Abriendo la norma
Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil - Pico Truncado
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconstitucionalidad del art. 67 del CP, conforme Ley n.° 25.188 — B.O 01/11/1999, de conformidad a los lineamientos expuestos en el considerando que antecede.-
2Rechazar el planteo de excepción de prescripción esgrimido por el Dr. N.M.C.-
3Teniendo en cuenta que no se ha logrado designar en favor de A.C un letrado o letrada de la Matrícula que ejerza su representación en el proceso, habiendo manifestado la misma su deseo de constituirse como querellante, y más aún cuando se están ventilando cuestiones atinentes al ejercicio y destino de la acción penal, con el objeto de no soslayar los derechos que como víctima le asisten, deberá darse intervención a la Sra. Defensora Pública Oficial de Las Heras, Dra. Sandra Reynoso, a fin de que se desempeñe como patrocinante ad hoc de la parte querellante.-
TOMO: LXXV FOLIO: 174/183
Pico Truncado, 02 de mayo de 2023
Los autos caratulados “INC. DE EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN en autos C.A.T. S/ DENUNCIA INFRACCIÓN ART. 119 DEL CP” P*****/21/ inc. 2023, venidos a despacho para resolver la prescripción planteada por la defensa del Sr. F.M.C., Dr. N.M.C., y que
1. Que la defensa expresa que el hecho denunciado “precisamente determinado y fijado en la denuncia y acusación fiscal, habría sucedido en el año 2009 cuando A.C. tenía 7 años de edad…”. Dicho esto señala que correspondería la aplicación de la ley penal positiva vigente al momento de la comisión del hecho, y por aplicación del art. 63 del código penal, la acción se encuentra prescripta.-
Incluso nos recuerda que las modificaciones legislativas introducidas por las leyes 26705 y 27206, serían de los años 2011 y 2015, por lo tanto concluye que no aplican al supuesto del hecho denunciado en autos.-
Además, agrega que la aplicación de las normas citadas anteriormente implicaría una violación del art. 18 de la CN, por establecer la garantía de la irretroactividad de la ley penal.-
En otro párrafo, agrega que las doctrinas en virtud de los tratados internacionales amplían el derecho de las/os menores víctimas de hechos de esta naturaleza, pero a decir de la defensa “en fechas anteriores a la vigencia particular de la última norma, solamente alcanzaran a asegurarles la posibilidad de que se realicen las investigaciones de los mismos, pero no el juzgamiento y condena a los autores”.-
2. En relación a lo solicitado por la defensa, se dió vista al sr. Agente Fiscal ad-hoc, el cual se expresa de la siguiente manera: “analizados los fundamentos invocados, esta parte considera pertinente y ajustada a derecho la nulidad planteada…”.-
Y ya con fecha 25 de enero del corriente año, se dicta una resolución por la cual se dispone la nulidad de la resolución de fs. 166/167 vta. de los autos principales conforme el art. 159 inc. 2 del CPP, y art. 18 de la CN.-
Debe entenderse que la resolución invalidada, disponía la elevación de la presente causa a juicio oral, no haciendo lugar a la oposición a la elevación dispuesta por la defensa –véase, luce agregada copia a fs11vta y 12/12vta. – Es cierto, que en dicha oposición no se trataba, e incluso no se daba tránmite a la excepción de prescripción planteada, y es por ello que la misma resolución que nulifica el acto jurisdiccional dispone dos cuestiones fundamentales, la primera que se otorgue la inmediata libertad del sr. C., y además se forme incidente de excepción de prescripción.-
3. Es así que, formado el incidente de prescripción ordenado se dispone correr la vista al Sr. Agente Fiscal, el cual evacua la misma diciendo: “a través del cual aduce que el hecho denunciado había sucedido en el año 2009 cuando A.C tenía 7 años de edad, sin que a su respecto le rijan las modificaciones legislativas introducidas por las leyes 26705 y 27206 por aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal consagrado en el art. 18 de la CN”. Claro que luego, sigue diciendo “sentado lo expuesto, cabe señalar que si bien las destacadas reformas legales implicaron significativamente avances en materia del cómputo del plazo a partir del cual debe contabilizarse el término de la prescripción de la acción penal, lo cierto y concreto es que su aplicabilidad no puede tener lugar exclusivamente en los episodios cometidos con posterioridad a su sanción legislativa, ya que la acción penal para los casos previos debe considerarse vigente en función de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en términos de Derechos Humanos, no siendo susceptibles entonces que el presente proceso se clausure por estorbos de orden procedimental habida cuenta del deber que el mismo le toca asumir en el resguardo y la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en todos los aspectos de su vida y con perspectiva de género frente a atentados contra la integridad sexual con miras a evitar la consagración de su impunidad…”.- Dicho esto, agrega el estado de vulnerabilidad de la víctima, e incluso reduce su discurso afirmando “vulnerabilidad al ser vejada por un ser tan cercano como su padre, sin posibilidad alguna de poder defenderse, en cuyas circunstancias se hallaban en vigencia los compromisos asumidos por el país en el año 1994 incorporados al bloque constitucional…”
