Abriendo la norma
TOMO: XXIII REGISTRO: 010 FOLIO: 092/181
Caleta Olivia, 08 de octubre de 2026.
Estos autos caratulados: “V. S. M. S/DENUNCIA LESIONES Y APLICACIÓN LEY 26061” Expte. Nº 64020/26, N° de Juzgado de Recursos 8558/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 241/261, el Sr. Juez de Instrucción subrogante, decidió: “…I.-Dictar el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de G. M.
M., D.N.I. N° **.***.***, como presunto coautor penalmente responsable de los delitos de reducción a la servidumbre (art. 140 del Código Penal), privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencias y amenazas (arts. 141 y 142 inc. 1° del Código Penal), lesiones graves (art. 90 del Código Penal) y abandono de persona agravado por el vínculo y por haber sido cometido por quien tenía el deber legal de cuidado (arts. 106 y 107 del Código Penal), todos ellos en concurso real y en calidad de coautor (arts. 45 y 55 del Código Penal), por los hechos investigados en perjuicio de los niños S.A.C.S. y N.A.C.S; decretando embargo sobre sus bienes de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS ($13.805.700) moneda nacional, actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, (arts. 499 y ccs. del C.P.P.).- II.-Dictar el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de R. M.
S., D.N.I. N° **.***.***, como presunta coautora penalmente responsable de los delitos de reducción a la servidumbre (art. 140 del Código Penal), privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencias y amenazas (arts. 141 y 142 inc. 1° del Código Penal), lesiones graves (art. 90 del Código Penal) y abandono de persona agravado por el vínculo y por haber sido cometido por quien tenía el deber legal de cuidado (arts. 106 y 107 del Código Penal), todos ellos en concurso real y en calidad de coautora (arts. 45 y 55 del Código Penal), por los hechos investigados en perjuicio de los niños S.A.C.S. y N.A.C.S.; decretando embargo sobre sus bienes de PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS ($13.805.700) moneda nacional, actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, (arts. 499 y ccs. del C.P.P.)”
Contra dicha resolución la Sra. Defensora Pública Oficial Nro. 2 de Caleta Olivia, doctora Ximena Paola Villares, por subrogancia legal. Interviene en representación de la Sra. R. M. S., e interpone recurso de apelación a fs. 267/279, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 310 vta..
En esta instancia es mantenido a fs. 399 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmaa. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P. no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal.
Por otra parte, contra dicha resolución, la Defensa Particular a cargo del doctor Marcelo Urbano Quintero, en representación del Sr. G. M. M., interpone recurso de apelación a fs. 288/291, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 310 vta. En esta instancia es mantenido a fs. 400 por la Defensa particular, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P. presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal a fs. 412/414.
Que a fs. 407/411 la defensa particular agrega informe técnico psicológico de parte.
A fs. 416, de las nulidades esgrimidas por la defensa pública, se corre vista de manera sucesiva al Ministerio Pupilar a cargo del doctor Alejandro Ariel Diocarés Sedán, y al Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte. A fs. 418y vta. contesta vista el Ministerio Pupilar. A fs. 424/426 contesta vista el Sr. Fiscal de Cámara, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.A.-Al motivar el recurso la Dra. Villares se agravia, sosteniendo la nulidad de la denuncia y de la declaración testimonial de V. S. M., por hallarse comprendida en la prohibición de denunciar del art. 170 del C.P.P. y en la prohibición de declarar del art. 226 del C.P.P.
Expresa que la Sra. V. S. M., denunciante en sede policial y principal testigo de cargo, cuyo relato de fs. 1/3 y fs. 71/72 constituye uno de los pilares centrales sobre los que se asienta la imputación dirigida contra su asistida, es madre de R. M. S., esto es, su ascendiente en primer grado de la línea recta.
Refiere que el art. 170 del C.P.P. y 226 del C.P.P. establecen que no podrán denunciar en el primero de los casos y no podrá testificar en el segundo caso en contra del imputado su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, salvo que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo liga con el imputado. En el caso, las presuntas víctimas, S. y N., son nietos de la testigo, vínculo que se ubica en el segundo grado de la línea recta y que resulta, por tanto, más lejano -y no igual o más próximo- que el que liga a V. S. M. con su hija R. M. S., que es de primer grado. No configurándose el supuesto de excepción que prevé la norma, la prohibición legal de declarar en contra de la imputada permanecía plenamente vigente respecto de la nombrada.
Indica que pese a dicha prohibición, V. S. M. no sólo promovió la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones, sino que además prestó una extensa declaración testimonial en sede judicial, relato que fue expresamente ponderado en la resolución impugnada como sustento de la materialidad de los hechos y de la participación atribuida a su asistida.
Sostiene que el art. 170 y el art. 226 no constituyen una directiva meramente orientadora, sino una prohibición legal expresa que tutela, a la vez, la garantía de no incriminación en el ámbito familiar y la fiabilidad de un testimonio prestado por quien se encuentra atravesada por un patente interés personal en el resultado del proceso. De allí surge meridiana la obligatoriedad de aplicar, al presente caso, la regla de exclusión probatoria del art. 199 in fine del C.P.P.
Cita jurisprudencia y doctrina.
En función de lo expuesto, solicita esa defensa se haga lugar al planteo incoado, se declare la nulidad de la denuncia obrante a fs. 1/3 y de la declaración testimonial de fs. 71/72 prestadas por V. S. M., en cuanto se dirigen en contra de R. M. S., debiendo excluirse dichos elementos -y toda otra prueba que derive directamente de ellos- del cuadro probatorio que sustenta el procesamiento y la prisión preventiva dispuestos respecto de su asistida por ser violatorios de la prohibición de denunciar del art. 170 y de declarar del art. 226 del C.P.P. y de los arts. 158, 164 y 199 último párrafo C.P.P. de regla de exclusión probatoria.
Peticiona se desglosen las piezas procesales atacadas con el fin de no volver a ser valoradas como prueba de cargo.
Por otra parte se agravia esa defensa sosteniendo la nulidad de las Actas de Cámara Gesell practicadas a los niños S. y N. (fs. 79 y fs. 131).
Sostiene la defensa que las entrevistas bajo la modalidad de Cámara Gesell practicadas a ambos niños constituyen actos definitivos e irreproducibles, en tanto no resulta posible ni deseable someter nuevamente a las víctimas a un nuevo interrogatorio sobre los mismos hechos.
Indica que la defensora técnica originalmente notificada para asistir a mi representada se excusó de intervenir por encontrarse patrocinando, a su vez, a la denunciante V. S. M., situación que configura una incompatibilidad manifiesta y que impidió, en los hechos, que existiera una defensa técnica en condiciones de participar y controlar la producción de las Cámaras Gesell documentadas a fs. 79 y 131. No consta en el expediente que, con anterioridad a la realización de dichos actos, se hubiera designado y notificado en forma oportuna a un nuevo defensor que pudiera efectivamente ejercer ese control.
Tratándose de un acto irreproducible practicado sin la garantía de defensa técnica habilitada para intervenir por los claros intereses contrapuestos expresados en el escrito de excusación de fs. 130, la falencia señalada no admite subsanación posterior y debe ser declarada como nulidad de carácter absoluto, por afectar la garantía de defensa en juicio en un acto que, por su propia naturaleza, no puede repetirse sin someter nuevamente a los niños a un nuevo relato de los hechos vivenciados, con el consiguiente riesgo de revictimización. Solicita se declare la nulidad de las Actas de Cámara Gesell obrantes a fs. 79 y 131, con la consecuente exclusión de dichos elementos del cuadro probatorio que sustenta el procesamiento de mi asistida.
Que esa defensa solicita la nulidad del Acta N° 193/2026 del organismo de Niñez, en cuanto documenta manifestaciones espontáneas de R. M. S. (fs. 24vta/25), indicando que de las constancias de autos surge que, en el marco de la intervención administrativa del organismo de niñez, se recepcionaron manifestaciones de R. M. S. sin la asistencia de un defensor técnico. Dichas manifestaciones fueron luego incorporadas al legajo y expresamente ponderadas en el desarrollo de la resolución impugnada como parte del cuadro de cargo.
Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional y por los arts. 8.2.g de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.g del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la cual no puede ser sorteada mediante la recepción de manifestaciones autoincriminatorias en sede administrativa cuando, como en el caso, era previsible que dichas manifestaciones fueran a ser utilizadas en el proceso penal en curso contra la misma persona. La utilización de un ámbito administrativo como vía sustitutiva de una declaración indagatoria, desprovista de las garantías formales que rodean a esta última, desnaturaliza el sentido de dichas garantías y no puede convalidarse.
Argumenta por otra parte esa defensa la errónea subsunción legal de los hechos atribuidos a R. M. S.. Concurso aparente entre las figuras endilgadas y afectación del principio de legalidad (art. 18 C.N.) Sin perjuicio de los planteos de nulidad precedentemente formulados, y aun en el hipotético caso de que la prueba cuestionada fuera de todos modos considerada válida, entiendo que la calificación legal escogida por el instructor -cuatro figuras autónomas en concurso real- no resiste el análisis dogmático más elemental, en tanto todas ellas reposan sobre una misma y única plataforma fáctica, lo que conduce a una plural persecución penal por un mismo hecho, vedada por el principio de legalidad y por la prohibición de doble valoración.
Refiere que la Reducción a servidumbre (art. 140 C.P.), la figura exige la instauración de un estado de sujeción tal que la víctima quede reducida a la condición de objeto de disposición ajena, extremo tradicionalmente reservado a supuestos de explotación económica o de trata de personas, y no a los malos tratos intrafamiliares que -de acreditarse- ya encuentran adecuada y específica tipificación en las restantes figuras enrostradas. Sostener que el mismo encierro mediante una escalera y la misma privación de alimentos configuran, simultáneamente, reducción a servidumbre, privación de la libertad y abandono de persona, importa una interpretación extensiva in malam partem de un tipo penal excepcional, que desatiende su carácter residual y su histórica aplicación a contextos de explotación ajenos al presente caso.
Indica que la figura de privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 141 y 142 inc. 1° del C.P.). describe exactamente la misma conducta material que se invoca para sostener la reducción a servidumbre: el encierro de los niños mediante la colocación de una escalera que impedía su salida.
Sostiene la defensa que no resulta jurídicamente admisible que un mismo segmento de conducta -el encierro- sea empleado dos veces para configurar dos delitos autónomos y en concurso real entre sí. Rige aquí el principio de consunción propio del concurso aparente de leyes: de subsistir alguna de las dos calificaciones, la más grave debería desplazar a la más leve, sin que corresponda su acumulación material.
Por otra parte sostiene la defensa de V. S. M. que en relación a las lesiones graves (art. 90 C.P.), la propia médica legista interviniente dejó expresamente asentado, a fs. 141/vta., que con la única consulta que consta en el expediente no puede formularse un diagnóstico cierto de desnutrición, señalando la ausencia de estudios que permitan descartar diagnósticos diferenciales y la falta de controles previos de niño sano para comparar percentiles. Esa duda pericial, que surge del propio legajo, resulta insalvable para tener por acreditado -con el grado de probabilidad exigido para el procesamiento- el extremo de debilitamiento permanente de la salud que exige el tipo, máxime cuando las propias constancias de internación dan cuenta de una rápida recuperación ponderal de ambos niños -dos kilos en apenas tres días-, circunstancia que se concilia mal con la exigencia de permanencia que reclama la figura.
Expresa la defensa que en cuanto al la imputación de la figura de Abandono de persona agravado (arts. 106 y 107 del C.P.), surge de las propias constancias de autos, aun sin evacuar en su totalidad conforme se señalará en el siguiente inciso, dan cuenta de que R. M. S. llevó a los niños al hospital ante los episodios agudos de vómitos y dolor abdominal, presentó certificados médicos ante las instituciones escolares y mantuvo a los niños con controles y esquema de vacunación, extremos que se contraponen conceptualmente con la figura de abandono, la cual reclama una desatención absoluta del deber de asistencia y no meras deficiencias parciales o controvertidas en la calidad del cuidado brindado.
Concluye en relación a los agravios expresados precedentemente que aun descartados los planteos precedentes, en ningún caso las figuras enrostradas podrían concursar realmente entre sí (art. 55 del C.P.), en tanto todas derivan de un mismo y único contexto de acción u omisión continuada, desplegado en el mismo marco témporo-espacial y dirigido contra las mismas víctimas. De subsistir más de una calificación legal, correspondería su tratamiento bajo las reglas del concurso ideal (art. 54 del C.P.), con la consecuente incidencia -sensiblemente menor- en la escala penal en expectativa y, por derivación directa, en la evaluación de los riesgos procesales que la resolución impugnada invoca para sostener la prisión preventiva de mi asistida.
Por su parte se agravia esa defensa expresando que existió una omisión de evacuar las citas invocadas por R. M. S. en su descargo, indicando que al ampliar su declaración indagatoria, su asistida ofreció un conjunto de citas concretas y verificables en su descargo: la presentación de un boletín escolar con calificaciones aprobadas; la presentación de fotografías almorzando y cenando alimentos caseros en el comedor de la casa los dos días previos a los acontecimientos investigados lo que contradice lo relatado por los niños en audiencia respecto a estar privados los últimos 20 días en su habitación sin salir y comer allí, la existencia de certificados médicos presentados ante las instituciones educativas; los controles médicos y el esquema de vacunación de los niños; el antecedente de anemia materna diagnosticado con anterioridad a los hechos; la inexistencia de intervenciones previas del organismo de niñez; las características físicas del progenitor biológico antes de su fallecimiento sobre su baja estatura que se puede asociar a las características de los niños, la ausencia de escaleras en la vivienda para obstruir la salida de una habitación salvo una escalera de altillo que no se desmonta, los antecedentes de denuncias de igual tenor respecto de una ex pareja de un hermano de mi asistida lo que motivó que otros nietos queden igualmente a su resguardo, denuncias y medidas cautelares que ella misma había promovido contra integrantes de su familia de origen entre los que se encuentra su progenitora precisamente denunciante en autos.
Ninguna de dichas citas fue evacuada, corroborada ni siquiera mencionada en el acápite de valoración probatoria de la resolución impugnada, que se limitó a desarrollar extensamente los elementos de cargo sin confrontarlos con la totalidad de la prueba de descargo ofrecida.
Solicita que dicha deficiencia sea valorada en favor de su asistida al momento de resolver el presente recurso. Indica la defensa la omisión de aplicar la perspectiva de género en el análisis de la situación de R. M. S. analizada la conducta atribuida en un plano de aparente simetría con la de su consorte de causa, G. M. M., sin detenerse a examinar si, en los hechos, ambos ocupaban idéntica posición de poder y de autonomía decisoria dentro de la dinámica familiar.
Esa omisión resulta especialmente gravosa si tenemos en cuenta que el informe social de fs. 196/199 da cuenta de una marcada asimetría económica -G. M. M. percibía un ingreso mensual de $2.500.000, mientras que R. M. S. sólo contaba con la asignación universal por hijoy de un patrón de aislamiento de R. M. S. respecto de su propia familia de origen, documentado incluso por las denuncias y perimetrales que ella misma promovió contra sus hermanos.
La obligación de juzgar con perspectiva de género no se agota en los casos en que la mujer reviste el rol de víctima directa de un delito, sino que se proyecta también sobre el análisis de su propia conducta cuando ésta pudo haberse desarrollado bajo condiciones de sometimiento, dependencia económica o subordinación respecto de otros adultos como su grupo familiar de origen.
Cita normativa.
Sostiene esa defensa la desproporción y falta de individualización del embargo decretado respecto de R. M. S., indicando que la resolución impugnada fija, sin distinción alguna, un embargo de idéntico monto -150 JUS, equivalente a PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS ($**.***.***)- tanto para G. M. M. como para R. M. S., pese a la evidente disparidad patrimonial entre ambos, cuya consideración expresa exige el art. 499 del C.P.P.S.C..
A ello se agrega indica la defensa que un embargo fijado sobre un patrimonio inexistente, o que en los hechos recaiga sobre ingresos de subsistencia destinados a la manutención de los niños -como lo es la Asignación Universal por Hijo-, deviene en una medida de imposible cumplimiento o que, de ejecutarse, comprometería los propios recursos destinados al cuidado de las víctimas cuyo interés superior se invoca a lo largo de toda la resolución, resultado abiertamente contradictorio con la finalidad tuitiva declamada.
Concluye la defensa que la magnitud del embargo fue estimada tomando como parámetro la totalidad del cuadro de calificación legal cuestionado por esta defensa en el presente recurso. De prosperar la recalificación allí propuesta -incluyendo la eventual exclusión de la reducción a servidumbre y la aplicación de las reglas del concurso ideal en lugar del concurso real-, el monto de la eventual reparación civil y de las costas se reduciría correlativamente, por lo que el quantum actualmente fijado deviene, además, prematuro. Solicito, por ello, que se deje sin efecto el embargo decretado respecto de R. M. S. o, subsidiariamente, que se lo reduzca a una suma que guarde razonable relación con su real capacidad patrimonial, debidamente acreditada en autos.
Por otra parte en relación a la prisión preventiva, se agravia la defensa considerando que su asistida curse el cauce de la investigación en libertad.
Cita doctrina y jurisprudencia.
Indica que se ha recepcionado múltiples declaraciones testimoniales, entre ellas el de la denunciante, en múltiples oportunidades, se ha efectuado un allanamiento producto del cual se han secuestrado objetos que no están a disposición de su defendida, se han llevado a cabo cámaras gesell, se produjeron exámenes médicos forenses, exámenes socio ambientales, incorporación de constancias del organismos de niñez, del hospital de Pico Truncado, de las instituciones escolares, todas en poder de la instrucción, con lo cual se advierte que la etapa instructoria se encuentra avanzada y que las medidas probatorias primordiales para S.S. ya han sido producidas con lo cual se aprecia la inexistencia del peligro procesal de entorpecimiento.
Sin embargo y en lo que a este recurso atañe, los argumentos de V.S. para fundar su encarcelamiento, refieren a una pena de cumplimiento efectivo., lo cual no puede ser el único argumento para impedir que el imputado curse el proceso en libertad.
Entiende la defensa que sin perjuicio de las nulidades planteadas, y aun prescindiendo de ellas, la prisión preventiva dispuesta respecto de su asistida no resulta la única medida idónea para neutralizar riesgos procesales concretos individualizados a su respecto. R. M. S. no registra antecedentes penales, cuenta con arraigo y residencia fija y conocida, careció de intención de eludir la acción de la justicia -habiendo permanecido en su domicilio desde el inicio de las actuaciones- y ya se encuentra cumpliendo detención domiciliaria con dispositivo de vigilancia electrónica, modalidad que ha demostrado ser excesiva para asegurar su sometimiento al proceso, puesto que puede cumplir pautas impuestas por el magistrado con una tobillera electrónica por ejemplo con la imposición de concurrir al juzgado con la frecuencia que el magistrado desee. La resolución impugnada no explica por qué dicha modalidad, resultaría insuficiente para conjurar los riesgos procesales que se invocan en términos genéricos y sin una valoración individualizada de la situación personal de su asistida.
Sostiene que los argumentos de S.S., no constituyen un fundamento serio y dirimente para establecer que en este caso hay un peligro procesal claramente previsible y/o un concreto riesgo de elusión, y por lo tanto, no existen motivos contundentes y apoyados en las constancias de la causa que justifiquen el mantenimiento de la detención de la imputada, máxime cuando existen medidas cautelares alternativas a ella que se orientan a evitar la fuga del encartada.
Hace reserva a caso Federal.
II.B.-Al motivar el recurso la defensa particular a cargo del Dr. Quintero del imputado G. M. M. se agravia sosteniendo la errónea valoración de la prueba , incurriendo en una arbitraria, parcial y fragmentaria lectura del cuadro probatorio reunido en la instrucción, violando las reglas de la sana crítica racional.
Expresa que V.S. ha omitiendo contrastarlas de forma objetiva con los elementos de descargo científicos y documentales obrantes en el legajo.
Así indica la contradicción con la Pericia Médica Forense Judicial y la hipótesis del maltrato físico y el abandono material basándose en los diagnósticos clínicos emitidos en la internación.
Sostiene que el juez descarta las categóricas conclusiones médico-legales asentadas a fs. 141 por la médica legista oficial del propio Cuerpo Médico Forense de Pico Truncado, Dra. Alejandra M. Gil. La experta judicial determinó de forma taxativa que: “Con una consulta que consta en el expediente no se puede realizar diagnóstico de desnutrición, no hay estudios médicos para descartar los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo mal absorción, anemia, no constan laboratorios en el expediente...”. La médica legista de esta sede judicial dictamina que los elementos clínicos son insuficientes para aseverar una desnutrición de origen delictivo, carece de toda logicidad que V.S. afirme la existencia de un cuadro criminal irreversible basado en ellas.
Por otra parte refiere a la ausencia de Lesiones Recientes, expresando que V.S. pondera de forma sesgada las actas de guardia iniciales. El examen médico inicial practicado el día **/**/2026 por el Dr. Nicolás Lazcano (M.P. 4436) constató explícitamente que la niña S. no presentaba ningún tipo de lesión física a la inspección general, lo que desacredita de forma palmaria los relatos de agresiones físicas recurrentes o torturas corporales imputadas a mi asistido.
Refiere que se ha invisibilizado por completo la prueba aportada por esta defensa a fs. 214/215, consistente en registros fotográficos familiares fechados los días 24 y **/**/2026.En dichas capturas se observa a toda la unidad familiar compartiendo alimentos en la mesa del comedor de forma armónica, lo que colisiona abiertamente con el escenario de privación calórica sistemática relatado por el entorno denunciante.
Cita doctrina.
Sostiene que la base indiciaria que dio origen al procesamiento se encuentra viciada por la manifiesta ilegalidad de los informes y actas administrativas de la Dirección de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Pico Truncado (Actas N° 191/2026, N° 193/2026 y Constancia de Guardia de fecha **/**/2026)
Expresa la violación del Principio de Legalidad por Ausencia de Profesionales ,como reconoció la Lic. Sofía Pozzo a fs. 237, “a la guardia asiste otro personal, que no son psicólogos, porque no hay psicólogos de guardia”. El abordaje inicial de los niños y la posterior confección de las actas de maltrato fueron realizados por personal puramente administrativo (Sras. S. M. y K. G.). Estas agentes carecen de titulación universitaria en psicología o psiquiatría para realizar evaluaciones clínicas, detectar signos de fabulación o garantizar la no contaminación del relato por parte del entorno de la abuela denunciante. Elevar actas administrativas redactadas por idóneos al rango de prueba indiciaria criminal lesiona gravemente el debido proceso.
Indica arbitrariedad Metodológica e Invasión de Competencias Médicas, entendiendo que de la Constancia de Guardia de fs. 31/34, el personal de Niñez se arrogó facultades de los profesionales del arte de curar al dictaminar visualmente que los niños “se observan con muy bajo peso”, pretendiendo diagnosticar una desnutrición crónica. Calificaron la situación de gravísima a fs. 42 ignorando deliberadamente que el Dr. Nicolás Lazcano (M.P. 4436) determinó de forma fehaciente la ausencia de lesiones a la inspección general en la niña Sharon. El Departamento forzó un encuadre punitivo basado en meras apreciaciones visuales subjetivas desprovistas de toda validez jurídica.
Refiere que el organismo administrativo omitió de manera deliberada contextualizar la denuncia de la Sra. V. S. M., transformándose en una herramienta de parte para eludir el fuero de familia donde tramitaba un litigio judicial previo y activo contra su propia hija (autos VALENCIA SUSANA C/ R. M. S. S/ REGIMEN DE COMUNICACIÓN, Expte. N° 24944/26), induciendo a los menores a declarar en contra de sus figuras de apego, y la Trabajadora Social del Juzgado, Lic. Luna, confirmó a fs. 123 que las citaciones domiciliarias fueron posteriores al retiro de los niños, demostrando que jamás se garantizó el derecho a ser escuchados de los progenitores antes de emitir conclusiones de culpabilidad.
Concluye esa defensa expresando que al violarse las garantías metodológicas, corresponde aplicar el Artículo 158º ss. cc. Del C.P.P. y disponer la exclusión probatoria de dichas piezas administrativas.
Se agravia esa defensa indicando que el magistrado de grado ha subsumido los hechos bajo las calificaciones de Reducción a la Servidumbre (Art. 140 C.P.), Privación Ilegítima de la Libertad Agravada (Art. 142 incs. 1° y 5° C.P.), Lesiones Graves (Art. 90 C.P.) y Abandono de Persona Agravado (Arts. 106 y 107 C.P.) en concurso real. Indica que esa acumulación delictiva resulta desproporcionada, viola el principio de tipicidad estricta (Art. 18 N.N.) y el de interpretación restrictiva normado en el Artículo 3º de la ley ritual.
Sostiene la atipicidad de la Reducción a Servidumbre (Falta de Elementos Objetivos y Subjetivos indicando que en autos consta, mediante informes del Jardín N.° 26 y de la Escuela Primaria N.° 45, que los niños se encontraban formalmente escolarizados, insertos en aulas correspondientes a sus edades y bajo el control de las autoridades públicas pedagógicas. La existencia de inasistencias configura una problemática de índole socialeducativa, pero descarta de raíz el estatus de aislamiento absoluto y aniquilación de la libertad exigido por la figura penal de la servidumbre.
Por otra parte argumenta la atipicidad de la Privación Ilegítima de la Libertad. Se encuentra plenamente demostrado que las habitaciones carecían de cerraduras o llaves. A su vez, la escalera descrita en el hecho es una estructura metálica fija, colgada en el pasillo para el único fin de acceder al altillo, resultando imposible su uso diario como mecanismo de traba.
La defensa indica que contando los menores con aberturas libres hacia el exterior y un tejado transitable de baja altura (2,50 metros), se descarta el confinamiento material penalizable.
Asimismo la defensa se agravia sosteniendo la atipicidad de las Lesiones Graves No consta en el expediente pericial ninguna secuela biológica o funcional irreversible causada por un actuar traumático de su asistido. Ante la total ausencia del resultado calificado por el artículo 90 del C.P. y la falta de un nexo causal eficiente, la calificación aplicada adolece de una atipicidad objetiva insubsanable.
Refiere la atipicidad del Abandono de Persona. Los niños residían en un inmueble de dos plantas en óptimas condiciones habitacionales, de propiedad de G. M. M., provistos de vestimenta, alimentos y asistencia económica recurrente garantizada por el salario del encartado en la empresa MARBAR (ingreso de $2.500.000).
Asimismo, el artículo 107 agrava el abandono únicamente cuando es cometido por los padres biológicos. Su defendido reviste la condición de progenitor afín (padrastro); la posición de garante penal de custodia exclusiva recae sobre la madre biológica conviviente, careciendo su asistido de la atribución típica de guarda exigida por el artículo 106 del C.P.
Cita doctrina.
Argumenta la violación al Principio Ne Bis In Idem y Errónea Aplicación del Concurso Real (Arts. 54 y 55, C.P.) así, sostiene que V.S. ha multiplicado los tipos penales de forma artificial, utilizando idéntico sustrato fáctico (omisión de alimentos, cuidados higiénicos y permanencia en la habitación) para fundar en paralelo la servidumbre, la privación de la libertad y el abandono de persona. Errónea Aplicación del Concurso Real. Un marco de cohabitación familiar extendido a lo largo de meses, regulado por una sola dinámica de organización hogareña, conforma dogmáticamente una unidad de acción con pluralidad de tipos (concurso ideal - Art. 54 C.P.), y jamás un concurso real (Art. 55 C.P.).
Sostiene que la aplicación efectuada en autos se elude con el único fin de elevar aritméticamente la escala penal para forzar la procedencia de la prisión preventiva, convirtiendo la medida cautelar en un adelanto ilegítimo de la pena.
Asimismo la defensa se agravia expresando la defectuosa fundamentación para el dictado de la prisión preventiva, indicando que ha convertido la medida de coerción más extrema en una pena anticipada, sustentándola únicamente en la gravedad en abstracto de las escalas penales de los delitos imputados.
Refiere la ausencia de Riesgos Procesales Reales e Invalidez de la Penalidad Abstracta.
La resolución de V.S. carece de indicadores de conducta concretos e individualizados; su asistido cuenta con arraigo domiciliario permanente, estable y perfectamente individualizado en la ciudad de Pico Truncado, siendo el legítimo titular dominial del inmueble familiar donde reside habitualmente, posee trabajo en blanco en una empresa de la industria del petróleo en esta ciudad.
Expresa que Inexistencia de Peligro de Entorpecimiento por Fijación Definitiva de la Prueba, en las presentes actuaciones, las declaraciones en Cámara Gesell ya fueron tomadas, las historias clínicas se encuentran secuestradas y las extracciones digitales sobre los dispositivos informáticos (cámaras de seguridad EZVIZ, Gadnic y telefonía) ya fueron procesadas por la División de Investigaciones. Al estar la prueba fijada y bajo estricto control jurisdiccional, su asistido carece de posibilidad fáctica de alteración.
Asimismo indica que se ha omitido evaluar la aplicación de medidas de coerción alternativas. Al encontrarse los niños bajo la guarda provisoria formal de su abuela materna por el plazo de 120 días mediante Disposición N° 17 de la Dirección de Niñez, y mediando ya órdenes de prohibición de acercamiento recíprocas vigentes, la libertad de su defendido no representa riesgo alguno para las presuntas víctimas, resultando la prisión preventiva una medida arbitraria, desproporcionada y violatoria del principio in dubio pro reo (Art. 4º). Hace reserva a Caso Federal.
En esta instancia al ampliar fundamentos, sostiene que las entrevistas en Cámara Gesell a los niños S.A.C.S. y N.A.C.S. exhiben vicios metodológicos insalvables que restan todo valor científico a sus resultados. Así serian el uso de interrogación cerrada y confirmatoria: La modalidad de interrogación oficial adquirió características predominantemente cerradas, reduciendo las respuestas de los menores a una hipótesis predeterminada por el adulto.
Reconducción del discurso: Frente a respuestas que habilitaban múltiples vías o explicaciones alternativas, la entrevistadora tendió sistemáticamente a reconducir el discurso hacia una hipótesis de culpabilidad.
Expresa que al no poder deslindarse qué porción del relato fue espontánea y qué porción fue inducida, los informes carecen de la validez que el juzgador les otorgó. Cita Doctrina.
Agrega como agravios su adhesión al planteo de nulidad absoluta de las Actas de Cámara Gesell (fs. 79 y fs. 131) articulado por la defensa de la coimputada R. M. S.. Los fundamentos resultan idénticos y plenamente extensibles a la situación del Sr. G. M. M.. Acto definitivo e irreproducible: Las declaraciones de los menores constituyen actos procesales definitivos que exigen el más estricto control bilateral de la prueba .Ausencia de defensa técnica eficaz: La defensora oficial originalmente notificada se vio en la obligación legal de excusarse (fs. 130) por incompatibilidad manifiesta, al patrocinar simultáneamente a la denunciante de autos. Vulneración de garantías constitucionales: Pese a la excusación, las Cámaras Gesell se llevaron a cabo sin que se hubiese designado y notificado en forma oportuna a un nuevo defensor técnico que garantizara el control de la prueba en favor de las defensas.
