Abriendo la norma
TOMO: CXXV REGISTRO: 014 FOLIO: 190/193
Caleta Olivia, 29 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “O. S. C. S/DENUNCIA LESIONES AMENAZAS DAÑOS Y APLIC. LEY 26485”
Expte. Nº 59970/24, N° de Juzgado de Recursos 8513/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 42/47, el Sr. Juez de Instrucción, ordena el procesamiento del Sr. H. E. C.por considerarlo “prima facie” autor penalmente responsable de los delitos de AMENAZAS SIMPLES (art. 149 bis del C.P., daño (art. 183 del C.P.), VIOLACIÓN DE DOMICILIO (art. 150 del C.P.) y LESIONES LEVES DOBLEMENTE CALIFICADAS (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11 del C.P.) todo ello en CONCURSO IDEAL (art.54 del C.P.) decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($1.497.560) moneda nacional, actualizable según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina (arts.499 y ccs. del C.P.P.)
Contra dicha resolución el doctor Carlos Toledo Vargas (Defensor Particular) interpone recurso de apelación a fs. 51/52, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 53. En esta instancia es mantenido a fs. 62 por el Defensor Particular, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, 65/67, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso el Dr. Toledo Vargas se agravia sosteniendo que, la situación descripta no encuadra en la figura del delito de amenazas de inferir a la persona un daño inminente; que tampoco existe prueba alguna que C. haya efectuado tal manifestación. Señala que estamos en presencia de una testigo única sin que sus dichos hayan podido ser corroborados por prueba alguna; que por el solo hecho de ser manifestado por una mujer que hubo amenazas, es suficiente para el decretar el procesamiento.
Advierte que H. E. C. concurre al domicilio de O. S. C. y que sehubiera efectuado manifestaciones de hacerla mierda,nada impedía que lohiciera y sin embargo no ocurrió.
Dice que no probado el delito de amenazas corresponderá revocar elprocesamiento en estesentido. En relación al delito de daños expresa que tampoco existe prueba fehaciente que haya sido H. E. C. quien los ocasionara; que O. S. C. reconoce que fue ella quien estaba con la pala, que fue ella quien la utilizo para romperlos vidrios no solamente de su propio rodado sino también el de H. E. C..
Por otra parte, manifiesta que tampocoexistió el delito de violación de domicilio, que H. E. C. acude aldomicilio a buscar a su hija e ingresa con normalidad, sin resistencia dela denunciante.
También solicita se revoque el procesamietno en orden a las lesiones leves agravadas; que si bien existe una certificación médica ella no puede determinar que haya sido producto del accionar de su defendido y que tampoco existe el elementosubjetivodel dolo en razón de que no hubo intención por parte de H. E. C. de lesionar a O. S. C..
Por último, se agravia del monto del embargo por alto y exagerado. Que el Juez fija una suma sin fundamentar como hace para arribar a ese monto y para garantizar la reparación civil sin constancia alguna que se hayan efectuadoreclamos y que tampoco a Sra. O. S. C. ha tomado intervención como actor civil por lo que deberá dejarse sin efecto, fijando uno menor.
En esta instancia al ampliar fundamentos,ratifica los términos vertidos en la apelación.
III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Siguiendo con el lineamiento marcado por la defensa, es menester señalar que, el presente legajo,se abordabajo el prisma de directrices convencionales y legales que obligan a reforzar la investigación, extremando los recaudos de incorporación probatoria, cuales, sin afectar el debido proceso y la defensa en juicio, permitan conocer y recrear un escenario y un hecho inmerso en un contexto de violencia de género.
En estos casos que, ocurren en la intimidad y en los que la participación de testigos presenciales se torna harto dificultosa, la acreditación de las proposicionesfácticas solo se logra mediante la prueba directa y su interpretación global y armónica con elementos probatorios indirectos, que permitan dotar de contexto a la narrativa de la víctima.
En los autos caratulados “G. L. D. C. S/Denuncia” Expte. Nº 15.587/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "El testimonio de la víctima, en casos como el que nos ocupa, cobra un valor probatorio fundamental, siempre y cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el juzgador y le impidan formar convicción. Ello no puede ser nunca óbice para acreditar o desacreditar un hecho prima facie. Como es unánime la doctrina procesal, y en especial los nuevos enfoques procesales cuando tratan sistemas adversariales, la cantidad de prueba no es sinónimo de hecho probado. En nuestro sistema impera la valoración de la sana crítica racional, es decir que se debe explicar racionalmente, por que se entiende probada una causa y por qué no, en su caso. Pero estamos en un sistema de libertad probatoria, no existe prueba tasada ni se exigen mínimos probatorios (dos o tres testigos, prueba pericial, etc.) para tener por acreditado un hecho. Puede haber una testigo víctima que señale que fue lo que le sucedió, y el juzgador desarrollar un análisis contextual y de los hechos, sumado a otra evidencia, y definir la situación procesal de una persona. El valor probatorio del testimonio de la víctima ha sido resaltado por la CIDH en numerosos precedentes entre los que cabe destacar “Fernández Ortega y otros vs. México”, y “Rosendo Cantú y otros vs. México”, entre otros. Y ello se aplica no solo a la exigencia de probabilidad positiva como en el caso de marras, sino y además al momento de dictar sentencia. La certeza se basa en el convencimiento que genera el análisis directo que surge de la prueba y de su calidad, no es su cantidad."