Adunado a ello, nos expresa que “se está ante un planteo que se disocia por completo de las nuevas iniciativas que a la luz de los sucesivos avances en la materia postulan la imprescriptibilidad de la acción penal al equiparar a los hechos de abuso sexual cometidos durante la infancia y la adolescencia como crímenes de tortura, tal como lo vienen planteando diferentes colectivos sociales dedicados a abordar la problemática de las violencias en la infancia, lo que en consecuencias lleva a esta parte a concluir que el planteo de la prescripción articulado no puede tener acogida favorable…”.-
4. Es así que, para poder resolver la cuestión, nos preguntamos ¿transcurrió el plazo de prescripción?, y de ser así, ¿qué efecto podría tener en la acción penal mantenida en los autos principales, cuando constatemos el vencimiento del plazo dispuesto por el art. 63 del CPA, al tiempo de suceder el hecho?.-
Debemos decir que el instituto de la prescripción es la extinción de la pena por el paso del tiempo, el CP desde el art. 62 establece el instituto, y en el art. 67 las causales de suspensión e interrupción.-
En relación a los fundamentos, y como es lógico existen diversas posiciones, pero tradicionalmente se sostuvieron dos teorías, una que fue considerada como material y la otra procesal. En el caso de la primera, se dijo que el tiempo elimina los efectos perniciosos del delito respecto del cumplimiento de la ley, unido a ello se sostiene que en forma tardía no se logra la paz social o a restablecer el orden normativo.-
Por otro lado, el procesal postula que el paso del tiempo dificulta la posibilidad de desarrollar el proceso en sí, debido a que la posibilidad de recabar pruebas es casi imposible, por la lejanía con el momento en que sucedió el hecho.-
Es bueno entender que el transcurso del tiempo, por sí mismo no tiene el poder místico creador o destructivo del derecho, lo que sucede que el orden jurídico no hace otra cosa que actuar como un ordenamiento práctico, en otras palabras, es inconveniente utilizar la represión muy tardía, y estos fundamentos son siempre de política legislativa. –ver Soler, pag. 541, citado por Alejandro Tazza, Código Penal Comentado, parte general pag. 522-
En igual sentido la CSJN en fallos “Arancibia Clavel” nos decía “fundamento común del instituto de la prescripción, independientemente del objeto al que aluda –de la acción o de la pena- es la inutilidad de la pena en caso concreto, en los que el transcurso del tiempo entre el hecho y el juicio, o entre la condena y su ejecución hace que la persona imputada no sea la misma, como así también que el hecho sometido pierda vigencia vivencial conflictiva, para pasar a ser un mero hecho histórico-anecdótico. En definitiva, escapa a la vivencia de sus protagonistas y afectados…” ´Por su el juez Petracchi, en el fallo 328:341 de la CSJN, nos dice con una teoría procesalista “la prescripción de la acción penal se le ha atribuido una notable significación a las dificultades que genera el transcurso del tiempo para la obtención delas pruebas y para lograr una reconstrucción eficaz del hecho histórico objeto de la persecución, lo cual, sin duda, reduce las posibilidades de ejercer una defensa efectiva, en tanto el tiempo habrá borrado elementos de prueba esenciales…”.
En este sentido debemos decir que ambos fundamentos, incluso el de política legislativa en caso de un abuso sexual infantil, desde ahora ASI, no tienen la posibilidad de ser tratados de tal manera. Es sabido que un ASI, con el tiempo agrava la vida de su víctima, los traumas crecen en su interior y con la mayoría de edad pueden ser diagnosticados con síntomas de ansiedad en la etapa adulta –en los casos menos graves-. Las víctimas de abuso sexual presentan una probabilidad hasta 5 veces mayor que el resto de la población de ser diagnosticada de al menos un trastorno de ansiedad como trastorno de ansiedad generalizada, fobias, trastorno de pánico o trastorno obsesivo compulsivo (Berliner y Elliott, 2002 ver Anal.
Psicol. vol.31 no.2 Murcia may. 2015 https://dx.doi.org/10.6018/analesps.31.2.180771). En la misma publicación digital especializada nos dice: “Otro síntoma común entre los adultos que fueron víctimas de ASI es la baja autoestima. Cantón y Justicia (2008) llevaron a cabo un estudio con una muestra de 83 estudiantes universitarios víctimas de ASI, encontrando que el historial de ASI se relacionaba con una baja autoestima…” –rev. citada, autores David Cantón-Cortés y María Rosario Cortés. Profesionales de Departamento Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Málaga y Departamento Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Granada, respectivamente- Es por esto, que hoy en día no podemos decir que un abuso sucedido en la niñez, pierda “vigencia” desde el aspecto de la víctima, todo lo contrario la persona que sufrió este tipo de hechos, en la mayoría de los casos se quedan en el tiempo, no logran superar tales situaciones.
Es por ello, que existe interés y vigencia para el estado de su persecución, incluso los tratados internacionales existente ya con jerarquía constitucional desde 1994, consagraban estos principios, dando a la víctima otro rol, que de alguna manera ayuda a generar elementos positivos en su evolución, y a restablecer medianamente el orden de su vida. El art. 75 inc. 23 de la Constitucional Nacional, que mejor armoniza con lo preceptuado en los art. 3.1 y 19 de la Convención sobre los derechos del Niño (aprobada por Ley 23.849, sancionada el 27/09/90, promulgada 16/10/90, B.O.: 22/10/1990) y en este caso además, art. 7 inc. b), c) y f) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará" que fue suscripta por el Estado Argentino el 06/10/1994 (en vigor desde el 03/05/1995 y aprobada por la ley 24.632, sancionada el 13/03/96, promulgada el 01/04/96, B.O.: 09/04/1996).
Además, en estos ilícitos "...la principal prueba de cargo es el relato de la víctima..." (Conf. "Rodríguez, Marcelo Alejo y otros s/ Querella", CCC 1820/2009, del 19/09/17, del dictamen del PGN al que la Corte adhirió)
Es así, que en materia de ASI, no son pocos los casos que se denuncian mucho años después, cuando la víctima puede superar el trauma o la vergüenza y a veces los perjuicios o sentimientos de culpa que le genera en ella este tipo de delitos. Incluso podemos decir que el agresor, sabe la dificultad de develar este tipo de hechos, aprovechando tales circunstancias, operan en las sombras e incluso sembrando mayores temores.
En otro sentido no podemos decir que el transcurso del tiempo afecte la prueba, esta argumentación realizada para mantener la prescripción, no tendría aplicación real en este tipo de caso, ya que es sabido que el relato, y las periciales psicológicas pueden dar suficiente prueba, e incluso permiten encontrar en su psiquis daños actuales y motivos de haber sufrido abusos, son estigmas que pueden ser acreditados, incluso muchos años después de sucedido el hecho. La demora en la develación, no responde a que la víctima lo haya superado, todo lo contrario, en realidad tardó años en poder superarlo, y llevó todo ese tiempo para poder ponerlo en palabras, algo que es mas común de lo pensado, incluso en la actualidad la mayoría de los abusos de naturaleza sexual, son silenciados.- En este sentido ambos argumentos donde se sedimenta la prescripción, tanto el material, como el formal, no tienen mayor andamiaje en caso de ASI. Es tan así que “utilizar la represión muy tardía…” en casos como lo de estudio, generan reacciones en la víctima, facilitando salir de tal situación.-
5. En relación a la jurisprudencia en la materia, podemos advertir que existe muy variada, pero guardan gran interés tres de los fallos dictados en la materia, que a continuación serán referidos.-
Creemos que no puede omitirse el antecedente del fallo “"ILARRAZ, Justo José” donde el TSJET se expidió permitiendo continuar con la investigación y que basta recordar que aquel Tribunal intervino ante el recurso extraordinario presentado por el quejoso “esgrime que la resolución puesta en crisis constituye sentencia definitiva respecto del fundamento del fallo y de las consecuencias jurídicas; por cuanto, a su criterio, crea pretorianamente una nueva categoría de delitos imprescriptibles” –ver fallo citado- Ante esta situación existen otros fallos que citan el mentado fallo “Illarraz”, y como es el caso del fallo del Tribunal del que puede extraerse: “Al respecto, dijo la Dra. Mizawak que "...
Es así, que de una armónica conjugación del interés superior del menor con la tutela judicial efectiva se sigue que quienes denunciaron ser víctimas de delitos contra la integridad sexual tienen derecho a que se investiguen los hechos, sin que las normas internas acerca de la prescripción de la acción penal -cuya aplicación insistentemente reclama la defensa recurrente- lleven a una conclusión diferente a la que propicio, las cuales pese a conservar su plena validez y eficacia, deben ser delimitadas e interpretadas en su justo alcance en los casos concretos para resguardar derechos de mayor jerarquía. (...) Por ende, si ante un presunto caso de abuso infantil como el presente aplicamos un criterio formalista, rigorista de mera operación aritmética, tal como propone la defensa técnica de Ilarraz al reclamar la extinción de la acción penal, estaríamos ignorando gravemente no solamente la posible impunidad que quiso asegurar la iglesia católica para el imputado, sino además el lento y dificultoso tránsito de distintas víctimas por el doloroso proceso de aceptación de lo ocurrido que tiene directa relación con la maduración de cada una de esas personas, que implica el proceso individual de reconocer y aceptar el pudor, la templanza y permitir el respeto y apertura hacia los demás; y tornaría en letra muerta el derecho a acceder a un recurso sencillo y eficaz”.// De los fundamentos de tal decisión no puede dejar de advertirse cómo el STJ interpretó la expansión e impacto del derecho internacional de los derechos humanos en las normas internas estatales, determinando ello -consecuentemente-las decisiones de sus máximos órganos judiciales encargados de interpretar y aplicar las normas jurídicas.//Obviamente, y tal y como allí se recalca, nuestro país no ha escapado a este fenómeno, máxime teniendo en cuenta que la reforma de la Constitución de 1994 ha influido en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en asuntos en los que ha entrado en conflicto la norma internacional con la interna, especialmente en materia de aplicación de normas y principios generales de derecho internacional, al punto tal de decir -y repetir-que las decisiones de los organismos rectores y/o intérpretes de cada uno de dichos instrumentos constituye una imprescindible pauta de interpretación para los tribunales nacionales…” –ver fallo “Ilarraz”, Cámara de Casación Penal, Expte.
Nº 1185/18-Fº 179.-SENTENCIA Nº47 / corrupción de menores / prescripción /rechazo, en www.pensamientopenal.com.ar- En dicho fallo, en relación a los principios constitucionales mencionados por los distintos tratados, conf. 75 inc. 22 de la CN ha formado un auténtico bloque normativo que, al decir de Ferrajoli, "... ha cambiado la naturaleza tanto del derecho como de la democracia. Cambió la naturaleza del derecho, cuya validez ya no depende de las formas legislativas de su producción, sino también de sus contenidos, es decir de la sustancia de las leyes producidas, la cual no puede derogar los principios y derechos establecidos constitucionalmente, siendo que en tal caso resultaría inválida.
Simultáneamente, cambió la naturaleza de la democracia, que ya no consiste solo en la omnipotencia de las mayorías, sino también en los límites y vínculos de contenido que le impone la esfera de aquello sobre lo que ninguna mayoría puede decidir, esto es, la lesión de los derechos de libertad; y la esfera de aquello sobre lo que ninguna mayoría puede dejar de decidir, esto es, la no satisfacción de los derechos sociales" (Luigi Ferrajoli, "Democracia y Derechos Fundamentales frente al desafío de la globalización", LL-2005-F-1199)”. En otro aspecto existen otros fallos, es bueno mencionar el fallo del TSJ Chaco, donde como tribunal de casación en los autos Nº 1-24422/17 caratulado: "N. M. E. S/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL", se expresaron sobre la cuestión y se expresó que “cabe tener presente que la Ley 27.206, conocida como "ley Kunath" o "de respeto a los tiempos de las víctimas", actualmente vigente (promulgada el 9/11/2015), incorporó al artículo 67 del CP…”.
Sin perjuicio de ello, luego se analiza que dicha ley “establece un régimen de excepción a los principios generales en materia penal en esos casos. Se buscó garantizar de este modo el derecho de los menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales, a la tutela judicial efectiva contemplada en los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través del acceso a la justicia para su investigación y juzgamiento, a pesar del tiempo transcurrido desde el hecho hasta su denuncia. De esta manera, se adecúan las aludidas previsiones de la ley penal con el orden público convencional, orientado a proteger el interés superior del niño”-énfasis añadido- En otro aspecto bajo estos argumentos, y con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y proteger el interés superior del/a niño/a se expresó que no se consideraba viable declarar la prescripción de los hechos investigados, aún cuando al tiempo de suceder los hechos no estaba vigente la mencionada norma, pero que si bien la reforma del art. 67 CPA no era ley positiva, si lo eran los Tratados internacionales que disponían principios rectores que imposibilitan dar validez a dicho artículo, sin caer en contradicción por las obligaciones asumidas por el Estado Argentino, e incluso la necesidad de adecuar nuestro sistema al esquema internacional vigente y aceptado con anterioridad de sucedido el hecho.
En este sentido decía “No corresponde su abordaje aisladamente en términos de su aplicación o no retroactiva, sino que la solución emerge al conjugarla con los principios jurídicos fundamentales ínsitos en los Tratados de Derechos Humanos de rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), vigentes en nuestro orden interno en épocas de ocurridos los abusos sexuales. Particularmente, la ley en cuestión se erige como una medida legislativa de acción positiva en los términos del art. 75 inc. 23 del digesto 6 Constitucional Nacional, que mejor armoniza con lo preceptuado en los art. 3.1 y 19 de la Convención sobre los derechos del Niño (aprobada por Ley 23.849, sancionada el 27/09/90, promulgada 16/10/90, B.O.: 22/10/1990) y en este caso además, art. 7 inc. b), c) y f) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará" que fue suscripta por el Estado Argentino el 06/10/1994 (en vigor desde el 03/05/1995 y aprobada por la ley 24.632, sancionada el 13/03/96, promulgada el 01/04/96, B.O.: 09/04/1996).
Por las razones expuestas, se aplica al sub lite, con el fin de cumplir convenientemente con el compromiso internacional asumido en esas oportunidades de salvaguardar la efectiva protección de los intereses en juego, sin que ello conduzca a una afectación del principio de legalidad penal (art. 18 de la CN, arts. 9 y 27.2 de la CADH, el art. 15.1 del PIDCyP y el art. 11.2 de la DUDH)…” De esta forma termina expresando que si bien no se trata de delitos de lesa humanidad, o aplicación retroactiva de la ley penal, en todo caso “admitida pacíficamente la especial característica traumática de los abusos sexuales infantiles, sus tiempos, con todas las consecuencias destructivas para la estructura de la personalidad, los términos de la prescripción no pueden ser los generales previstos por el código de fondo.
Muchas de las consideraciones vertidas en los decisorios referidos en el párrafo precedente y en otros antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demuestran "mutatis mutandi" que sería aplicable al sub examine, la suspensión de la prescripción prevista en la Ley 27.206…” En este fallo el TSJ del Chaco, cambió lo que hay que cambiar, para ir del que al cómo, y de esta forma habilitó la acción, manteniendo en forma excepcional la suspensión de la acción mientras la victima mujer no tenía la mayoría de edad, lo que en el computó permite tener la acción vigente.
