Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76168
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 76.168, "Fiscal de Estado contra Juzgado de Faltas de Defensa del Consumidor en autos: 'Barbera. Carlos Alberto s/ Denuncia c/ Medida cautelar'. Conflicto de Poderes (art. 161 inc. 2; 196, Const. Prov.)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
I. La Fiscalía de Estado promueve el presente conflicto de poderes en los términos de los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución bonaerense, denunciando ante esta Suprema Corte que el Juzgado de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata habría invadido potestades propias de la Provincia, tanto del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) como del Poder Judicial.
La presentación tiene por objeto el expediente administrativo 4061-1116722/19 caratulado "Barbera, Carlos Alberto s/ denuncia c/ medida cautelar IOMA", en el cual el titular del referido juzgado de faltas dictó una medida precautoria ordenando al IOMA el inmediato cese de su conducta denunciada como violatoria de la legislación de defensa del consumidor, debiendo proveerle al hijo del peticionante la cobertura y suministro de todos aquellos materiales, insumos, prácticas y tratamientos necesarios para la realización de la cirugía neuroortopédica ordenada por su médico tratante. Ello, bajo expreso apercibimiento de dar intervención a la fiscalía en turno y arbitrar las medidas coercitivas que correspondan.
II. A fs. 34 el Tribunal le requirió al juez de faltas los antecedentes útiles para resolver la controversia. Seguidamente, el 23 de abril de 2021, la demandada acompañó las actuaciones administrativas. En ese estado, con fecha 5 de mayo de 2021 se corrió traslado de la denuncia a la Municipalidad de La Plata.
III. A fs. 53/55 contestó el municipio. Destacó la autonomía municipal consagrada en la Constitución nacional y defendió lo actuado por el Juzgado de Faltas n° 2. Entendió que dicho órgano se había desenvuelto dentro de los límites de su competencia, sin extralimitarse ni invadir potestades propias de la Provincia. Insistió, además, en que podía dictar medidas precautorias, en especial en casos en los que se intenta preservar el derecho a la salud.
IV. Pasados los autos al señor Procurador General a los fines de dictaminar (art. 690, CPCC), este recomendó al Tribunal hacer lugar al conflicto promovido por la Fiscalía de Estado (v. fs. 57/63).
V. Encontrándose los autos en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la presentación por la que se promueve el conflicto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Las constancias de la causa permiten establecer que el señor Carlos Alberto Barbera, afiliado del Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) bajo el número 9611895738/00, el 8 de enero de 2019 se presentó ante esa obra social y solicitó la autorización de la cirugía de caderas que los médicos tratantes indicaron a su hijo, afiliado bajo el número 9611895738/02. En la misma oportunidad requirió la provisión de los materiales quirúrgicos necesarios para realizar la intervención que, en un principio, había sido programada para los días 27 de febrero de 2019 y 6 de marzo de 2019.
De los elementos arrimados surge también que el IOMA autorizó la cirugía, pero sin resolver acerca del pedido de provisión de los insumos correspondientes.
Resulta acreditado que, ante el silencio de la obra social a su pedido, el que había sido reiterado el 22 de febrero de 2019, y luego de haber tenido que reprogramar la cirugía por la demora en el trámite de autorización en cuestión, el señor Barbera se presentó ante la Oficina municipal de Defensa del Consumidor el 24 de mayo de 2019, a fin de lograr que se le otorgue la mentada autorización.
I.2. Como consecuencia de la presentación efectuada en sede comunal, el titular del Juzgado de Faltas municipal n° 2, invocando los arts. 1, 79, 80 y 81 de la ley 13.133 que estableció el Código provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y 1, 2, 3 y concordantes de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, aceptó intervenir en el asunto.
A fs. 13 fijó una audiencia informativa y conciliatoria, que se celebró el 3 de junio de 2019, a la que asistió el denunciante y no compareció el IOMA (v. fs. 17, expte. adm.).
Agregada la documentación pertinente (v. fs. 3, 5/10 y 18/36, expte. adm.), el órgano municipal, fundándose en los arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 38 de la Constitución provincial; 3 de la ley 24.240 y 5, 6 y concordantes de la ley 13.133, argumentó que en la especie mediaba una relación de consumo y que se encontraba comprometido el derecho a la salud. De allí que, al margen de si se trataba estrictamente de una instancia sancionadora propia del ámbito aplicativo de aquella última norma, valoró que en la especie correspondía brindar una respuesta preventiva al derecho potencialmente conculcado.
Es así como, invocando las facultades conferidas por el art. 71 de la ley 13.133, dispuso con carácter preventivo "el inmediato cese de su conducta [del IOMA] que se reputa en violación de la legislación de defensa del consumidor" y le ordenó "proveer a su afiliado [...] la cobertura y suministro de todos aquellos materiales, insumos, prácticas y tratamientos necesarios para la realización de la cirugía neuroortopédica ordenada por su médico tratante" (v. fs. 38/43, expte. adm).
