tema resulta de excepción, tal es así que en caso de duda debe estarse a la competencia de la justicia federal (ley 26.052, artículo 4).
Consecuntemente, respecto al tema materia de indagación en estos actuados, las facultades se circunscriben a "estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor" (citado artículo 34 de la ley 23.737). Respecto a este extremo, el Ministerio Público Fiscal no justifica el excepcional empleo del extraordinario medio de prueba que requiere en el caso.
4. Que el análisis que aquí se efectúa conlleva a concluir que el supuesto dado no resultaría de aplicación la medida pesquisitiva, no ordinaria, que pretende el órgano requirente estatal; ello sin ingresar a analizar si eventualmente en el caso concreto, de darse los extremos consignados, el Juez debería otorgar la pretendida permisión.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: no resulta de aplicación, en el particular caso aquí traído a conocimiento, la herramienta y facultad normada en la ley 27.319, cuya autorización requiere el órgano requirente estatal. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación por parte del referido órgano requirente estatal a fs. 1/5 y 15/7. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 21, 56 y cctes., 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Remítase a origen la principal. Notifíquese. Devuélvase.
RAUL ALBERTO PAOLINI
Juez
PABLO MARTIN POGGETTO
Juez
Ante mi:
MARIA ANASTASIA GERULA
Auxiliar Letrada
En se remitió a la Fiscalía General para notificar. Conste.
En se devolvió al Juzgado de Garantías n° 4. Conste.
Fin de la sentencia