En otro aspecto cita fallos de CIDH, específicamente nos recuerda “el numeral 124 del proceso "Almonacid Arellano vs. Chile": "La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas…” –énfasis añadido- En este fallo se concluyó “En virtud de todo lo expuesto en los considerandos, se concluye que las disposiciones de los arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2º del Código Penal, en un contexto como el presente en el que el hecho es anterior a la reforma vigente del art. 67 pero posterior a la entrada en vigencia en el orden interno de los Tratados analizados, deben conjugarse con la suspensión de la prescripción en los términos establecidos en la actual redacción del art. 67 de la ley de fondo.”
En otro fallo, el cual es más reciente el Poder Judicial de Córdoba, decretó la inconstitucionalidad del mentado art. 67 del CPA, antes de la reforma de 2015. En este fallo “MCA s/ Promoción a la corrupción de menores agravada” –RN° 110, T° 2, F° 443-457, Año 2023- se dice: “la prescripción y los cuestionamientos actuales que se les efectúan. Hemos destacado el redimensionamiento de los derechos de la víctima, operado a partir de la incorporación al bloque de constitucionalidad de la normativa internacional de Derechos Humanos, a fin de demostrar cómo ello pone en tensión la consideración exclusiva a los derechos del imputado cuando se analizan las normas de prescripción. También se puso de resalto el estatus privilegiado de los niños, niñas y adolescentes en el sistema convencional, con especial referencia al alcance de las obligaciones del Estado en materia de protección…”. En este fallo como en los otros dos citados, se realiza un estudió muy particular de la situación, de la complejidad de ser víctima menor y la imposibilidad de hacer valer su derecho, todo en base a las reglas del transcurso del tiempo, y que por este mismo elemento ven limitados sus derechos constitucionales garantizados. Estos fallos hacen hincapié en que no puede conciliarse la obligación del Estado argentino con los tratados firmados, y aplicar el artículo de prescripción con la redacción antigua sin caer en un grave incongruencia interpretativa.
Es así que este último fallo, trató de ir un paso más allá, y determina la inconstitucionalidad del mencionado artículo por no lograr tolerar el control de convencionalidad. En este sentido nos dice: “¿El artículo 67 vigente al momento del hecho es una norma constitucional y convencionalmente válida al no contemplar las características de victimización propias de los abusos sexuales infantiles cometidos en el ámbito intrafamiliar? ¿Existía una obligación constitucional y convencional de contemplar estas particularidades? ¿Es posible afirmar que el legislador incurrió en una omisión constitucional y convencional al no incorporarlas? Como ya se habrá advertido, en este análisis, no solo se tuvo y tendrá en cuenta la compatibilidad de la norma en análisis con los postulados constitucionales —control de constitucionalidad—, sino que también, implicará efectuar un control de convencionalidad de los dispositivos normativos aquí cuestionados.
Será pues un control de convencionalidad de tipo constructivo, en tanto buscará interpretar el derecho interno de conformidad a los pactos internacionales de DDHH. Como bien se ha señalado, la incorporación a la Constitución Nacional de las principales declaraciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, situándolos a su mismo nivel (art. 75, inc. 22, CN), permite hablar de un nuevo “sistema constitucional” integrado y sincronizado por disposiciones de igual jerarquía que abreva en dos fuentes: la nacional y la internacional. Este nuevo panorama de paridad de nivel jurídico obliga a los jueces a “no omitir” las disposiciones contenidas en las convenciones “como fuente de sus decisiones” (Cafferata Nores, J.
I., 2011. Proceso penal y derechos humanos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino. 2da. Edición, Editores del Puerto, p. 13)…”. Es interesante advertir que “La norma del art. 67 aplicable al hecho investigado aparece en su literalidad como un dispositivo legal neutro que no distingue entre grupos para regular las causas de suspensión de la prescripción. Sin embargo, produce un impacto desproporcionado y discriminatorio cuando es aplicada a casos de abusos sexual infantil ocurridos en el ámbito intrafamiliar…”. –fuerza de expresión añadida- Y nos recuerda que ha “[s]eñalado la CSJN… la igualdad debe ser entendida no solo desde el punto de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tenga en cuenta al individuo como integrante de un grupo y considere el contexto social en el que se aplican las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas que de ellas se derivan, contemplando también si impactan en los grupos desaventajados, si es que efectivamente lo hacen.
De esta forma, se revierte la situación de desventaja en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico (Fallos: 340:1795)…” –ver fallo citado- Nos recuerda que no puede aplicarse el art. 67 CPA sin caer en una desigualdad para los niños víctimas, los que teniendo una situación privilegiada el artículo no los menciona, ni siquiera protegen la posibilidad de mantener su acción vigente hasta tanto puedan ejercer la acción. Es así, que sostienen “agresión sexual presenta particularidades que, en la práctica, reportan verdaderos obstáculos al ejercicio de la acción penal por parte de los niños, niñas y adolescentes que resultan víctimas de abusos sexuales intrafamiliares.
No contemplarlos en la regulación legal del instituto de la prescripción resulta discriminatorio” –énfasis agregado- 6.-La acción penal y su ejercicio, una cuestión relacionada a su naturaleza:
En otro aspecto todos los fallos tratados, en forma directa o indirecta tratan al principio de legalidad –art. 18 CN, o art. 30 CADH-, al igual que el de irretroactividad de la ley penal.
En este sentido debemos recordar que no sería lo mismo, la ley material, que la procesal. Ahora bien, esta postura que diferencia ambas normas, tampoco es unánime. Incluso la CSJN en distinto momento pensó en forma diferente. En este aspecto doctrina y la jurisprudencia no son unívocas en este sentido, y el precedente en la causa “Recurso de hecho del Defensor oficial Emanuel Alvarez en la causa n° 1788” “la prisión preventiva era una cuestión de derecho común y procesal”, en cambio en el fallo “Muiña” se destaca el carácter material a las cuestiones relativas al cómputo de pena, y se cita como referencia al precedente “Arce” –ver fallos 331:472 CSJN- En “Arce” –el 1° de abril de 2008-, los Dres. Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni –con remisión al dictamen del Ministerio Público concluyeron que la motivación principal a la aplicación retroactiva de la ley penal, se encontraba en el principio de legalidad material.-entiéndase la ley más benigna- Traemos esto a colación debido que aquí la pregunta es cuál es el fundamento para la aplicación, de forma retroactiva y –por ende- contraria al principio general establecido en el art. 2° del C.P. -en este aspecto, reglamentario de los arts. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- En otro sentido podemos ver que la CSJN en varios fallos ha tomado posturas distintas, incluso sobre la naturaleza de ciertos institutos, y es evidente que cuando hablamos de acción, no estamos creando un nuevo delito, sino simplemente estamos determinando hasta qué momento el Estado tiene la capacidad de perseguir tales hechos.-
En este sentido en fallo “Simón” en el voto de la Dra. Doña Carmen M Argibay nos dice “No se viola el principio de culpabilidad, en la medida que las normas legales sobre prescripción no forman parte de la regla de derecho en que se apoya el reproche penal, es decir, su modificación no implica cambio alguno en el marco de ilicitud que el autor pudo tener en cuenta al momento de realizar las conductas que se investigan. En otros términos, no se condena por acciones lícitas al momento de la comisión, ni se aplican penas más graves…” –énfasis añadido- Incluso sostuvo “Tampoco hay frustración de la confianza en el derecho que corresponde asegurar a todo ciudadano fiel a las normas, porque la prescripción de la acción penal no es una expectativa con la que, al momento del hecho, el autor de un delito pueda contar, mucho menos con el carácter de una garantía constitucional.
El agotamiento del interés público en la persecución penal, que sirve de fundamento a la extinción de la acción por prescripción, depende de la pérdida de toda utilidad en la aplicación de la pena que el autor del delito merece por ley. Es absurdo afirmar que el autor de un delito pueda adquirir, al momento de cometerlo, una expectativa garantizada constitucionalmente a esa pérdida de interés en la aplicación de la pena…” –voto citado ut supra- En este sentido en el fallo comentado la jurista, deja muy en claro en los dos párrafos anteriores, incluso así lo vuelve a sostener en párrafo siguientes haciendo mención de anteriores fallos de ese máximo tribunal, y nos dice: “resultaba correcta la jurisprudencia de esta Corte que no reconocía en el artículo 18 de la Constitución Nacional un derecho a liberarse de la persecución penal por el transcurso del tiempo.
Así lo ha dicho, remitiéndose al dictamen del Procurador General, en Fallos: 181:288, quien sostuvo que "Las leyes ex post facto inaplicables en el concepto constitucional, son las que se refieren a delitos y no las que estatuyen acerca de la manera de descubrirlos y perseguirlos...". A ello debe agregarse lo asentado en Fallos: 193:487, esto es que "La garantía constitucional invocada [defensa en juicio] asegura la audiencia de los procesados e impone que se les dé ocasión de hacer valer sus medios de defensa en la oportunidad y forma prevista por las leyes de procedimiento...pero no requiere que se les asegure la exención de responsabilidad por el solo transcurso del tiempo, ni constituye ciertamente tampoco un medio para dilatar la marcha de los juicios, a los efectos de procurarla…”.
En este aspecto los fundamentos vertidos por Dra. Argibay en “Simón” son muy transcendentes, no solo por abrir la puerta a los juicios por delitos de lesa humanidad, sino el fundamento que utilizó no solo se basaba en la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, sino que determinó con gran importancia la naturaleza del instituto de la prescripción.
Así las cosas, en relación a la naturaleza de la acción penal y su ejercicio, considero que se trata de una cuestión de naturaleza procesal, por tal es una cuestión de forma, no de fondo, y por eso entiendo errado suponer que una cuestión procesal sea de imposible aplicación retroactiva, pues ese principio rige exclusivamente en materia de fondo, es decir respecto de la ley penal, no de un instituto y normativa procesal penal.-
7. A modo de conclusión, habiendo expuesto todas las cuestiones que se consideraron pertinentes:
Considero que es muy acertada la conclusión de la Dra. Carmen M. Argibay cuando nos dice: “leyes ex post facto inaplicables en el concepto constitucional, son las que se refieren a delitos y no las que estatuyen acerca de la manera de descubrirlos y perseguirlos…”. Esto por un lado da y permite tener una visión más acertada del problema que nos enfrentamos.
En definitiva, incluso con jurisprudencia que no permite proseguir transcurrido el plazo con los hechos sucedidos antes de 2015, por la vieja redacción del artículo del código penal –art. 67, por aplicación del 63 antes la Ley 27206- . En general permiten realizar un juicio de verdad, o simplemente admiten que existía una obligación previa del Estado argentino, incluso que se ve afectado el “interés superior del niño”. Esto se puede advertir ya que en su mayoría nos dicen o tratan de cerrar la cuestión expresando “En todo caso, la necesidad de protección a las víctimas que contemplan los instrumentos internacionales de derechos humanos no implica inexorablemente la aplicación del derecho punitivo, puesto que la persecución penal –sin respeto de las garantías individuales- invertiría la función que los derechos humanos poseen en el proceso penal que, de protección del imputado frente al Estado,…” –ver fallos CNCC, Sala VII, 30/9/16 FN s/ prescripción – Abuso sexual agravado .
Ed. Rubinzal / On line/ causa n° 38644/15-.- Incluso otros fallos dejan abierta la posibilidad de el “juicio de verdad” y se los magistrados Jantus y Huarte Petite coincidieron en que correspondía aplicar el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Funes” (causa F. 294. XLVII) y habilitar a quienes se presentan como víctimas en el caso a que puedan acceder en este proceso a la determinación de la verdad de los hechos que denuncian, instando la producción de las medidas de prueba que estimen pertinentes”.-ver fallo CCC38644/2015/CNC1, caratulada “Funicelli, Norberto s/ violación de menor de 12 años, CIJ, pag. web- Es así, que no existe un fallo que no analice la situación y determine que el Estado argentino a partir de la incorporación de los tratados internacionales tenía la obligación de proteger, y perseguir los delitos ASI, y que tal obligación nacía del interés superior de los niños, y de garantizar el acceso a la justicia, debiendo dar una respuesta efectiva a tales situaciones.
Y es por ello que creemos que el error consiste en aferrarse a que al permitirlo se está aplicando la ley penal en forma retroactiva, afectando de esta forma la máxima dispuesta por art. 18 CN. Pero como se sostuvo no es así, no es ley penal, no se genera un nuevo delito, simplemente se dispone en forma distinta la posibilidad de la acción, y de su persecución. En otro sentido no podemos darle al instituto de la prescripción una naturaleza que no tiene, incluso tampoco existe un derecho adquirido del imputado, de ser así, no sería necesaria la resolución de sobreseimiento. Si no existe desinterés del Estado, no puede aplicarse la prescripción por el solo transcurso del tiempo, y como todo instituto de derecho tiene sus fundamentos y su lógica, al no estar presentes tales argumentos en el caso particular, debe al menos replantearse su viabilidad.
Que nuestro ordenamiento jurídico, es un universo está compuesto de reglas y principios. Es así, que las reglas, o sea, el artículo 67 o el 63 del CPA, posee un mandato definitivo, porque concluye el razonamiento jurídico. Por eso, decimos que las reglas obligan en forma “binaria” o “disyuntiva”, o sea, un todo o nada –se aplican o no-. Pero existe otro tipo de norma en nuestro sistema jurídico, y generalmente se lo llaman principios, son “mandatos de optimización”, donde se realiza un juicio de proporcionalidad, y esa ponderación siempre debe tener un elemento jurídico y otro fáctico. Dworkin nos dice: “Los principios son el punto de partida del razonamiento jurídico, a partir del cual se busca criterios o reglas para la solución de los conflictos” –Dworkin, Los derechos en serio, Ed. Ariel, pag. 72 sgtes -. Es por eso que cuando las “reglas” chocan, existe exclusión, a diferencia que cuando existen un conflicto de principios, no puede hablarse de invalidez de un principio sobre otro, simplemente prevalece en caso concreto, por tener mayor preponderancia en el caso particular.
En otro aspecto la reforma de la ley 26.705 no vino a disponer una nueva regla, simplemente dispuso una adecuación a la interpretación correcta de los principios rectores desde hace un tiempo en nuestro ordenamiento jurídico. El sistema jurídico, y las reformas se dan en un tiempo donde como un río muy caudaloso, existe mucha sedimentación en el agua, la cual no permite en ojos del observador inicial ver con claridad el fondo que lo compone. /Pero luego de un lapso de tiempo, puede apreciarse con mayor claridad la verdadera razón y la fuerza que dispone los cambios, y es ahí cuando realmente podemos definir el cauce del rio, sus orillas enmarcadas por la fuerza del agua. No podemos aplicar artículos o reglas, sin la razón y los verdaderos valores que lo conjugan. Es por eso, que una respuesta totalmente injusta, nunca podría venir a conformar derecho. En el mismo orden de ideas, cabe destacar que en los ataques contra la integridad sexual de las infancias, por su gravedad y la perpetuidad de sus consecuencias, no debe centrarse la atención en la edad del niño, niña o adolescente víctima, sino en el grave daño psicológico que las agresiones sexuales generan a su respecto, debiendo en todo momento respetarse sus tiempos y sus posibilidades al momento de exteriorizar los abusos, y es por ello precisamente que no puede tolerarse que los plazos previstos en la ley sean un obstáculo para la Justicia.-
En ese orden de ideas, parece ser que la prescripción solo encuentra justificativo desde la perspectiva del acusado, quien transcurrido el plazo prescriptivo legalmente establecido simplemente puede “continuar con su vida”, sin temer ser perseguido penalmente e incluso en el fuero civil. Pero en los ataques contra la integridad sexual de las infancias, esas circunstancias no pueden traducirse en una violación al derecho fundamental de las víctimas de acceso a la justicia. En estos casos, la evidencia empírica muestra que, cuando los perpetradores de los abusos han sido figuras de autoridad o miembros de la misma familia, como ocurre en nuestro caso en que el abusador de A. es su progenitor, las víctimas tienden a postergar mucho tiempo la denuncia o la revelación del hecho.- Es por esto que el viejo artículo 67° del CPA, estaba sumergido en la inercia moral, donde su conjugación era ya imposible por los principios rectores existentes desde 1994, e incluso antes.
Estos artículos en muchos casos se mantienen en lecho, en estado de reposo e incluso en un primer momento podría tener efecto real y concreto en situaciones de decidir, pero en la actualidad podemos ver con mayor claridad que su existencia no podría coexistir sin afectar la correcta interpretación del universo legislativo. Y como es lógico, se encuentra en constante cambió y expansión, o en algunos casos en nuevas formas de delinear su alcance. Esto no implica, ni significa aplicar una ley en forma retroactiva, sino simplemente delinear correctamente su efecto en el caso en particular. No es discutible que al momento de ocurrencia de los hechos denunciados –hasta 1994– regía la vieja versión del art. 67 CP, según la cual la acción penal estaría prescripta.
También que por Ley n° 23.849, del 20 de noviembre de 1990, se había incorporado al ordenamiento interno la Convención sobre los Derechos del Niño –que a partir del año 1994 tuvo jerarquía constitucional–. Desde la primera fecha, el estado argentino tiene la obligación internacional de cumplir con el deber de protección de la niñez proclamada en la Convención. También es cierto que el legislador se tomó su tiempo para reglamentar el derecho de protección contra el abuso, en la medida en que recién en 2011, mediante la sanción de la Ley n° 26.705, modificó los tiempos de prescripción suspendiendo el plazo hasta que los y las menores víctimas cumplieran los 18 años; como es sabido, poco tiempo después volvió a modificar el criterio mediante la Ley n° 27.206, actualmente vigente, que optó por un criterio subjetivo, es decir, el plazo empieza a correr a partir de la denuncia.
En el caso de autos, la acción penal no estaría prescripta si se sostuviera que algunas de estas dos leyes tienen incidencia en la resolución del caso. Sentado ello, es menester recordar que en la Observación General n° 14, relativa a la interpretación del concepto del interés superior del niño prescripto en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de señalar, en su apartado sexto, que el concepto aludido constituye a la vez un principio jurídico interpretativo, un derecho sustantivo que merece por parte de los operadores del sistema, una “consideración primordial”, y una norma de procedimiento, el Comité puso de resalto, con relación a todas las decisiones que se tomen con relación a los sujetos alcanzados por la Convención, que: “97.
A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar del resultado.
No basta con afirmar en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los que tuvieron más peso en ese caso en particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras…”. En el caso de autos, para nosotros, la solución es muy clara la niña –ahora adulta– denunciante habría sido víctima de violencia sexual por parte de su padre o sea el que debería protegerla la ultraja; y es por ello que luego de este estado de indefensión denuncia los hechos cuando fue mayor de edad.
Entiéndase no se trata de que el Estado argentino tenía el deber de investigar y proteger los derechos vulnerados, sino a esta altura no puede resolverse, o sea, crear una norma en sentido particular totalmente injusta. Es por ello, que se convierte en una cuestión de estricta justicia.
Por las razones expuestas, considero que de acuerdo al completo cuadro normativo y jurisprudencial que se debe aplicar al caso, y teniendo en cuenta que el legislador reglamentó la garantía contra el abuso sexual prevista en el art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que según esa norma la acción penal no ha prescripto. Siendo la único alcance posible, debiendo asimismo decretar la inconstitucionalidad del anterior art. 67 del CPA.-
Por todo ello, y conforme lo antes expresado
1. DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del art. 67 del CP, conforme Ley n.° 25.188 — B.O 01/11/1999, de conformidad a los lineamientos expuestos en el considerando que antecede.-
2. RECHAZAR el planteo de excepción de prescripción esgrimido por el Dr. N.M.C.-
3. Teniendo en cuenta que no se ha logrado designar en favor de A.C un letrado o letrada de la Matrícula que ejerza su representación en el proceso, habiendo manifestado la misma su deseo de constituirse como querellante, y más aún cuando se están ventilando cuestiones atinentes al ejercicio y destino de la acción penal, con el objeto de no soslayar los derechos que como víctima le asisten, deberá darse intervención a la Sra. Defensora Pública Oficial de Las Heras, Dra. Sandra Reynoso, a fin de que se desempeñe como patrocinante ad hoc de la parte querellante.-
Dr. Leonardo Pablo Cimini - Juez de Instrucción Dra. Valeria Almonacid - Secretaria de Instrucción PROTOCOLO: TCJ0026S.231
Fin de la sentencia