A ello siguió una advertencia: si no acreditaba en el término de dos días hábiles el cumplimiento de la manda, daría "intervención al Sr. Agente Fiscal en turno", además de arbitrar las medidas coercitivas que correspondieren (v. fs. 43, expte. adm.).
I.3. Transcurrido el plazo conferido al demandado a los efectos de acreditar el cumplimiento de la medida preventiva ordenada el 4 de julio de 2019 y que había sido notificada el 5 de julio de 2019, el Juez de Faltas platense resolvió poner en conocimiento del agente fiscal en turno la desobediencia de la autoridad administrativa, a fin de que investigue si de ello se seguía algún tipo de responsabilidad penal (v. fs. 49, expte. adm.).
II. Anoticiado el IOMA de dicha decisión (v. fs. 51, expte. adm), la comunicó a la Fiscalía de Estado (v. fs. 14/22), la que inició las presentes actuaciones denunciando la configuración de un conflicto de poderes en los términos de los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución provincial.
II.1. La representante de la Provincia objeta la validez de aquella diligencia por no haber sido practicada en el despacho oficial del señor Fiscal de Estado. Por consecuencia de ello pide que sea tenida por válida la notificación personal de las resoluciones dictadas los días 4 y 22 de julio de 2019, formulada en el escrito de interposición del conflicto.
II.2. En cuanto al fondo del asunto, alega que el Juez de Faltas -al entender en la denuncia formulada por el señor Barbera- invadió la esfera de competencias del Poder Ejecutivo provincial, en particular del IOMA y, consecuentemente, generó un conflicto de poderes en términos constitucionales.
Explica, por un lado, que el mencionado ente autárquico asistencial debe atenerse a la normativa vigente que rige su actividad, consistente básicamente en la ley 6.982, su decreto reglamentario 7.881/84, la Ley de Medicamentos de la Provincia de Buenos Aires n° 11.405 y las resoluciones que dicte su directorio.
Detalla que ante el pedido efectuado por el señor Barbera a fin de obtener la cobertura para la cirugía neuroortopédica que debía realizarse a su hijo, se originaron dos trámites identificados con los números 11-441-7000291 y 111679/19 que, al 29 de julio de 2019, se encontraban en la Subdirección de Compras y Suministros del IOMA.
Cuestiona el accionar del afiliado por no haber seguido los procedimientos ordinarios a disposición de la ciudadanía para luego acudir, eventualmente, a la Justicia. Enfatiza que el ordenamiento jurídico prevé vías específicas de impugnación de las decisiones administrativas cuyos destinatarios reputen lesivas de sus derechos, en particular, las contenidas en el decreto ley 7.647/70 y la ley 12.008.
Por ende, afirma que la conducta asumida por el funcionario municipal no solo se inmiscuye indebidamente en la esfera de actuación del Poder Ejecutivo provincial, sino también en la del Poder Judicial.
II.3. De otro lado, descarta que la situación denunciada por el señor Barbera ante la autoridad comunal comprendiera una relación de consumo de aquellas definidas por la ley 24.240.
Asegura que la relación del IOMA con sus afiliados no encuadra en ninguno de los casos previstos en los arts. 1 y 2 de dicho plexo. Justifica esta aseveración en lo previsto por el art. 1 de la ley 6.982, en cuanto establece que el IOMA es el organismo del Estado provincial que realiza sus fines en materia médico asistencial, para sus agentes en actividad o pasividad y para los sectores de la actividad pública y privada que adhieran a su régimen, no desarrollando actividad lucrativa o comercial alguna.
En tal entendimiento, destaca que el IOMA no suministra, fabrica, presta, comercializa, importa o pone en el mercado sus bienes y servicios a disposición de los consumidores de manera profesional. Y que por lo tanto no actúa en carácter de "proveedor", lo que -según dice- determina la ausencia de una verdadera relación de consumo propia del régimen tuitivo que pretende aplicarse.
II.4. Solicita, por todo ello, que se haga lugar a la pretensión deducida y, consecuentemente, se declare la nulidad de todo lo actuado "por la flagrante exorbitancia jurisdiccional en que incurriera el funcionario comunal sin contar con potestades para hacerlo".
III. A fs. 53/55 contesta la Municipalidad de La Plata.
III.1. La comuna resiste alegando que el titular del Juzgado de Faltas n° 2 resolvió dentro de los límites de su competencia, sin extralimitación ni invasión de potestades propias de la Provincia.
III.2. Con fundamentos idénticos a los vertidos en la resolución del juez de Faltas, el apoderado legal del municipio destaca que en autos estaba en juego el derecho a la salud y a la vida, cuya satisfacción se habría visto afectada por la omisión del IOMA de brindar la prestación solicitada.