Cita Doctrina.
Expresa que la declaración de nulidad absoluta de las Actas de Cámara Gesell (fs. 79 y fs. 131) por indefensión técnica proyecta de manera inexorable sus efectos extintivos sobre toda la prueba derivada del expediente. Cita jurisprudencia.
Concluye que al eliminarse las Cámaras Gesell, pierden total eficacia jurídica los Informes Psicológicos Oficiales (que constituyen una derivación directa y un análisis lineal del audio y video viciados), las Actuaciones Administrativas Posteriores del organismo de niñez (Acta N.º 191/2026) y cualquier otra peritación médica basada exclusivamente en dicha plataforma fáctica viciada. Por último agrega informe realizado por la Lic. LUCILA CARO, quien observó las cámaras Gesell y los informes psicológicos realizados.
II.C.- Al contestar la vista a fs. el Ministerio Pupilar expresa, en parte pertinente: "este Ministerio Pupilar viene a manifestar que no detecta vulneración de defensa que sea materia de nulidad en tanto las garantías han sido respetadas. Por lo que la impugnación de la Cámara Gesell podría generar sobre mis asistidos una vulneración aún mayor a la que padecen actualmente. Pese al esfuerzo manifestado en los planteos de las defensas, la crítica respecto de la Cámara Gesell no alcanza a delimitar concretamente cuál es el interés afectado de su representado, en tanto aún en el extremo que no hayan podido ejercer un control coetáneo a la realización de la prueba, la crítica realizada no puede invalidar la prueba mencionada por cuanto se realiza en soporte fílmico y auditivo que permite su control posterior mediante incluso especialistas, tal como ha sucedido en este caso en favor de uno de los imputados, con la posibilidad de revisar el contenido.
Que haya un perito de control en el acto para realizar un observación coetánea no degrada la posibilidad de una observación posterior del soporte fílmico para realizar un control de la prueba y poder, si pluviere, ejercer una crítica sobre su contenido. Del contenido de las presentaciones y pedido de nulidad de las defensas, no puede inferirse más que un señalamiento del desacuerdo respecto del método de realización de las mismas, lo que bien puede ser parte de una alegación pero no de una intención impugnativa de la prueba en tanto no hay violación flagrante y fatal de la garantía de defensa de los imputados, quienes han podido ejercer una observación posterior al acceder al contenido del soporte digital y no han demostrado un perjuicio tal que impida una efectiva defensa.
Independientemente del control que pudiera hacerse de la Cámara Gesell, esta no es la única prueba a considerar dentro de un proceso. Es una entre varias que deben generar entre si un discurso unívoco que de indicio de la existencia de un hecho y de su autoría por parte de quien es denunciado. Por lo que el cotejo y control de otras pruebas también sirven a los efectos de la defensa para poder ejercerla sin turbaciones dentro de un sistema penal judicial donde las garantías son respetadas y donde prevalece el principio de inocencia como principal rector. Por lo que esta circunstancia, la posibilidad del cotejo con otras pruebas y el control de cada una de ellas dentro del proceso, son una garantía de una correcta defensa en juicio.
Fundamentalmente la Cámara Gesell es una garantía para una víctima menor de edad de ser escuchada, una forma de darle la posibilidad de poder declarar de forma mediata a las niñeces que sino debería ser realizada frente a un Tribunal y personas desconocidas. La Cámara Gesell es de por si una forma profesional de llevar adelante una declaración de una persona menor sin revictimizarla y dañarla en su mismidad más allá de lo que ya ha padecido como víctima de un hecho. Por último, es importante destacar que frente a cualquier otro interés los derechos de la niñez son imperantes en razón del interés superior de las niñeces y por la prevalencia como sujetos de derecho de mis tutelados. Y esto es un mandato constitucional que como en este caso, busca el bienestar y el derecho que mis pupilos sean oídos aún en el supuesto de tener que realizar ajustes y adecuaciones sobre el derecho de defensa del imputado, en tanto no sea vulnerado este.
Es por ello que en virtud del interés superior de la niñez, ante el confronte o disyuntiva de derechos, debe preponderar el derecho de mi pupila. Por lo que este Ministerio Pupilar viene a solicitar sea rechazado el recurso interpuesto, en oposición a la fundamentación del recurso impetrado, debiendo rechazarse el mismo."
II.D.-Por su parte, el Sr. Fiscal de Cámara, expresó que: “I.- En primer término, cabe mencionar que la Defensora Pública Oficial, quien ejerce la defensa técnica de la Sra. R. M. S., a fs. 267/269 interpone recurso de apelación contra la resolución de mérito de fs. 241/261. En dicho acto, desarrolla de forma completa sus agravios, entre los cuales articula una serie de nulidades.Sin embargo, se observa que el A quo, en vez de efectuar el correspondiente juicio positivo de admisibilidad formal del recurso de apelación, es decir, verificar si quien recurría contaba con la legitimación correspondiente, si se encontraba dentro del plazo legal y si la resolución era susceptible de ser impugnada, se extralimita en su entendimiento y, ante las nulidades planteadas dentro de los agravios, ordena a fs. 282 vta. correr vista al Sr.
Agente Fiscal.Posteriormente, y una vez evacuada la vista a fs. 302/303, el Juez de Instrucción Subrogante a fs. 309/310 (mediante el interlocutorio individualizado al T.° LXXXVII, R.° 9012, F.° 28/29) valora los planteos nulificantes y se expide respecto de los mismos rechazándolos, asimismo mantiene el auto de procesamiento dictado y procede a conceder los recursos de apelación deducidos (cabe señalar que a fs. 288/289 el Defensor Particular del coimputado G. M. M., también había interpuesto recurso de apelación).Señalado esto, es que este Ministerio Público Fiscal entiende que el A quo, al resolver el fondo de los planteos de nulidad articulados en el recurso de apelación, se arroga facultades que le son ajenas, vulnerando de este modo el principio constitucional del debido proceso penal.
Toda vez que, es el Ad quem quien debe entender y resolver el fondo del recurso impetrado por el recurrente, tanto en las cuestiones de hechos y derecho, vale decir, como en los planteos de nulidad contenidos en los agravios.Que dicha competencia se desprende de lo establecido en el art. 428 del C.P.P. en cuanto establece "... El recurso atribuirá al tribunal de alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos del agravio...", es decir, que el tribunal revisor debe limitarse a examinar la decisión impugnada sobre la base del material reunido en primera instancia y sólo en la medida de los agravios formulados contra la misma.Así las cosas, el Juzgado de Instrucción realiza una suerte de desdoblamiento del recurso de apelación interpuesto al rechazar las nulidades contenidas en él, lo que equivaldría a “rechazar parcialmente el recurso”, acto que afecta tanto el debido proceso y las reglas de competencia funcional y de grado, lo que acarrea una irregularidad que debe ser sancionada con la nulidad absoluta.Por todo ello, este Ministerio Público Fiscal solicita a V.E. que declare la nulidad parcial del decreto de fecha 14 de julio de 2026 a fs. 282 y vta., anteúltimo párrafo, del dictamen de fs. 302/303 y del auto interlocutorio de fs. 309/310 vta.II.- En segundo término, y sin perjuicio de lo manifestado, para el caso en que V.E. entienda que no corresponde dictar la nulidad peticionada, corresponde dictaminar sobre las cuestiones de irregularidad planteadas por ambas defensas.Para el tratamiento de las nulidades debemos tener en cuenta dos aspectos: a) la existencia de sanción legal (voluntad expresa de la ley de sancionar el acto cuando no se observen las disposiciones previstas) y b) el incumplimiento de garantías constitucionales que causen un perjuicio efectivo, vulnerando especialmente el “debido proceso” y la “defensa en juicio”.
Asimismo, resulta trascendental que este perjuicio se demuestre efectivamente durante la sustanciación y que entrañe un agravio real y concreto.La Defensora Pública Oficial desarrolla tres planteos de nulidad. El primero relacionado con la declaración testimonial de la Sra. V. S. M. (madre de la imputada), la cual entiende que se encuentra comprendida en la prohibición tanto de denunciar como de declarar, conforme a los arts. 170 y 226 del C.P.P. A su vez, señala que dicha testigo no encuadra en el supuesto de excepción previsto por la norma.El segundo planteo es respecto a las actas de ambas Cámaras Gesell practicadas a los niños, las cuales precisa que se sustanciaron sin garantizar el control bilateral de la prueba, toda vez que la defensora técnica originalmente notificada para asistir a su representada se excusó de intervenir por encontrarse patrocinando a la denunciante V.
S. M.. Añade que no consta en el expediente que, con anterioridad a la realización de dichos actos, se hubiera designado y notificado en forma oportuna a un nuevo defensor que pudiera ejercer efectivamente dicho control.Por último, plantea la nulidad del Acta N.° 193/2026, confeccionada por el organismo de Niñez, en cuanto documenta manifestaciones espontáneas de su defendida sin la asistencia de un defensor técnico, las cuales fueron incorporadas al legajo.Por su parte, el Defensor Particular, al momento de presentar el informe que prevé el artículo 347 del C.P.P., adhiere a las nulidades planteadas por la Defensa Pública Oficial y articula la nulidad de los informes psicológicos oficiales por supuestos defectos metodológicos al momento de llevarse a cabo las Cámaras Gesell.Sentado ello, corresponde ingresar al análisis del primer planteo nulificante, los artículos citados por la defensa establecen que no podrán denunciar o testificar en contra del imputado su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, salvo que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del propio testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo liga con aquel.Ahora bien, el alcance de dicha prohibición tiene su fundamento en la protección de la cohesión familiar y en la necesidad de evitar que quien se encuentra unido al imputado por estrechos vínculos de parentesco sea colocado ante la disyuntiva de contribuir a su persecución penal o faltar a la verdad para protegerlo, incurriendo en falso testimonio.Sin perjuicio de ello, la aplicación de la restricción no puede ser automática, sino que exige examinar las circunstancias concretas del caso y verificar si subsiste el interés familiar que la disposición procura preservar.Tal hermenéutica adquiere particular relevancia cuando se investigan hechos de violencia intrafamiliar como el de autos, en donde se tiene como víctimas a los propios niños y como sujetos activos a la progenitora conviviente de estos; es decir, a aquella persona que debe velar por la adecuada protección y desarrollo de los menores.En este supuesto de aplicar de forma literal la prohibición implicaría desconocer el bloque de constitucionalidad, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, impidiendo de esta manera la tutela judicial efectiva hacia los niños, quienes por su condición de tal presentan una situación particular de vulnerabilidad basada en la dependencia necesaria de un adulto.De acuerdo con las circunstancias del caso y la condición de víctimas de los niños, la prohibición de denunciar y testificar no debe operar de manera automática, debiendo ceder frente a casos donde los vínculos familiares cuya preservación constituye la razón de ser de la norma se encontraban ya fracturados.En relación al segundo planteo referente a las declaraciones en cámara Gesell, entiendo que no se ha vulnerado el derecho de defensa, pues, la Defensa Técnica tuvo acceso a las actuaciones, y el "control de la prueba" no implica necesariamente la asistencia obligatoria a cada acto en el cual se incorpora información al proceso, sin perjuicio de la facultad de hacerlo.Si la información ha sido incorporada correcta y válidamente al legajo a través de un medio probatorio legal, la sola notificación a la defensa sobre la realización de la audiencia en cámara Gesell con indicación de fecha y hora satisface plenamente la exigencia legal, sin perjuicio que la defensora pública oficial haya presentado con posterioridad un escrito solicitando ser apartada de la causa, pretensión que al momento de llevarse a cabo la audiencia no estaba resuelta, por lo que continuaba desempeñándose en el cargo de defensora de la imputada.A diferencia de lo que sostiene la recurrente, la audiencia en cámara Gesell no constituye un acto irreproducible, sino una testimonial con un procedimiento especial tendiente a evitar la revictimización, teniendo en miras el interés superior del niño.En lo referente al planteo sobre el Acta N.° 193/2026, entiendo que la misma cumple con los requisitos de legalidad y obedece a actuaciones de carácter administrativo en el marco de la competencia propia de la Dirección de Protección Integral de Niñez y Adolescencia.Por último, el Defensor Particular impugna los informes psicológicos oficiales por entender que presentan defectos metodológicos.
Del análisis de dichos elementos no se advierten las deficiencias alegadas. Al respecto, la Lic. Giselle Ayala, a fs. 135/136 y 138/139, confeccionó los informes referidos en el artículo 234 bis inc. c) del C.P.P., observando esta Fiscalía que se cumplió con los requisitos establecidos en el ordenamiento procesal penal, toda vez que se detallan las impresiones de la profesional al momento de realizar la recepción del testimonio, el estado psicológico del adolescente y los procedimientos realizados.De las formulaciones expresadas por el presentante, a criterio de esta Fiscalía, no surge causal de nulidad alguna ni existió lesión a garantías constitucionales que requiera extirpar del proceso acto alguno.
Por el contrario, considero que se han respetado tanto el derecho de defensa como las garantías constitucionales.Por todo lo expuesto, solicito a V.E. que declare la nulidad parcial del decreto de fs. 282, anteúltimo párrafo, del dictamen de fs. 302/303 y del auto interlocutorio de fs. 309/310 vta.; y, de forma subsidiaria, rechace los planteos formalizados por ambas defensas. III.-En primer término y comocuestión preliminar corresponde tratar la irregularidad en que incurriera el Sr. Juez de Instrucción al dar tratamiento a las nulidades expresadas por la defensa como agravios en su escrito recursivo.
Analizadas las constancias y compartiendo lo expresado por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 424/426, entendemos que el Juez de Instrucción se arroga facultades que le son ajenas, vulnerándose el principio constitucional del debido proceso.
Siendo las nulidades planteadas por la defensa agravios que fundamentan su recurso, la valoración y decisión adoptada por el a quo viola las reglas de competencia funcional y de grado, correspondiendo declarar la NULIDAD del proveído de fs. 282 párrafo que refiere:"... Por recibida la presentación efectuada por la Defensa de Soto a fs. 267/279, en atención a la nulidad planteada, córrase vista al Agente Fiscal " como así del auto que de ella deriva obrante a fs. 309/310 vta. IV.-Establecido ello se debe ingresar al examen de la resolución impugnada en función de los agravios de la defensa oficial en representación de la Sra. R. M. S. y los expresados por el Defensor particular Dr. Marcelo Urbano Quintero en representación del Sr. G. M. M..
1.-Imputada R. M. S.:
Corresponde me expida en relación a la nulidad planteada por la defensa.
Así, como criterio hermenéutico, cabe señalar que, en los autos caratulados: “C. E. O. S/ Homicidio en Grado de Tentativa” Expte. Nº C-****/23, N° de Recursos 7022/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "III.-Establecido ello, corresponde en primer término que me expida en relación a la nulidad planteada por la defensa, fundada en la presunta parcialidad del Sr. Juez de Instrucción. Ante todo, cabe tener presente lo resuelto por el suscripto y por el Tribunal Superior de Justicia en orden al planteo de nulidades. En los autos “S. M. S/ DENUNCIA ESTAFA” Expte. Nº 14.447/19, N° de Recursos 6480/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "Comocuestión preliminar corresponde tratar el planteo de la irregularidad de la que adolecería toda la instrucción realizada por el Dr.
M., en base a la insignificancia de la afectación del bien jurídico. Lo planteado por el Defensor Particular no se encuentra siquiera mínimamente motivado como para analizar su tratamiento, razón por la cual deben rechazarse. En materia de nulidades mínimamente se debe fundar teniendo en cuenta qué acto procesal se cuestiona, la irregularidad del mismo conforme a las normas que regulan su producción y materialización, o las normas constitucionalesconvencionales que le sirven de sustento en caso que el mismo efectivice una garantía, un derecho o imponga un deber constitucional-convencional, que perjuicio concreto ocasionó teniendo en cuenta los hechos y las particularidades de cada causa, no siendo procedentes fundamentos de carácter dogmáticos o generales sin expresar los agravios y los perjuicios en concreto, que le causan a quien los alegue.
Tildar de "nulo" todo el proceso sin especificar lo señalado en el párrafo anterior, solo puede ser considerado como una simple opinión respecto del sistema de enjuiciamiento penal que no tiene ningún impacto en autos, ni en cada juicio en particular que se sustancie, pues el mismo no es disponible por las partes, en virtud del principio de legalidad y del sistema representativo, republicano y federal de gobierno adoptado por nuestro constituyente originario en el artículo 1° de nuestra carta magna, en su hermenéutica armónica y pacífica con los arts. 75 inc. 12, 121 y 122, donde queda claramente establecido que los ordenamientos procesales son facultades no delegadas por las Provincias al Estado Federal.
En autos "R. M. A. S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte. Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del **/**/2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "En este sentido, conforme a el principio de trascendencia, no hay nulidad sin perjuicio, siendo lo señalado un requisito esencial para que proceda la declaración de invalidez de un acto procesal; en otros términos se tiene que acreditar de manera indefectible la existencia de una limitación de un derecho del imputado, vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que son su causa. Lo expuesto precedentemente obedece a que rige en materia procesal, el principio de conservación de los actos procesales en virtud del cual no corresponde declarar la invalidez por la invalidez misma, esto es en aras al purismo de las formas, en mero beneficio de la ley, porque ello importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia, en tanto la invalidez debe ser observada en relación con su función que es la situación de indefensión en que deja a la parte que alega.
(Cfr. Jauchen, ob. cit. pág.85). Como bien lo sostiene la doctrina, las formas procesales no constituyen un fin en si mismas, sino que se orientan al logro de una meta principal en el procedimiento; dice Arocena "...ellas establecen el modo en que debe realizarse la actividad procesal, con la finalidad inmediata o mediata de hacer efectivas las garantías que consagra la Constitución Nacional para proteger los intereses involucrados en el ejercicio de la función judicial del Estado en lo penal. Por consiguiente, deberá escudriñarse la garantía constitucional implicada en la consagración de determinada forma procesal para, de ese modo, dilucidar si la observancia de las pautas de actuación establecidas por la última debe necesariamente acarrear la privación de los efectos jurídicos del proceder defectuoso..." (Arocena, ob. cit.)".-
Iniciare analizando lo expresado por la defensa en cuanto al planteo de nulidad de la declaración de la Sra. V. S. M. por considerar que se encuentra alcanzada por la prohibición de denunciar contemplada en el art 170 del C.P.P. y en la prohibición de declarar del art. 226 del C.P.P.
Sobre los argumentos esbozados, debo declinarlos, compartiendo lo expresado por el Sr. Fiscal en cuanto a que, el alcance de las prohibiciones tienen su fundamento en la protección de la cohesión familiar y en la necesidad de evitar que quien se encuentra unido al imputado por estrechos vínculos de parentesco sea colocado ante la disyuntiva de contribuir a su persecución penal o faltar a la verdad para protegerlo, incurriendo en falso testimonio. Así, se entiende que esa restricción no puede ser mecánica, sino como bien lo expresa el Fiscal, se exige examinar las circunstancias concretas del caso y verificar si subsiste el interés familiar que la disposición procura preservar.
La regla sin admitir excepción alguna, llevada a un extremo interpretativo y lógico, aislaría todo suceso acaecido en un ámbito familiar, en razón de los vínculos de parentesco, de la intervención del Estado, no solo en función punitiva, sino y en especial, con la finalidad de reparación a través de conjurar las conductas lesivas sobre personas que se encuentran siendo victimizadas de diferentes modos.
El respeto a la cohesión familiar no puede operar como refugio de la impunidad cuando las declaraciones de la víctima o de parientes cercanos constituyen prueba fundamental para proteger derechos de terceros vulnerables; la valoración debe priorizar la protección de la víctima y la eficacia de la investigación penal. En el caso que nos ocupa, se parte de la existencia de dos menores de 7 y 5 años que se encontraban en riesgo concreto, siendo las personas sindicadas como autores de esa situación la progenitora y su pareja.
Es la niña de 7 años que escapa del domicilio que compartía con su progenitora y se dirige, con la finalidad de pedir auxilio, al domicilio de su abuela materna Sra. V. S. M., circunstancia que exige a la Sra. V. S. M. intervenir requiriendo el auxilio de personal policial para hacer cesar la situación de riesgo en que se encontraban sus nietos. Nótese que la niña recurre a su abuela materna pidiendo auxilio, advirtiéndose el grado de vulnerabilidad en la que se encuentra la menor, y siendo su abuela el referente afectivo al que la menor acude por no representarse otro adulto al que pueda pedir auxilio, y es en ese contexto en el que la Sra. V. S. M. interviene poniendo en conocimiento esta situación.
La excepción a la prohibición que se realiza en autos, tiene anclaje en el derecho procesal en general, allende la rama de fondo en el cual se desarrolla. En este sentido, se ha sostenido que: “El principio es el que sienta la prohibición de que el cónyuge y los parientes declaren en contra de una de las partes (art. 309, CPCC de Córdoba) y como tal debe ser respetado;
no obstante como todo principio puede tener sus excepciones y ellas estar dadas por las circunstancias del caso. Un Tribunal laboral no puede cerrar los ojos frente a ciertos juicios en donde constituye regla de la experiencia que por las propias circunstancias fácticas existen grandes dificultades probatorias, en virtud de lo cual se puede hacer la excepción en tanto sea la parte que presenta el parentesco la que ofrezca el testigo. En autos, el testigo, hermano del actor y ex compañero de trabajo que ocupaba con anterioridad el puesto laboral con la categoría profesional que se reclama en autos, adquirida por el accionante una vez que su hermano renunció, devine en necesario y por ello debe ser escuchado rechazándose el incidente de exclusión, en tanto, al ser propuesto por la propia parte interesada queda relevado de la violencia moral que trata de evitar la norma procesal. Por otra parte, esta declaración, como todas, debe ser evaluada a la luz de la sana crítica racional, y así determinar si se ha faltado a la verdad, si se ha pretendido favorecer la posición de la parte de que se trata, o si por el contrario se ha sido objetivo en la descripción de lo acontecido y consiguientemente tener en cuenta o no la declaración.” (Conforme Villarreal, Ángel Adrián vs. Carbajales, Manuel Orlando /// Cám. del Trab., San Francisco, Córdoba; 30/06/2011; Rubinzal Online; RC J 10072/11) y que: “El hecho de que la testigo fuera hermana del coactor y cuñada de la actora, no invalida su declaración, pues doctrina calificada tal como lo es la propia del Dr. Lino Enrique Palacio (en "Derecho Procesal Civil" T. IV Ed. Abeledo Perrot), quien sostiene que la limitación establecida en el Código Procesal encuentra excepciones pues: "... puede también admitirse pese a la prohibición del art. 427, siempre que las declaraciones de los parientes, sean a favor o en contra de la parte con la cual se hallan vinculados, resulten insustituibles y por ende necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, porque la rigidez de la norma y los principios que la inspiran no pueden llegar al extremo de excluir, en absoluto, la aplicación de las reglas de la sana crítica, y de consentir el pronunciamiento de una sentencia injusta" (pág. 579/79 vta).” (Conforme Rocco, Rubén Alejandro y otro vs. R. M. J. y otros s. Despido /// CNTrab. Sala VII; 18/06/2010; Boletín de Jurisprudencia de la CNTrab.; RC J 15791/10)
Claro que el razonamiento que se expresa en esta causa, fundamentando la excepción a una regla, es de interpretación restrictiva, y no se transforma, de manera alguna, en una regla de interpretación que desvirtúe la norma procesal establecida en el art. 226 del CPP. Por el contrario, la regla de la prohibición debe ser aplicada siempre, salvo casos en donde el principio de supremacía de la realidad y la protección de personas vulnerables, se vea seria y concretamente, comprometida, como resultó ser el caso de autos.
Por lo expuesto concluyo que no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa en cuanto a la declaración de la Sra. V. S. M. entendiendo que no se puede aplicar de manera absoluta la prohibición cuando la misma implica la vulneración de los derechos de víctimas menores de edad.
Por otra parte corresponde analizar la nulidad planteada en cuanto a la falta de notificación a la defensa de la realización de las entrevistas mediante Cámara Gesell de los menores víctimas, la cual tampoco puede tener acogida favorable.
En los autos caratulados: “O. D. N./ Denuncia Infracción al art. 119 del C.P.A ” Expte. Nº O-31358/21, N° de Juzgado de Recursos 7262/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "IV.- Establecido ello corresponde ingresar al análisis de la resolución apelada en función de los agravios de la parte recurrente. Ante todo debo señalar que, respecto a la cuestión a decidir en los presentes, ya me he expedido en otra oportunidad ante un planteo de idéntico tenor del Sr. Defensor particular. En efecto, en los autos caratulados “M. M. D. C. S/ DENUNCIA (M.A.P.)” Expte. Nº 12909/18, N° de Juzgado de Recursos 6878/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "IV.-Establecidos los agravios debe ingresarse al estudio del caso, señalando que en la interposición del recurso de apelación y su motivación, la defensa solo hace foco en el planteo de nulidad por falta de notificación de la audiencia en Cámara Gesell al imputado en forma personal, aunque la misma, y todos y cada uno de los actos realizados les fueran notificados con la debida antelación a su defensa técnica.- Como cuestión previa, y como pauta hermenéutica para el análisis del presente caso, señalase que en autos "R.
M. A.S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte. Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del **/**/2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "En este sentido, conforme a el principio de trascendencia, no hay nulidad sin perjuicio, siendo lo señalado un requisito esencial para que proceda la declaración de invalidez de un acto procesal; en otros términos se tiene que acreditar de manera indefectible la existencia de una limitación de un derecho del imputado, vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que son su causa. Lo expuesto precedentemente obedece a que rige en materia procesal, el principio de conservación de los actos procesales en virtud del cual no corresponde declarar la invalidez por la invalidez misma, esto es en aras al purismo de las formas, en mero beneficio de la ley, porque ello importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia, en tanto la invalidez debe ser observada en relación con su función que es la situación de indefensión en que deja a la parte que alega.
(Cfr. Jauchen, ob. cit. pág.85). Como bien lo sostiene la doctrina, las formas procesales no constituyen un fin en si mismas, sino que se orientan al logro de una meta principal en el procedimiento; dice Arocena "...ellas establecen el modo en que debe realizarse la actividad procesal, con la finalidad inmediata o mediata de hacer efectivas las garantías que consagra la Constitución Nacional para proteger los intereses involucrados en el ejercicio de la función judicial del Estado en lo penal. Por consiguiente, deberá escudriñarse la garantía constitucional implicada en la consagración de determinada forma procesal para, de ese modo, dilucidar si la observancia de las pautas de actuación establecidas por la última debe necesariamente acarrear la privación de los efectos jurídicos del proceder defectuoso..." (Arocena, ob. cit.)".- Analizadas las presentes actuaciones, débese señalar que el planteo de nulidad por violación de la garantía de defensa obliga de manera preliminar a realizar un estudio exhaustivo, por la gravedad que implica dicha violación, de los actos jurisdiccionales realizados para la instrucción de la presente causa.
Ello así, pues hay que distinguir en el ejercicio efectivo de la defensa en juicio de una persona y sus derechos, en primer lugar si el poder jurisdiccional le ha garantizado la posibilidad de ejercer dicha garantía. En caso de que no se verifique ninguna irregularidad, si la parte lo plantea como agravio concreto, deberá analizarse si la actuación de la defensa por parte del profesional designado, sea público, público “ad hoc” o particular, etc., ha sido efectiva y eficaz, teniendo en cuenta siempre que no es el Estado quien establece la estrategia de defensa técnica y/o material, sino que éste se limita a verificar graves y concretos estados de indefensión, los que, obviamente, deben estar detallados en los agravios correspondientes, no pudiéndose los mismos dar por supuestos, pues ello sería un avasallamiento del libre ejercicio del derecho de defensa y de la profesión de abogado.
Sobre esta línea de análisis, respecto al primer tópico, corresponde señalar que en autos no se verifica ningún acto jurisdiccional que haya obviado la intervención de la defensa técnica ni, cuando el estado de la causa lo permitió, la defensa material en cabeza del propio imputado, que pueda implicar una violación al principio de paridad de las partes o que haya omitido dar la posibilidad de intervención de la defensa, la que siempre tuvo acceso a todos y cada uno de los actos del proceso. Por ello no existe irregularidad de acto alguno en la presente causa realizados por la función jurisdiccional, que dé lugar a la sanción de nulidad peticionada, pues siempre la defensa tuvo la oportunidad de intervenir en esta etapa preliminar del proceso.
En los autos caratulados: “INC. DE C. M. J. S/Abuso Sexual” Expte. Nº I-50525, N° de Recursos 5971/20, sostuve que: "En relación a la falta de notificación al imputado desde el momento de la denuncia y la supuesta imposibilidad de controlar la prueba, es necesario señalar que a partir de la recepción de la denuncia y el Requerimiento Fiscal de Instrucción, el Sr. Juez de Instrucción dio intervención a la defensa pública, quien ejerció en autos la defensa técnica de sospechoso, luego imputado-procesado. La garantía de defensa en juicio implica dos aspectos del ejercicio del derecho de defensa de una persona, por un lado, la defensa material que ejerce el propio imputado y por otro, la defensa técnica efectiva que la realizan abogadas y abogados, particulares o públicos.
El código de rito establece en el artículo 188 un estado procesal límite para hacerle saber al imputado la existencia de una instrucción en su contra para que éste pueda comenzar a ejercer su defensa material, pero le asegura desde el inicio de la investigación la defensa técnica de sus derechos a través de la Defensoría Pública Oficial. Ese momento es antes de materializarse la declaración indagatoria, y si bien el mismo puede ser convocado por la autoridad jurisdiccional o presentarse espontáneamente, incluso cuando el sumario está en manos de la autoridad policial, se asegura la defensa en juicio del mismo con su asistencia técnica a cargo de la Defensa Pública Oficial, a partir del inicio de la instrucción propiamente dicha, que es cuando la misma es comenzada de oficio por el Sr.
Juez de Instrucción previa recepción del sumario policial o cuando tiene por presentado el Requerimiento Fiscal de Instrucción (Art. 187 primer párrafo del CPP.). En ese Decreto, al darle formalmente inicio a la instrucción y dar intervención a la Defensoría Pública Oficial, se garantiza la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, pudiendo el mismo tramitarse hasta el momento de la indagatoria en donde se le deberá dar intervención para que pueda defenderse materialmente. Ello, pues hasta que no haya el requerimiento Fiscal de Instrucción o el Decreto de inicio de oficio de las actuaciones recepcionadas de sede prevencional, puede haber un acto de desestimación de la denuncia, lo cual impediría siquiera la formalización de la instrucción.
Hasta el momento de la declaración indagatoria, los actos procesales fueron notificados a la defensa técnica quien ejerce el control de todos los actos llevados a cabo por el Sr. Juez de Instrucción, por lo que no existe vulneración a la garantía de la defensa en juicio, tal y como lo plantea en el agravio el Sr. Defensor, por lo que entiendo que debe desestimarse el mismo”.- Ahora bien, la defensa además, en sus agravios y de modo general, endereza su planteo sosteniendo, sin dar mayores fundamentos, que el imputado no ha tenido una defensa eficaz. Como señalé, el agravio, además de ser genérico, no señala cuales fueron los actos u omisiones que implican un grave estado de indefensión técnica por parte de su antecesor en el cargo, no siendo suficiente disentir con la estrategia de defensa realizada hasta el presente, pues ello cae en el ámbito del libre ejercicio de la profesión del abogado.
