Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 143289
En la ciudad de La Plata, al 1° día del mes de Septiembre de 2026, reunidos en Acuerdo Telemático Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "S. L. R. L.Y OTRO/A S/ DENUNCIA REG. CIVIL CAPACIDAD PERS.(DOBLE INSC.)" (causa: 143289), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro .
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada de fecha 16/06/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez Doctor López Muro dijo :
1.1. El 11/06/2026, los Dres. Suarez Nelson y Kenny se presentaron como apoderados de la Directora Provincial del registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires a fin de promover la acción de anulación de las actas de nacimiento N° 237 y N° 238, Tomo 1N, año 2025, labradas por la Delegación Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía, correspondientes a S. A. S. L. y R. L. S. L. respectivamente, solicitando su reinscripción con única filiación materna de J. A. S.
Refirieron que de las actuaciones administrativas surge que J. A. S. solicitó la rectificación de las actas de nacimiento de sus hijos R. y S., inscriptos con doble filiación materna, a fin de que se suprimieran la filiación atribuida a A. J. L. y el apellido de esta última, quedando ambos niños inscriptos únicamente con el apellido “S.”.
Sostuvieron que la Sra. S. manifestó haber sido la única persona que prestó el consentimiento previo, libre e informado para la realización de las técnicas de reproducción humana asistida que dieron lugar a los nacimientos; que tal circunstancia se encontraría respaldada por los formularios de consentimiento acompañados, suscriptos exclusivamente por S. bajo la modalidad correspondiente a “persona sola”.
Expusieron que la autoridad registral advirtió que la doble filiación materna había sido consignada sin contar con un consentimiento previo, libre e informado suscripto por L., por lo que consideró que su incorporación como progenitora carecía de fuente filiatoria y obedecía a un error formal cometido al labrarse las partidas; que no obstante, teniendo en cuenta que la modificación pretendida involucra la supresión de una filiación y de un apellido -atributos del estado civil y de la identidad de personas menores de edad-, se concluyó que la cuestión excedía los supuestos de rectificación administrativa previstos por el artículo 116 de la Ley 14.07; que en consecuencia, previo dictamen de la Asesoría General de Gobierno, la petición fue rechazada en sede administrativa y se dispuso promover la acción judicial contemplada en el artículo 118 de la citada ley de lo que ambas interesadas fueron notificadas.
En suma, el Registro Provincial de las Personas solicita, en cumplimiento de su deber de saneamiento registral, la anulación de las actas de nacimiento números 237 y 238 mencionadas y la posterior reinscripción de los nacimientos de S. A. y R. L. únicamente como hijos de J. A. S., conservando sus respectivos prenombres, números de documento y demás datos registrales, y utilizando exclusivamente el apellido “S.”.
1.2. El juez a cargo del Juzgado de Familia n° 8, el 16/06/2026 resolvió “… En primer lugar en materia de legitimación, rige como principio general que la facultad de ejercer acciones vinculadas a sus derechos subjetivos corresponde a quien resulta titular del interés jurídico protegido. En tal sentido, es deber del juez verificar, de manera previa al análisis de la pretensión deducida, la existencia de legitimación suficiente en quien promueve la acción.
En ese orden, la intervención del Registro de las Personas debe analizarse a la luz de las facultades que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico. La Ley 26.413 en su artículo 83 establece que la Dirección General examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite u ordene, rechazando aquellos que presenten vicios que pudieran determinar su nulidad absoluta y manifiesta o formulando las observaciones pertinentes para su subsanación. Asimismo, los artículos 86 y 87 de dicha normativa, al igual que los artículos 118 y 119 de la Ley Provincial 14.078, facultan a promover las acciones judiciales correspondientes cuando resulte necesaria la intervención judicial para registrar inscripciones o modificar las existentes en sus libros, así como también cuando disponga la iniciación de actuaciones tendientes a la anulación de una inscripción.
Así las cosas, de su texto surge que la actuación judicial del Registro a través de los apoderados legales se encuentra vinculada a cuestiones relativas a la registración, modificación o anulación de inscripciones obrantes en sus registros, en el marco de las competencias que la ley específicamente le asigna.
En el caso particular, si bien se acompaña consentimiento informado de S. y quien dio a luz es S. , no es menos cierto que de la documentación acompañada surgiría que la registración estaría basada en lo dispuesto por el artículo 562 del Código Civil y Comercial (ver constancia de parto y datos de las progenitoras la cual está firmada por L.). En consecuencia, lo pretendido no consistiría en la subsanación de una deficiencia registral ni en la rectificación de un asiento por error material, sino que podría implicar una modificación del estado filial de las personas involucradas.
Siendo ello así, la cuestión excede las facultades previstas en los artículos 118 y 119 de la ley 14078, encontrándose eventualmente comprometido un desplazamiento filiatorio cuya revisión debe canalizarse por las vías que considere pertinente el titular del derecho cuya filiación se pretende modificar o por quienes aleguen un interés legítimo.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la acción toda vez que el accionante - en su carácter de Director Provincial del Registro de las Personas - carece de legitimación para su ejercicio, situación que surge manifiesta de los términos de su presentación y documentación acompañada LO QUE ASI RESUELVO (arg. art. 336 del CPCC).
3. Más allá de la innegable relevancia de los derechos invocados por la peticionaria, la ausencia de legitimación importa a su vez la inexistencia de atribución de competencia territorial en función del domicilio del niño y la niña involucrados lo que determina la imposibilidad de cualquier tentativa de rencauzamiento oficioso del trámite…”.
1.3. El 18/08/2026 el Fiscal de Cámaras departamental contestó la vista que le fuera conferida. Entiende que la acción promovida -en cuanto persigue la anulación de determinadas inscripciones registrales y su posterior reinscripción, con fundamento en un alegado error registral- se encuentra prima facie comprendida dentro de las facultades que los artículos 118 y 119 de la Ley 14.078 reconocen al Director Provincial del Registro de las Personas. En virtud de lo expuesto, consideró que se debiera hacer lugar al recurso interpuesto.
1.4. El 26/08/2026 la Asesoría de Menores designada contestó la vista otorgada. Expuso que conforme se desprende de la documentación adjunta a los presentes y compartiendo los argumentos esgrimidos por el a quo en la resolución apelada, en el entendimiento que lo pretendido no implicaría únicamente la subsanación de una deficiencia registral ni la rectificación de un asiento por error material, sino que podría implicar una modificación del estado filial, dada la naturaleza de los derechos en juego y el interés superior de los niños R. y S. A., entiende pertinente confirmar la resolución apelada.
2.1. Liminarmente, corresponde señalar que la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada se circunscribe a determinar si el Registro de las Personas se encuentra legitimado para promover la intervención jurisdiccional pretendida.
En efecto, el ámbito de conocimiento del tribunal de apelación se encuentra delimitado por los agravios concretamente sometidos a su decisión, de modo que la función revisora debe desenvolverse dentro de tales límites (arts. 260, 266, 272 y concs. CPCC; esta Sala causa 138.537, “Zablocky Virginia Diana c/ Empresa Constructora Oshi S.A. y otro/a s/ Daños y perjuicios extracontractual”, sent. del 04/08/2026; conf. Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación ).
Bajo tales premisas, no corresponde en esta oportunidad emitir juicio acerca de la procedencia sustancial de la anulación registral pretendida ni de sus eventuales consecuencias sobre el estado de familia, cuestiones que exceden el examen de la legitimación que motivó el rechazo liminar y que, en su caso, deberán ser objeto de la debida sustanciación.
2.2. En este sentido, es importante detallar los pasos del trámite administrativo. De la documentación adjunta a la demanda, surge que el 27/10/2025 la Sra. S. inició un reclamo administrativo en la delegación del registro de Ramos Mejía a fin de que se rectifiquen las actas n°237 y n°238 del Sanatorio de la Trinidad, correspondientes a las inscripciones de sus hijos S. A. S. L. y R. L. S. L. Dijo que el día 27/02/2025 se presentó en la clínica a inscribir a los niños con ambos apellidos, cuando el consentimiento y voluntad procreacional es exclusivo de ella. Por lo tanto, solicitó que en el acta sean suprimidos los datos de la Sra. L ..
Ingresado el EX-2025-39049158, el 29/10/2025 el Departamento de Rectificaciones Administrativas entendió que no era procedente la rectificación solicitada, por tal motivo dio intervención a la Subdirección Técnica del registro a fin de que por su intermedio y en caso de corresponder, se dé intervención a la Delegación de Asesoría General de Gobierno.
El 30/10/2025 la Subdirección adhirió considerando que no procedía la rectificación y dio intervención a la Asesoría General de Gobierno.
El 11/06/2026 se expidió la Asesoría General de Gobierno. "Considera que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 118 y concordantes de la Ley N° 14.078, razón por la cual corresponde que la Dirección Provincial promueva las acciones judiciales tendientes a dilucidar la procedencia de la supresión de la filiación materna correspondiente a A. J. L. en las actas de nacimiento de R. L. S. L. y de S. A. S. L. y la consecuente conformación de los apellidos. Asimismo, deberá observarse lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley N° 14.078 a fin de suspender en forma preventiva la expedición de testimonios y/o constancias de las actas de nacimiento obrantes en órdenes 5 y 10, hasta tanto recaiga resolución judicial definitiva al respecto…".
Finalmente, el 23/02/2026 la Directora del Registro Provincial de las Personas emitió acto administrativo rechazando el pedido de rectificación y ordenando por intermedio del área competente de la Dirección Técnica la suspensión de la expedición de las actas en cuestión. Asimismo, mandó instruir a la Subdirección de Asuntos Legales a fin de interponer las acciones legales tendientes a anular las actas y reinscribir judicialmente el nacimiento de ambos menores con la filiación y apellido de quien dio a luz y manteniendo la matricula identificatoria previamente asignada.
2.3. Sentado ello, la legitimación para obrar exige determinar si quien formula una determinada pretensión se encuentra jurídicamente habilitado para requerir el pronunciamiento pretendido.
Esta Sala ha tenido oportunidad de señalar -aunque respecto de una materia diversa- que el examen de la legitimación requiere verificar la concreta posición jurídica que el ordenamiento exige para el ejercicio de la acción, sin que resulte suficiente la invocación de un interés distinto de aquel que la ley contempla como presupuesto habilitante (causa 124573, “Knezevich Antonio Domingo c/ Ponce Pablo Eduardo y otro/a s/ Reivindicación”, resol. del 18/02/2026, RR-33-2026).
En el supuesto bajo examen, sin embargo, la habilitación invocada por el organismo accionante -y tal como surge del punto 2.2.- no se sustenta en la titularidad de un derecho subjetivo respecto del estado de familia cuya modificación podría resultar involucrada, sino en una atribución que la legislación registral le confiere expresamente para promover la actuación jurisdiccional .
En efecto, la ley 14.078 Orgánica del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, en el Capítulo II del Título IX regula específicamente las modificaciones de las inscripciones. El art. 115 establece como principio que las inscripciones sólo pueden ser modificadas por orden judicial, salvo las excepciones previstas en la propia ley, y dispone para ello un procedimiento sumario con intervención del Ministerio Público. A su vez, el art. 116 contempla la posibilidad de corrección administrativa cuando el Registro compruebe omisiones o errores materiales que resulten evidentes del propio texto de la inscripción o de su cotejo con otros instrumentos públicos. Fuera de tales hipótesis, el art. 118 dispone que, cuando resulte necesaria la intervención judicial para registrar inscripciones o modificar las ya existentes, el Responsable del Registro queda facultado para promover las acciones correspondientes .
La previsión se complementa con el art. 119, que contempla expresamente el supuesto en que el Responsable del Registro disponga la iniciación de actuaciones judiciales para anular una inscripción , estableciendo las medidas registrales que deberán adoptarse mientras se encuentre pendiente la resolución definitiva.
Finalmente, el art. 122 autoriza a delegar las atribuciones previstas por los arts. 118 y 119 en los letrados del área legal del organismo.
La secuencia normativa detallada resulta suficientemente clara: cuando la irregularidad advertida no puede ser subsanada mediante las facultades administrativas de rectificación y resulta necesaria una decisión jurisdiccional, la propia ley confiere al organismo registral la facultad de provocar esa intervención. Y, dentro de ese marco, contempla de modo particular el supuesto de la acción dirigida a obtener la anulación de una inscripción.
2.4. Desde esa perspectiva, no aparece ajustado a derecho concluir que el Registro carece de legitimación por la sola circunstancia de que la modificación perseguida pueda repercutir sobre el estado de familia de las personas alcanzadas por el asiento.
Por el contrario, es precisamente la imposibilidad de modificar en sede administrativa una inscripción cuando se encuentran involucradas cuestiones que exceden el mero error material la que explica la necesidad de acudir a la jurisdicción .
Interpretar que el Registro se encuentra facultado para iniciar actuaciones judiciales destinadas a anular una inscripción, pero que pierde esa legitimación cuando los efectos propios del asiento se vinculan con el estado civil o familiar de las personas, importaría restringir la atribución legal en un supuesto que la norma no excluye y, además, privar de adecuada operatividad a la previsión expresa contenida en el art. 119 de la ley 14.078.
No debe perderse de vista que entre las funciones propias del Registro se encuentra, precisamente, la registración de los hechos y actos que dan origen, alteran o modifican el estado civil de las personas, incluidas las filiaciones, y que, una vez registrada una inscripción, ésta no puede ser modificada sino por resolución o disposición de autoridad competente (arts. 3 y 17, ley 14.078).
2.5. La circunstancia de encontrarse eventualmente comprometida una cuestión filiatoria tampoco conduce a una conclusión diferente.
La Sala ha señalado que las acciones de filiación resultan indisponibles para las partes por encontrarse comprometido el orden público y que, una vez judicializada la determinación del estado filial, deben observarse las garantías y medios probatorios propios de esa materia (causa 139447, “M. M. G. c/ A. C. A. s/ Acciones de reclamación de filiación”, sent. del 03/04/2025, RS-103-2025; en igual sentido, causa 142131, “F. J. B. c/ P. B. Y. s/ Acciones de reclamación de filiación”, sent. del 24/2/2026; causa 121508, RI-53/2018). Precisamente por hallarse comprometidos derechos de esa naturaleza, la existencia de una controversia acerca de la correspondencia entre la realidad jurídica y la inscripción registral no habilita al organismo administrativo a alterar por sí el asiento, sino que torna necesaria la intervención jurisdiccional prevista por la legislación especial.
La circunstancia de que la modificación pretendida pueda proyectar efectos sobre el estado filial de las personas involucradas no permite, por sí sola, negar aquella legitimación procesal, sino que remite al examen de la procedencia sustancial de la pretensión, cuestión que -como se anticipó- deberá ser decidida una vez sustanciado adecuadamente el proceso y con plena intervención de los sujetos cuyos derechos se encuentran comprometidos.
2.6. En consecuencia, la resolución apelada debe ser revocada en cuanto rechazó liminarmente la acción por falta de legitimación activa del Registro de las Personas.
Reconocida dicha legitimación, corresponde devolver las actuaciones a la instancia de origen a fin de que se dé curso a la pretensión y continúe el trámite según su estado , con la debida intervención del Ministerio Público y de las personas cuyos derechos pudieran resultar afectados, sin perjuicio de las cuestiones que, una vez sustanciada la causa, pudieran ser planteadas por los interesados y resueltas en la oportunidad procesal correspondiente .
Lo aquí decidido se limita al reconocimiento de la legitimación del Responsable del Registro de las Personas para promover las actuaciones judiciales previstas en los arts. 118 y 119 de la ley 14.078 y no importa adelantar opinión acerca de la procedencia sustancial de la pretensión ni de otras cuestiones que pudieran suscitarse durante el trámite.
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA .
A la misma primera cuestión planteada, el Señor Juez Doctor Sosa Aubone dijo : que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta y, en consecuencia, también votaba por la NEGATIVA .
A la segunda cuestión planteada el Señor Juez Doctor López Muro dijo : En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo 1) revocar la resolución apelada de fecha 16/06/2026 en cuanto rechazó la acción por falta de legitimación activa y en consecuencia declarar que el Responsable del Registro de las Personas se encuentra legitimado para promover la acción judicial prevista en los arts. 118 y 119 de la ley 14.078, sin que ello implique pronunciamiento sobre la procedencia sustancial de la pretensión; y 2) devolver las actuaciones a la instancia de origen a fin de que se dé curso a la pretensión y continúe el trámite según su estado, con la debida intervención del Ministerio Público y de las personas cuyos derechos pudieran resultar afectados, sin perjuicio de las cuestiones que pudieran plantearse y resolverse oportunamente .
Postulo no imponer costas de Alzada atento no haber mediado contradictorio y la índole de la cuestión debatida (arts. 68, 69 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada, el Señor Juez Doctor Sosa Aubone dijo : que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor López Muro.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO , obrante dictamen del Fiscal de Cámaras departamental y de la Asesoría interviniente, por los fundamentos expuestos, 1) se revoca la resolución apelada de fecha 16/06/2026 en cuanto rechazó la acción por falta de legitimación activa y en consecuencia se declara que el Responsable del Registro de las Personas se encuentra legitimado p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.