Tras mencionar la autonomía municipal consagrada en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional y referir a las materias y competencias propias de los juzgados de faltas, recuerda que el art. 166 de la Constitución de la Provincia establece la posibilidad de reglar un procedimiento para la revisión judicial de sus decisiones.
Luego cita varias normas contenidas en el decreto ley 8.751/77. Remarca que el Código de Faltas municipal se aplica "...al juzgamiento de las faltas a las normas municipales dictadas en el ejercicio del poder de policía y a las normas nacionales y provinciales cuya aplicación corresponda para las Municipalidades, salvo para las dos últimas cuando para ello se hubiera previsto un procedimiento propio". Por esta razón, reflexiona que los aludidos órganos comunales tienen competencia para dictar una medida cautelar como la que se intenta desarticular.
III.3. Paralelamente, apunta que la ley 13.133 que aprobó el Código provincial de Implementación de los Derechos de Consumidores y Usuarios ha descentralizado las funciones emergentes de la ley 24.240 en favor de los municipios, confiriéndoles la facultad de aplicar los procedimientos y sanciones previstos en ella, dentro del ámbito espacial de sus respectivos partidos. Menciona en tal sentido que el art. 81 inc. "a" de dicha ley habilita a las comunas a crear órganos nuevos con tales propósitos o a asignarle semejantes competencias a organismos prexistentes con "potestades jurisdiccionales sobre cuestiones afines".
Resalta que en ese marco fue dictado el decreto local 1.089/04, por el cual se crearon la Oficina municipal de Defensa del Consumidor y el Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor en la Municipalidad de La Plata.
III.4. Insiste en que la relación entre los afiliados y el IOMA representa una genuina relación de consumo alcanzada por la ley 24.240, tal como si se tratara de una persona jurídica de naturaleza privada que comercializa servicios. Siendo ello así, destaca que el art. 71 de la ley 13.133 la autorizaba a dictar medidas preventivas para el cese de la conducta que se considera violatoria del estatuto del consumidor, como así también, con mayor amplitud, a discernir "medidas técnicas, admitir pruebas y dictar medidas de no innovar o para mejor proveer".
IV.1. Las causas de competencia o conflictos previstos en los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución, tratándose de aquellos entre municipios con alguna autoridad de la Provincia, se configuran cuando cada una de las partes en disputa se atribuye para sí la titularidad o el ejercicio de una determinada potestad.
En estos procesos, la Corte está llamada a resolver sobre una efectiva contienda entre dos o más órganos en torno a la específica atribución o competencia que cada cual entiende que le corresponde y no las situaciones conflictivas que el ejercicio incuestionado de las mismas pueda generar (arts. 161 inc. 2 y 196, Const. prov.; 261 y concs., LOM; doctr. causas B. 62.826, "Municipalidad de Rivadavia y Carlos Tejedor", sent. de 12-IX-2001; B. 64.293, "Provincia de Buenos Aires", sent. de 18-III-2009; B. 71.532, "Municipalidad de La Plata", sent. de 2-V-2013 y B. 74.025, "Fiscal de Estado", resol. de 13-IV-2016; e.o.).
En la especie se configura un supuesto alcanzado por los preceptos constitucionales indicados.
IV.2. De un lado, el funcionario del municipio le ha ordenado al IOMA, con ambiguo carácter preventivo que no logra ocultar lo decretado en sustancia, que cese inmediatamente su conducta contraria a la legislación de defensa del consumidor y proceda a cubrir la cirugía que requiere el afiliado para su hijo, proveyendo además todos los suministros necesarios con apercibimiento de pasar las actuaciones a la fiscalía en turno para la prosecución de acciones penales.
De otro, la Provincia desconoce la aptitud del órgano local para decidir tales determinaciones, ya que, al no ser superior jerárquico o autoridad de tutela del IOMA, ni magistrado del Poder Judicial, el juez de faltas no pudo válidamente adoptarlas, añadiendo que ellas consuman un grave avasallamiento de las atribuciones que la ley 6.982 y su reglamentación, así como la ley 11.405, confieren al IOMA para la decisión de pedidos de cobertura de prestaciones y, al mismo tiempo, ponen en evidencia la invasión de las facultades jurisdiccionales propias de la judicatura.
Así las cosas, es preciso un pronunciamiento del Tribunal sobre el conflicto denunciado.
V.1. Bien que sobre plataformas fácticas diferentes, la cuestión de fondo ha sido objeto de tratamiento en la causa B. 74.696, "Fiscal de Estado c/ Juzgado de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor en autos: 'Barletta, Valeria Gisela s/ denuncia c/ IOMA'", sentencia de 28 de noviembre de 2018, a cuyos fundamentos habré de acudir de aquí en adelante a fin de dirimir si el órgano municipal interviniente se hallaba investido de la competencia que procuró ejercer sobre el IOMA.