En este sentido, a guisa de ejemplo, puede un profesional del derecho en el ejercicio de su trabajo como defensor particular, establecer distintas modalidades o criterios para garantizar la efectiva defensa técnica de su cliente. Esta elección tiene que ver con la evaluación de la estrategia considerando al proceso penal de forma integral, es decir tanto en lo que respecta a la etapa de instrucción como a la de juicio. La misma puede encaminarse a negar el hecho, a establecer una contradicción o explicación distinta del mismo, o simplemente a controvertir la teoría del caso de la acusación, y cuestionar la prueba, y tantas otras como abogados haya, pues en el proceso penal, es el Estado quien debe acreditar la culpabilidad de una persona.
De este abanico de formas de estrategias de un caso, para caer en una efectiva indefensión técnica, quien lo plantea debe claramente señalar cuales han sido los actos u omisiones que se han formulado, que han afectado concretamente la defensa técnica efectiva y eficaz, para que la misma pueda ser declarada irregular y merecer la sanción de nulidad de un acto o distintos actos en particular por indefensión o abandono de la misma. Es un acto gravísimo dicho incumplimiento, que no puede estar basado en una opinión a posteriori, sobre lo que supone una parte que debería ser una estrategia adecuada o mejor, sino en verificar la carencia o grave deficiencia en la asistencia técnica al imputado. Ello, va de suyo, pues un planteo de estas características, supone una grave violación a las normas de ética general del ejercicio de la abogacía, por las cuales, y en caso de verificarse, ello deberá ser motivo no solo de la remoción de la defensa y su sustitución en la causa, sino de actuaciones por parte del Excmo.
Tribunal Superior de Justicia, en el ejercicio de la potestad disciplinaria en base al “gobierno” de la matrícula. Si no existen actos y omisiones concretas que hayan ocasionado perjuicios irreparables, máxime teniendo en cuenta que la mayoría de los medios probatorios son reproducibles, no puede ligeramente y bajo el piso y con motivo de una argumentación genérica, vaga y ambigua realizada por la parte, avanzar desde el Poder Judicial sobre las competencias que la defensa técnica tiene y sobre la modalidad que la misma selecciona para materializarlas. Se debe tener muy en claro que una cuestión es que el poder jurisdiccional garantice el acceso y ejercicio de la defensa en juicio, y otra muy distinta es que se inmiscuya directamente en el mismo, estableciendo en cada caso, de modo "paternalista", cual es la mejor estrategia de defensa.
Deben las partes ser cuidadosas a la hora de plantear la indefensión técnica de una persona, pues ello hace, reitero, pié en la forma de ejercicio de la abogacía de cada colega y la misma debe ser respetada. Asimismo, no puede perderse de vista que la defensa técnica es esencial y se diferencia de la material que realiza el imputado, al que debe garantizársele la primera, allende su voluntad, salvo los casos en que el mismo asuma ambas. La defensa técnica y la defensa material son dos funciones del ejercicio del derecho de defensa en juicio que se integran y se complementan, y que tienen competencias específicas distintas, sin perjuicio de que la finalidad sea la garantía de defensa en juicio de la persona.
Cabe señalar que, y en un caso hipotético, la teoría del caso de un defensor lo puede llevar a asistir a una audiencia e interrogar a un testigo, y otro abogado, en la misma causa y con un una teoría del caso diferente, puede elegir no hacerlo, para controvertir la información en otro estadio procesal. No existe una única forma de ejercicio de la defensa en juicio, ni material ni técnica. Lo único que puede acreditarse, como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la indefensión o abandono de la defensa técnica. Este no es el caso de autos. Tan es así que en la argumentación de los agravios, la parte recurrente no señala cual o cuales han sido las acciones y/u omisiones que han perjudicado de manera irreparable la defensa en juicio del imputado incurridas por la defensa técnica.
Por otra parte, descartando la irregularidad respecto a la intervención que le corresponde a la defensa en autos, no se puede perder de vista que el denominado "control de la prueba" no implica una asistencia obligatoria a cada acto en el cual se incorpora información al proceso, allende la posibilidad de hacerlo, conforme a la teoría del caso de cada parte. Si la información ha sido incorporada correcta y válidamente al legajo, a través de un medio probatorio legal, como en el presente caso, allende la asistencia efectiva de la parte al acto de incorporación, la misma es la que sirve de sustento para la valoración de todas las partes, sin perjuicio de lo cual y ante supuestos de ampliación de la misma, no existe óbice para que se materialice, siempre que sea relevante y pertinente a la teoría del caso de cada una de ellas, por lo cual, reitero, solo en casos claros de abandono o indefensión manifiesta, se puede reevaluar y analizar los actos llevados a cabo y que, por esta razón, puedan transformarse en irregulares.
En este sentido, en la sentencia de fecha **/**/2019, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal integrada oportunamente por los jueces Luis M. García, María Laura Garrigós de Rébori, y Horacio L. Días, resolvió el recurso de casación interpuesto a fs. 318/328 en la causa n° CCC 9557/2015/TO1/CNC1, C. “. M. C. S. EN TENTATIVA”.- En la misma, la defensa planteo idéntica cuestión a la articulada en el recurso de apelación en autos. Y sobre ello, entiendo pertinente destacar, en primer lugar, el voto de la Doctora M. L. G. D. R.. La Sra. magistrada, sostuvo en dicha causa que: "...1.b) La pretendida crítica a la gestión de quien asumiera la defensa del imputado en la etapa previa a la asunción de su actual representante, no puede atenderse desde que no supera el nivel de discordancia con la estrategia elegida y no expone concretamente cuál sería el perjuicio concreto que significara una real afectación al derecho de defensa en juicio. 1.c) Tampoco se ha de receptar la nulidad planteada sobre la base de que quien asumiera el cargo de ejercer la defensa del imputado no reviste la condición de Defensor titular, sino que haya cumplido esas funciones circunstancialmente como defensor “ad hoc”.
Es que tampoco a este caso logra el recurrente exponer en qué perjuicio efectivo se habría concretado la circunstancia de la que se queja, de tal forma que se viera afectado su derecho de defensa en juicio...".- Resulta sustancial el desarrollo formulado por el Dr. Luis M. García en dicha causa, pues de manera detallada y pormenorizada, analiza la cuestión planteada en la presente causa, al igual que la doctora Garrigós de Rébori, pero agotando la temática en todo el marco referencial y las múltiples implicancias que la misma tiene, por lo que su cita es central para la comprensión de este tópico central del proceso penal formalizado conforme la constitución nacional y el Derecho Constitucional Convencional.
Sostuvo el Dr. Luis M. García que: "...En ese sentido la defensa no demuestra por qué razón ella estaría administrativamente mejor habilitada que el defensor ad hoc para garantizar la defensa en juicio del imputado. En todo caso, si lo que se plantea es una alegación de indefensión por negligencia o falta de diligencia del abogado defensor, la calificación de tal no depende de que se trate de un abogado provisto por el Estado o de uno de elección del imputado... Rechazó también la existencia de indefensión, distinguiéndola de la crítica sobre la diferencia de criterio de la defensa anterior, en estos términos: “La diferencia de criterio que claramente expresa la actual defensa sobre los elementos probatorios cuya producción solicitó su predecesor, no pueden ser invocados como causa de agravio, máxime cuando se verifica el pleno ejercicio del derecho de defensa y la activa intervención de los Defensores que asistieron técnicamente al procesado”.
A continuación sostuvo que “no se advierte en los actos cuestionados por la defensa, vicio alguno o inobservancia de las formalidades previstas para su realización, debiendo mencionarse que, a través del avance del proceso, la defensa tuvo oportunidad de acceder a lo actuado y tomar cabal conocimiento de las diligencias y actos procesales practicados, habiendo sido debidamente notificada de todas las cuestiones que hacían a su interés, de manera tal que ninguna duda cabe en relación a que la defensa tuvo oportunidad de ejercer el efectivo control de lo actuado a ese ministerio, sin que haya formulado objeción alguna respecto de los actos por lo que ahora se manifiesta agraviada”. En definitiva sostuvo un criterio restrictivo de la nulidad, como remedio de excepción, y señaló las consecuencias que acarrearía una nulidad sin demostración del perjuicio.
En su impugnación la actual defensa presenta de un modo desordenado y promiscuo argumentaciones de distinta naturaleza para promover la nulidad genérica del procedimiento en la etapa de instrucción. Así, en el mismo apartado se refiere a la indefensión de su asistido por haber sido representado por un defensor ad hoc, a la existencia de un estado de indefensión por causa de un ineficaz ejercicio de la defensa, y a la nulidad de las declaraciones testificales recibidas en la instrucción sin control de la defensa, así como la nulidad de la sentencia por la incorporación de dos declaraciones testificales -de entre aquéllas que fueron incorporadas al juicio. Adujo que “para que haya imputación desde el derecho procesal constitucional, es necesario que el imputado conozca de qué se lo acusa y sea asesorado en ese acto sobre la posición a adoptar, con un Defensor que examine las actuaciones desde su inicio y vaya ejerciendo el debido control sobre los actos procesales que se efectúan en el ánimo de desvirtuar cualquier prueba de cargo y ofrecer, a la luz del principio de la carga dinámica de la prueba, elementos probatorios que mejor custodien los derechos del imputado”.
Adujo que en este proceso “el Instructor fue colectando medios de prueba que finalmente se incorporaron al debate y que no fueron analizados ni antes ni después de colectarse, por el letrado Defensor, por lo que B. estuvo huérfano de la protección que el Estado debe brindarle al imputado. Si el Defensor Oficial fue anoticiado de la existencia de la imputación de B., nada hizo. En consecuencia, B. nunca fue defendido”. Alegó la inexistencia de ninguna estrategia de defensa desde que “el Sr. Defensor Oficial NO se entrevistó con el imputado, no ofreció prueba y solicitó una instrucción suplementaria para la cual era necesario contar con material orgánico que estaba destruido conforme las constancias de la causa”.
La falta de orden y nitidez de la impugnación pone en crisis ya, por sí misma, la admisibilidad del recurso por falta de fundamentación del gravamen (arts. 432 y 463 CPPN). A ello se suman otras consideraciones que sellan la admisibilidad. En lo que se refiere a la efectiva asistencia de la defensa en la indagatoria, tan pronto se examina su documentación en el acta respectiva (fs. 57/58 vta.) se constata que el defensor ad hoc estuvo presente en el acto, que nada de lo allí asentado pudiese permitir poner en duda que el imputado no hubiese sido informado de modo suficiente de la naturaleza de la imputación, ni que no hubiese podido comprenderla. Se constata, también, que el imputado efectivamente respondió a la imputación afirmando no recordar nada porque “estaba bajo los efectos de la pastilla”, de modo que no realizó ninguna admisión del hecho ni ninguna declaración perjudicial.
En cualquier caso, si el imputado tenía otras cosas para declarar en su favor, el art. 378 CPPN le ofrecía la oportunidad de ser oído directamente en la audiencia de juicio, con la asistencia y asesoramiento del nuevo defensor de su elección. De hecho, en el debate oral B. ejerció el derecho de ser oído y prestó una extensa declaración con la asistencia de su nuevo defensor (confr. acta del debate, fs. 271 vta./272 vta.), y ninguna declaración anterior fue incorporada por lectura. El recurrente no ha fundado a los fines de la admisibilidad cuál sería la real sustancia del gravamen que invoca pero que no caracteriza concretamente. En otro orden, el recurso de casación tampoco refuta adecuadamente la decisión recurrida en cuanto rechazó la nulidad general por alegada indefensión.
El Tribunal Oral había señalado que “no se advierte que Badin se haya encontrado en estado de indefensión durante el trámite de este proceso, por el contrario, surge de la causa que el imputado mantuvo entrevista con Dr. Walker en forma previa a prestar declaración indagatoria, el letrado estuvo presente durante la declaración indagatoria y oportunamente, interpuso recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado respecto de su asistido”. Observo que, en rigor, bajo la alegación de indefensión lo que se disputa es la estrategia de defensa de la Defensa Pública. El hecho de ejercer o no ciertas facultades que la ley concede no evidencia per se ni negligencia, ni abandono de la defensa.
En todo caso, en vistas de que es al acusador a quien incumbe la carga de la prueba de la acusación, la abstención de ejercer ciertas facultades antes del juicio no equivale a indefensión. En la impugnación de la recurrente subyace una concepción que estima que la estrategia mejor debió ser otra que la seguida por su predecesor, y al mismo tiempo un error conceptual de identificar abstención del ejercicio de facultades con indefensión, porque esa abstención puede ser, según los casos y según el criterio de un defensor en particular la mejor estrategia, materia sobre la cual los tribunales no pueden juzgar.He tenido oportunidad de pronunciarme al respecto con anterioridad en esta Cámara en el caso “Villalba, Carlos Alberto s/robo” (causa n° 54.805/2013/TO1/CNC1-CNC3, rta. 13/06/2016, reg. n° 9557/2015/TO1/CNC1 448/2016), donde sostuve que cuando se alega indefensión o abandono de la defensa debe obrarse con suma prudencia.
No debe verse una actitud negligente en cada caso en que un observador externo hubiese tomado un curso de acción diferente al del abogado defensor, pues ello es contrario a la idea de garantizar que el abogado estructure su estrategia de defensa de la manera más libre posible. Sólo si una falencia del abogado aparece manifiesta y de modo craso, corresponde que los jueces aseguren mediante medidas positivas el derecho a una defensa adecuada (confr. SOYER, comentario al art. 6 CEDH, en PETTITI, Luis Edmond / DECAUX, Emmanuel / IMBERT, Pierre Henri,, La Convention Européenne des Droits de l'Homme – Commentaire article par article, 2ª. Edic. Economica, París, 1999, p. 275). A este respecto, se impone reconocer la delicada tensión entre la independencia de criterio y actuación del abogado, y el deber del Estado de proveer medios para una defensa adecuada, incluso mediante medidas positivas.
En sus dos Comentarios Generales al art. 14 del PIDCP el Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado en favor de respetar como regla la libertad de criterio de la defensa. En el Comentario General n° 13 había expresado que “[l]os abogados deberían estar en condiciones de aconsejar y representar a sus clientes de acuerdo con su juicio y sus estándares profesionales establecidos sin restricción alguna, influencias, presiones o interferencia indebida de cualquier ángulo” (confr. OG n° 13, § 9, cit. según Recopilación de las Observaciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos creados en virtud de Tratados de Derechos Humanos, doc. UN HRI/GEN/1/Rev.9, Vol. I). Y en el Comentario General n° 32, que sustituyó al anterior, ha declarado que “[e]l Estado Parte no debe ser considerado responsable de la conducta de un abogado defensor, salvo que haya sido, o debiera haber sido, manifiestamente evidente para el juez que el comportamiento del abogado era incompatible con los intereses de la justicia” (confr.
OG n° 32, § 32, ibídem). En su función de emitir observaciones sobre comunicaciones individuales el Comité ha rechazado con cautela las tendencias a identificar el no ejercicio de una facultad con arreglo a la discreción de su juicio profesional y los casos de verdadera negligencia o abandono de la defensa (véase p. ej. Com. 210/1986, “Pratt, Earl & Morgan v. Jamaica”, §§ 7.2 y 13.2; Com. 536/1993, “Francis P. Perera v. Australia”, §§ 2 y 5.3; Com. 707/1996, “Patrick Taylor v. Jamaica”, § 6.3). Un abordaje análogo ha seguido la Comisión IDH en su jurisprudencia en la que destacó la falta de queja oportuna de los imputados en el sentido de que su representación legal fuese de alguna manera insuficiente durante el juicio, o durante la apelación ni resultaba claro que una negligencia debiese haber sido advertida como manifiesta (vide en particular informe 41/2000, “McKenzie y otros v.
Jamaica”, § 301; informe 49/2001, “Lamey, Leroy y otros v. Jamaica”, §§ 216/217). Argumenté que, en segundo orden, es pertinente evocar la sentencia de la Corte Suprema en el caso “Bermúdez, Fabián” (causa B.405, L° XLII, sent. de 14/10/2010), en el que ha hecho suyos los fundamentos del dictamen del Procurador Fiscal. Allí éste había recordado la jurisprudencia según la cual, en materia criminal, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir la negligencia del defensor para asegurar la realidad sustancial de la defensa en juicio (con cita de Fallos: 5:459; 192:152; 237:158; 255:91; 310:1934; 311:2502; 315:2984; 319:192;
320:150 y 854; y 321:2489), advirtiendo que las diferencias de criterio entre los sucesivos defensores permitan sostener la existencia de indefensión. A este respecto evocó el voto disidente del caso de Fallos: 324:3632 (“Pancia, Marcelo Néstor”), en el que se había señalado que se deben analizar “la totalidad de las circunstancias” del proceso; pues no existe un catálogo exhaustivo de reglas que permita determinar a través de su confrontación si la conducta del defensor ha sido satisfactoria o no; por el contrario, un sistema de ese tipo significaría “restringir la amplia latitud que debe tener la defensa para tomar decisiones tácticas” pues “el acto u omisión de un defensor que... es impropio en un caso puede ser legítimo e incluso inteligente en otro”.
Se exponía allí que “un desacierto en la estrategia de la defensa, un error en la ponderación de los hechos y el derecho o desacuerdos entre el defensor y su pupilo no implican necesariamente lesión a la garantía constitucional analizada; de otro modo, en todos aquellos casos donde la decisión de los jueces no condice con las expectativas del justiciable éste podría rebatir incesante y caprichosamente las decisiones judiciales a partir de una valoración ex post facto de los resultados obtenidos por su asistencia legal técnica, afectando principios esenciales como lo son los de preclusión, cosa juzgada y economía procesal” (con cita del voto de los jueces Petracchi, Boggiano y Bossert, consid. 7).
Por cierto, la garantía de independencia de criterio del defensor en punto a cómo llevar adelante la defensa, impide que los tribunales se adentren a examinar cuál de entre dos estrategias de defensores sucesivos sería la mejor, y su jurisdicción de garantía se ciñe a constatar que el imputado no quede de modo sustancial en indefensión. Observo, también, que parte de la censura del recurrente se apoya en una afirmación que está contradicha por las constancias del caso, pues acusa al anterior defensor de no haber ofrecido prueba, lo que no consulta el ofrecimiento de prueba presentado por la Defensa Pública que ha sido agregado a fs. 210. A ello se suma que el recurrente no ha explicado de manera concreta de qué medio de defensa se habría visto privado su asistido por causa de una actuación anterior del defensor que pueda considerarse lo ponía en indefensión, pues no identifica que no hubiese podido hacer alegaciones en su defensa en el juicio, o que se hubiese visto privado de producir alguna medida de prueba que tampoco indica.
No basta a ese fin alegar que la indefensión se configura por el hecho de que la actual defensa considerase que debió haberse hecho un ofrecimiento distinto del efectivamente presentó, porque aquí, nuevamente, rige la regla del respeto a un criterio técnico discrecional del defensor habilitado, que no implica por regla, ninguna indefensión. Concluyo así que también en relación a este motivo de agravio el recurso es inadmisible por falta de fundamentación...". (La negrita y el subrayado, son de mi autoría.) La claridad de las fundamentaciones citadas, contestes con el pensamiento del suscripto esbozado supra, me eximen de mayores comentarios. Sin perjuicio de ello, y como señalé, no solo la prudencia en el análisis de estas cuestiones planteadas por el apelante alcanzan a la función jurisdiccional, sino que, la misma se impone, cuando la parte realiza un planteo de estas características, teniendo en cuenta, reitero, la intervención previa de otros profesionales del derecho, sean éstos públicos o particulares.
En autos el imputado ha sido asistido técnicamente desde el inicio del presente sumario, pues la intervención del defensor público ad hoc fue dispuesta por el a quo a fs. 11/vta., su correspondiente notificación obrante a fs. 12 y aceptación en misma foja, por lo que bajo esta circunstancia, el derecho de defensa del que goza el imputado, no se vio afectado, habiéndosele notificado todos y cada uno de los actos. Además asistió a su defendido en el acto de declaración indagatoria, cuando éste decidió ejercer su defensa material prestando declaración frente al a quo. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio esgrimido por la defensa particular toda vez que se ha efectuado una correcta defensa del Sr.
M.A.C. desde la intervención de la defensa pública y oficial "ad hoc" llevada a cabo por el Dr. F.C.M.y hasta el cese de su participación. A mayor abundamiento, y si bien no se ha afectado la garantía de defensa en juicio lo señalado supra, entiendo que el Sr. Juez de Instrucción deberá tener presente para futuros casos que, y una vez decretada la instrucción de una causa, deberá realizar una dirección estratégica y razonable de la misma, lo que implica, citar a fijar domicilio al imputado y a designar un abogado de su confianza. En los autos caratulados “Incidente de Nulidad en autos: Sr. Agente Fiscal S/ Requerimiento de Instrucción (Art. 256 del C.P.)” Expte. Nº 78.744/22, N° de Recursos 6880/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "VI.-DIRECCION ESTRATEGICA Y RAZONABLE DE LA INVESTIGACION: Ahora bien, resulta claro que la investigación de un delito, centrada en la primer etapa del proceso penal destinada a establecer si existen motivos suficientes para enjuiciar de manera oral a una persona por existir probabilidad positiva respecto de la comisión del mismo y de su responsabilidad penal, como todo el proceso penal, en el cual siempre se están analizando, valorando e interpretando conductas, pruebas y normas jurídicas, tanto de índole legal o reglamentaria, como de orden constitucional-convencional, debe estar surcada por el principio de razonabilidad, pues el mismo se desprende de la interpretación armónica de los artículos 14 y 28 de la C.N.
Este principio no solo se aplica a las leyes que reglamentan los ejercicios de los derechos constitucionales-convencionales (art. 14 de la C.N.), y que implican que los mismos no pueden ser alterados por esas mismas normas que reglamentan su ejericio, sino y además, es la pauta central en el sistema de hermenéutica e interpretación de las normas aplicadas a un determinado proceso, en especial el proceso penal, pues estan en ciernes, tanto desde el análisis de las normas de fondo, como de forma, y en los actos jurisdiccionales que se emiten en base y con fundamento en las mismas, este principio que implica que las normas de rango superior no pueden ser desconocidas ni dejadas de lado por interpretaciones y aplicaciones que las transmuten, allende las pretendidas argumentaciones dogmáticas que se hicieren para y partiendo de las mismas, concluir que no se aplican al caso.
En el sistema penal, en el cual la interpretación y subsunción jurídica es siempre, al decir del Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni, la "determinación valorativa del campo de lo prohibido", el principio de razonabilidad implica que en cada acto jurisdiccional este principio sea aplicado con el fin de resguardar las declaraciones, derechos y garantías que surgen del texto constitucional, las que surgen del derecho convencional, y las que se infieren implícitamente del art. 33 de la C.N., es decir las garantías y derechos no enumerados, pero que nacen "...del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". La Dra. María Angélica Gelli, en su obra "CONSTITUCIÓN DE LA NACION ARGENTINA, COMENTADA Y CONCORDADA, CUARTA EDICION AMPLIADA Y ACTUALIZADA, TOMO I, pág. 424, al explicar el principio de razonabilidad que surge del artículo 28 de la C.N., señala que: "El principio interpretativo de razonabilidad, de todos modos, emana de una norma operativa por lo que resulta ineludible de aplicar por todos los órganos de poder del Estado de Derecho, entendido éste, precisamente, como estado de razón.
En efecto, si lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, es decir contrario a lo carente de sustento -o que deriva sólo de la voluntad de quien produce el acto, aunque esa voluntad sea colectiva- una ley, un reglamento o sentencia son razonables cuando estan motivados en los hechos y circunstancias que los impulsaron y fundados en el derecho vigente".- Sobre el concepto de "razonabilidad" se ha señalado que: "Se pueden encontrar numerosas significaciones del término "razonable", pero resulta completa la definición a la que arriba Saggese que desde el punto de vista de la ciencia del derecho el vocablo significa "aquello que nuestro ordenamiento nos indica como justo, que evidencia un juicio normal, moderado, prudente, lógico, aceptable, equitativo, adecuado a las circunstancias, conforme con el sentido común y con valores generalmente aceptados (por oposición a un juicio absurdo, censurable, excesivo, arbitrario y caprichoso).
Y desde un punto de vista más particular -considera- que en la ciencia del Derecho, lo razonable se traduce en un juicio justo y equitativo, de acuerdo con los principios del Derecho Natural." (Conforme "LA RAZONABILIDAD: SU IMPORTANCIA EN EL DERECHO DEL TRABAJO", Dra. Tejada, Dalma R. Cita: RC D 1262/2015) Es decir que el "juicio" o "razonamiento" que se formula para tomar una decisión jurisdiccional, debe reunir estas dos formas de "razonabilidad", la primera más objetiva y de carácter normativo-fáctico que tiende a establecer que la "aplicación" de la "ley", lato sensu, no puede nunca desconocer los derechos y garantías constitucionales, y la segunda, una más subjetiva, que se relaciona directamente con una decisión justa y adecuada a las circunstancias del caso.
Es sobre este andamiaje fundamental que debe materializarse la actividad desarrollada en el proceso penal en general, y en la etapa de instrucción en especial, y las medidas que se decidan respecto al catálogo probatorio establecido en el Libro II, Título III del CPP., y las que surgen implícitamente del artículo 199 segundo párrafo del CPP., las que deben estar guiadas a establecer y comprobar la existencia histórica del delito que se investiga y a acreditar o descartar la autoría de la persona imputada. En autos “N. X. B. S/ DENUNCIA INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P” EXPTE. Nº 30.608/20-N, N° DE RECURSOS 6675/22, sostuve que: "...Para analizar el contenido de la imposibilidad de proceder, debemos confrontarlo con los parámetros que el propio código establece como fundamentos de la investigación.
En este sentido, la norma que guía el accionar judicial y del Ministerio Público Fiscal en la etapa instructoria es el artículo 185 del CPP. Cabe señalar que “Toda investigación penal involucra en su misma esencia una reconstrucción histórica, tratando de revivir para el proceso un hecho pasado a la luz de los rastros o recuerdos que pudieron quedar del mismo. Establecer lo que pasó, dando respuesta a las clásicas incógnitas; cuándo, dónde, cómo, porqué y, más tarde, quién. Para tales fines la ley procesal consagra, como principio general y rector, de aceptación general en el presente, la idea de la libertad probatoria, consistente en la posible utilización para el proceso de cualquier medio de acreditación, previsto o no en la normativa, con tal que el mismo no sea contrario a la ley o menoscabe garantías constitucionales...".
(CONFORME DELITOS SEXUALES SOBRE MENORES Pedro A. GUTIERREZ, ediciones La Rocca, Buenos Aires 2007, págs.. 205, ss. Y cc.) ... La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el citado fallo "Casal", sostuvo sobre la regla de la sana crítica, la investigación penal, la prueba y el análisis y valoración de la misma, que: "Por consiguiente, se exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento del juez. Por ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado. Que aunque a esta tarea no se la desarrolle siguiendo expresamente cada paso metodológico, el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia.
Poco importa que los hechos del proceso penal no tengan carácter histórico desde el punto de vista de este saber, consideración que no deja de ser una elección un tanto libre de los cultores de este campo del conocimiento. En cualquier caso se trata de la indagación acerca de un hecho del pasado y el método –camino– para ello es análogo. Los metodólogos de la historia suelen dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o capítulos que deben ser cumplidos por el investigador: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Tomando como ejemplar en esta materia el manual quizá más tradicional, que sería la Introducción al Estudio de la Historia, del profesor austríaco W.
B. (la obra es de 1921, traducida y publicada en castellano en Barcelona en 1957), vemos que por heurística entiende el conocimiento general de las fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para probar el hecho. Por crítica externa comprende lo referente a la autenticidad misma de las fuentes. La crítica interna la refiere a su credibilidad, o sea, a determinar si son creíbles sus contenidos. Por último, la síntesis es la conclusión de los pasos anteriores, o sea, si se verifica o no la hipótesis respecto del hecho pasado. Es bastante claro el paralelo con la tarea que incumbe al juez en el proceso penal: hay pruebas admisibles e inadmisibles, conducentes e inconducentes, etc., y está obligado a tomar en cuenta todas las pruebas admisibles y conducentes y aun a proveer al acusado de la posibilidad de que aporte más pruebas que reúnan esas condiciones e incluso a proveerlas de oficio en su favor.
La heurística procesal pe - nal está minuciosamente reglada. A la crítica externa está obligado no sólo por las reglas del método, sino incluso porque las conclusiones acerca de la inautenticidad con frecuencia configuran conductas típicas penalmente conminadas. La crítica interna se impone para alcanzar la síntesis, la comparación entre las diferentes pruebas, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa, su compromiso con el acusado o el ofendido, etc. La síntesis ofrece al historiador un campo más amplio que al juez, porque el primero puede admitir diversas hipótesis, o sea, que la asignación de valor a una u otra puede en ocasiones ser opinable o poco asertiva.
En el caso del juez penal, cuando se producen estas situaciones, debe aplicar a las conclusiones o síntesis el beneficio de la duda. El juez penal, por ende, en función de la regla de la sana crítica funcionando en armonía con otros dispositivos del propio código procesal y de las garantías procesales y penales establecidas en la Constitución, dispone de menor libertad para la aplicación del método histórico en la reconstrucción del hecho pasado, pero no por ello deja de aplicar ese método, sino que lo hace condicionado por la precisión de las reglas impuesta normativamente. Que conforme a lo señalado, la regla de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la aplica en la fundamentación de la sentencia…".- Es decir que la investigación y la realización de los actos que se consignan como competencia del Juez de Instrucción, tienen implicación directa con el delito que se trate.
Al existir un sistema probatorio libre, las medidas que se realicen y las distintas decisiones que se adopten sobre la o las personas imputadas del delito que se investigan, obedecen a la naturaleza del ilícito y ésta, a su vez, al carácter fragmentario del derecho penal. En autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M. Y L.G.D. S/INF. ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL CP Expte. Nro. 4369/17 (M-1066/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "Como bien se ha sostenido en varios antecedentes de este Excmo. Tribunal, se recuerda que, en el proceso penal, todo se puede probar y por cualquier medio de prueba (principio de libertad probatoria) siempre que, en relación al objeto de la prueba, el dato aportado tenga pertinencia, es decir, vinculación temática con el objeto del proceso y no medie prohibición legal.
En relación a los medios en particular, el aludido principio excluye la exigencia de la utilización de uno determinado para la prueba de un objeto específico y posibilita probar con cualquier medio no reglamentado, siempre que sea adecuado para descubrir la verdad (“... la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir su ocultamiento ritual tiene base constitucional...” -CSJN, Fallos: 253:133-), sobre los extremos de la imputación delictiva, extendiéndose tanto al objeto como a los medios de prueba. En los autos caratulados: “S. R.S/ CORRUPCIÓN DE MENORES”, Expte. Nº 4011 (S-734/12/TSJ), T: V -SENTENCIAS- TSJ-, R: 018, F:172/209, se expuso textualmente: “... Nuestro sistema de enjuiciamiento penal se rige por el principio de la libertad probatoria, de lo que se dijo, se desprende que -siempre dentro del marco de las reglas de la sana crítica- cualquier hecho pueda ser acreditado por cualquier medio probatorio (con excepción de la restricción prevista en el art. 188 C.P.P. respecto del estado civil de las personas)(posición expuesta por la sala penal del Tribunal Superior de Córdoba, en “Criado”, - sent. 91 del **/**/2005- con remisión a “Olmedo” del **/**/1996; “Gómez y otro” del **/**/1998) (STJ Tierra del Fuego, G.G.J. 24/10/06, Lexis 35010105) “...
Debe hacerse notar que la ley no impone normas generales para comprobar algunos ilícitos, ni fija en abstracto el valor de cada prueba, dejando al arbitrio del sentenciante la libertad de admitir la que tenga por útil y conducente a los fines del proceso, asignándole, dentro de los límites fijados por la razonabilidad, el valor que poseen para la determinación de los hechos...” (Corte de Justicia de Salta, B.N, J.A, 2/6/10, AR/JUR/42034/2010) “... Deben valorarse las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados...” (CSJN; 15/VII/1997, in re: “Vera Rojas”, LL 1998-A pág. 312)...”.
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala: “... el proceso penal tiene por fin inmediato el descubrimiento de la verdad objetiva e histórica, para lo cual rige en forma amplia el conocido principio de libertad probatoria: todo se puede probar y por cualquier medio, excepto las limitaciones del sistema jurídico general. Cualquiera puede ser el medio para demostrar el objeto de prueba, ajustándose al procedimiento probatorio que más se adecue a su naturaleza y extensión...” (conf. Dictamen del procurador general al que remitió el Alto Tribunal in re “Luque, Guillermo Daniel y otro s/ Homicidio preterintencional -causa nº 117/94-.”, Recurso de Hecho L.223XXXIV, del FECHA_11).
De lo precedentemente expuesto, se infiere que, las grabaciones caseras, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles. En el sub judice, resulta totalmente válida la grabación acompañada por el progenitor de la niña, máxime si se tiene en cuenta que, tuvieron la oportunidad de ejercer sus derechos las defensas, al haber presenciado la reproducción del audio, en el momento de su desgrabación y al transcribirse textualmente en el juzgado, el día de la audiencia testimonial del Sr. R.D.C. -padre de la niña-, efectivizada ante el Sr. Juez ..., obrante a fs. 26/28, coincidente con la desgrabación del celular de la madre de la infante, Sra.
P., obrante a fs. 29/30 y vta. Resta subrayar que, formó parte de la prueba en las indagatorias, puesta en conocimiento a los condenados en el instante que se procedió a la lectura de la imputación del delito que pesa sobre los Sres. M. y L., quienes fueron acompañados por sus defensores, en sus actos de defensa, obrantes a fs. 34/37 y vta. La razonabilidad obedece a que, su valor probatorio, debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y, su incorporación, no puede ser tachada de ilegítima, toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares, a los fines de acreditar el hecho que se investiga, por ello, se entiende que, la grabación acompañada por el padre de la niña, puede quedar, incluso, abarcada en el legítimo derecho de parte de quien la obtuvo, pues, la grabación pretende defender el legítimo derecho de su hija menor, por ser la víctima del delito, y, poder lograr mediante la grabación, llegar a ayudar a identificar al autor/es, pudiendo de esta manera procederse a determinar su eventual castigo.
En esta inteligencia, se puede decir que, cuando el que efectúa la grabación de un hecho delictivo grave –el padre-, y, del que está siendo víctima su hija menor –interés superior-, la misma está justificada y que, con las garantías procedimentales pertinentes, puede utilizarse como prueba. A fin de dar respuesta al planteo de las defensas, se enfatiza que, el único principio constitucional que corresponde analizar, como contrapuesto a la obligación estatal de procurar e incorporar a la causa todo elemento probatorio, tendiente a la acreditación del objeto de imputación, es la proscripción de incorporar como prueba las expresiones del imputado obtenidas de manera subrepticia, esto es, la imposibilidad de utilizar expresiones del imputado como medio de reconstrucción del hecho, cuando estas expresiones han sido obtenidas sin conocimiento del imputado.
Se concluye señalando que, el presente criterio, coincide con la doctrina especializada en la materia (CFCP, Sala III, conf. Causa nº 4779, “Vázquez, Enrique s/ Recurso de casación”, reg. nº 115/05, del 3/3/05; misma Sala, “Abramovici, Bernardo s/ Recurso de casación”, causa nº 35517/2007/TO1/CFC1, reg. nº 217/15, del 4/3/15) que entiende que, las grabaciones efectuadas por particulares, en situaciones como el presente caso, quedan abarcadas por el ejercicio de un legítimo derecho. En tal sentido, la CFCP en su Sala III, expresó: “... Las grabaciones efectuadas por particulares al igual que cualquiera otra prueba producida por particulares, no puede considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles (...) la problemática que plantea la cuestión, esto es, la exclusión de prueba de cargo cuando su obtención e incorporación al proceso resulta de un procedimiento que se inmiscuye en ámbitos personales protegidos de la coerción estatal, ha sido desarrollada por el pensamiento procesal, bajo el presupuesto de la consideración de la relación existente en la hipótesis entre el Estado, como responsable de la investigación penal, y el sujeto infractor, como destinatario de esa investigación.
Y asimismo, en el entendimiento de que existe ámbitos personales, y procedimientos del estado, en los que la protección constitucional es absoluta, y consecuentemente ningún fundamento puede haber para inmiscusiones estatales en esos ámbitos personales, ni para admitir esos procedimientos estatales, de suerte que ni tan si quiera puede admitirse esa intervención, cuando la finalidad que la motiva es el esclarecimiento y la punición de los ilícitos...” (Selección de Derecho Procesal Penal, T 4, Ramiro J. Rua, Ed. Hammurabi, pág. 128, apartado 136)." Va de suyo que, y conforme el delito que se investigue, por clara aplicación del principio de razonabilidad aplicado a la investigación, serán las medidas probatorias que se adopten y las formas de dirigir la investigación.
En este sentido, el artículo 25 en su conjugación con el artículo 185, establecen la facultad deber ("competencia"
estrictamente hablando) de investigar delitos en cabeza del Juez de Instrucción, y va de suyo que las reglas y las normas que establecen competencias, le otorgan al magistrado la dirección estratégica de cada caso que llega a su conocimiento. La dirección estratégica tiene que ver esencialmente con el delito que se investiga, no se realiza la misma investigación si estoy frente a un caso de abuso sexual o un delito contra el orden económico financiero, etc.; ejemplo que podríamos seguir multiplicando, pues ello surge, como adelantara, del carácter fragmentario del derecho penal. Por supuesto que los medios probatorios al alcance del Juez son los estipulados en la ordenanza procesal y los necesarios, conforme lo señalado supra, que sin estar consignados, son susceptibles y aptos para acreditar una conducta ilícita, pero la selección de los mismos está directamente relacionada con el hecho y con la información que se cuenta, y con la que hará falta arrimar al legajo, teniendo en cuenta la cita realizada del fallo "Casal". Ahora bien, la dirección estratégica de la instrucción debe ser, como se señaló, razonable.
Estrategia significa, en su segunda acepción "Arte, traza para dirigir un asunto", conforme el diccionario de la Lengua Española (RAE, VIGÉSIMO TERCERA EDICIÓN).
El arte para dirigir el caso, es decir la estrategia, tiene directa relación con el hecho que se investiga y con la información con la que se cuenta y la que se debería sumar para reconstruir históricamente un suceso pasado, que está encarnado en la conducta de una o varias personas que cometieron presuntamente un delito. La estrategia en la dirección cuenta con ciertas reglas elementales que son aplicables a la mayoría de los procesos. En primer lugar, existen sujetos que son esenciales, y respecto de éstos debemos centrar nuestra atención. Por un lado está el Estado representado por el Ministerio Público Fiscal, por el otro, la persona imputada y su defensor, a ellos se les puede sumar la víctima y los damnificados por el delito, y por supuesto el Juez.
En este orden de ideas, entiendo que debemos analizar, allende el presente caso, y como previo a abordarlo, el funcionamiento del sistema en general. No es novedad que la mayoría de los procesos penales se inician por prevención policial. Los funcionarios policiales en el ejercicio constitucional de la función administrativa de seguridad, comparten competencia en la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos. Tal lo que surge de la ley de Seguridad Pública de la Provincia (Arts. 43, ss. y cc. de la ley 3523) y de los artículos 175, ss. y cc. del CPP. La formas de actuación, ab initio, son siempre las de comunicar al Juez y al Fiscal el inicio de las investigaciones, y cuando está identificado el autor, sea que se practique su aprehensión y posterior detención, sea que solo sea conducido a la Seccional Policial, o que sea citado a la sede de la misma para que comparezca, siempre establece domicilio en carácter de imputado en los autos en que es investigado y se le hacen saber los derechos con que cuenta, entre ellos, elegir un defensor de su confianza o que será asistido por la Defensoría Pública Oficial.
(Art. 188 del CPP.) Es decir que esta modalidad de actuación descripta, la que resulta absolutamente razonable pues hace a la integración al proceso del imputado y su defensor, se aplica de manera general salvo en los casos en que se desconoce él o los autores, cómplices o encubridores del hecho; o en los supuestos en que los mismos, siendo conocidos, se han dado a la fuga y son buscados, o en los casos en que la propia autoridad policial, frente a una denuncia o información policial en base a un testimonio, considera que el hecho no sería delito; o que, dadas las particularidades de la causa, y las características de la investigación a realizar, requieren de medidas probatorias auxiliares o extraordinarias.
En el resto de las actuaciones, reitero, los sumarios policiales que son radicados en los estrados de los juzgados de instrucción, cuentan en su mayoría, con la fijación de domicilio y la lectura de los derechos que le asisten a las personas imputadas, las que desde ese mismo momento, se encuentran en condiciones de ejercer su defensa material. Ello, claro está, analizando en fenómeno en términos generales. Esa misma modalidad de actuación debe ser aplicada en los procesos que se inician por denuncia ante el Juez o el Fiscal. Salvedad hecha de los casos señalados para los supuestos de intervención de la autoridad policial cuando la misma realiza el sumario prevencional explicitados supra, que aplican al expediente iniciado en sede judicial o por requerimiento fiscal; a los cuales debe adicionarse los casos de aplicación de la normativa establecida sobre el secreto de las actuaciones (art. 195 del CPP), como así supuestos de investigación de delitos complejos o de medidas auxiliares de investigación sobre la persona imputada, léase por ejemplo, intervención de correspondencia o de comunicaciones, etc., donde deberá resguardarse la defensa técnica del imputado, y observarse la regla establecida en el artículo 188 respecto de su convocatoria para la realización de su defensa material, deberá aplicarse la misma "economía" procesal.
Ello, reitérase, siempre partiendo de una valoración preliminar que deberá realizarse en el momento de ordenar el inicio del sumario, la que, reitero, deberá tener en cuenta el hecho, la información con que se cuenta, la que se necesita para cubrir las proposiciones fácticas para poder emitir un juicio sobre la verdad del supuesto de hecho investigado, y las medidas que a priori, se entiendan pertinentes para lograrlo, equilibrando la potestad estatal de investigar y esclarecer delitos, con la garantía individual de defensa en juicio. Que el código de rito establezca un momento procesal límite como lo es la declaración indagatoria y que por ello, si así sucede, y se dio intervención a la defensa pública oficial y antes de la indagatoria se le dio intervención al imputado para que elija su forma de defensa técnica, no puede sostenerse que exista nulidad alguna, no quiere decir que en la investigación que se realiza ante sede exclusivamente judicial, la modalidad realizada en sede prevencional no pueda aplicarse, con las salvedades hechas supra, pues ello sería irrazonable.
Cuando hablamos de modalidades de actuación que tienden a establecer un estándar que materialice las normas constitucionales- convencionales sobre las que se cimenta el juicio previo, estamos hablando de un sistema penal respetuoso de las mismas. Salvo casos en los que se demande una convocatoria al proceso antes de la declaración indagatoria, la que puede obedecer a distintas razones, incluso a la conducta asumida por el propio imputado, deberá privilegiarse siempre la constitución de la defensa material en la primer oportunidad que la autoridad estatal (léase Poder Judicial y Policía Provincial) tenga conocimiento que existe una persona imputada de un delito, para que asuma su defensa material y designe su defensa técnica.
Este acto, importa que el imputado tenga pleno conocimiento de los derechos normados en los artículos 97, ss. y cc. del CPP. a los fines de designar un abogado de su confianza, ser asistido por la Defensoría Pública Oficial o asumir su propia defensa técnica, además de su defensa material. Hacerle saber a la persona los derechos con que cuenta, implica que la misma, además de poder ejercer su defensa material, pueda elegir la forma en que se le asegure su defensa técnica. Sobre el particular, la dogmática ha señalado, al comentar el art. 104 del CPPN, similar al art. 97 de nuestro ordenamiento procesal, que: "La Corte Suprema ha manifestado que atañe al derecho de quien acude a la justicia -en el caso del acusado- elegir la persona que, llenando las condiciones legales, produzca en su nombre los alegatos y pruebas pertinentes a los fines de poner de manifiesto el derecho que le asiste conforme con la garantía de la defensa en juicio, mencionada en el art. 18, CN.
Fallos275:91".- (Conforme CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, ANOTADO. COMENTADO.
CONCORDADO. NOVENA EDICION CORREGIDA, AMPLIADA Y ACTUALIZADA POR NICOLAS F. D
´ALBORA, EDITORIAL ABELEDO PERROT, pág. 198) Para ser claro, no hay que confundir un acto irregular que puede dar lugar a la sanción de nulidad, con la dirección estratégica y razonable de la investigación que debe realizarse, para asegurar el debido proceso sustantivo y adjetivo y para evitar dispendio jurisdiccional y de recursos materiales del Estado Provincial. La seguridad de la víctima deberá ser analizada desde el inicio de la causa y en base a la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación, vinculado con un probable hecho lesivo del autor hacia ella, deberán adoptarse todas las medidas cautelares tendientes a asegurar su integridad psicofísica, las que pueden ir desde las más leves como prohibición de acercamiento a la misma, a la propia detención del imputado, pero sean cual fueren las disposiciones cautelares adoptadas, deberá, de manera concomitante, hacerle saber al imputado, la existencia de una causa en su contra y los derechos que le asisten, para que asuma su defensa material y designe la técnica.
(Conf. Arts. 72, ss. y cc. del CPP.) Asegurar la defensa material de la persona así como su defensa técnica es responsabilidad directa del Juez de Instrucción, y reitero, que exista un momento límite, ello no implica que no deba hacérselo en el momento del inicio, tal como señala el mismo art. 188, "En la primera oportunidad...", porque eso hace a la dirección estratégica y razonable de la instrucción penal, ello tomado siempre en términos generales y como modalidad de actuación respetuosa de los derechos humanos. Ello, en el primer proveído o en su caso, auto, que tiene por iniciada la instrucción, se puede materializar con una notificación para que establezca domicilio y se le hagan saber sus derechos, tanto en la sede del propio Juzgado labrando la pertinente acta, como a través de la Seccional Policial del domicilio del denunciado bajo la misma modalidad, además de la intervención inicial de la Defensoría Pública Oficial.
En autos, y como señalé al tratar la nulidad planteada por el Doctor H. J. N., no se ha incurrido en un acto irregular que dé lugar a sanción de nulidad, pero va de suyo que no ha sido razonable la instrucción, pues se inició sin hacerle saber sus derechos y la fijación de un domicilio en carácter de imputado. La dirección razonable en este proceso judicial debió partir del siguiente presupuesto: a) un testigo de oídas denuncia que el cliente de un abogado le narró la hipotética comisión de un delito de acción pública en grado de conato; b) como funcionario público estaría imputado el Dr. M., m. f., c) como partícipe necesario el Dr. N. No existían, a priori, demasiadas dudas que el conflicto, tal como fue denunciado, quedó circunscripto entre dos personas, básicamente, el cliente del Dr.
N. y éste. Allende las valoraciones que realizaré ut infra, va de suyo que en autos, al menos las dos personas denunciadas debieron establecer domicilio y se les debió comunicar los derechos que le asisten. No existen mayores complejidades en el presente asunto como para haber iniciado la instrucción sin que los imputados fueran anoticiados de su "inicio". Surge claro, conforme lo expresé oportunamente en el párrafo precedente, que en virtud de las características de la investigación a realizar, a priori, en la presente causa, que era razonable, frente a la denuncia formalizada en autos y el decreto de inicio de las actuaciones, que se convocara al imputado a que estableciera domicilio y designara abogado de su confianza.
Por todo ello, entiendo que corresponde rechazar el planteo formulado por la defensa y confirmar el auto en cuanto fuera materia de agravio".- Bajo las pautas hermenéuticas transcriptas, cabe decir que en autos se advierte que en el primer Decreto, el Sr. Juez da intervención a la Defensora Pública Oficial de Perito Moreno a favor del presunto imputado (fs. 06 y vta.), y a partir de allí se le notifican a la defensa pública todas y cada una de las providencias y resoluciones dictadas en autos, hasta que toma participación el defensor particular. Específicamente, y en lo que aquí interesa, a fs. 30 vta. la Sra. Defensora Pública Oficial de Perito Moreno es notificada de la providencia de fs. 30 que establece día y hora en que se llevaría a cabo, no solo la audiencia en Cámara Gesell, sino también la pericial psicológica de la joven víctima.
En función de ello, y en base a los argumentos expuestos en los autos citados, que he trascripto supra, entiendo que el planteo de nulidad debe ser rechazado, pues no existe acto procesal alguno, en sentido lato, que pueda ser catalogado de irregular conforme las formas y contenidos dispuestos por el debido proceso adjetivo, que merezca sanción alguna. A mayor abundamiento, cabe señalar que la pretensión del defensor particular esbozada al plantear la nulidad, de que se le notifique al imputado con antelación y en su domicilio real la fecha y hora en que se realizará la cámara Gesell, no encuentra anclaje en la legislación procesal, pues no puede perderse de vista que el derecho de defensa en juicio se ejerce de un modo técnico y de un modo material.
Es así que el art. 139 del C.P.P. establece específicamente que “si las partes tuvieran defensor o mandatario, solamente a éstos se les efectuarán las notificaciones salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también aquellas estén notificadas. Siempre deberán notificarse a las partes en forma personal o en su domicilio, el auto de procesamiento, el de sobreseimiento, o cuando se le requiera o intime a cumplimentar una actividad individual.-” Como puede verse, conforme a la ley de forma, la notificación a la defensa de la realización de la audiencia en cámara gesell, con su fecha y hora, satisface plenamente la exigencia legal, puesto que no es de aquellas previstas en la final de la norma procesal.
El acto cuestionado no requiere la presencia del imputado. Podrá presenciarlo en compañía de su defensor si así lo eligiere y siempre y cuando no existan medidas restrictivas respecto al mismo, más su citación personal y comparencia no son obligatorias para la validez del acto. A los fines de clarificar la naturaleza del acto cuestionado, a diferencia de lo que sostiene la defensa, cabe señalar que la audiencia en Cámara Gesell no es un acto irreproducible, como el Sr. Defensor Particular señala. Hay que distinguir lo siguiente. Una cuestión es que en base a la edad y los delitos de los cuales han sido víctima, se establezca un procedimiento especial para prestar declaración testimonial y evitar la revictimización teniendo como horizonte el interés superior de los Niños, Niñas y Adolescentes (Conf.
Art. 3 apartado 1° de la Convención de los Derechos del Niño, Art. 75 inc. 22 de la C.N.), y otra muy distinta es que sea irreproducible. En autos “B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL”, Expte. Nº 5901/18 (B-1163/19/T.S.J.), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "Respecto a la crítica realizada por la Defensa en relación al valor probatorio de las Cámaras Gesell, la cual, según las palabras del casacionista se trata de 'una diligencia realizada por los psicólogos, con una posición subjetiva, que utilizaron métodos conductivistas o inductivos y sin imparcialidad' (conf. audiencia de debate, ante esta instancia, en fs. 474 vta.), cabe aclarar que esta técnica tiene como fin la incorporación del testimonio de los menores víctimas de un delito contra la integridad sexual, respetando el “interés superior del niño”, evitando su revictimización a lo largo del proceso penal.
Es decir que el procedimiento establecido en el art. 234 bis del C.P.P. para obtener el testimonio de una víctima menor de 16 años, conocido comúnmente como Cámara Gesell, fue el medio elegido por el legislador, a fin de garantizar estándares internacionales, para introducir en el proceso sus dichos. En este sentido, la doctrina sostiene que “… sólo se garantiza la tutela judicial efectiva del niño víctima en el proceso, o bien su real acceso a la justicia, cuando se admite que pueda expresar libremente su opinión en todos los asuntos que lo afectan, extremo que tan sólo se verifica cuando se le da la oportunidad de ser escuchado. Y sólo se lo escucha en los términos prescriptos por el Bloque de Constitucionalidad Federal, cuando su versión se recibe en forma adecuada…” (González Da Silva, Gabriel; “Derecho del niño víctima a ser oído en el proceso criminal.
Su reglamentación en el Código Procesal Penal de la Nación”, DJ 2005-1-254). Mientras que respecto a la naturaleza jurídica de la entrevista contemplada en el art. 234 bis del Código de forma, se ha sostenido de manera categórica que “…estos informes no revisten calidad de peritaje y, en consecuencia, no resulta aplicable la normativa que regula estrictamente para la prueba de peritos…” (C.N.C.C., Sala IV; causa 27.777, “R. D. S. I. s/ abuso sexual”, rta. el **/**/05) y que “…no puede perderse de vista que los artículos 250 bis y 250 ter, fueron incorporados al Código Procesal Penal, en el capítulo atinente a los testigos y no al vinculado a los peritos, con la finalidad de resguardar la salud física y mental de la víctima, evitando la interrogación directa del tribunal o las partes, en los casos de menores, que pudieran haber sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados…” (C.N.C.C., Sala V, c. 35.455, “Corsi Jorge s/ procesamiento”, rta. el 7/8/2008, voto del Dr.
Rodolfo Pociello Argerich). Por ende, ese testimonio no es en sí mismo una pericia; ahora bien, respecto a la propia normativa legal (Art. 234 inc. cº del C.P.P.) que compele al facultativo a brindar un informe con las conclusiones pertinentes del acto, este Tribunal Superior de Justicia ya ha sostenido en los autos "O. N. S/ CORRUPCIÓN DE MENORES AGRAVADA (POR SER LA VÍCTIMA MENOR DE 13 AÑOS) Y M. M. S/ AMENAZAS COACTIVAS” Expte. Nº 5868/18 (O-1132/19/T.S.J.) que pese a carecer de las características de una experticia, posee fuerza convictiva como cualquier medio probatorio producido válidamente, máxime si se tiene en cuenta que ha sido realizado por alguien especializado en la materia. Suficientemente ilustrativa al respecto, resulta ser la jurisprudencia (que ya ha compartido este Alto Cuerpo, in re 'Grande F.
C. M. s/ abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente' Expte. Nº G-1060/18/T.S.J. protocolizado en el Tº VII -Sentencias- Rº 007 DATO_2) que dice “…la entrevista en Cámara Gesell de la menor víctima de abuso sexual… importa una declaración testimonial en la cual se busca evitar la interrogación directa del tribunal o de las partes en los casos de menores que han sufrido hechos que importen lesiones o delitos contra la integridad sexual, para hacerla a través de facultativos especializados, y tanto el tribunal como las partes pueden seguir las alternativas desde la sala de observación e inclusive, previo a la iniciación, el tribunal debe hacer saber al profesional a cargo de la entrevista, las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que tienen que ser canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.
La entrevista del niño en las condiciones que establece el art. 250 bis, CPPN, como reglamentación del régimen protector que surte la Convención sobre los Derechos del Niño, supone la creación de un ámbito en el que aquél se pueda expresar libremente y sin condicionamientos…” (M. R., Y. s. Medida de prueba - Abuso sexual /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala VII; 15-jul-2016; Rubinzal Online; RC J 4431/16) (El destacado es nuestro)…”. En definitiva, la fuerza convictiva de los testimonios de las menores víctimas, brindados en el marco de las entrevistas realizadas por profesionales mediante la técnica de la Cámara Gesell, no ha podido ser desvirtuada por la defensa.
Por ello, su planteo en este sentido no resulta ser más que un vago intento de desvirtuar el análisis de la prueba que en modo alguno llega a modificar lo analizado respecto a la autoría y participación de su asistido B.M.R. en los hechos investigados. En igual sentido la doctrina ha merituado que “…Los tribunales superiores de justicia de las provincias han rechazado de manera invariable el cuestionamiento dirigido por la defensa del acusado contra la verosimilitud del testimonio brindado por la menor víctima mediante el sistema de cámara Gesell. Por lo general, con apoyo de los informes psicológicos forenses que dan cuenta de la credibilidad del relato del menor y la ausencia de sesgos o manipulación por parte de terceros, se ha valorado como prueba dirimente, junto al resto del plexo probatorio de cargo, para la comprobación de la materialidad del hecho, la culpabilidad del autor y la imposición de pena.
En ese contexto general de violencia contra la mujer, y de modo singular cuando se trata de un menor de edad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayó en varias ocasiones el deber positivo del Estado en la adopción de medidas especiales de protección para los menores de edad que deberán ser definidas atendiendo a las circunstancias concretas del caso, con arreglo al art. 19 de la Convención…" (Aboso Gustavo. (2022). 'Derechos y garantías de las víctimas en el proceso penal'. (1ª Edición). Hammurabi. Pág. 157). Por lo expuesto, se rechaza el agravio referido a la falta de acreditación de los hechos investigados." Siguiendo estas pautas, se trata a través del sistema de toma de testimonio e informe psicológico evitar la revictimización de la persona menor de edad, conforme las pautas establecidas en los artículos 234 bis y ter del CPP., pero ello no implica que, si se hubiera hipotéticamente vulnerado alguna garantía y por ende la forma de sustanciación hubiese sido irregular, la misma no pueda practicarse nuevamente como cualquier declaración testimonial.
Tampoco puede perderse de vista que al momento del juicio oral, la misma puede comparecer y brindar testimonio, ya sea por el mismo procedimiento o de manera común como cualquier testigo, teniendo en cuenta la edad y el estado psicofísico de la misma.- Ahora bien, como en el caso, cuando la misma ha sido realizada con plena observancia de las garantías del debido proceso, la forma en que puede analizarse por las partes y en las distintas etapas del proceso penal, es a través de la reproducción de su filmación. En el trabajo de doctrina publicado en -elDial.com DC3108- titulado "LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y LAS GARANTÍAS DE LOS IMPUTADOS -COMENTARIO AL FALLO “F. R., D. E. S/ NULIDAD”, DE LA CÁMARA NAC.
DE APEL. EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL– realizado por la Dra. Nadia Marina Rivas Abogada con orientación en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, Posgrado en Género y Derecho de la UBA, Asesora en la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la misma señala que: "La alzada analiza la cuestión, teniendo en cuenta que la cámara Gesell se le tomó a la adolescente a sus 17 años de edad, el imputado es un amigo de su papá y tiene prohibición de acercamiento hacia ella y su familia. Resuelve que hay razones suficientes para verificar la excepción que prevé el artículo 202 del Código Procesal de la Nación en tanto podría ponerse en peligro la consecución de los fines del proceso o impedir una pronta y regular actuación.
De este modo, al serle posible a la defensa presentar preguntas y evaluar luego la testimonial, no se advierte conculcado el derecho constitucional de defensa en juicio. Por lo tanto, resuelve que la nulidad postulada ha sido bien rechazada, al ser las nulidades una solución de carácter restrictivo, e impone costas a la vencida. En principio, señalar que el fallo en cuestión –con buen criterio- tiene en cuenta la posibilidad de volver a reproducir la declaración testimonial en el debate oral. Nuestra legislación procesal penal no define lo que debemos entender por “acto definitivo e irreproducible”, y por lo tanto debemos acceder a otras fuentes para entender el concepto. En este sentido, Nuñéz señala “(…) el acto es definitivo si, para servir de prueba en el juicio, no es necesario repetirlo y mejorarlo procesalmente.
Ese acto es irreproducible si no se lo puede repetir en idénticas condiciones. Como ya dijéramos pero a los fines de resaltarlo, la testimonial de M.S podría realizarse nuevamente en el debate oral. Ya sea en Cámara Gesell – si por cuidar a la sobreviviente de un abuso sexual fuera necesario – o sin los resguardos que ésta requiere. Pero, finalmente, podría volver a efectuarse y de este modo la defensa podría en esa oportunidad hacer las preguntas que considere necesarias. Y, a su vez, queda cumplimentado el requisito dispuesto por el artículo 200 del Código Procesal Penal de la Nación. Es muy importante destacar que en el presente, al no darle lugar a la nulidad se tiene en cuenta la tutela judicial efectiva de las víctimas y su derecho a la verdad, así como evitar la revictimización que podría haber sufrido la niña M.S en caso de tener que volver a producirse la Cámara Gesell por el pedido infundado de la defensa.
En este punto, tiene dicho nuestra jurisprudencia que hay que tener en especial consideración la situación de las mujeres, a saber “(…) frente a la condición de mujer de la menor víctima, la cuestión a estudio debe también ser examinada a través del nuevo paradigma de los derechos humanos en materia de género y los estándares internacionales que rigen en la materia. Es que el caso a estudio se vincula íntimamente con una de las temáticas más preocupantes del universo de los derechos humanos, cuál es la violencia de género. Violencia que del análisis de la cultura androcéntrica impone que deban tomarse las medidas judiciales adecuadas para evitar esos delitos. A su vez, y en relación a las infancias, existe un deber del estado de protección diferenciada, ya que “El derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de las niñas y adolescentes a una protección especial, adaptada y reforzada, debido precisamente a su condición de personas en desarrollo y crecimiento.
Esta protección especial se justifica con base en las diferencias, respecto de las personas adultas, en cuanto a las posibilidades y los desafíos para el efectivo ejercicio y la plena vigencia, defensa y exigibilidad de sus derechos, lo cual implica 'deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado'. Los estados asumen una posición de garante de carácter reforzado, lo cual implica la adopción de una serie de medidas de distinto tipo y contenido dirigidas a la niñez. Por tanto, el Estado debe tomar medidas especiales orientadas a proteger especialmente a los niños, niñas y adolescentes, con mayor cuidado y responsabilidad de acuerdo con el principio del interés superior del niño, adoptando una mayor diligencia en todo su actuar”.
Todas estas razones hacen concluir que volver a someter a la niña a una Cámara Gesell para que la defensa pudiera presenciarla por el mero hecho de estar físicamente presente cuando este acto puede reproducirse nuevamente en el debate oral, sería ir en contra del bloque constitucional y de nuestras leyes procesales."En función de todo lo expuesto corresponde confirmar la resolución recurrida. Sin perjuicio de ello, a modo de recomendación al magistrado de la instrucción, y para que quede clara mi posición al respecto, reitero lo sostenido en párrafos anteriores en los autos “Incidente de Nulidad en autos: Sr. Agente Fiscal S/ Requerimiento de Instrucción (Art. 256 del C.P.)” Expte. Nº 78.744/22, N° de Recursos 6880/22, en cuanto a que en el trámite de los procesos penales, siguiendo una dirección estratégica y razonable de la instrucción penal, apenas se tenga identificado al presunto autor del hecho, se recomienda su notificación a los fines de que establezca domicilio y se le hagan saber sus derechos, además de la intervención inicial de la Defensoría Pública Oficial."
Que el Ministerio pupilar a fs. 418 y vta., dictamina expresando acertadamente que: “...no observa vulneración de defensa que sea materia de nulidad en tanto las garantías han sido respetadas...""...la impugnación de la Cámara Gesell podría generar sobre mis asistidos una vulneración aún mayor a la que padecen actualmente. Pese al esfuerzo manifestado en los planteos de las defensas, la crítica respecto de la Cámara Gesell no alcanza a delimitar concretamente cual es el interés afectado de su representado, en tanto aún en el extremo que no hayan podido ejercer un control coetáneo a la realización de la prueba, la crítica realizada no puede invalidad la prueba mencionada por cuanto se realiza en soporte fílmico y auditivo que permite su control posterior mediante incluso especialistas tal como ha sucedido en este caso en favor de uno de los imputados con la posibilidad de revisar el contenido. Que haya un perito de control en el acto para realizar una observación coetánea no degrada la posibilidad de una observación posterior del soporte fílmico para realizar un control de la prueba y poder, si pudiere, ejercer una crítica sobre su contenido..." Compartiendo lo expresado por el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 424/426, entendemos que se procedió a la notificación al defensor oficial del acto procesal, manteniendo su carácter hasta tanto se materialice en el expediente su apartamiento.
Por todo lo expresado precedentemente corresponde rechazar el planteo de Nulidad en cuanto a la falta de notificación a la defensa de la realización de las entrevistas mediante Cámara Gesell de los menores víctimas.
Por último en relación al último planteo de nulidad expresado por la defensa Oficial como así lo expresado por la Defensa particular entendemos que el acta labrada por la autoridad administrativa se realizó en el marco de sus competencias, tal y como lo afirma el Sr. Fiscal de Cámara, no surgiendo del auto atacado que el contenido fuera utilizado como sustento del decisorio, entendiéndose así que la materialidad de los hechos aquí investigados se acreditaron en el grado de probabilidad requerida en esta etapa procesal por demás medios probatorios incorporados al presente proceso.
Además de ello, el procedimiento administrativo en general es la reglamentación del derecho constitucional de peticionar ante las autoridades reglado en el art. 14 de la constitución nacional, por lo que las leyes de procedimiento administrativo regulan la forma de actuación de la administración y su vínculo con el administrado, teniendo como fuente constitucional, además, el art. 18 de la C.N.
La producción de información que pueda generarse en un expediente administrativo, resguardado las garantías constitucionales “lato sensu”, puede ser requerida y valorada en el marco de un proceso judicial, allende sea penal, civil, laboral o de derecho de familia, pues generalmente en el contencioso administrativo es el soporte del propio juicio.
Corresponde por lo expuesto el rechazo al planteo de nulidad del acta N° 193/2026.
V.-Liminarmente, comparto con la Defensa que el presente caso debe ser juzgado no solo con perspectiva de género, sino y además, en especial, con una visión tuitiva de la protección de los derechos del Niño, de rango constitucional, conforme lo normado en el art. 75 inc. 22 de la C.N.
Perspectiva de género. Subsunción: razonabilidad, supremacía de la realidad y no arbitrariedad. (Conforme lo sostenido en los autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCION M.J.” Expte. Nº 79507/22, N° de Juzgado de Recursos 7519/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, en los autos caratulados: “C. M. V. S/ DENUNCIA VIOLENCIA DE GÉNERO” Expte. Nº 79.811/22, N° de Juzgado de Recursos 7534/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, autos caratulados: "JUZGADO S/ INSTRUCCIÓN M.U.Q." Expte. Nº 74.415/20, N° de Juzgado de Recursos 7452/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, y en autos caratulados: "L. I., NADIA V. S/ Dcia. infracc. art. 119 C.P." Expte. Nº 27428/20, N° de Juzgado de Recursos 7451/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia)
Iniciando el presente encuadre teórico, considero que, en cada causa en donde haya una mujer que sea una presunta víctima de actos de violencia de género en general y de abuso sexual en particular, se conjuga toda la historia social del “patriarcado” y del sometimiento de la mujer a la dominación del varón cis.
La valoración interseccional histórica y de la lucha por la liberación y la igualdad de la mujer, encarnada por todas las corrientes y movimientos feministas a lo largo de la historia, concluyen como punto de partida contextual e histórico para el análisis y valoración de una causa y la aplicación de la ley penal.
En los autos caratulados “A. S. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, sostuve que: "...El análisis del presente caso, por las propias características del mismo, es decir violencia psicofísica reiterada de un varón en contra de una mujer en una relación de pareja, debe ser abordado con perspectiva de género. Sin perjuicio que una resolución judicial no es un acto académico, es necesario, a los fines de una correcta motivación, explicar mínimamente que entiende el suscripto por ello. Dos cuestiones a tratar para comprender el análisis de casos con perspectiva de género, una la situación fáctica. Se genera entre el varón y la mujer una relación asimétrica.
El vínculo de poder se fija a través del establecimiento de roles fijos, asignados a cada sexo por los conceptos estereotipados de los mismos, en base a un diagrama de la sociedad y la pareja, únicamente patriarcal (heterosexual). Es decir que partiendo de los roles prefijados y de los cuales no se pueden prescindir "so pretexto" de alterar "la naturaleza de las cosas", se entiende que la relación es simétrica y que lo que se espera de uno se podría esperar de la otra. De allí que abundan preguntas del orden de porque no denunció, porque no se defendió, porque no pidió auxilio, etc. conductas propias esperables de un varón con los roles asignados al mismo. El principal rol asignado al varón es el rol de poder, en donde la mujer es "suya", es decir le pertenece, ejerce sobre la misma un señorío que le permite y le justifica cualquier trato violento psicofísico tanto hacia dentro de la relación como hacia fuera de la misma para defender lo que le han dicho y cree, es su pertenencia.
La relación nunca es simétrica, porque el ejercicio de los roles establece un orden jerárquico donde el "poder", la "legislación" y el "castigo" interno del vínculo lo ejerce quien ostenta la jefatura de esa relación, es decir el varón. A partir de allí se genera una desigualdad estructural, que en el análisis, está caracterizada por comportamientos y conductas violentas, desequilibradas y asimétricas y que se verifica además, no solo al interior de la "familia" sino en los modos de vinculación en la sociedad ("techo de Cristal" que establece límites y postergan a mujeres y otras diversidades para aspirar a lugares de conducción relevantes y "piso o suelo pegajoso" que les impide avanzar y progresar en las estructuras sociales por las múltiples obligaciones que se le adjudican, además de lo estrictamente profesional, todo ello motivado y fundado en su condición de mujer o de persona perteneciente a otra diversidad sexual).
Relevar estas circunstancias en cada caso, es analizarlo con perspectiva de género. Cuando se parte de la relación simétrica, internalizando los roles como cosas naturales, no se puede comprender los comportamientos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los comportamientos que se esperan y que se exigen para poder pasar el juicio de credibilidad lógica de sus actos, es el que se espera del varón como modelo único de persona humana (androcentrísmo). Cuando se los analiza desde la perspectiva asimétrica impuesta por una relación de poder, entonces si podemos entender que los comportamientos están fincados en el miedo, temor, adaptación y sobreadaptación a la situación violenta y de sometimiento en las que se encuentran las mujeres y esto se traslada a otras diversidades sexuales, cuando los vínculos están surcados por el “discurso patriarcal”.
Además de la cuestión fáctica de la cual debe partirse siempre para analizar los hechos ocurridos, en cualquier caso y en especial en los casos ocurridos en el contexto de violencia de género, debe tenerse en cuenta la cuestión jurídica. No voy a explayarme en la legislación vigente e incluso de rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N., CEDAW, Convención de BELEM DO PARÁ, Ley 26.485 y su Decreto Reglamentario, Ley de Identidad de Género, etc.) y su análisis, sino centrar la cuestión desde lo jurídico y que impone necesariamente la aplicación de la perspectiva de género en el análisis de los hechos de violencia en contra de la mujer y otras diversidades sexuales. Lo que está en el centro del análisis, si la lectura de estos casos es realizada sin perspectiva de género y su posible vulneración, es el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida como no discriminación y como no sometimiento (art. 75 inc. 23 de la C.N.).
Pretender analizar los casos en donde los derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales se encuentran en ciernes, desde la perspectiva del varón como modelo único y síntesis de la idea de persona humana ("Hombre" como sinónimo de "humanidad") es violentar el principio de igualdad ante la ley como no discriminación y como no sometimiento, porque la internalización de los roles impone, desde los comportamientos y desde las prácticas sociales aceptadas y enseñadas, un principio de subordinación de la mujer respecto del hombre. Analizar un caso con perspectiva de género no es una cuestión de libre elección del Estado en sus tres poderesfunciones, es una obligación Constitucional- Convencional que hace a los cimientos mismos del estado de derecho, y en esa construcción no pueden estar tampoco ajenos los operadores jurídicos particulares que interactúan en el sistema...".-
Este encuadre histórico y social que demuestra la desigualdad estructural de la mujer, no es solo un marco o herramienta teórica, de abordaje, como modelo de comprensión de una práctica surcada por el ejercicio y materialización de la violencia en varias de sus facetas, es primordialmente una guía de investigación estableciendo parámetros a acreditar para entender, en un caso concreto, si han existido vínculos de poder y en su caso, si los mismos fueron violentos, tal y como lo explicité en la causa citada y en innumerables casos en donde reproduje dichos argumentos.
Producir información sobre el contexto particular de la persona denunciante y víctima y el funcionamiento de las relaciones y los vínculos, permite reunir evidencia para la determinación del hecho punible.
Ahora bien, las normas constitucionalesconvencionales, que dan un encuadre teórico al análisis de un caso de violencia de género y constituyen en su aplicación, herramientas indispensables para abordar la investigación, la producción de información a través de las medidas probatorias, la valoración de ésta, y la interpretación de los conflictos, nunca pueden, por su sola invocación, suplir la falta de información en un caso penal, o la omisión probatoria, ni mucho menos la valoración de una conducta humana.
Decidir, basándose en la sola invocación de las normas y prescindiendo de la producción y análisis de la información que requiere un caso penal en contra de una persona, implica, directamente, el establecimiento de una presunción iuris et de iure para la determinación de un hecho punible, lo que vulnera las normas más elementales constitucionales-convencionales de la garantía de debido proceso sustantivo y adjetivo, y de la defensa en juicio de la persona y sus derechos.
En los autos caratulados: “M. V. V S/Dcia. Les. Lev.” Expte. Nº 29591/21, N° de Juzgado de Recursos 7298/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "…Debemos partir, para centrar de manera correcta el presente análisis, en base a los agravios que son la medida del recurso de apelación, que el artículo 294 del CPP. es claro al sostener que los autos de procesamiento y falta de mérito podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción, allende la posibilidad que también lo sea por vía recurso.- Sobre este piso como criterio rector, debe tenerse en cuenta que al momento de expedirme a fs. 145/149 sobre la situación procesal del imputado al **/**/2023, estábamos frente a dos relatos que se oponían entre sí.- De esta manera, tuve que valorar solo aquellas dos versiones de los hechos, concluyendo de esa manera que resultaba razonable apoyarnos en la versión aportada por la víctima, Sra.
V.M. pues sus dichos encontraban anclaje en el certificado médico que acreditaba las lesiones y en la existencia pasada de una relación con el imputado.- En esa resolución hice referencia, para confirmar la correcta lectura y análisis del A quo, de lo que entiendo es “juzgar con perspectiva de género”, por lo que, y en el marco del análisis probatorio, entendí que la decisión del A quo era acertada.- De la misma manera lo entiendo ahora. La prueba agregada en autos, no solo la fotográfica sino y en especial la declaración testimonial de la Sra. B., permiten confirmar el análisis realizado por el A quo y la decisión que el mismo adoptó en base al mismo.- Quizá habría que aclarar que la perspectiva de género, tal y como lo señale en el auto anterior, es el punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto, pero ello no establece, ni puede hacerlo, presunciones “iuris et de iure”, respecto de las personas que se ven insertas en dicha conflictiva, como parece pretender la recurrente en su planteo, señalando que el auto del A quo no tiene en cuenta dicha perspectiva.- Con la información que se contó al momento de resolver la situación procesal por primera vez, la lectura racional del conflicto, llevo a sostener, perspectiva de género mediante, que el temperamento adoptado era el indicado.-Que ahora se resuelva en sentido contrario no tiene que ver con un cambio infundado de criterio del A quo ni del suscripto, por el contrario.-La nueva información también se analiza desde la misma perspectiva, pues en autos, quien aporta la información que es conteste con los dichos del imputado, es una mujer que, al momento de los hechos, tenía una relación afectiva con el imputado.-Analizar un caso con perspectiva de género, implica valorar la información que aporta la prueba, partiendo de la base de dejar de lado los estereotipos de género que se han utilizado para impedir que los actos de violencia contra la mujer, no solo se sancionen sino que directamente no se investiguen.-Juzgar utilizando estereotipos de género en perjuicio de una mujer o de personas pertenecientes a otras diversidades sexuales, implica el alejamiento de la verdad que es el motivo esencial del proceso penal (art. 185 inc. 1° del CPP.) de la misma manera que implicaría establecer estereotipos fundados respecto de los varones cis, por su condición de tal.-Lo que está en juego es el principio de igualdad como no discriminación y como no sometimiento, y ese principio debe velar porque no se apliquen al juzgar los clásicos estereotipos de género contra las mujeres y otras diversidades sexuales, ni tampoco generar nuevos estereotipos que den por sentado hechos, (presunciones iuris et de iure), asociados a las personas solo por su condición de tales y por sus características, dejando de acreditar, con información agregada por la prueba sustanciada, que fue lo que hizo.-La nueva información aportada permite establecer que los indicios que se tuvieron en cuenta para decidir sobre la existencia de probabilidad positiva, en el primer momento, hoy han variado y los mismos, conforme la declaración de la Sra.
B., dan sustento a las afirmaciones ejercidas por el imputado en su defensa material.".-
En este orden de ideas, las herramientas normativas para la interpretación de los hechos y para la aplicación de la ley “lato sensu”, establecen pautas de hermenéutica en base a diferente universos de personas indeterminados (categorías, grupos, colectivos o minorías) y dan un encuadre describiendo la generalidad de los fenómenos y comportamientos sociales, en base a una forma determinada de ejercicio de poder entre las personas.
Ahora bien, cuando se aborda el análisis de una causa penal determinada con perspectiva de género, debemos tener en claro que las personas en conflicto tienen una identidad propia y una historia vital, que las diferencia del resto de los integrantes de una determinada categoría analítica, y que las funcionalidades sociales se plasman y materializan en forma individual, conforme las características personales de cada protagonista de un hecho punible (víctima y victimario).-
No se puede perder de vista las condiciones, tanto estructurales como coyunturales; y las que hacen a la identidad de cada persona en conflicto con la ley penal, pues de lo contrario estaríamos decidiendo en razón de categorías de personas y de conflictos, considerados teóricamente, en lugar de resolver la conflictividad propia de las personas involucradas en una causa penal, con sus rasgos característicos de identidad, los que son esenciales a la hora de valorar la gravedad del hecho punible y la culpabilidad, en el acto juzgado, de la persona.
En los autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCIÓN C.D.C.” Expte. Nº 74.920/20, N° de Juzgado de Recursos 7052/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "A diferencia de la Defensa, entiendo que el testimonio de la niña que denuncia el delito a manos de su padre, si bien es creíble, debe además, fundarse en información que, reitero, en la presente causa no se encuentra agregada y que deberá ser motivo de continuidad de la investigación. Sobre este piso de marcha, en los autos “B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL”, Expte. Nº 5901/18 (B-1163/19/T.S.J.), el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "En relación a la falta de motivación de la autoría y de la participación de B.M.R. en los hechos investigados, planteada por la Defensa Oficial, del análisis efectuado de la sentencia dictada, ello no se advierte pues nos encontramos frente a la investigación de un delito de muy difícil comprobación que en la mayoría de los casos –como ocurre en la presente causa- solo se cuenta con el relato directo de la víctima. Esto lleva a que la prueba que pudo recolectarse deba ser valorada en forma rigurosa y con una visión global de todos los elementos existentes. Este criterio igualmente fue sostenido por diferentes autores que refieren que: “…a la hora de resolver, se debe tener particularmente en cuenta la dificultad probatoria que impera en este tipo de delitos, teniendo en cuenta el ámbito de intimidad en donde suelen ser realizados.
Así es importante observar lo manifestado por nuestro más Alto Tribunal al sostener que 'la prueba de los delitos contra la honestidad resulta de difícil recolección, por lo que habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados' (CSJN, V.120, XXX, 'Vera Rojas, Rolando', del 15/5/97). Por lo tanto, considero que no existen razones valederas para desconocer la validez, utilidad y aptitud probatoria que revisten las declaraciones de los calificados testigos 'únicos'. Es que ante la presencia de un testigo en soledad del hecho no debe prescindirse de sus manifestaciones sino que ellas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo…”(Ordoñez Pablo, (2020), Medios de prueba, t. 2.
(1ª Edición). Hammurabi. Pág. 220)….” … Ello es así pues de la lectura de la sentencia, en lo que se refiere concretamente al aspecto que se está analizando, se advierte que la misma cumple con los requisitos exigidos en el art. 382 del Código Procesal Penal de la provincia y que la valoración efectuada por los Magistrados de la prueba producida en el debate para fundar la sentencia fue conforme a las reglas de la sana crítica. Entendiendo esta como “…la plena libertad para el convencimiento de los jueces, reconociendo como límite el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común… por lo que es exigible que las conclusiones a que se arribe en la sentencia sean el fruto racional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige que la prueba en que aquélla se funde sólo permita arribar a esa única conclusión y no a otra…” (Daray Roberto R. y Navarro Guillermo Rafael, 'Código Procesal Penal de la Nación', 3 tomos.
Argentina: Hammurabi, 2019. Tomo 3, págs. 187/188)." (La negrita es de mi autoría).- Con el rigor exigido por el Cimero Tribunal Provincial, la información aportada por el testigo único debe ser valorada con el resto de la información aportada por los distintos medios probatorios, para determinar los hechos, con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. El criterio valorativo impuesto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, implica apartarse de todo dogmatismo y prejuicio al resolver una causa y analizarla conforme la información que la misma posea.".
Ilustra lo expresado respecto de la valoración del testimonio de la víctima y la producción de otros medios probatorios, la Dra. Julieta Di Corleto, quien en un trabajo que publicó en el libro “Género y Justicia Penal” de Ediciones Didot, del cual fue su compiladora, denominado “IGUALDAD Y DIFERENCIA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA: ESTÁNDARES PROBATORIOS EN CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO”, en la pág. 296, al señalar que: “Sin modificar los criterios de valoración de la prueba incorporados en los códigos procesales, la sanción de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales ha coadyuvado en la contramarcha de ciertos sesgos de género en la recopilación y mensuración de la prueba. (Di Corleto, 2015) en especial los artículos 16 y 31 otorgan a los órganos judiciales amplias facultades para ordenar e impulsar la investigación y disponen el principio de amplitud probatoria “teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos”.
Asimismo, reclaman a los jueces que consideren los indicios graves, precisos y concordantes que surjan, lo cual invita a realizar un análisis sobre el contexto. En consecuencia, estas normas no habilitan la condena sobre base de “testigos únicos”, sino que obligan a considerar las declaraciones de las víctimas, pero también a realizar investigaciones eficientes que permitan recolectar toda la prueba relevante para la determinación del hecho. En sentido jurídico, mientras “prueba” es cualquier elemento que pueda ser de utilidad para la determinación del hecho (Taruffo, 2011:319); su relevancia se mide en función de si permite fundar, por sí solo o conjuntamente con otros elementos, una conclusión sobre la verdad del enunciado fáctico (Ferrer, 2007:71) Se ha insistido en el hecho de que los casos de violencia de género enfrentan algunas dificultades probatorias en razón de que, en general, no deja evidencias físicas, se ejerce en espacios donde predomina el silencio y el miedo, y donde no hay personas que puedan actuar como testigos. Todo ello justifica que la fuente de comprobación del delito se remita primordialmente a la declaración de la víctima, pero no implica que deba ser la única prueba que fundamente una condena. En síntesis, en casos de violencia de género, una investigación seria y eficiente debería tomar en cuenta la declaración de la víctima y procurar acercar otros elementos de prueba,…”.-
Además de lo expresado, es menester señalar que una situación es la desigualdad estructural de la cual se parte, al analizar un caso con perspectiva de género, y otra muy distinta es el estado de vulnerabilidad en el cual se puede encontrar una mujer, conforme los vínculos y relaciones en los que se encontrare inmersa.
El estado de vulnerabilidad se establece en cada caso en particular, de un análisis de los mecanismos de poder ínsitos en cada relación, los que imponen un comportamiento de los individuos que están, muchas veces, surcados por imposiciones, prohibiciones, castigos, violencia psicológica, material y económica, etc., estableciendo normativas internas que terminan degradando la integridad de las mujeres, y afectando seriamente la autonomía de la voluntad y la libertad de decisión y actuación de las mismas.
Descartado esta situación concreta de vulnerabilidad en un caso determinado, la autonomía de la voluntad y la libre determinación, -conforme lo normado en el artículo 19 de la CN.-, de la mujer, no puede ser puesta en crisis, de manera generalizada por la desigualdad estructural, pues ello sería establecer una mirada condescendiente y paternalista respecto de la misma, y un inconfesable tratamiento de menor valía frente a un varón cis. En los autos caratulados: “L. A. A. S/ DENUNCIA”
Expte. Nº 18989/23, N° de Juzgado de Recursos 7190/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "III.-Que establecidos los agravios debe ingresarse al estudio del hecho y la prueba que motivaron el dictado de la resolución cuestionada. Efectuando un racconto de las constancias agregadas al legajo y en lo relativo al delito de abuso sexual que fuera relatado por la denunciante, se observa la existencia de un escollo procesal que impide la prosecución de las actuaciones en lo atinente al tipo penal reseñado. Observando las declaraciones efectuadas en sede policial de fs. 01 y vta. , 11 y vta. en las que la damnificada narra hechos que podrían quedar inmersos dentro del tipo penal de abuso sexual y amenazas, al momento de ser consultada, solo insta la acción penal por el delito de amenazas, lo que resulta intrascendente, pues se trata de un delito de acción pública.
Lo concreto es que no se expresó sobre la instancia de la acción penal respecto al delito de abuso sexual que denunció en la sede prevencional. Que a fs. 32/33 -al prestar declaración testimonial en el Juzgado, A.A.L., hizo un relato describiendo de manera extensa y detallada, todo lo vivido en esa oportunidad, en especial los actos de abuso sexual realizados por parte de S.. Sin embargo, en esa oportunidad, al ser preguntada, por primera vez, sobre su deseo de instar la acción penal por el abuso sexual, se pronunció de manera negativa. Vale decir que, reitero, al ser interrogada la primera vez sobre la instancia de la acción penal respecto del abuso que ella habría sufrido, expresó claramente su negativa, cayendo sus razones en el ámbito de su autonomía de la voluntad personal, que no puede ser avasallado, pues hace al principio de reserva (art. 19 de la C.N.).-Sobre el presente tópico, he resuelto cual es el criterio rector sobre este instituto de derecho procesal, regulado en el código de fondo… Sentado ello, comparto la decisión emitida por la Sra.
Jueza subrogante, respecto de la instancia de la acción penal, tal como ha quedado expresado del precedente transcripto, el que he reiterado en varias oportunidades. Ahora bien, el planteo del Sr. Agente Fiscal, merece un análisis riguroso, pues el mismo invoca normas del derecho constitucional-convencional y creo que hace centro en un derecho humano elemental, como es la libre y autónoma determinación voluntaria de la persona, en especial referencia a la mujer. Y en base a ese marco normativo, pretende que la decisión expresada libremente y sin sospecha alguna de un estado de vulnerabilidad de la víctima, libre de violencia y coacción alguna, sea dejada de lado, y que se continúe con la investigación del delito de abuso sexual en contra de su voluntad expresa.
Frente a ello, considero que el principio de la autonomía de la voluntad debe ser asegurado a cada ser humano, sin distinción de condición alguna, es decir que, la mujer y otras diversidades, tiene el mismo derecho a ejercer libre y autónomamente su voluntad expresando, como lo hizo en este caso, su intención de no proseguir con la causa, lo que debe ser respetado, al igual que lo es la decisión de un varón cis. La denunciante expresa libremente su decisión de no participar en un proceso en donde la tenga como el principal órgano de prueba, y la ley penal le otorga la posibilidad de decidir instar o no la acción penal. Ello no es facultad del Estado, máxime cuando no se evidencia estado grave de vulnerabilidad, de sometimiento, o un vínculo con el agresor que pueda modificar su decisión, en su propio perjuicio.
Que el Sr. Agente Fiscal haya formulado requerimiento, no implica que el mismo prospere, si la instancia penal no se ha realizado por parte de la víctima. El principio de la autonomía de la voluntad, no puede ser interpretado como en el siglo XIX, pues a partir del desarrollo de los Derechos Humanos en todo el siglo XX y lo que va del presente, la autonomía de la voluntad fue reconfigurando su contenido, el que no puede ser encorsetado en las pautas establecidas en las viejas dicotomías entre derecho público y privado, sino y por el contrario, debe ser analizado a la luz de todas las normas que establecen condiciones de ejercicio evaluadas con las que establecen derechos fundamentales de la persona humana.
Ello implica, según los casos, darle una preeminencia distinta de la que podría considerarse en otro momento, o por el contrario restringir el mismo en pos de derechos fundamentales del ser humano y que hacen a su condición de tal. Los derechos de la mujer, correctamente invocados por el Ministerio Público Fiscal, implican la obligación del Estado de brindar protección y asegurar la tutela judicial efectiva. No solo son normas de orientación y hermenéutica, son verdaderas garantías y derechos que los estados deben respetar y hacer cumplir, pues su declamación, si bien es siempre un adelanto, de nada sirve si el Estado a través de cualquiera de sus tres poderes-funciones no efectiviza su cumplimiento en cada caso concreto.Ahora bien, su materialización debe hacer eje en la decisión, libre de toda violencia y alejada de cualquier grave estado de vulnerabilidad, de la persona humana y debe respetarla, en especial, en los casos en los cuales el legislador le ha dado el ejercicio de la opción de instar la acción penal o no hacerlo, y no puede, so pretexto de invocar la tutela judicial efectiva, trastocarse y tergiversarse los principios, para desconocer esa facultad que el mismo orden jurídico le otorga, y proceder de oficio prescindiendo de su libre y autónoma voluntad de elegir.
Y cuando analizamos las normas que establecen un régimen protectorio del derecho a la igualdad de trato a la mujer, debemos tener en claro que todo el “bloque de legalidad” constitucionalconvencional no solo está destinado a protegerla de los actos discriminatorios de los particulares, sino y en forma directa y principal, de los actos de los propios Estados a través de sus tres poderesfunciones.Prescindir de la decisión de la denunciante, que se niega a instar la acción penal, para sustanciar el proceso sin su consentimiento, es un acto directo de discriminación estatal contra la mujer, pues se apodera de su libre decisión, la instrumentaliza y cosifica, y la utiliza para llevar adelante un proceso, que va de suyo, será iatrogénico, porque desde su inicio, ella no está de acuerdo con su instrucción.
Sobre este piso, cabe afirmar que, en este caso y ante un delito como el abuso sexual que tradicionalmente ha sido de instancia privada, cuando se trata de personas mayores de edad, de prosperar la propuesta del Sr. Agente Fiscal configura un acto de violencia institucional, pues somete a un proceso penal a la principal testigo y víctima directa, cuando la misma ha manifestado plena y claramente, que no es su decisión atravesar este proceso. Garantizar los derechos de la mujer, implica, en primer lugar, su reconocimiento en un plano de igualdad ante un varón. La perspectiva de género en el proceso penal no implica punitivismo a ultranza en todos y cada uno de los casos, impone, por el contrario, la valoración de la libre voluntad, sin presión alguna, de la mujer que se encuentra frente al Estado, y fundamentalmente, su derecho a la plena igualdad del trato más allá de su sexo, raza, condición social, etc..
Consolidar esta circunstancia vulneraría las normas del artículo 16 de la C.N. y las citadas del derecho convencional constitucional, porque la víctima se transforma en un objeto independiente de su libre albedrío, prestado voluntariamente ante la A quo, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado Argentino. En el capítulo VIII, (DES)IGUALDAD ESTRUCTURAL, de la obra EL DERECHO A LA IGUALDAD, APORTES PARA UN CONSTITUCIONALISMO IGUALITARIO COORDINADA POR LOS DRES. MARCELO ALEGRE Y ROBERTO GARGARELLA, EDITORIAL ABELEDO- PERROT, en la pág. 168, el Dr. Roberto Saba señala que: "En cambio, "ser mujer", en la mayoría de los países de América Latina y, por cierto, en Argentina, es una categoría sospechosa desde la perspectiva de la igualdad como no sometimiento".
El concepto de “categoría sospechosa” es una creación de la jurisprudencia norteamericana (vid “Korematsu vs. United States” 323 U.S. 214-1944) que ha sido seguida por nuestra Corte Suprema de Justicia (casos “Repetto” Fallos: 311-2272, “Gonzalez de Delgado” Fallos 323:2659); y que más allá del derecho de igualdad de modo racional, se debe analizar el concepto de igualdad como no sometimiento frente a un grupo estructuralmente vulnerable. Es en breves palabras, una inversión de los estándares probatorios, frente al primer supuesto de igualdad como racionalidad (sistema clásico) la parte debe probar que se ha vulnerado por el Estado o particulares la igualdad ante la ley, en cambio en el segundo, cuando se trata de “categoría sospechosa”, es el acusado o demandado el que debe probar que no ha vulnerado el derecho a la igualdad como no sometimiento.
Para ello entonces, en el caso de autos, debemos realizar lo que se conoce como un juicio hipotético, a los fines de establecer si la decisión que se asuma respecto de este caso, no se convierte en un acto discriminatorio. (Utilizo el término “discriminatorio” en el sentido que le asignó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el apartado 84 de la Opinión Consultiva 18/2003, “En la presente opinión consultiva se hará una diferenciación al utilizar los términos “distinción” y “discriminación”. El término “distinción” se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible, por violar los derechos humanos”).