Sobre este andamiaje, el testimonio de la víctima resulta crucial y carente de fisuras. La señora O. S. C. hace un relato de los hechos tan preciso y circunstanciado que no permite abrir un camino de investigación independiente, dondeel descargo del imputado adquierarelevancia.
Si bien existe un testimonio único, cada una de las alegacionesde la víctimafueacreditada mediante un elementoprobatorio agregado al legajo.
Así, los daños observados en el vehículo Renault Duster fueron plasmados en el acta de inspección ocular de fs. 7/9 y las láminas ilustrativas de fs. 24/25. La defensa intenta desvirtuar los dichos dela damnificada, atacando en forma independiente cada una de ellos, pero no otorgando ni ofreciendosostén a las manifestaciones del imputado.
Asíresulta poco creíble que la damnificada dejara ingresar voluntariamente al imputado para que la agrediera físicamente o que fuera la autora de los daños del vehículo de suhermano, quien de forma desinteresada y altruista se lo otorgo en préstamo porlas condiciones climáticas. Por otra parte, el imputado alegadaños en suunidadautomotriz, presuntamente causados por la damnificada, pero sin ofrecer ninguna prueba que lo avale.
Asimismo, no existenpruebas independientes que permitan encaminar la investigación hacia otro autor, ni razones de animosidad para descreerdel origen de las lesiones que presentabaO. S. C..
Lasindicación de autoríaqueremarca en su testimonio, no se encuentra nublada por ninguna prueba o indicio incorporado al legajo o alegado por ladefensa.
En cuanto al delito de amenazas, -si bien resultairrelevante la concreción de las mismas para encontrarseconfigurado el delito-, no podemos omitir que aquella intimidaciónformulada tuvo sus consecuencias inmediatas. Yerra la defensa al decir que, si lahubiese amenazado, no existían razones plausibles para que no materializara sus dichos, porque se encuentradebidamente probado que,el imputado se dirigió a la vivienda de O. S. C. y no solo produjo los daños en unidad automotriz de su hermano, sino que ingreso a su propiedad para propinarle golpes que se encuentraavaladospor el certificado médico de fs. 3/4.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por último y en cuanto al monto del embargoel mismoha sido fijado garantizando las costas del proceso y la eventual responsabilidad civil, observando que dicho monto resulta acorde a la trascendencia del delito y la lesión al bien jurídico.
En los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: V. A. A. S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “V. L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.". Finalmente,en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE APELACION: DIVISIÓN COMISARIA
TERCERA S/ ABUSO DE ARMA” Expte. Nº 89650/26, N° de Juzgado de Recursos 8569/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: “Por otra parte, el la obra "Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado" Tomo III, Director Miguel Angel Almeyra, Coordinador Baez, Ed. La Ley, año 2007, página 430, puede leerse: "La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma. Asimismo, cabe agregar que el "quantum" del embargo discernido debe tender a asegurar la ejecución de la eventual pena pecuniaria, derivada del delito y las costas del proceso...; pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas." Bajo estos lineamientos, corresponde señalar entonces que la capacidad económica del imputado no debe incidir, como regla, en la determinación del monto del embargo dispuesto con el auto de procesamiento. El monto debe establecerse en función de la eventual pena pecuniaria, la eventual indemnización civil estimada y las costas, de conformidad con lo establecido en el art. 499 del C.P.P. La falta de patrimonio o los bajos ingresos del imputado pueden influir en la forma de ejecución de la medida -por ejemplo, en la constatación de que el embargo resulta insuficiente y en la eventual aplicación de una inhibición-, pero no justifican por sí solos reducir el monto necesario para garantizar las consecuencias económicas del proceso. La reducción será procedente cuando se acredite que la suma es ajena a los rubros legales, o resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que el a quo ha fundado la medida en el acápite IX de los considerandos de la resolución apelada, y que el daño resarcible no implica únicamente el daño material causado por el hecho, sino que debe considerarse el impacto general que el suceso ocasiona a las víctimas, atento las características del atribuido al imputado G., encuentro la suma establecida por el a quo ajustadas a las pautas de la normativa legal, y por ende razonable.” Por ello, corresponde que sea confirmado.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 42/47,en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia