Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-762/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar perimida la instancia en el presente incidente de medida cautelar.-
2Imponer las costas en el orden causado.- 3º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: D-762/16-TSJ Sentencia N°: 1037 Actor: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO Demandado: MORENO DORA MABEL Y OTROS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - ACCION DE LESIVIDAD - INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR Fecha: 12/12/17 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1037 FOLIO Nº 3232/3234 PROT. ELECT. TSS1 010 C.171
Río Gallegos, 12 de diciembre de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO C/ MORENO DORA MABEL Y OTROS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - ACCIÓN DE LESIVIDAD - INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR”, Expte. Nº D-762/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que a fs. 56/57 las codemandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia y María Gimena Ripodas, manifiestan que “Atento la fecha en que V.E. ordena correr traslado de la Medida Cautelar, de conformidad con lo dispuesto por el art. 288 del CPC y C…y el tiempo transcurrido…venimos a solicitar la caducidad de instancia del pedido de la medida cautelar deducido en el punto VIII del libelo de demanda, en razón de que ya ha operado la misma, por lo que corresponde y así se solicita se tenga por caduca dicha pretensión, con expresa imposición de costas a la actora.” (cfr. foja 56).- Corrido el traslado del pedido de caducidad de la instancia, la actora solicita su rechazo manifestando que el artículo 24 de la Ley Nº 2600 dispone que no habrá vencimientos de plazos para accionar cuando fueren actores, entre otros, las Municipalidades. Por otro lado, señala que no es cierto que haya dejado transcurrir el plazo legal sin haber realizado ningún acto impulsorio, a lo que se suma la suspensión de plazos procesales dictado por el Tribunal Superior de Justicia desde el 20 de marzo al 21 de abril del 2017. Señala por último que diligenció en tiempo y forma las cédulas de notificación, las cuales fueron presentadas en la oficina de mandamientos y notificaciones de Puerto Deseado el 3 de mayo de 2017 (conf. foja 139 vta.).-
II. En primer lugar, debemos puntualizar que el fundamento de la caducidad de la instancia, en el presente, se basa en la inactividad procesal de la actora por un lapso prolongado de tiempo que excede el previsto en la ley adjetiva. Pero no en la caducidad por vencimiento del plazo para iniciar la acción de lesividad, motivo por el cual la defensa de la actora basada en el artículo 24 de la Ley Nº 2600, debe ser desestimada.-
Despejada la senda por la cual debe encaminarse el análisis, a los efectos de resolver la controversia suscitada en autos, cabe destacar la normativa aplicable al ‘sub judice’. Que la acción de lesividad regulada a partir del artículo 102 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, en el artículo 106 remite al Titulo VII, en donde el artículo 45 prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial.- Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de procesos regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, contemplando este último la caducidad de la instancia en los artículos 288 a 296, y estableciendo, para los incidentes, que se producirá cuando no se instare su curso por un lapso de tres (3) meses (conf. artículo 288, inciso 2º del CPC y C).-
Asimismo, el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil y Comercial señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.-
De lo antedicho se desprende que el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, establece la aplicación a los procesos contencioso administrativos de las normas previstas por el Código Procesal Civil y Comercial; y que, además, no contiene disposiciones relativas a la perención de la instancia, remitiendo en dicha materia a lo normado en el Código de rito, donde se establece -como se señaló más arriba- un plazo de tres (3) meses de inactividad para que la caducidad sea declarada en los incidentes (conf. artículo 288º, inciso 2º del CPC y C).-
III. Sobre el instituto de la caducidad de la instancia se ha dicho que “…en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado por inacción el procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley. Ello, con el objetivo de otorgar certidumbre a las relaciones jurídicas y no perturbar la administración de justicia, evitando de esta manera la duración indefinida de los procesos judiciales, en desmedro del valor seguridad jurídica a cuya vigencia se orienta su recepción normativa…En esta línea de pensamiento, corresponde señalar que la caducidad de la instancia se subordina a la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) La existencia de una ‘instancia’, entendida como toda pretensión que mediante una petición inicial las partes someten a la decisión de Juez competente; b) Sumado a una inactividad procesal que se exteriorice en la inejecución de acto idóneo alguno y c) El transcurso de un determinado plazo de inactividad que la norma adjetiva pertinente establezca” (cfr.