Ese juicio hipotético no es más que una comparación. En este sentido debemos tener en cuenta que el análisis de los supuestos de sometimiento, es decir de las "categorías sospechosas", debe ser interseccional, lo que implica que pueden confluir varias categorías en un mismo análisis, pues no son excluyentes entre sí, sino que son acumulativas. De ese juicio hipotético, seguramente si se tratara de un varón cis, de la misma edad y condiciones de la víctima, el Estado a través de los órganos competentes, ante la libre determinación de no instar la acción penal, hubiese archivado la causa, tal y como hizo la A quo. Ello demuestra que el acto que pretende el Sr. Agente Fiscal es un acto discriminatorio, respecto de la víctima, por su condición de mujer.
Ello tiene anclaje en el desarrollo filosófico que ha tenido la autonomía de la voluntad en relación a la mujer, el que le ha sido negado, bajo el mecanismo del silenciamiento, teniendo solo un sentido androcéntrico. Ello fue desarrollado por la Doctora Diana MAFFIA, en un trabajo titulado "MUJERES Y (FALTA DE) AUTONOMÍA EN LA FILOSOFÍA MODERNA", publicado en la obra TRATADO DE GÉNEROS, DERECHOS Y JUSTICIA, POLITICAS PUBLICAS Y MULTIDISCIPLINAS" de la editorial Rubinzal Culzonni, págs. 509 y ss., señalando, entre otros muchos conceptos, que es esencial, para lograr la libre autonomía, la autonomía física, es decir, cada mujer sobre su propio cuerpo. Señala al final del trabajo algo que es la esencia de la autonomía de la voluntad, que debe ser comprendido, para evitar soluciones en donde, reitero, la mujer sea instrumentalizada, al concluir que "Son nuestros cuerpos, por lo tanto, los que resultan enajenados y expropiados.
Sin esta autonomía física sobre nuestros cuerpos, las construcciones de ciudadanía son débiles y relativas y es cínico hablar de igualdad política".-Esta situación posibilita que la autonomía de la voluntad, que no sería desconocida a un varón cis, lo sea, so pretexto de "tutela judicial efectiva", respecto de la libre decisión de una mujer. En el fallo "Gualtieri Rugone de Prieto" (Fallos 332:1769) los Jueces Lorenzetti y Zaffaroni señalaron que el artículo 19 de la C.N. comprende las acciones privadas y también ciertos ámbitos de privacidad, al que pertenecen, entre otras cosas, las decisiones de vida que cada persona tiene derecho a tomar libremente. Entre ese derecho, la mujer, en este caso, al igual que el varón cis, tiene derecho a optar por instar o no la acción penal, y ese derecho no puede serle arrebatado por ningún órgano del Estado."
A mayor abundamiento, en esta línea, la autonomía de la voluntad y libre elección, en especial, sobre su propio cuerpo, tal y como lo señaló Diana Maffia en la cita precedente, el artículo 7 de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, faculta a la persona gestante, previo consentimiento informado, a realizar su interrupción.
En la investigación de un caso con perspectiva de género, debe enfocarse la producción de información a través de los distintos medios probatorios, a establecer las características de las relaciones vinculares, los mecanismos de funcionamiento de poder y acreditar, en caso que así sea, los diferentes estados de vulnerabilidad de una víctima.
El contexto normativo constitucional-convencional, legal y además, histórico-social, para analizar y resolver un caso penal de violencia de género, en el cual, en cada víctima se conjugan, como dije, todas las víctimas discriminadas y sin justicia, sumadas a todas las mujeres sometidas a lo largo de la historia, no puede transformarse en la única fundamentación de un caso penal.
Por el contrario, dicho contexto constitucional impone el deber de agotar, por parte del Estado, todas y cada una de las medidas probatorias necesarias, útiles y pertinentes, para producir la información que permita adoptar una decisión que sea una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.
La aplicación de las normas constitucionalesconvencionales que establecen el deber de juzgar con perspectiva de género, se integran en el sistema de razonamiento que imponen las garantías fundamentales del debido proceso sustantivo y adjetivo, como así la defensa en juicio de la persona (Arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N.).-
En este derrotero, cabe recordar lo expresado por el Dr. Bacigalupo, tanto en su obra sobre la parte general del derecho penal, como en la ya clásica dedicada a la resolución de los casos penales.
Ello así, pues el silogismo judicial que describe, es el que toda la dogmática, tanto del Estado de Derecho Legal como del Estado de Derecho Constitucional, parten para realizar un correcto encuadre de los hechos en las normas jurídicas.
En la primera de las obras, sostuvo que: “La relación entre un hecho y un tipo penal que permite afirmar la tipicidad del primero se denomina subsunción. Un hecho se subsume bajo un tipo penal cuando reúne todos los elementos que éste contiene. En la práctica, la subsunción se verifica comprobando si cada uno de los elementos de la descripción del supuesto de hecho se da en el hecho que se juzga. En los delitos dolosos la tipicidad depende de la comprobación de los elementos del tipo objetivo y de los elementos del tipo subjetivo (dolo y demás elementos subjetivos de la autoría).” (Conforme Derecho Penal, Parte General, Enrique Bacigalupo, Segunda Edición, Hammurabi, año 2014, pág. 239)
En la segunda de las obras mencionadas, expresó que: “Tradicionalmente se ha comparado el método jurídico de la subsunción con un silogismo en el cual la premisa mayor está constituida por la norma, la premisa menor por el hecho y la conclusión por la decisión… Una vez configurada la premisa mayor mediante la interpretación de la ley, es decir, una vez que se cuenta con el tipo de la interpretación y con un adecuado conjunto de conceptos analíticos, es preciso comprobar si los elementos que componen cada concepto del tipo de la interpretación se dan en el caso concreto. Se trata de establecer una relación de correspondencia entre el hecho y el tipo. Si esta correspondencia se puede afirmar el hecho será típico… También hay que subsumir los aspectos subjetivos del hecho… Como es sabido un hecho típico es antijurídico si no está justificado por una causa de justificación.
La afirmación de antijuridicidad requiere, por lo tanto, la negación de la subsunción del hecho bajo el tipo de una causa de justificación. Para ello se precisa una comprobación de cada elemento de la justificación de la misma forma en que se ha procedido con los elementos de la tipicidad. Lo único que cambia es el signo de la operación: su resultado debe ser negativo para que se pueda afirmar la antijuricidad, es decir, a la inversa de lo que ocurre con la tipicidad… Se podría decir que la comprobación de la existencia de un delito requiere una doble operación de subsunción, es decir, operaciones desde la subsunción de signo contrario: 1) Una subsunción positiva, bajo el tipo penal, 2) Una subsunción negativa, la exclusión de subsunción del hecho bajo circunstancias que excluyen la punibilidad en general (causas de justificación, causas de exclusión de la culpabilidad o excusas absolutorias) … En la operación de subsunción de un hecho bajo un tipo, el jurista se encuentra entre dos campos más o menos desordenados: el del hecho, cuyas características se manifiestan sin seguir una lógica perfecta, y el de la ley, cuyo texto no siempre sigue un orden jurídicamente adecuado… El fallo de la sentencia debe contener, en este sentido una aplicación de la norma general al caso juzgado, por lo que la sentencia aparece como la documentación escrita de un procedimiento de mediación entre una norma general y la norma individual que contiene el fallo.
Aplicar la ley significa, en este sentido, trasladar la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto… La subsunción es una operación mental consistente en vincular un hecho con un pensamiento y comprobar que los elementos del pensamiento se reproducen en el hecho.” (Conforme “Técnica de Resolución de caso Penales”, Enrique Bacigalupo, Segunda Edición, Hammurabi, año 2008, págs. 109, 115/123, 142/145).-
Ahora bien, en el juicio de subsunción, el cual incluye el de tipicidad, no alcanza con la realización del silogismo subsuntivo descripto por el Dr. Bacigalupo, pues éste es el primero de los razonamientos que impone la teoría del delito, pero que, además, afirmada la tipicidad objetiva sistemática, debe analizarse la conglobante, para poder proseguir con el análisis estratificado que impone la citada teoría analítica del delito, es decir los análisis relativos a la antijuridicidad y a la culpabilidad de la conducta. La dogmática penal argentina, explica que la función del tipo penal, como expresión del principio de legalidad, tiene dos funciones claras, una es la de habilitar poder punitivo y la otra es la limitación valorativa del campo de lo prohibido establecido por las normas prohibitivas que se deducen de los tipos judiciales, es decir la limitación de la aplicación de las normas prohibitivas a partir del principio rector establecido en el artículo 19 de la C.N., léase, principio de reserva.-
El juicio de tipicidad es parte del silogismo práctico judicial, y demanda, como todo el análisis estratificado de la teoría del delito, una valoración a través de la interpretación y argumentación jurídica para precisarlo. En este sentido se ha entendido que: ”Resumiendo, … nos importa consignar nuestra adscripción del razonamiento jurídico a los razonamientos prácticos y que, por ende, él es intrínsecamente axiológico, requiere de un método dialógico a los fines de alcanzar saberes que, si bien parten de verdades universales, sólo proporcionan habitualmente certezas probables a la hora de regular conductas humanas concretas.-
Haber afirmado la practicidad del razonamiento jurídico no implica sustraerlo a exigencias lógicas o formales. Es cierto que la lógica formal y la estructura silogística judicial terminaron con mala prensa después de la confianza excesiva que había despertado en los ámbitos del positivismo legalista. Entre las reacciones jurídicas más importantes en el continente europeo contra la lógica formal judicial ocupan un lugar destacadísimo Perelman y los diferentes expositores sobre la teoría de la argumentación;… Aun cuando los problemas lógicos-formales no agoten los problemas de razonamiento judicial, lo cierto es que su consideración es forzosa, por lo que vale en aquel campo la conclusión genérica del ya citado Kalinowski: “Todo razonamiento en tanto que es razonamiento depende de la lógica”.
Admitir las exigencias lógico formales sobre el razonamiento judicial implica vincular a éste con el silogismo deductivo, porque, como enseña Kalinowski: “…el nombre de la lógica en su sentido más restringido designa a la lógica formal deductiva”… Esta confianza y afirmación silogística respecto del razonamiento judicial supone recordar que el silogismo es una noción analógica y que el silogismo del que hablamos los juristas es el práctico, en donde inevitablemente aparecen comportamientos, valoraciones y normas, amén de un marco institucional fuerte… Así, por ejemplo, Perelman cuando denuncia las insuficiencias del silogismo se basa en que “…en el silogismo el paso de las premisas a la conclusión es necesario, no ocurre lo mismo cuando se trata de pasar de un argumento a una decisión”; sin embargo, está incluida en el silogismo práctico esta exigencia decisoria (Mac Cormick) que no invalida la deducción aun cuando le ponga límites a aquélla. … en efecto, amén de que el juez emplea raciocinios inductivos, amplificantes, analógicos y estadísticos –según K.-, nos interesa señalar que lo habitual es que haya “polisilogismos” o “cadenas” o “árboles silogísticos” como prefieren decir Arnio y Peczenik, y asimismo recordemos que el razonamiento judicial es normalmente entimemático, en tanto hay ciertos argumentos que están implícitos u ocultos, y no explicitados o expresados.
Precisando lo señalado, estimamos que el Juez básicamente estructura un “macrosilogismo” que contiene la decisión que resuelve el caso que lo ocupa y, por ende, debe establecer como mínimo la premisa mayor o enunciado normativo, la premisa menor o enunciado fáctico y la resolución o enunciado normativo individual. Pero además de estas tres inevitables decisiones hay una cuarta decisión que, en realidad, es lógicamente primera en tanto posibilita o frustra las restantes: nos referimos a lo que podríamos llamar “la decisión constitutiva de la litis”. El objeto de ésta es precisar el problema que debe ser resuelto y si las partes han hecho lo que correspondía a los fines de que el Juez efectivamente se pronuncie.”(Conforme “INTERPRETACIÓN (ARGUMENTACION) JURÍDICA EN EL ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL del Dr.
Rodolfo Luis Vigo, Rubinzal-Culzoni editores, págs.78 y ss.) (La negrita es de mi autoría).-
Como surge claro, no es una simple operación lógica, si bien tiene como punto de partida la misma, pues lo que estamos analizando siempre son conductas humanas, es decir acciones realizadas por personas que se materializan en una determinada situación constelacional y que tienen como rasgos, las características psicofísicas propias de los sujetos intervinientes y su historia vital.
Toda la teoría del delito, a través de su análisis estratificado, es un proceso de diferentes niveles de razonamientos que llevan a concluir que ha existido o no, en un caso, una conducta típica, antijurídica y culpable. Estos procesos de razonamiento deben ser explicados y motivados más allá de la enunciación de los mismos, para poder establecer si la afirmación en la cual se concluye en la decisión judicial, es decir la comisión de un delito por parte de una persona, puede resistir el análisis que se haga sobre la misma, teniendo en cuenta los hechos, la prueba y la norma jurídica específica. Este sistema de razonamientos o silogismos para emitir una decisión jurisdiccional debe ser realizado teniendo en cuenta en cada nivel o estrato de la teoría del delito, los principios que estructuran el sistema de decisiones penales, entre ellos el de razonabilidad y el de supremacía de la realidad.
En autos caratulados “H. M. M. Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto". Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional. Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)".-
Estos principios implican, a la hora de analizar una conducta humana y la subsunción de la misma en un tipo penal para afirmar la existencia de un delito y una persona como autora responsable del mismo, que debe partirse de la conducta pues son los hechos los que gobiernan el sistema penal, es decir las conductas humanas, y deben ser respetados tal y como sucedieron, en virtud del principio de supremacía de la realidad, ello con base y fundamento en la información aportada por la prueba rendida en autos.
En síntesis, el principio de supremacía de la realidad y de razonabilidad establecen, claramente, dos imposibilidades a la hora de realizar los distintos razonamientos que impone la teoría analítica del delito: A) la primera imposibilidad es la de forzar o torcer los hechos para que los mismos subsuman en una figura delictiva, y B) la segunda imposibilidad, es la de alterar las normas, su significado y sentido, como así su alcance, para que las mismas abarquen conductas que no son contempladas por las mismas.
En ambos casos, la decisión jurisdiccional que se adopte vulnerando las imposibilidades señaladas en el párrafo anterior, no sería una “derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso” en palabras de nuestro cimero Tribunal Federal, por lo tanto la misma, sería arbitraria.
En este sentido, sobre el alcance de la arbitrariedad de sentencia, en los autos "R. M. A.S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte. Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del **/**/2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal. Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..."(Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479). La Excma.
C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo"). Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº066/077; "M. J. C. s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros. En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad." (La negrita es de mi autoría).-
Cualquier razonamiento a lo largo del análisis estratificado de la teoría del delito, que no respete la necesaria razonabilidad, correspondencia e identidad entre la conducta humana y la norma en la cual se valora que la misma subsume, viola frontalmente el principio de razonabilidad o de supremacía de la realidad, pues puede producir el trastocamiento de los hechos, o el “vaciamiento” de normas y su reemplazo, por otras que exceden claramente su aplicación al caso.
En un primer análisis normativo de una conducta, no revisten mayores dificultades para discernir, por el carácter fragmentario del derecho penal, una figura delictiva que protege el bien jurídico propiedad, de otra que protege la integridad y libertad sexual de una persona.
Pero va de suyo que, luego de este primer acercamiento, en un segundo análisis que se realiza ya seleccionando del conjunto de figuras delictivas que protegen un bien jurídico, la situación comienza a tener un nivel de tensión mayor, sobre todo cuando de las figuras básicas vamos hacia las agravadas.
Para que la tensión, normal en este tipo de valoración, se “disuelva” sin que vulnere ninguno de los principios mencionados, los hechos deben subsumir claramente en las normas más graves a través de la correspondencia e identidad con las mismas, demandando una explicación y razonamiento que debe ser fundada en los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios. Lo que debe evitarse es la narrativa fáctica, la descripción normativo-dogmática y la enumeración de la prueba, sin explicar, razonar ni valorar el proceso de subsunción a través de la necesaria argumentación. Sobre este piso, entonces, a la hora de formular y emitir un juicio de mérito sobre un caso compuesto por la teoría fáctica, jurídica y probatoria, se debe explicar: a) de qué medio probatorio se obtuvo la información para sustentar cada una de las proposiciones fácticas, b) cómo cada una de las proposiciones fácticas que integran la imputación de la conducta, subsumen en los requisitos del tipo objetivo de la figura delictiva seleccionada, c) cuál es el alcance de los distintos elementos que integran la figura delictiva seleccionada, sobre todo cuando en ellas se relevan no solo elementos descriptivos, sino normativos. Luego de ello, corresponde continuar con el análisis, en caso que exista alguna causal de justificación o de inculpabilidad.
El proceso analítico es incompleto si no se agotan todos los supuestos señalados, pues no basta expresar la conducta y los alcances típicos, sino que se debe explicar y fundar, mínimamente, en base a la prueba colectada, como la misma subsume en el tipo penal y cuál es, en su caso, el alcance de éste.-
La explicación y la demostración, a través de la argumentación, es el fundamento central de la decisión, es “decir” literalmente el motivo por el cual quien decide (Juez/a), entiende que la conducta se encuentra abarcada por el tipo penal que seleccionó.
Este proceso no puede darse por sentado con una simple enumeración de supuestos fácticos, probatorios o jurídicos sin la necesaria y vital concatenación a través de los razonamientos que integran una decisión, no solo lógica, sino y en especial, justa.
Esta operación no puede correr por cuenta de los destinatarios de la decisión judicial, ya que es el requisito de “motivación” que exigen la ordenanza procesal y el principio central de toda decisión jurisdiccional, que establece que debe fundamentarse por qué se selecciona una determinada plataforma fáctica y por qué una particular figura delictiva.-
Ello y no otra cosa es el análisis crítico racional de las distintas “teorías” que conforman el planteo de un caso penal, es decir la fáctica, la jurídica y la probatoria. Son los hechos, las circunstancias que los rodean, las conductas precedentes y las posteriores, las que, en definitiva, determinan un hecho punible, y permiten que los mismos puedan ser afirmados con la probabilidad positiva que exige la etapa de instrucción, como previa a un juicio oral y público. (Conf. art. 19 de la Constitución Provincial).
Es en los hechos, es decir en las proposiciones fácticas en las cuales las partes y el Juez, deberán basar sus peticiones y decisiones, no siendo susceptibles de omisión invocando en su lugar normas de rango constitucional, pues partimos del principio “iura novit curia”.
La obligación del Juez de resolver conforme los hechos, su subsunción legal y la información en los cuales se sustenta, trasciende al mismo, pues las partes, conforme a su teoría del caso (para que la misma sea valorada) debe cumplir con los mismos requisitos, información, hechos y subsunción legal.
En los autos caratulados: “T. L. S/Lesiones R/ VÍCTIMA ” Expte. Nº 34779/22 T, N° de Recursos 6717/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "Ello así, pues analizados los presentes actuados, surge del testimonio de la víctima Sr. L.T., como del testigo presencial Sr. A., que la Sra. A.E.M., se acercó a la víctima, y con la clara finalidad de causarle la muerte, le asestó una puñalada en la zona abdominal, la que no ocurrió por la pronta atención médica, provocándole lesiones que causaron riesgo de muerte. Surge, además, de los informes médicos lo que deberá corroborarse con la intervención del cuerpo médico forense, a los fines de determinar no solo el acreditado riesgo de vida, sino las secuelas que pudieran quedar en la salud de la víctima.
Estos son los hechos. El móvil o motivo del mismo, resulta claro de la circunstancia fáctica acaecida momentos antes del ataque que realiza la acusada, y que la misma, por lo demás, lo reconoce en su segunda declaración indagatoria. Según la propia manifestación de la imputada, al ingresar su pareja, el Sr. C.C. golpeado por la víctima L.T. en una pelea entre ambos, decide motivada en esta circunstancia, con la finalidad de terminar con las agresiones que, según explica, venía sufriendo C. y respecto de las cuales ella manifiesta que sentía temor por la vida de éste, terminar con la vida del Sr. T.. Hay solución de continuidad entre el enfrentamiento a puños entre L.T. y C.C., el que es motivo de investigación en causa aparte y la planificación que realiza la acusada a partir de observar las condiciones físicas en las que se encontraba su pareja luego del enfrentamiento realizado.
El dolo o lo expresa el acusado o se infiere de los hechos. En este caso, allende las consideración y la valoración de los dichos de la acusada, los que se acaban de realizar y los que son considerados por el suscripto como móvil o motivación del hecho y que no pueden ser valorados como causa de justificación o de exculpación, pues sería tergiversar los mismos, se infieren claramente en el ataque con un arma blanca asestada en la humanidad del Sr. L.T., en una zona corporal que puso en riesgo concreto su vida, habiendo realizado la Sra. M. todos y cada uno de los actos necesarios para quitarle la vida a la víctima (tentativa acabada) la que no ocurrió por la circunstancia de su pronta atención médica, es decir un acto ajeno a la propia voluntad de la agresora, quien luego de su ataque se retiró a su domicilio a descansar.
Estos son los hechos. Los hechos son los que gobiernan el rito penal. Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente. Los hechos no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. Los hechos hablan por sí mismos y el Juzgador lo que hace es inscribir jurídico-penalmente los mismos en un proceso penal para garantizar la realización del valor justicia, valor establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional, "Afianzar la Justicia". El análisis jurídico que se haga de los hechos y las proposiciones fácticas que de los mismos se desprendan como base de una imputación no pueden ni deben alterarlos, transmutarlos o transformarlos.
El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Sobre este andamiaje, cabe remarcar que la existencia material del hecho investigado y su autoría no se encuentran controvertidas. Los agravios se centran en la elección del tipo penal escogido por el A quo para calificar la conducta de la imputada, y en la alegada existencia de una causal de justificación de su obrar, invocando el ejercicio legítimo de un derecho -legítima defensa de un tercero- (art. 34 inc.7 del C.P.), si bien admitiendo un exceso en esa defensa (art. 35 C.P.) Las pruebas colectadas en autos y la valoración realizada por el A quo, se desprende el juicio de logicidad para arribar a la decisión allí plasmada...”.-
El proceso es el método para la construcción de una decisión judicial, pero esta decisión no puede estar guiada por otro criterio que no sea el de la Justicia.
Nuestra Constitución Provincial en su artículo 1 establece que la Constitución Nacional y las Leyes nacionales son la ley suprema Provincial. Y en este orden, el preámbulo de la constitución nacional establece el principio de afianzar la justicia, como uno de los elementos centrales de un estado constitucional y convencional de derecho.
La decisión jurisdiccional debe ser una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso y que, va de suyo y por esta circunstancia, además, JUSTA, entendiendo este significante como principio hermenéutico y rector, como valor y como herramienta para la resolución de los casos, siendo ésta, en definitiva, la télesis que debe impregnar un acto jurisdiccional que respete, esencialmente, los principios de la lógica, la racionalidad y la razonabilidad.
Así, la jurisprudencia de nuestro Cimero Tribunal Federal ha señalado, respecto del valor justicia, que: “Las normas de procedimiento y sus reglamentaciones no se limitan a una mera técnica de organización de procesos, sino que tienen por finalidad de objetivo, regular el ejercicio de derechos y lograr la concreción del valor justicia, en cada caso, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio.”
(Conforme M. A. vs. Sacreu S.C.A. /// CSJN; **/**/2005; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN;
M.1215.XXXIX; RC J 110443/09); y que: “La función del órgano judicial, lejos de ser meramente reproductiva, debe orientarse a formular una interpretación creativa de la norma tendiente a asegurar el valor justicia. (Conforme W. E. M. vs. O. M. G. /// CSJN; 14/06/1995; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; W.12.XXXI; RC J 109247/09); y además que: “La Corte Suprema debe ponderar cuidadosamente los principios constitucionales a fin de evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de una norma aislada de su contexto conduzca a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto, lo cual iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad.” (Conforme Rocca Clement, Marcelo s.
Asociación ilícita - En concurso real - Causa N° 88394/2000 /// CSJN; 30/09/2003; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; R.629.XXXVII; RC J 102957/09); y que: “El mandato constitucional concerniente a "afianzar la justicia", tiene una connotación que debe ser entendida en el sentido más amplio del valor justicia, es decir, como comprensivo de la justicia conmutativa, distributiva y aun social, así como de consecuencias lógicas de lo anterior, tales como la garantía de la creación de un órgano judicial imparcial e independiente, que se ocupe de administrar justicia y de la facultad irrestricta de los individuos de recurrir a ella en base a un plexo normativo que le brinde suficiente apoyatura.” (Conforme Ingeniero Héctor Francisco Carrera S.A. vs. Terrenos Golf San Martín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título de dueño /// CSJN; 11/04/2000; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; I 180 XXXV; RC J 102198/09); y finalmente que: “Forma parte de la misión de la CSJN evitar que, por la aplicación mecánica e indiscriminada de la normas, se vulneren derechos fundamentales de la persona y se prescinda de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto. Lo contrario iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad. (Del voto de los Dres. Maqueda y Zaffaroni.)” (Conforme Itzcovich, Mabel vs. ANSES s. Reajustes varios /// CSJN; 29/03/2005; Rubinzal Online;
I.349.XXXIX; RC J 1457/05).-
De la finalidad de la intervención estatal, a través del poder-función jurisdiccional, de afianzar y materializar el acceso a la decisión judicial JUSTA, surge, claramente, la imposibilidad de motivar cualquier acto en dogmatismos o conceptos jurídicos indeterminados, sin establecer el alcance interpretativo y en normas constitucionalesconvencionales, legales y reglamentarias, sin explicar cómo los hechos, subsumen en las mismas.
Sin perjuicio de ello, cualquier intención de cambio -conforme Art. 5 inc. a) de la CEDAW- de los paradigmas socioculturales que han establecido la violencia de género y la desigualdad de la mujer, de manera estructural, implica que siempre debemos partir de todo el bloque de legalidad para abordar cada caso, teniendo en cuenta el orden simbólico y real de la ley. En este sentido, Rita Laura Segato, antropóloga, en su libro, “LAS ESTRUCTURAS ELEMENTALES DE LA VIOLENCIA, ENSAYOS SOBRE GÉNERO ENTRE LA ANTROPOLOGÍA, EL PSICOANÁLISIS Y LOS DERECHOS HUMANOS”, de la editorial Prometeo Libros, señaló en la pág. 125, que: “Si percibimos el poder de la propaganda y el potencial persuasivo de la dimensión simbólica de la ley, comprendemos que ella incide, de manera lenta y por momentos indirecta, en la moral, en las costumbres y en el sustrato prejuicioso del que emanan las violencias. Es por eso que la reforma de la ley y la expansión permanente de su sistema de nombres es un proceso imprescindible y fundamental”.-
Cada causa de violencia de género resuelta de manera justa, conforme a la ley, es un aporte hacia la modificación de los patrones culturales que la han posibilitado, y ese es el verdadero y real compromiso establecido en el orden constitucional-convencional, el cual nos alcanza como integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.-
Sobre este piso de marcha, podemos adelantar que, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar parcialmente el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. De la información que aportan en autos los distintos medios probatorios, se infiere que los hechos sucedieron tal y como fueron imputados.
En cuanto al agravio expresado por la defensa en relación a la calificación legal escogida, adelanto y tal como infra se tratará, que existe un error al subsumir la conducta en el delito de REDUCCIÓN A SERVIDUMBRE (art. 140 del C.P.) pues, claramente, no se encuentran en autos acreditados los requisitos del tipo objetivo sistemático de dicha figura delictiva, y también comparto lo expresado en referencia al concurso del resto de las figuras delictivas seleccionadas por el A quo, pues se trata de una práctica integrada por acciones y omisiones, realizada sin solución de continuidad, que afecto varios bienes jurídicos de los niñxs víctimas, y que, por ello, concurren idealmente.
En relación a lo expresado en cuanto a que las calificaciones legales escogidas por el Juez asiste razón tanto a la defensa oficial en representación de la Sra. R. M. S. como a la defensa Particular en representación del Sr. G. M. M. en cuanto que se tratan de figuras que reposan sobre una misma y única plataforma fáctica. Al respecto, en cuanto al concepto y alcance del concurso ideal, en autos “F., A. E. Y OTROS S/DENUNCIA” Expte. Nº 27385/20, N° de Recursos 7019/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "... Ahora bien, en relación al planteo formulado por el Dr. N., el cual entiende las amenazas deberían ser concursadas en forma ideal y no real, argumentando que se está frente a un mismo hecho que transgrede varios tipos penales, cabe no hacer lugar al mismo.
Toda vez que, en el concurso ideal hay una sola conducta desvalorada por dos o más pragmas conflictivos legales, a diferencia del concurso material o real que son dos o más delitos y cada uno debe reunir al momento de ser imputados, las características del tipo objetivo sistemático respectivo. Siguiendo al Código Penal de la Nación Argentina Comentado, Parte General, Horacio Días, Editorial Rubinzal Culzoni, año 2018, pág. 481, “… Es una pluralidad de hechos independientes y, en consecuencia, una pluralidad de delitos. Para la integración de un concurso real nada importa que se trate de una o varias acciones en sentido natural (o sea, desde un punto de vista meramente causal). Es perfectamente posible en concurso real simultáneo, cuando con una sola acción se realizan varios hechos objetiva y subjetivamente independientes…”.
Por su parte, enlos autos caratulados: "JUZGADO S/INSTRUCCIÓN (A.E.V)" Expte. Nº 78.778/22, N° de Recursos 7525/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "El argumento esgrimido por la Defensa, respecto de la pena en expectativa en el caso de concurso material, obvia señalar que el máximo de pena en expectativa no es una pena fija. El código penal establece mínimos y máximos y ellos son determinados, en cada caso por el Juez, conforme el grado de culpabilidad en el hecho. A guisa de ejemplo, el art. 79 que pena el homicidio simple, establece un máximo de pena que implica la cuarta parte de la vida existencial de un ser humano (25 años) y un mínimo que es tres veces menor al máximo (8 años).
La diferencia radica en el grado de culpabilidad del autor en cada caso, y la Defensa, conoce claramente, que al tratarse de tres hechos perfectamente identificados, el Juzgador valorará el grado de culpabilidad en cada uno de los hechos, y en base a ello, allende el máximo establecido en caso de concurso real, establecer la pena justa." Y enlos autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS CARATULADOS: V. A. D./ HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO REAL CON LESIONES GRAVES” Expte. N.º 39.399/24, N° de Juzgado de Recursos 7644/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "IV.-Respecto del juicio de subsunción de una conducta en una o más figuras delictivas, como cuestión preliminar debemos realizar un primer análisis centrado solo en el factum, es decir en la o las conductas realizadas, ello conforme la información incorporada en la causa.
A partir de ese análisis, y teniendo en cuando cuál o cuáles son las conductas a valorar, podremos realizar el juicio de subsunción, pero siempre, reitero, analizando cada caso, en base al principio de supremacía de la realidad. En autos caratulados “H. M. M. Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto".
Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional.
Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)".- Sobre este piso, surge claro que la conducta imputada es progresiva, conforme el plan concreto del hecho, es decir los golpes y las múltiples lesiones con el objetivo de causarle la muerte a su hijo.
No hay en las proposiciones fácticas, dos conductas, una con la finalidad de matar y otra con la finalidad de lesionar gravemente. Hay una sola conducta con una sola finalidad, la de golpearlo de manera sistemática y progresiva para causarle la muerte. Por ende, de plano, descartamos la existencia de un concurso material o real en el hecho. Respecto del concurso ideal, el mismo también queda descartado, pues lo que existe, allende el resultado lesivo, es una conducta que, teniendo la finalidad de causar la muerte, no lo logra por circunstancias ajenas a su voluntad. Es decir que hay imposibilidad de hacer concurrir idealmente dos figuras que tienen entre sí una relación de gradualidad y/o progresividad lesiva.
Lo que se daría, en autos, es lo que se conoce en dogmática como un concurso aparente de tipos, es decir que, por propia definición, el concurso aparente no es concurso, sino que se disuelve por las relación entre las estructuras típicas que se dan, y que son la especialidad, subsidiariedad, consunción y alternatividad. En la imputación formulada por el A quo, se da a nivel de juicio subsuntivo, una relación de consunción entre las figuras que el mismo selecciona para calificar la conducta del imputado. Ello así, pues el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, consume las lesiones graves consumadas en el iter de la conducta. En este sentido, si hubiese existido un desistimiento de la conducta homicida (art. 43 del C.P.), las lesiones graves consumadas en el iter no quedarían impunes.
Así sucede cuando se verifican los supuestos de especialidad, consunción, subsidiariedad y alternatividad (aunque ésta última, es la resultante de las tres anteriores -Conforme MANUAL DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL, EDITORIAL EDIAR, ZAFFARONI, ALAGIA SLOKAR, PÁG. 679-), que en consecuencia, como señalé, son los supuestos del concurso aparente, que reitero, no es un verdadero concurso. Por el principio de especialidad, el tipo penal que contiene más caracteres o resulta un injusto más grave desplaza al más general o menos severamente penado. En los casos de consunción, un tipo descarta a otro porque consume o agota su contenido prohibitivo. El principio de subsidiariedad indica que cuando hay una progresión en la conducta típica en que la punibilidad de la etapa más avanzada mantiene interferida la tipicidad de las etapas anteriores (la tentativa queda interferida por la consumación, o el acto preparatorio punible por la tentativa, el delito consumado en el curso de la tentativa de un delito más grave queda interferido por la tentativa).
La relación de consunción se da cuando uno de los tipos comprende estructuralmente al otro, sin que medie una relación de especialidad, o en un mismo escenario delictivo el autor realiza dos o más tipos que implican ofensas cuya gravedad es progresiva. La Jurisprudencia ha expresado que: “Entre las lesiones leves y la violencia necesaria para el robo se da un mero concurso aparente de tipos penales, por consunción, como bien lo ha demostrado el legislador al calificar el robo sólo a partir de las lesiones graves o gravísimas (art. 166, inc. 1º del C. Penal). El problema de mayor injusto que significa el hecho de las lesiones dentro del robo, encuentra su lógica solución dentro del juicio de punibilidad.” (C.N.A.Crim. y Correc., Sala I, 15/12/1989, "Sánchez, Víctor" Causa Nº 36.270.
Jueces: Tozzini, R., Donna. (pjn.gov.ar) /// -; ; Penal; 36270; DATO_4) La dogmática penal, sobre el principio de consunción, ha indicado que: “Uno de los tipos comporta una valoración francamente superior: tanto el tipo como la pena de la figura más grave realizan cumplidamente la función punitiva no sólo por cuenta propia, sino por cuenta del otro tipo. Cuando las figuras tienen una relación de menos a más, o de parte a todo, o de imperfección a perfección, o de medio o de fin conceptualmente necesario o presupuesto. Por ejemplo, el de infracciones progresivas. Si en un mismo contexto delictivo el autor realiza dos o más tipos que implican ofensa de gravedad creciente: primero lesiona a una persona y luego la mata.
Se da este vínculo si uno de los tipos, sin mediar una relación de especialidad, comprende estructuralmente al otro. Por ejemplo el robo (art. 164 Cód. Penal) comprende el daño (art. 183 del C.P.) La relación tentativa-consumación es también de ésta índole y, obviamente, el castigo del delito consumado abarca el castigo de la tentativa del mismo delito. En todos los casos, el tipo en igualdad de gravedad, el más perfecto, excluye la aplicación del otro, por aplicarse el principio lex consumens derogat legi consumptae.” (Conforme TRATADO DE DERECHO PENAL MARCO ANTONIO TERRAGNI, TOMO I, PARTE GENERAL, EDITORIAL LA LEY, pág. 642) Por todo lo expuesto, corresponde reformar la calificación dispuesta por el A quo, acontándola solo a HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA (art. 80 inc. 1°, 42 y 45 del C.P.)"
En razón del análisis que ya efectuara, surge claro que la práctica de acciones y omisiones ha sido una conducta que, por su modalidad y afectación de bienes jurídicos, subsumen en varias figuras delictivas, por lo que nos encontramos ante un concurso ideal (art. 54 del C.P.)
Por ello, corresponde modificar la calificación en este sentido.
Respecto del alcance de las distintas figuras delictivas del art. 140 del C.P., la dogmática ha establecido que: “La ley 26.842 introdujo importantes novedades en la figura de reducción a servidumbre. La primera de ellas es la modificación del término "a otra condición análoga, prevista por la anterior redacción, por el de 'esclavitud', que ocupa una posición predominante frente a la servidumbre". Ello se debe seguramente a las críticas que había cosechado de la doctrina la expresión ahora suprimida a la vez de resaltar a la esclavitud, en sintonía con la reforma de la ley de trata de personas, como forma propia y autónoma de explotación humana. Esta modificación se enrola dentro de las últimas tendencias político-criminales en el derecho comparado a la luz de la observancia de los tratados internacionales que obligan a nuestro país a su represión.
El contenido de lo injusto de los comportamientos reprimidos por el art. 140 gravita sobre la dignidad de la persona como consecuencia de su cosificación. El elemento común de todas las figuras reguladas por este dispositivo es la de ejercer algunos o todos los atributos de la propiedad, pero no sobre una cosa sino sobre una persona. También es claro que la restricción de la libertad de locomoción o permanencia del titular del bien jurídico juega un papel trascendente, llegado el momento de comprender el contenido y el alcance de este tipo penal, pero lo importante es que la esclavitud, el servilismo, la imposición de trabajos forzados o la obligación de contraer un matrimonio servil reflejan su luz más allá de la mera restricción de aquella libertad: más bien, se proyectan con todas sus fuerzas sobre la condición humana del sujeto pasivo negada por el autor.
Las acciones típicas son la de reducción de una persona a la esclavitud o servidumbre y la de recibirla en tal condición para mantenerla en ella. El comportamiento de reducción no significa otra cosa que cosificar a la víctima, es decir, someterla al entero dominio de otro a modo de cosa, es decir, está presente la idea de sometimiento como método genérico de la trata de personas. En el derecho penal romano, el plagium estaba concebido a modo de sustracción (abductio) de la persona libre o esclava, y dicha situación implicaba su traslado, sea forzoso o consentido. En la actual redacción del art. 140 del Cód. Penal se reconoce por primera vez a la esclavitud como una forma de cosificación de la persona, en consonancia con lo establecido por el art. 15 de la CN.
La prohibición general de la esclavitud como forma de degradación del ser humano fue abolida hace tiempo en nuestro derecho positivo, pero dicha prohibición de la trata de seres humanos como esclavos al servicio de otro no importa ocultar la triste realidad de que la esclavitud adopta en nuestros días una nueva forma que se relaciona de manera directa con la explotación comercial del hombre por otro. La ley reconoce con la punición de la reducción a la esclavitud la existencia de presupuestos fácticos que impiden a una persona desarrollarse de manera plena de acuerdo con su plan de vida. Las constituciones políticas y los instrumentos internacionales le reconocen y aseguran al ser humano el libre ejercicio de un grupo de derechos y garantías que le permitan alcanzar sus metas, pero la realidad individual, socio-económica, de las personas casi siempre oscurece esta perspectiva.
La esclavitud como forma de explotación comercial del otro es posible gracias a la existencia de ciertos presupuestos, v.gr., la pobreza, la marginalidad, la falta de educación, el abuso infantil, la escasa o nula movilidad social ascendente, etc., condiciones que impiden o restringen severamente el ejercicio de los derechos humanos básicos. En este ámbito de vulnerabilidad es donde surge la posibilidad de la explotación humana en la forma de la esclavitud. El factor económico de la esclavitud es uno de los elementos a tener en cuenta para entender cabalmente el porqué de la expansión de este fenómeno delictivo organizacional. Existe una estrecha vinculación entre la explotación laboral y la esclavitud, podríamos decir que son formas distintas de la misma expresión de sometimiento o dominio sobre el otro.
La reducción a la esclavitud procede necesariamente de la condición de posibilidad que tiene el autor o autores de reducir a otro u otros a una situación de dominio. En el sentido restrictivo del término "esclavitud" está ínsita la idea de dominio o sometimiento del otro, pero la servidumbre, el trabajo forzoso y la obligación de contraer matrimonios serviles representan expresiones distintas y a la vez análogas a esta forma de degradación de la condición humana. La reducción a la servidumbre tiene un componente más doméstico, más localista, que se refiere a la aplicación de seres humanos a las tareas propias de atención y servicio de otro, el dominus o amo. La reducción de una persona a una situación de servidumbre suele presentarse en el ámbito familiar, donde el valor de la mujer está constreñido por prejuicios sociales o religiosos.
En muchos casos, el trabajo forzoso se presenta como una variante, pero dicho trabajo por lo general tiene como horizonte el entorno familiar, no comercial o industrial a mediana y gran escala que sí conlleva la idea de obligar a otro a realizar trabajos forzosos y que incluye al otro precisamente como una unidad de fuerza humana en la producción de objetos y bienes y en la prestación de servicios en una ajustada visión de la relación de coste y beneficios económicos. En este grupo de casos puede mencionarse el del padre que, en cumplimiento de un supuesto derecho de corrección, redujo a la hija a un estado de servidumbre, sin que quepa invocar en este supuesto error de prohibición atendible con base en la práctica de su país de origen.
También quedarían abarcadas por la figura penal las situaciones de auténtica relación de servidumbre que se desarrollan en el marco de una prestación de servicio ejecutada en condiciones laborales incompatibles con la dignidad humana y caracterizadas por la violencia física y psíquica. En este punto es menester destacar que ni la reducción a la esclavitud o la servidumbre implican de manera obligada la privación de la libertad física de la víctima (D'Alessio, p. 241), ya que la idea que subyace en el concepto de servidumbre aquí examinado abarca la anulación de la voluntad de aquella. Por esto, la permanencia del sujeto pasivo en esta situación de servidumbre no significa, ni puede significar, una aceptación o conformidad de este con dicha relación.
La norma en comentario también regula la acción de recibir a una persona en condición de esclavitud o servidumbre y mantenerla en dicho estado. Como podrá apreciarse sin mayores dificultades, esta modalidad delictiva exige la existencia de un estado de servidumbre previo de la víctima y que dicho estado no haya sido creado por el autor. Es decir, la gravedad de lo injusto en este comportamiento típico descansa en mantener dicho estado de servidumbre. Al respecto, nuestra doctrina judicial se ha referido a este tema en los siguientes términos: "El estado de 'privación' no cumple por sí solo con los requisitos de los tipos objetivo y subjetivo implicados por el delito de reducción a servidumbre; la sumisión, la obediencia extrema, la robotización, etc., que puede revelar un examen psicológico, no alcanza sin el pretendido servicio laboral o carnal, y si no hay un 'servidor' no puede hablarse de 'servidumbre'.
"La servidumbre es la colocación de una persona bajo el dominio y propiedad de otra, en una situación de objeto. Ello se da si la víctima, que debería estar en la escuela o jugando, es sometida a ciertas condiciones que van en contra de su dignidad y que no se justifican en ninguna situación. "Colocada en esta situación, la víctima aparece como un mero instrumento para actos de defraudación de la madre. "Si se encuentra comprobado que la enjuiciada obligó a su hija, de ** años de edad, a practicar la mendicidad, para lo cual hacía que la menor utilizara distintos elementos para despertar lástima a terceras personas, como por ejemplo un cuello ortopédico, un barbijo blanco y vendas que colocaba en sus manos pese a no padecer enfermedad que motivara tal utilización y la golpeaba en algunas oportunidades, debe confirmarse el procesamiento dictado por el magistrado de grado, con la salvedad de que el delito de reducción a condición análoga a la servidumbre concurre en forma ideal con el de estafa en tentativa -en dos oportunidades- y en concurso real con lesiones leves (arts. 42, 54, 55, 89, 140 y 172 del CP).
"Ello en tanto, la conducta de la imputada es única, aunque abarcada por distintos tipos penales -art. 54 del CP-, toda vez que aquélla redujo a la niña a tal condición para lograr, mediante engaño, los desprendimientos patrimoniales denunciados". Una de las nuevas incorporaciones de la reforma impulsada por la ley 26.842 es la de obligar a otro a realizar trabajos forzosos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculaba en 2005 que había alrededor de 12,3 millones de personas en condiciones de trabajo forzoso. Esto es posible por la situación de vulnerabilidad que presentan vastos sectores de la sociedad civil, que han perdido sus fuentes de trabajo o bien se han empobrecido en razón de los descalabros económicos y financieros que afectaron y afectan al mundo en las últimas décadas.
Tanto la migración legal, como ilegal aparecen como las principales fuentes de explotación del trabajo forzoso. La condición de extranjero promueve en muchos casos los abusos cometidos por los empleadores, que aprovechan la falta de control de los entes u organismos competentes, la corrupción en la administración pública y la falta de interés de los sindicatos por esta forma irregular de prestación de un trabajo. Sin embargo, en el plano de los derechos laborales de los migrantes indocumentados, hay un plan coordinado en Europa para brindar asistencia jurídica y sindical a aquellos en conjunto con distintas ONG. Los comportamientos típicos son únicamente compatibles con el dolo directo del agente.
El autor debe conocer y querer reducir a la víctima a un estado de anulación de la libertad que permita ejercer sobre ella su pleno dominio. "Encuadra en el delito de reducción a servidumbre (arts. 45 y 140, Cód. Penal) la conducta de los sujetos que como padres e invocando un fin educativo hacia su hija menor, transgredieron el límite máximo de lo que la comunidad jurídica considera como coacción aceptable. No resulta procedente el error de prohibición -indirecto- aducido, pues el orden jurídico tiene normas básicas de defensa de los derechos humanos elementales que no debe permitir sean violados ni por los ciudadanos de un país ni por extranjeros, que no pueden invocar argumentos basados en sus costumbres".
A su vez, la acción de recibir a una persona en condición de servidumbre con el propósito de mantenerla en dicho estado exige que el autor conozca la situación a priori de servidumbre que padece aquella, por un lado, y la intención de permanencia de dicho estado por el sujeto activo, por el otro. El desconocimiento del estado de servidumbre impuesto a la víctima acarreará la atipicidad de la conducta. Nótese que en esta modalidad delictiva la acción de recibir debe estar guiada por un propósito especial que es el de mantener la situación de servidumbre de la víctima. "Si se encuentra comprobado que el imputado sometió a los menores a golpes, maltratos, encierros y ataduras en forma reiterada, a lo que se le suman tocamientos impúdicos en las zonas genitales y besos en la boca, los ultrajantes actos de abuso sexual, el maltrato y los graves y humillantes vejámenes ocasionados dan sustento a la aplicación de la figura del art. 140 del CP, por identificarse tales acciones con un trato particularmente inhumano, asimilable a la reducción de las víctimas a una condición análoga a la servidumbre.
"Con ello, corresponde confirmar el procesamiento decretado en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado en forma reiterada, en concurso ideal con reducción a la servidumbre (arts. 54, 55, 119, párrafos segundo y cuarto, inc. b, y 140 del Cód. Penal, y 306 del Código Procesal Penal)". "Si se encuentra comprobado que los imputados obligaban a trabajar a la víctima de 14 años de edad en un comercio de bar, desde las 8 hasta las 22 horas, los días de semana, extendiéndose el horario hasta 2 o 4 los sábados y domingos, para retomar su actividad a las 8 y que concluida la jornada laboral, la menor era además obligada a trabajar en tareas domésticas del domicilio de uno de los imputados, incluso los días miércoles que no cumplía funciones en el bar, siendo además sometida a malos tratos y agresiones físicas, sin que se le permitiera salir a la calle bajo ninguna circunstancia, corresponde homologar el procesamiento decretado en orden al delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves (arts. 54, 89, 140 del CP)".
También resulta atípica la conducta de aquel que recibe a la persona bajo dicha circunstancia, pero con la intención de liberarla de dicho estado. Como se explicó precedentemente, el consentimiento de la víctima no surte efecto liberatorio alguno. En este caso puede afirmarse, por un lado, que el grado y la importancia del sometimiento sufrido por la víctima en este delito, al punto de anular su voluntad, no autorizan otorgar a dicho acuerdo el juicio axiológico generalmente admitido por la doctrina y la praxis en esta clase de bienes jurídicos de carácter disponible; por el otro, es incompatible con la práctica del Estado social y democrático de derecho aceptar o tolerar este tipo de situaciones de sometimiento pleno de una persona por otra.
La dignidad, la personalidad y la libertad son valores esenciales en una sociedad jurídicamente organizada donde la persona es el sujeto por excelencia. Por su parte, la doctrina nacional, en su mayoría, afirma la ineficacia del acuerdo prestado por el sujeto pasivo en estos casos. El delito de reducción a servidumbre de otro es de carácter permanente y cesa recién con la finalización del estado de servidumbre. Por el contrario, la doctrina sostiene, respecto del delito de recibir a una persona en situación de servidumbre, que su consumación se logra al recibírsela en ese estado, mientras que los actos posteriores de mantenerla en dicha situación no significan una afectación permanente del bien jurídico libertad.
Por último, la reforma de la ley 26.842 introdujo también al art. 140 la figura del matrimonio servil. En este punto debemos señalar que este delito menoscaba la libertad de la persona de contraer o no matrimonio con terceros. Ya la res. 2263 (XXII), adoptada el 7 de noviembre de 1967 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, había establecido en su art. 6º: "La mujer tendrá el mismo derecho que el hombre a escoger libremente cónyuge y a contraer matrimonio solo mediante su pleno y libre consentimiento". Posteriormente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por res. 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el **/**/1979 reconoce, en su art. 16, el derecho de la mujer de contraer libremente matrimonio y la plena igualdad respecto del hombre.
Este derecho de contraer matrimonio por la mujer, libre de todas presiones, también fue ratificado en 1993 por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante res. 48/104, del 20 de diciembre de ese año. El matrimonio servil se constituye cuando tanto el hombre como la mujer, aunque sea más frecuente en el caso de las mujeres, son obligados a contraer matrimonio. Esta práctica puede parecernos a nosotros abyecta, pero en muchas culturas se parte de estereotipos bien definidos del papel social que debe cumplir cada uno de sus miembros. Es un delito doloso. Puede ser cometido por cualquiera.
Admite la tentativa.” (Conforme CODIGO PENAL, PARTE ESPECIAL TOMO II, EDITORIAL LA LEY, DIRECTOR RUBÉN E.
FIGARI, COORDINADOR ABELARDO M. MANZANO, págs. 81, ss. y cc.).
Así, analizada la información conforme surge de las constancias probatorias incorporadas en el presente proceso, corresponde hacer lugar a los agravios expresados por la defensa en cuanto a la falta de configuración de la Reducción a Servidumbre (art. 140 del C.P.) atribuida a ambos imputados, pues no se puede sostener la finalidad y características requeridas por el tipo objetivo sistemático.
Entendemos que la figura del art. 140 del C.P., y en análisis en el caso que nos ocupa, esta direccionada principalmente al sometimiento de algún tipo explotación que impidan a los niños de autos desarrollarse de manera plena, compartiendo lo expresado por la defensa en cuanto a que los malos tratos intrafamiliares, no resultan circunstancias que ameriten la aplicación a la figura atribuida.
Surge de las presentes actuaciones que los menores concurrían a los establecimientos escolares respectivamente, y que, si bien puede apreciarse ausencias por periodos prolongados que dieron lugar a actuaciones administrativas dentro de dichas instituciones, se puede entender que existía una concurrencia a dichos establecimientos por parte de ambos niños, obteniendo un rendimiento escolar en los parámetros de lo esperable para un alumno regular.
Por otra parte no se encuentra acreditado el sometimiento de los niños a trabajos forzados, ni sometimiento a situaciones de esclavitud como requiere el tipo penal, o explotación económica, entre otros. Debemos concluir en el presente caso, que asiste razón a la defensa en cuanto a falta de configuración del tipo penal de Reducción a Servidumbre (art. 140 del C.P.) b) Por su parte en cuanto a la figura penal endilgada de Privación Ilegítima de la Libertad agravada (arts. 141 y 142 inc. 1° del C.P.) al respecto, se ha sostenido sobre este tópico, que: "El tipo objetivo consiste en la privación de la libertad física de una persona y en la ilegitimidad de esa conducta. Quiere decirse con esto que la acción típica no es otra cosa que privar a la persona de su libertad ambulatoria. No será preciso atarla, amarrarla ni encerrarla. Basta con que se le impida de cualquier modo el libre de su facultad de trasladarse o permanecer donde ella quiera. Se pretende tutelar de tal modo en su propia manifestación física también llamada por la doctrina como libertad de locomoción, ambulatoria o de residencia. Lo decisivo aquí es la posibilidad de deambular de un lugar a otro, quedarse en un lugar en forma voluntaria, poder alejarse de un lugar en el cual no se quiere permanecer o concurrir a un lugar del cual no se puede lícitamente excluirnos. En definitiva la libertad en movimiento. Es suficiente para la concreción de la figura que se restrinja cualquier libertad de movimiento, aunque quede a disposición de la víctima cierto grado de libertad ambulatoria". (Conforme CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA COMENTADO PARTE ESPECIAL TOMO I, DR. ALEJANDO TAZZA, EDITORIAL RUBINZAL-CULZONI, PÁGS. 500/551)
Por su parte, y respecto de la calificante del inciso 1 del art. 142 del C.P., la dogmática señala que: "El inc. 1º regula el agravante de la privación ilegítima de la libertad cuando el autor utiliza como medios, violencia o amenaza. Por aplicación del art. 78 del Cód. Penal se equipara a la violencia, el uso de estupefacientes y de medios hipnóticos. Ambos medios de comisión, la violencia y la amenaza, deben recaer sobre la víctima. Por lo general, el uso de violencia en la privación ilegítima de la libertad puede constituir el medio para cometer otros delitos diversos, v.gr., el hecho de golpear repetidamente a las víctimas y encerrarlas en una heladera con el propósito de que ellas continuaran en el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, la gravedad de lo injusto de la figura básica por el medio violento utilizado para consumar la privación de la libertad no debe traspasar, a efectos de las reglas del concurso de delitos, el umbral de las lesiones leves, de lo contrario resulta viable la aplicación del concurso real de figuras. Nuestra jurisprudencia ha resuelto: 1. "El art. 142, inc. 1º, del Código Penal, requiere que tanto la violencia como la amenaza se ejerzan sobre la víctima para evitar su resistencia". 2. "Configurase los delitos de privación ilegal de la libertad calificada (art. 142, incs. 1º y 4º, CP) en concurso material con el de extorsión en grado de tentativa (arts. 42, 44 y 168 CP), el accionar del acusado que luego de tener un mero incidente de tránsito con el damnificado, interceptó el automóvil de este último, obligando al denunciante a estacionar, al tiempo que exhibiendo una credencial se titulaba falsamente militar integrante de los Servicios de Inteligencia del Estado; luego de lo cual obligó al damnificado a introducirse en un coche y trasladarse a un bar de las inmediaciones donde en compañía de otros dos sujetos le exigió coactivamente dinero en concepto de compensación por los deterioros, hecho este último que se concretó días más tarde". (Conforme CODIGO PENAL, PARTE ESPECIAL TOMO II, EDITORIAL LA LEY, DIRECTOR RUBÉN E. FIGARI, COORDINADOR ABELARDO M. MANZANO, págs. 95, ss. y cc.)
Aquí, al momento de ponderar la conducta atribuida, corresponde discrepar con la defensa en cuanto a que existen elementos de información más que suficientes para acreditar con el grado de probabilidad requerida en esta etapa procesal, la configuración del delito endilgado por parte de los imputados en autos.
Así, de los testimonios prestados por los niños mediante cámara Gesell, son contestes en indicar las conductas de sometimiento por parte de su progenitora y su pareja, que exceden las facultades parentales de protección y autoridad propios de dicha función, resultando todo lo contrario.
Los niños habrían permanecidos encerrados en la habitación que compartían, encontrándose el ingreso y egreso de ese espacio, supervisado y sujeto a la voluntad de la progenitora y su pareja, estando obstruido la libre circulación por encontrarse cerrada la puerta de ingreso a dicha habitación.
Del testimonio de los niños, surge claramente que permanecían dentro de la habitación durante extensos periodos de tiempo, inclusive llegaban a realizar sus necesidades fisiológicas en recipientes que había dentro de la habitación.
Esta circunstancia se ve corroborada por informe realizado por la Dirección de la E.P.P. N° 45 "Patagonia Argentina" escuela en la que concurría la niña S.A.C.S., obrante a fs. 56 fechado en **/**/2026, el cual expresa en parte pertinente." inasistencia registradas: La alumna registra un total de 40 (cuarenta) inasistencias algunas intermitentes y otras continuas, todas injustificadas durante el trimestre que comprende entre el 27/2/26 al 27/5/26..."
La escuela informa claramente la falta de asistencia de la niña al establecimiento escolar, como así la falta de respuesta por parte de la progenitora ante el requerimiento de la escuela por la falta de concurrencia de la niña S.A.C.S., lo que se registra mediante reiteradas llamadas telefónicas como así también la concurrencia de personal de la escuela en el domicilio de los menores no siendo atendido por ninguna persona.
Ante la falta de respuesta y los reiterados pedidos por parte de la institución respecto de la asistencia de la niña S.A.C.S, la escuela da intervención al organismo correspondiente Dirección de Protección integral de NN y A mediante nota 125/26 obrante a fs. 67 fechada en **/**/2026.
Por su parte el Jardín de Infantes N° 26 "Kiken"
indica que del total de 53 días hábiles hasta la fecha FECHA_20 el niño de N.A.C.S asistió 13 días, quedando demostrado la falta de concurrencia del menor al establecimiento escolar por un periodo extenso de tiempo. El testimonio de la niña es claro, en cuanto a la falta de libertad ambulatoria por parte de ella y su hermano, como así la falta de alimentación durante extensos periodos de tiempo.
Debemos poner especial atención en el relato de la niña que indica la manera en que logra salir del domicilio, en horas nocturnas expresando que escapa trepando un paredón de la vivienda para luego realizar un largo trayecto hacia el domicilio de la abuela materna, lugar al que se dirigió pidiendo auxilio para ella y para su hermano, indicando a su progenitora y a su padrastro como los causante de los golpes y encierros padecidos por ella y su hermano menor.
Surge del Certificado médico elaborado por medica de guardia del hospital de Pico Truncado, médica Cirujana Lisette Courvoisier fechado en **/**/2026, en la que ambos menores presentaban un diagnostico de Desnutrición Proteico Calórica Crónica, reagudizada, Talla Baja, anemia, riesgo social, parasitosis intestinal, permaneciendo internados en ese nosocomio hasta el día **/**/2026, situación que resulta conteste con lo relatado por la niña S.A.C.S.
Cada uno de los extremos enunciados nos permiten acreditar en el grado de probabilidad requerido que el delito de privación de la libertad fue cometido por la progenitora y su pareja hacia los niños menores víctimas. c) Así analizado el cúmulo probatorio obrante en autos, compartimos la calificación de Abandono de personas ( art. 106 y 107 del C.P.) atribuido.
Sobre este marco analítico, en los autos caratulados:
“SR. AGENTE FISCAL S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN”
Expte. Nº 26.866/20, N° de Juzgado de Recursos 7322/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "Los hechos que se encuentran acreditados y sobre ellos deberá realizarse el juicio de subsunción típica, para establecer si la resolución dictada por el Sr. Juez de Instrucción ha sido correcta, de la lectura de la información realizada, es que ha existido, a todo evento, negligencia en el cuidado de la presunta víctima por parte de sus hijos. Ahora bien, los presuntos autores individualizados por el Ministerio Público Fiscal, resultan ser ambos hijos de la presunta víctima. Uno de ellos convivía con su padre y el otro, en una vivienda cercana a ambos. De los informes agregados en la causa, surge claramente que el estado de vulnerabilidad, en las condiciones de vida tanto del padre como del hijo conviviente, eran exactamente los mismos.
La situación económica de ambas personas (padre e hijo desocupado), claramente encuadra en una situación grave de pobreza, que establece condiciones de elevada vulnerabilidad, las que han sido asimiladas de manera permanente durante un lapso importante de tiempo, lo que establece un nivel bajísimo en cuanto a los estándares de cuidado, aseo y orden, necesarios para el transcurso de una vida y existencia digna. No mucho mejor era la situación en la que se encontraba el otro hijo, pues y en razón de su abordaje, pidiendo auxilio al Estado, y éste, a través de los organismos Municipales y Provinciales (administrativos y judiciales) competentes realizó una atención de la situación de la presunta víctima y por ende, de sus hijos.
Ahora bien, corresponde hacer foco en el lapso anterior al abordaje estatal, pues a partir de la requisitoria de auxilio de unos de los supuestos imputados, comenzó la atención de la víctima y, allende las dificultades que surgieron luego, respecto a la eventual colaboración, lo cierto es que todas las autoridades intervinientes, realizaron una labor asistencial que, al menos con la información agregada en la causa, no ofrece reparo alguno. En este orden respecto del lapso anterior, la información con que se cuenta da solo un detalle del estado en que se encontró a la presunta víctima, sin establecer datos sobre un obrar deliberado para crear un riesgo prohibido. Cabe señalar que cuando mayor es el grado de vulnerabilidad de las personas, relacionados con su estado de pobreza, mayor es el riesgo de deterioro en dignidad y por ende, en las condiciones de salud, pero ello, por sí solo, no implica un actuar deliberado para poner a alguien en una situación de peligro.
En este caso, entiendo necesario realizar un detalle pormenorizado de las figuras delictivas seleccionadas por el recurrente, a los fines de establecer si existe tipicidad (objetiva sistemática, conglobante, y subjetiva). La dogmática ha entendido sobre el delito de abandono de persona, tipificado en el art. 106 del C.P., lo siguiente: “El abandono de personas se encuentra situado dentro de los delitos contra las personas en razón de que en ellos la ley tiene como objeto tutelar la incolumidad material de la persona humana que vaya en detrimento contra conductas que privan a otro de la vida o la salud. Si bien la norma sustantiva tiene como objetivo idénticos bienes jurídicos, aquí se produce la especial circunstancia de que se los erigen en tales en función del peligro a que puedan estar sujetas las víctimas por su circunstancial vulnerabilidad, la cual puede tener visos de absoluta o relativa.
Para afirmar estos conceptos se ha dicho que en este capítulo la ley mira la situación de los mismos bienes jurídicos que tutela en los anteriores – vida e integridad material de cada persona– pero los considera en función del peligro que pueden correr por su natural vulnerabilidad. …la figura actual amplía dicha protección extendiéndola en la forma descripta teniendo en consideración principios de solidaridad, consciencia y responsabilidad profesional. En nuestra legislación se pueden observar cuatro conductas punibles diferentes, tres tipificadas en el art. 106 referidas al abandono de personas propiamente dichas y la omisión de auxilio en el art. 108 -abandono de persona por omisión de auxilio- … Un sector de la doctrina ha interpretado el párr. 1º del art. 106 como la descripción de una sola conducta con dos medios omisivos distintos, de modo que, la acción típica es "poner en peligro la vida o la salud" mediante las acciones de colocar en situación de desamparo o abandono.
La acción no es simplemente la de abandonar o colocar en situación de desamparo al sujeto pasivo, sino la de poner en peligro su vida y su salud mediante el abandono o su colocación en situación de desamparo; estos últimos procedimientos son modos de comisión del delito que requiere un específico resultado: la situación de peligro efectivamente corrida por la víctima; si ese peligro no se ha corrido concretamente, el hecho puede quedar en tentativa o ser penalmente impune. Otros publicistas entienden que el artículo contiene dos tipos distintos: la exposición a peligro de una persona colocándola en situación de desamparo, por una parte, y la exposición a peligro, por abandono a su suerte, de una persona incapaz de valerse a la que el autor deba mantener o cuidar, y de una persona incapacitada por el autor.
Núñez y Fontán Balestra-Ledesma entienden que los tipos penales del artículo en cuestión son tres: colocar a otro en situación de desamparo; abandonar a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que el autor deba mantener o cuidar; y abandonar a su suerte a la víctima al que el mismo autor ha incapacitado. Donna considera que el artículo prevé dos acciones distintas, la exposición a situación de desamparo y el abandono. La primera, requiere que traslade a la víctima del lugar que tenía en ese momento y en el cual se encontraba protegida, a otro sitio o lugar, y que al quedar sin protección su vida y salud entren en estado de peligro. El abandono comprende la actitud de que el autor sea el que se traslade del lugar en donde se encuentra la víctima y la coloque en un estado de peligro.
Básicamente, para ambas, lo primordial del tipo penal es que se coloque a la víctima en un estado de peligro para la vida o la salud, lo cual deriva en un peligro concreto o estado de peligro. Lucero Offredi estima que las figuras que, en número de dos o de tres, según se mire, prevé el art. 106, son formas mediante las cuales es posible poner en peligro la vida o la salud de otro, como acción típica sustancial del delito único que esta disposición encierra. Aquellas son hipótesis alternativas, no acumulativas, con las que se lo puede configurar. Me inclino a pensar que las alternativas del abandono de persona que trata el art. 106 son tres que a continuación se describirán. Colocar en desamparo (primer supuesto del art. 106) Esta hipótesis resulta diferente a las restantes ya que normalmente requiere una conducta activa por parte del sujeto activo y no una conducta omisiva como en el caso de las otras, pues, en este caso aquel realiza un despliegue físico para colocar a la víctima en una situación de desamparo, con lo que genera un peligro para la vida o la salud.
La conducta implica un traslado de la víctima, pudiéndose realizarse por medio de aislamiento, privando a la víctima de medios de comunicación, encerrándola, etc. y debe darse en una situación contraria a la voluntad de la víctima o por medio de engaños o aprovechando que aquella no se dio cuenta sobre la suerte que le esperaba. Aquí la palabra "colocar" significa "poner" o "exponer" a una persona que no estaba desamparada, ni corría riesgos en una situación que implique un peligro para su vida o salud. Es situar a la víctima fuera del ambiente de protección en el cual se encontraba, privándola de la asistencia necesaria o interrumpiéndole esta, con la consiguiente creación de riesgo para su salud o su vida.
Se trata de colocar a la otra persona en un ámbito donde no pueda tener ayuda, lo que tiene relación directa con la idea de desamparo. Apunta Donna que la variación espacial, el encierro o el aislamiento no son suficientes por sí mismos, pues recién se convertirán en desamparo cuando se den dos presupuestos: a) que se sustraiga a la víctima de ayuda ajena; b) que ésta entre, a consecuencia de ello, en situación de desamparo, o sea, luego de la acción del autor y, por ende, le debe resultar imposible al sujeto pasivo aventar, por sí mismo, un peligro para la vida o su salud. De modo que no será típica la exposición a desamparo la conducta del autor que abandona su víctima en un lugar donde es seguro que en forma pronta y sin peligro alguno para su vida o salud, será atendido.
Según Creus- Buompadre se coloca a la víctima en situación de desamparo cuando el sujeto activo la rodea de circunstancias que le obstaculizan o impiden obtener los auxilios que su condición exige, lo cual puede ocurrir por el traslado de la víctima a un lugar donde la prestación de estos auxilios se torna imposible -sitio deshabitado- por su aislamiento de las comunicaciones necesarias -privarlo de los medios de comunicación- o preservando el mantenimiento de esas condiciones, vigilando su cumplimiento -cuidando que se mantenga el encierro sin auxilio-. Aquí la conducta típica no se da cuando el sujeto activo simplemente se limita a variar las condiciones de vida del otro sin privarle de los auxilios propios o de terceros, aunque en alguna medida haga más difícil su obtención si no se crea el peligro.
El sujeto activo puede ser cualquier persona pues alcanza a aquellos que no tienen ninguna obligación con la víctima. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona sin importar su condición física, edad, o relación jurídica con el autor, siendo el único requisito que no se encuentre desamparado al momento en que el agente realiza su acción, de lo contrario se estaría en presencia de un abandono… Abandono a su suerte (segundo supuesto del art. 106). La alternativa del abandono ya resulta un tanto más compleja, porque puede darse por acción u omisión -omisión impropia-. Por otra parte, el abandono tiene como sujeto pasivo tanto al que es incapaz, como al que el propio autor ha incapacitado y la consecuencia es similar a la anterior hipótesis, esto es, poner en peligro la salud o la vida de un tercero.
Así se abandona a su suerte a la víctima cuando se la deja privada de los auxilios o cuidados que le son imprescindibles para mantener su vida o la integridad de su salud, cuando ella misma no puede suministrárselos y en situación en que normalmente no es posible que se los presten los terceros -abandonado a su suerte-. Tal abandono puede ser ocasionado por el sujeto activo apartándose de la víctima o quedándose con ella, pero sin prestarle los auxilios o cuidados necesarios. … Menciona Donna que la esencia del abandono consiste en que el autor ya tenía a la víctima bajo su guarda o estaba, de alguna forma, obligado a ocuparse de ella. Se trata de un delito especial, de modo que el deber de cuidado surge no tanto de las fuentes formales, sino de la relación especial del autor con la víctima… En este caso el sujeto pasivo del abandono necesariamente debe ser una persona incapaz de valerse por sí misma, para cuidar su vida o salud. … Es preciso aclarar que la palabra "incapaz" no tiene las mismas connotaciones que en el derecho civil, ni tampoco en el derecho penal con relación a la inimputabilidad, sino, en realidad, a la carencia de aptitudes para prodigarse los cuidados que la propia subsistencia requiere -conservación de la vida y la saludpor ejemplo, niños, enfermos e inválidos en general, de manera amplia.
El sujeto activo debe tener especiales condiciones, pues no cualquier persona puede ser sujeto pasivo de esta hipótesis, sino aquella que tenga una relación con la víctima y especialmente una obligación con la misma. … Quizás sea menester aclarar que esta disposición no debe ser confundida con los deberes de asistencia familiar que impone la ley 13.944, ya que en este caso se regulan delitos de peligro abstracto y de omisión que no demandan la existencia de riesgo cierto contra la persona del alimentario…Víctima a la que el mismo autor haya incapacitado (tercer supuesto del art. 106) El último supuesto del art. 106 se trata del abandono en el caso de que el mismo autor ha incapacitado a la víctima. … Lucero Offredi apunta que el abandono de una persona incapaz de valerse y a la que el mismo autor haya incapacitado se asemeja en forma notable al supuesto anterior, pero se diferencia de este debido a que el autor adquiere la obligación de mantener y cuidar a la víctima por ser la causa de su incapacidad para valerse por sí.
Esta característica lo aproxima al abandono por colocación en situación de desamparo, pero se distingue de ella porque aquí la incapacitación no es dolosa, sino culposa o inocente, aunque el autor no debe representarse al momento del abandono la posibilidad de que ese peligro puede concretarse en lesiones gravísimas o en la muerte, ya que de ser así las figuras de resultado se tornan aplicables por dolo eventual… "(Conf. CODIGO PENAL. PARTE ESPECIAL, DIRECTOR Ruben E.
Figari, CCORDINADOR Abelardo M. Manzano, TOMO I, PÁG. 324 Y SS.) Asimismo, y respecto al tipo subjetivo, se ha señalado que: "La figura solo admite el dolo, que comprende el conocimiento de la situación en la que estaba la víctima y en la que queda, y el peligro que correrá su vida o su salud. Según Molinario debe haber dolo directo... Como los tipos omisivos son circunstanciados, el sujeto activo debe conocer las circunstancias que son indispensables para que cobre vigencia el mandato de actuar. Al igual que se explicó en la figura precedente, el dolo comprende el conocimiento de la situación en la que estaba la víctima y en la que queda, y el peligro que correrá su vida o su salud. el autor debe tener dolo directo de abstenerse de ayudar y conocer la posición de garante que ocupa y las características exigidas respecto del sujeto pasivo. Si el sujeto desconoce o tiene una falsa representación de dichos elementos se encuentra en un error de tipo, que elimina el dolo... (...) el dolo esta constituído por el conocimiento del carácter de las acciones que se realizan y de sus consecuencias en virtud de la creación del peligro, ya sea que se lo quiera a éste directamente se lo acepte como eventualidad de aquellas. En el caso, el autor también debe conocer la posición de garante que ocupa frente al bien jurídico y las características exigidas en el sujeto pasivo. En definitiva, debe conocer las circunstancias que son indispensables para que cobre vigencia el mandato de actuar." (Conf.
CODIGO PENAL DE LA NACION, COMENTADO Y ANOTADO, DIRECTOR ANDRES JOSE D´ALESSIO, COORDINADOR MAURO A. DIVITO, 2 EDICIÓN ACTUALIZADA, TOMO II, PARTE ESPECIAL,
EDITORIAL LA LEY, págs. 135 y ss.) Sobre este piso, y conforme la información agregada, no podemos establecer la existencia de un supuesto típico objetivo sistemático, pues lo que en autos se verifica es una situación de extrema vulnerabilidad, que alcanza a todas las personas individualizadas en autos, basada en una situación de pobreza que deterioró gravemente la calidad de vida de los integrantes del grupo familiar. Tampoco puede sostenerse, allende las manifestaciones de los hijos, un conocimiento de los elementos del tipo objetivo sistemático, pues lo que se evidencia, en base al grado de vulnerabilidad, es un actuar negligente, reitero, en el cuidado debido a su progenitor, en especial del hijo conviviente, obrar que, no está demás destacar, por las condiciones de vida de ambos, le alcanza respecto de su propia integridad psicofísica. No se vislumbra el dolo, es decir el actuar voluntario y deliberado, con conocimiento de los elementos del tipo objetivo sistemático, y la finalidad del cumplimiento de los mismos, es decir, claramente, no se puede inferir de la información agregada, la voluntad realizadora del tipo (de ninguna de las tres figuras delictivas) guiada por los elementos del tipo objetivo sistemático. Sin perjuicio de ello, reitero que de la información agregada solo se vislumbra un actuar negligente hasta la intervención y abordaje estatal de la situación de la presunta víctima, lo que, eventualmente, deberá ser evaluado por el A quo. Una situación similar, resolví en los autos caratulados “M. C. S/ DENUNCIA”
EXPTE. Nº 30494/22, N° DE RECURSOS 6734/22, PROCEDENTES DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº
2 CALETA OLIVIA, en la que sostuve: "Corresponde analizar los presentes actuados a la luz de los agravios expresados por la Fiscalía interviniente. La cuestión se centra, básicamente, en establecer si la conducta denunciada oportunamente, subsume en un tipo penal. Ello así, más allá que el Sr. Juez de Instrucción no desestima la causa por atípica, sino que la archiva por entender que en autos no existen elementos suficientes para sostener que la denuncia subsuma en una figura delictiva. Ello abriría otra discusión, es la de saber si el archivo devino o no prematuro, en base y con fundamento a las pruebas arrimadas a este legajo, lo que excede el marco de la presente causa. Por otro lado, el Sr.
Agente Fiscal, estimó que la conducta denunciada subsume en la figura delictiva de abandono de personas regulada en el artículo 106 del C.P., sosteniendo que se ha configurado, “prima facie” los requisitos que establecen la tipicidad objetivo-sistemática de la misma. En este sentido, y planteada la controversia, entiendo que le asiste razón al Sr. Agente Fiscal, en que los elementos arrimados permiten establecer un razonable juicio de tipicidad objetiva sistemática y subjetiva, pero a diferencia de lo que el mismo sostiene, juzgo que la conducta denunciada en autos resulta atípica, respecto de la figura delictiva seleccionada. Ello así, pues, y conforme lo describe la denunciante, aquel FECHA_22 a las 18.00 hs., se dirigió al domicilio donde reside su ex-nuera, la Sra.
J. E. A., sito en DIRECCION de esta ciudad a fines de dejar a su nieta, la niña L. M. de ocho años de edad. Cuando arribó al domicilio, vió que la Sra. J. E. A. no se encontraba allí, y que dentro del domicilio asiento del hogar familiar, se encontraban los hermanos de la niña L. M., C. de trece años (adolescente) y los mellizos de cuatro años A. y L.. Frente a tal situación, la Sra. M. C. dejó a su nieta L. M. en el domicilio para inmediatamente dar aviso a la Policía, específicamente a la Comisaría Seccional Quinta. El Personal policial arribó a la vivienda en donde se encontraban los niños, constatando que los mismos estaban sin la compañía de su madre. Resulta del informe policial obrante a fs. 02 por parte de la Oficial Subinspector Romina Usqueda, que, encontrándose la comisión policial allí, se hizo presente la Sra.
J. E. A. en su vehículo y retiró a sus hijos del inmueble marchándose del lugar. De lo descripto, se colige sin demasiado esfuerzo, que la ausencia de la madre no puso en peligro concreto la integridad de sus hijos ni generó riesgo alguno, pues si ello hubiera sido así, la denunciante en virtud del vínculo de parentesco que la une con lxs niñxs, debió quedarse en el domicilio con ellxs para conjurar cualquier situación de riesgo, conducta que no realizó. Sobre este andamiaje, no puede perderse de vista que nos encontramos ante una familia monoparental. La doctrina, sostiene que: "Sobre las bases expuestas y a la luz de los derechos humano reconocidos en el ámbito interno y en el contexto internacional, estamos persuadidos de que una familia resulta digna de protección y promoción por parte del estado cuando es posible verificar la existencia de un vínculo afectivo perdurable que diseña un proyecto biográfico conjunto en los aspectos materiales y afectivos.
En este sentido, y de manera meramente enunciativa, existe una familia entre: a) dos personas de distinto sexo unidas en matrimonio por ley civil con o sin hijos; b) dos personas de distinto sexo unidas en matrimonio religioso con o sin hijos; c) dos personas de distinto sexo que conviven con o sin hijos; d) dos personas de igual sexo que convive con o sin hijos; e) dos o más parientes consanguíneos o afines, convivan o no; f) una persona que vive sola con sus hijos tras haberse separado o divorciado; g) el progenitor y sus hijos con los que no convive tras haberse separado o divorciado; h) una madre que cría y educa sola a su hijo no reconocido por su padre; i)dos personas divorciadas que conviven con los hijos del matrimonio anterior de uno o ambos...." (DERECHO CONSTITUCIONAL DE FAMILIA - TOMO I - Andrés Gil Domínguez, María Victoria Fama y Marisa Herrera - EDIAR - pág. 76) (La negrita me pertenece).
Es en el marco de la dinámica de este caso y de las características de la familia que conforma la Sra. J. E. A. y sus hijxs, en que debe valorarse la conducta de dejar en el interior de su vivienda a los mismos, siendo uno de ellos adolescente (art. 25 del C.C.C.N.). Por lo que, al no existir otra figura adulta a cargo de la situación propia de esta familia, la Sra. J. E. A. es encargada de todas las tareas necesarias para el bienestar de ellos, las que obviamente implican, por la propia dinámica de la vida diaria familiar, que en algunas oportunidades deba ausentarse de su domicilio. (Conforme art. 652 del CCCN.) Extraña también que la denunciante siendo abuela de los nietos que se encontraban dentro del hogar familiar sin su madre, no les haya preguntado adonde había ido la misma o si se demoraría, optando sólo por el aviso a la autoridad policial, y la posterior radicación de la denuncia en contra de su ex-nuera.
La responsabilidad parental es una función que le corresponde a los progenitores respecto de sus hijos menores y no emancipados. La responsabilidad parental ha sido definida como "...el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres con respecto a sus hijos menores de edad no emancipados. Por tratarse de un conjunto de derechos y deberes se trata de una función." (Conforme CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN COMENTADO, EDITORIAL LA LEY, DIRECTORES JULIO CESAR RIVERA Y GRACIELA MEDINA, COORDINADOR MARIANO ESPER, TOMO II, pág. 483) En este caso, la madre y responsable de lxs niñxs, arribó a su domicilio cuando se encontraba el personal policial, llevándose consigo a lxs mismxs, razón por la cual, no solo se descarta la tipicidad objetiva sistemática por falta de peligro de la vida o la salud, sino y además, la falta de tipicidad subjetiva, pues surge claro que al regresar luego de ausentarse, no existe la voluntad de abandonar a sus hijxs.
En efecto, el tipo en cuestión se construye a partir de la creación de un peligro concreto que pueda derivar en un daño para la vida o salud de otras personas. Hay que distinguir entre dejar a lxs niñxs en el interior de su hogar para realizar alguna actividad fuera de la vivienda familiar siendo una familia monoparental en el ejercicio de los derechos y deberes respecto de sus hijos menores de edad y no emancipados, a ponerlos en situación de abandono de la cual se pueda crear un peligro concreto en la vida o salud de los mismos. Asimismo, los menores se encontraban dentro de su vivienda (hogar) a la espera del arribo de su madre. Es clave, en el análisis de estos actuados, el lugar en donde lxs niñxs fueron dejados.
Se supone que el hogar familiar es el lugar más seguro para la permanencia, cuidado y desarrollo de los niños. La jurisprudencia ha sostenido, de manera inveterada, que: "El hogar de las personas constituye su fortaleza. No ya en un sentido arcaico; pero si para significar que allí es donde debe y puede encontrar -en lo material, en lo psíquico y en lo espiritual-, seguridad, serenidad, sosiego, descanso, abrigo, intimidad, esparcimiento, placer, lugar apto para el normal desarrollo de sus actividades personales, familiares, y de amistad. De ahí, que toda acción u omisión ajena que atente contra esas necesidades propias del ser humano y alteren su razonable goce, deben considerarse productoras de daño moral que obliga a su resarcimiento.
En ese quehacer cabe reiterar, que el incendio de la vivienda, al margen del daño material ocasionado, viene a originar un daño moral, que cabe ser indemnizado con la debida circunspección." (De Luca, M. M. y otro vs. M., S. s. Daños y perjuicios /// CCC Sala I, Lomas de Zamora, Buenos Aires; 28/08/2008; Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires; 63120; RC J 9285/10). De esta manera, desde el punto de vista objetivo, la conducta investigada resulta atípica tanto por la inexistencia de los requisitos de tipicidad objetiva sistemática y como por la inexistencia de tipicidad subjetiva. No debe dejarse de lado la circunstancia particular del caso en donde la denunciante encontró a sus nietos justamente en el hogar donde residen y, en consecuencia, difícil es pensar que la acción de ausentarse de su propia casa contiene el dolo que exige la conducta propia del abandono de personas agravado.
La doctrina enseña que: "En tal sentido se ha sostenido que "el delito de abandono de persona es un tipo doloso que requiere el conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo, por lo que si no hay conocimiento de la situación de abandono no se puede querer abandonar", a lo que podemos agregar que desde este punto de vista, "el abandono exige conciencia y voluntad de apartarse de la víctima que queda desamparada y la conciencia de violar el deber de manutención o cuidado que le corresponde al autor". (CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO -PARTE ESPECIAL- Alejandro Tazza - TOMO I - Segunda Edición Actualizada - pág. 270). Además de ello, señálese que: "...La tentativa de este delito es unánimemente tenida por inadmisible, lo cual es una consecuencia de la naturaleza de la figura como infracción de peligro.
El hecho se consuma en el momento de dejar al abandonado en situación peligrosa para el cuerpo o la salud, derivada de la falta de custodia. En ese punto es preciso observar que, contrariamente a lo que suele hacerse, para fijar bien el momento de consumación de este delito, hay que atender más a la creación de la situación de peligro que al incumplimiento de deberes...No se trata, pues, de un delito de omisión propio, aunque pueda cometerse mediante omisión, pues su consumación no consiste en no cumplir los deberes de asistencia, sino en poner en peligro la vida del abandonado mediante el abandono". (DERECHO PENAL ARGENTINO - SEBASTIAN SOLER - Tomo III - pág. 193). Por todo lo expuesto, en este caso, una salida momentánea de quien resulta ser única responsable adulta conviviente con lxs niñxs, siendo uno de ellos adolescente, por sí misma, no puede configurar el tipo objetivo en cuestión, si no se verifican los demás requisitos del tipo objetivo sistemático.
Si ello hubiera sido así, reitero, la abuela de lxs niñxs seguramente habría aguardado hasta que llegara la policía al lugar o en su defecto la autoridad sanitaria o de emergencia pertinente, hecho que a todas luces no ocurrió, porque la misma no vio ninguna situación de peligro para la vida o integridad física de sus nietxs. Lo expuesto lo es sin perjuicio del abordaje que, a todo evento, deberá brindarse por parte del A quo, dándose intervención a la Oficina de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de esta ciudad, como así la intervención del Ministerio Pupilar en turno, mediante oficio y con copias certificadas de los presentes actuados. Que una conducta pueda tener impacto en otra rama del derecho, no implica que, por esa sola razón, deba ser subsumida en un tipo penal, pues sería trastocar todo el orden jurídico y el principio de "última ratio".
El trato y cuidado de los hijos e hijas que la denunciada lleva adelante en seno de su familia, puede ser abordada por otras herramientas legales, sin que ello implique la actuación del sistema penal en su conjunto. Asimismo, nada impide que el Juez penal pueda disponer, aún en causas donde no existe tipicidad, medidas e intervención de organismos jurisdiccionales o administrativos competentes, sin que ello implique vulneración alguna de los estrictos principios de competencia establecidos en el art. 25, ss. y cc. del CPP., pues existe el derecho constitucional-convencional que permite adoptar medidas urgentes para resguardar los derechos y garantías contemplados en dicho ordenamiento superior.".- A mayor abundamiento, y dado los agravios del recurrente, debo expresar que no comparto lo expresado en su apelación en relación a que la instrucción haya de alguna manera sido deficiente y que ello haya conllevado al archivo del presente legajo por no contar con el material probatorio solicitado por Agente Fiscal a fs.72.
Contar con dicha información no hubiera cambiado la dirección en sí de la decisión finalmente adoptada pues de la misma, conforme sendos requerimientos, no introduce ninguna proposición fáctica que permita inferir el dolo que requieren las figuras delictivas. Si bien el análisis de la resolución no señala expresamente una cuestión de atipicidad, el mismo, al hacer referencia a los requerimientos fiscales, indica que no cuenta con información suficiente, por ende, el archivo en este caso, hace foco en la falta de acreditación de la tipicidad. El Juez realizó una apreciación de todo el material informativo y dio tratamiento a cada una de las peticiones solicitadas por el Sr. Agente Fiscal, que en el presente lucen cada uno de los pasos que se fueron dando a través del tiempo, tanto por los hijos como por las diferentes instituciones, que tuvieron oportunidad de intervenir en el caso.
Cabe señalar que el contexto de vulnerabilidad explicado, las condiciones personales del Sr. V. eran estructuralmente muy desfavorables a partir del padecimiento del accidente cerebro vascular, lo que implicó, sumado al contexto de vida (pobreza) un riesgo no creado por ninguno de sus hijos. A ello se suma que las condiciones de vida del Sr. V. y su grupo familiar no mejoraron con el transcurso del tiempo, de todo ello obran constancias en el tramite anexado en copias al presente legajo, a los que me remito en razón de la brevedad fs. 81/182, cuando medio asistencia estatal. La aplicación por parte del poder judicial de dispositivos, en primer lugar la decisión de internar al Sr- V., en el hogar de ancianos hasta que se pudieran encontrar mejores condiciones de vida para este, dispuesta por un lapso de tiempo, no prosperó, que dicha institución no ha podido abordar el tratamiento que necesariamente implicaba aceptar una persona con los padecimientos que poseía el Sr.
V., dado que la institución no contaba con personal especializado a esos fines. Claro que lo indicado, como bien señalo la Jueza de Familia era el cambio del ámbito de vida y la atención que demandaban las patologías que cursaba la presunta víctima, pero ello se frustró por no existir un ámbito acorde a tal fin, pues se descartó tanto la internación como el alojamiento en dicho lugar. La decisión de internar al Sr. V. en el Hogar de ancianos era la mejor y más viable según el mayor y mejor criterio que se tomo luego de la intervención del poder judicial, donde la Sra. Jueza de Familia entendió que la única forma posible para mejorar los años de vida que le quedaran al Sr. V. este debía ser sacado del lugar donde vivía e internado en un lugar acorde a sus necesidades.
Que al fallar dicha propuesta el Sr. V., continuo en el mismo lugar donde residía y en las mismas condiciones, las que claramente, fueron desmejorando con el devenir del tiempo. Que los hijos fueron claros, al expresarse y no faltaron a la verdad cuando manifestaron a los diversos entes, y medios de comunicación que no podían hacerse cargo del Sr. V. en base al grado de pobreza y vulnerabilidad en el que se encontraban inmersos. De lo expuesto precedentemente, surge claro y evidente, por la información aportada en la causa, que no se puede inferir ni tipicidad objetiva sistemática, conglobante, y menos aún tipicidad subjetiva."
Surge del plexo probatorio acreditado en autos, el estado físico y emocional en el que se encontraban los menores S.A.C.S y N.A.C.S., los cuales cuentan con 7 y 5 años respectivamente, el cual estaba lejos de ser el adecuado, resultando claro que con tan corta edad dependen de un adulto para sus cuidados en cuanto alimentación, atención médica, educación, estabilidad emocional etc.
Conforme el informe nutricional obrante a fs. 84/101, los menores al momento de ingresar al servicio de Pediatría "...se encontraban con bajo peso como así también que habían estado sufriendo hambre ya que pedían comida constantemente...", "..Los niños presentaban ansiedad por la comida y se notaba el miedo a que al otro dia no haya comida razón por la cual siempre guardaban algo para después.."
Conforme lo manifestado por los niños en cámara gesell como los informes médicos y controles que se le realizaron durante su internación los menores se encontraban en un estado crítico, no solo físicamente por la falta de alimentación sino también por el estado emocional en el que se encontraban, teniendo que recurrir en auxilio a su abuela materna por los malos tratos y la necesidad de cubrir las cuestiones básicas para su supervivencia como ser la alimentación.
Ha quedado claro la omisión en la que incurren ambos coimputados de autos en cuanto a la desprotección y abandono de los niños S.A.C.S y N.A.C.S, negándoles comida y cuidados básicos como aseo y asistencia médica, que pusieron claramente su vida en riesgo, conforme surge del cuadro clínico descripto en los informes médicos que se elaboraron cuando los niños estuvieron internados. Existe por parte de la progenitora y su pareja convivientes el deber de brindarles a los niños la asistencia necesarios para su desarrollo, claramente incumplido conforme el plexo probatorio de autos, colocándolos un una situación de suma y extrema gravedad psicofísica.
Ha quedado acreditado en el grado requerido en esta etapa, la violencia física, violencia psicológica, el estado de abandono, y la privación de la libertad a los que eran sometidos los niños por su progenitora y su pareja, sostenido en el tiempo y que denigraban las condiciones de vida de los niños, colocándolos en un estado de absoluta vulnerabilidad.
En este caso se ha demostrado que las personas obligadas a proteger a las víctimas, las mantuvieron en una situación prolongada de abandono, de modo que no se satisfacían sus necesidades básicas. En estos casos, el abandono no se explica por la ausencia corporal del responsable, sino por su falta de cumplimiento de los deberes activos de asistencia que le corresponden. Se produce cuando quien tiene la obligación legal de cuidado deja a la víctima en un estado continuado de desamparo, impidiéndole acceder a lo necesario para vivir dignamente. Aquí el abandono surge no por la no presencia física del garante, sino por la omisión en sus obligaciones positivas de auxilio.
Ocurre cuando el sujeto que debe brindar protección mantiene a la persona asistida en un abandono permanente, incompatible con la cobertura de sus necesidades esenciales. En tal supuesto, el abandono emana del incumplimiento de los deberes concretos de asistencia del garante, como ocurrió en los presentes actuados por ambos imputados Sra. R. M. S. y G. M. M. quienes conformaban con los niños un grupo conviviente. d) En cuanto a los agravios expresados por la imputación del delito de lesiones graves, tampoco puede tener acogida favorable.
Ha quedado también demostrado el estado psicofísico y emocional en el que se encontraban los menores víctimas.
Los informes médicos que obran en autos acreditan, con la probabilidad requerida, que los menores padecían un cuadro crónico y progresivo y no una afección transitoria, consistente en desnutrición proteico-calórica reagudizada, anemia, parasitosis intestinal y marcado retraso pondero-estatural, patologías que afectan de manera significativa su crecimiento y desarrollo integral. Este diagnostico configuran un riesgo real y continuado para la salud de los niños lo que acreditaría la existencia de un estado de deterioro orgánico generalizado, lo que permite atribuir esa conducta desplegada por los imputados en las prescripciones del art. 90 del C.P.
e) En cuanto a los agravios expresados por la defensa en razón de la falta de evacuación por parte del Juez de las citas realizadas por su defendida, entiendo que las mismas deberán ser evacuadas.
En este sentido y en términos generales, tanto las citas realizadas por los propios imputados como la prueba ofrecida por la defensa, deben ser analizadas antes de su ordenamiento. Así lo he resuelto en los autos caratulados:
“F. J. Y OTROS S/ AMENAZAS CALIFICADAS” EXPTE. Nº
33695/22-F, N° DE RECURSOS 6649/22, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Como primer parámetro se analizará el planteo de nulidad efectuado por la defensa técnica. Al respecto, debo agregar que en los autos caratulados: “DIV.
CRIA. QUINTA S/ Investiga ” Expte. Nº 31952/22, N° de Recursos 7035/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que:
Fin de la sentencia