V.2. Se ha visto que, en su origen, esta controversia remite a la omisión de resolver el pedido de cobertura de la mencionada intervención quirúrgica por parte del IOMA, efectuado con fecha 8 de enero de 2019 y reiterado el 22 de febrero de 2019. Todo lo cual fuera llevado, directamente, por ante la Oficina municipal de Defensa del Consumidor el 24 de mayo de 2019 e inmediatamente girada al Juzgado de Faltas n° 2.
Sin embargo, el ordenamiento positivo ha diseñado precisas vías de tutela para controvertir esa clase de situaciones en el ámbito de la Administración pública, centralizada y descentralizada, a saber:
V.2.a. La presentación de pronto despacho a los efectos de la eventual configuración del silencio negativo (arts. 79 y concs., dec. ley 7.647/70);
V.2.b. Ante la decisión o el silencio de la autoridad competente para decidir el otorgamiento de la cobertura, los recursos de revocatoria y jerárquico (arts. 89 a 92, dec. ley 7.647/70);
V.2.c. Vencido el plazo para resolver la revocatoria, si el órgano competente guardare silencio, podrá solicitarse al superior jerárquico que se avoque al conocimiento y decisión del recurso (art. 93, dec. ley 7.647/70);
V.2.d. Ante la decisión o el silencio del directorio del IOMA, el recurso de apelación potestativo en los términos de los arts. 10 de la ley 6.982 y 94 del decreto ley 7.647/70;
V.2.e. Emitido ese acto del directorio (o generado el silencio) o bien, de haber recurrido contra ello, dictado el acto expreso (o producido el ficto) del Poder Ejecutivo en vía de apelación, la impugnación judicial por medio de la pretensión anulatoria juntamente con la de reconocimiento o restablecimiento de la situación subjetiva invocada (arts. 1, 12 incs. 1 y 2 y concs., CCA), en su caso, acompañada o precedida de una medida cautelar (arts. 22 y 23, CCA);
V.2.f. Contra el silencio o la denegatoria, y de entenderse que media arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta en la actuación u omisión administrativa, la acción de amparo y en su cauce una medida cautelar (arts. 1, 9 y concs., ley 13.928 con sus reformas).
Con prescindencia de tales reglas positivas, el Juez de Faltas municipal soslayó las atribuciones del IOMA, además de la competencia del Poder Ejecutivo provincial en la materia, y resolvió ordenar, con carácter cautelar, la inmediata cobertura solicitada por el señor Barbera para su hijo.
V.3.a. La rápida enumeración anterior permite advertir que el asunto que generó esta contienda es ajeno al marco de actuación del procedimiento administrativo sancionador previsto en los arts. 45 a 49 y concordantes de la ley 24.240 con sus reformas y 36 a 82 de la ley 13.133.
Además, debe repararse que, en circunstancias como las de autos, las vías de tutela establecidas por las leyes aplicables de manera alguna habilitan la intervención del juzgado de faltas municipal, menos todavía le confieren el poder de expedir los mandatos que en el expediente administrativo 4061-1116722/19 su titular ordenó.
Es que el mencionado órgano comunal carece de aptitud jurídica para conocer y dirimir controversias como las originadas en la especie. Por consiguiente, no está investido de potestad alguna para ordenar medidas que importen el ejercicio de funciones administrativas a cargo del Poder Ejecutivo provincial o de organismos descentralizados de la Administración.
V.3.b. Por cuanto concierne a los juzgados de faltas, como unidades del gobierno municipal, desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no poseen los atributos propios de los que integran el Poder Judicial, constituyendo solo autoridades administrativas cuyas decisiones no revisten el carácter de sentencias (CSJN Fallos: 310:674; 310:1380; 311:334 y 326:4087).
En similar sentido se ha expresado esta Suprema Corte al resaltar que la índole de las funciones que ejercen y el grado de autonomía funcional con que el legislador los ha dotado, aunque presenta similitudes con la jurisdiccional, no alteran esa calidad de órganos de la administración municipal (doctr. causa I. 2.214, "Di Mantova", sent. de 16-II-2005).
V.3.c. Desde que no son designados con arreglo al art. 175 de la Constitución, no gozan de la garantía de inamovilidad con el alcance consagrado en el art. 176 del mismo ordenamiento y ni siquiera integran el Poder Judicial (arts. 160 y concs., Const. prov. y 1, 2 y concs., ley 5.827 y sus múltiples reformas), es harto impropio asimilarlos a los jueces. Ergo, lo sería también adjudicarle o reconocerle las competencias de estos.
Precisamente porque no hay lug
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