TSJ Córdoba, Sala Contencioso Administrativa, ‘in re’: “Guzmán, Noemí Rita c. Provincia de Córdoba s/ plena jurisdicción - recurso de apelación” sen- tencia del 29/07/2014. www.informaciónlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/47844/ 2014).- De igual modo debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior que “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093).
Este instituto persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos en detrimento de una buena administración de justicia.- Asimismo no debemos olvidar que “Si bien se ha dicho que por ser la caducidad de la instancia un modo anormal de terminación del proceso su interpretación debe ser restrictiva (conf. CSJN, fallo del 20.11.86, La Ley, 1987-C, pág. 445; CNCiv, Sala G, fallo del 28.07.83, L.L. 1984-8, pág. 468, 36.598-S), por tratarse de una institución de orden público, nada impide que concurriendo los presupuestos aludidos precedentemente, pueda el órgano jurisdiccional declarar operada la perención…” (cfr. STJ de Tierra del Fuego, en autos: “Bahamonde Costas, Daniel Alejandro c. Poder Ejecutivo Provincial” sentencia del 14/05/2009. www.informaciónlegal.com.ar.
Cita online: AR/JUR/27566/2009).- En los procesos dispositivos, como el ‘sub judice’, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (conf. art. 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien acciona, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo.-
Por ello se ha afirmado que su existencia “…responde a la necesidad de impedir la subsistencia ilimitada de procesos judiciales cuando el transcurso del tiempo indica una conducta desinteresada de aquel que pretendía el reconocimiento de un derecho, que se presume si no procede a instar el proceso en el plazo legal fijado, conjugándose con el principio de seguridad jurídica que exige otorgarle certeza a las relaciones jurídicas” (cfr. CFed. de Apelaciones de Córdoba, Sala B ‘in re’: “Nayip, José Luis vs. Estado Nacional Argentino y otro s. Contencioso administrativo - Varios”, Sentencia del 06/08/2015. Rubinzal Online: RC J 5715/15).-
IV. Que en el ‘sub lite’, surge que desde que se dictó la providencia que dispuso el traslado de la medida cautelar, el 27 de mayo de 2016 (conf. fs. 51), hasta que se presentaron las cédulas de notificación en la oficina de mandamientos y notificaciones de Puerto Deseado, el 3 de mayo de 2017 (conf. fs. 58/100), acto este último que fue el único con entidad para instar la acción realizado en dicho periodo, ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 288, inciso 2° del CPC y C, aún computando la suspensión de plazos dispuesta por este Alto Cuerpo en el transcurso del corriente año. Motivo por el cual, la perención de la instancia solicitada debe prosperar.- No podemos soslayar el error grave cometido por la accionante al librar las cédulas referidas precedentemente, las cuales debían notificar la providencia de foja 51 que ordenaba el traslado de la medida cautelar, sin embargo, ha omitido transcribir dicho proveído en las mismas, transcribiendo la providencia que ordena el traslado de la demanda del principal y la de foja 55 de los presentes.-
Así, analizadas las circunstancias descriptas a la luz de los argumentos precedentemente reseñados, corresponde hacer lugar a la perención de la instancia solicitada por las codemandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia y María Gimena Ripodas a fs. 56/57, toda vez que desde que se dictó la providencia que dispuso el traslado de la medida cautelar, el 27 de mayo de 2016 (conf. fs. 51), hasta que se presentaron las cédulas de notificación en la oficina de mandamientos y notificaciones de Puerto Deseado, el 3 de mayo de 2017 (conf. fs. 58/100), ha transcurrido, en exceso, el plazo de tres (3) meses previsto en el artículo 288, inciso 2° del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 82 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.- Las costas se imponen por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar perimida la instancia en el presente incidente de medida cautelar.-
2. Imponer las costas en el orden causado.- 3º) Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vo cal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010C.171 Tomo: XVII Sentencia: 1037 Folio Nº: 3232/3234 Secretaría: 1
Fin de la sentencia