Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-762/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las demandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia, Yamila Oliva y María Gimena Ripodas a fs. 149/159.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: D-762/16-TSJ Sentencia N°: 1100 Actor: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO Demandado: MORENO DORA MABEL Y OTROS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -ACCION DE LESIVIDAD- Fecha: 23/05/22 TOMO XVIII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1100 FOLIO Nº 3533/3534 PROT. ELECT. TSS1 005 C.221
Río Gallegos, 23 de mayo de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO C/ MORENO DORA MABEL Y OTROS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -ACCIÓN DE LESIVIDAD-", Expte. N° D-762/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a los fines de tratar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las demandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia, Yamila Oliva y María Gimena Ripodas con el patrocinio letrado del Dr. Miguel Nicolás Cano a fs. 149/159.- Al respecto manifiestan que del objeto de la demanda surge que la Municipalidad de Puerto Deseado y no el Departamento Ejecutivo Municipal interpone dicha demanda (cfr. foja 150).-
Consideran que: “En primer lugar, la demanda no cumple los requisitos fijados por art. 308 del CPCC, remitido por el art. 48 inc. a) de la Ley Provincial N° 2600, en tanto no indica el nombre y domicilio del demandado...” (cfr. foja 150 vta.).- Sostienen que la acción “...debió ser dirigida a la persona jurídica que dictó los instrumentos legal[es]: decretos 235/2015 y 293/2015, cuya nulidad se demanda, debería ir dirigida contra la Municipalidad de Puerto Deseado, o en su defecto, el Sr. Luis Ampuero, a la sazón de ser el ex intendente, pero nunca en contra de las suscriptas, de allí que no seamos nosotras la personas legitimadas para ser demandadas.” (cfr. foja cit.).- A foja 410, segundo párrafo, se ordena correr traslado a la parte actora de la excepción opuesta por el término de veinte (20) días (cfr. art. 64 del CPCA, Ley Nº 2600), sin que la misma se manifestara al respecto.-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal Superior de Justicia, dictamina respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva que: “… siendo los demandados las personas que se han beneficiado con los actos jurídicos atacados, no corresponde realizar mayor análisis al respecto, por lo que la excepción de falta de legitimación pasiva no encuentra sustento alguno y por lo tanto no debe prosperar.” (cfr. PE313187-2021).- Pasan los presentes autos al Acuerdo en PE215392-2021.-
II. Que en primer lugar, se tratará el argumento de las demandadas, según el cual la actora no cumplió con el requisito del artículo 308 del CPCyC, por remisión de los artículos 106 y 48, inciso a) del CPCA, Ley Nº 2600, que establecen que la demanda deberá contener el nombre y domicilio del deman-dado.- No obstante lo solicitado, si bien en el escrito de la actora de fs. 109/115 (acción de lesividad) no se menciona a las demandadas de forma personalizada, sí se hace en la documentación acompañada. Y respecto al requisito de lo normado en cuanto al domicilio, todas las accionadas fueron notificadas de la demanda, por lo cual se ha cumplido con la normativa.- En definitiva, acceder a lo peticionado significaría en la práctica aceptar acogerse a un rigorismo formal inaceptable.-
Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho: “…debe reconocer este Cuerpo que se torna una cuestión sumamente dificultosa establecer un límite preciso entre el ‘exceso ritual’ y el respeto por las formas procesales...por ello es que es de imposible cumplimiento consagrarse en la materia una definición con alcance general debiendo operar…la justicia del caso particular, esto es, que suscitado el caso concreto deberá dirimirse entre la sujeción al rito y lo que se entiende por ‘ritualismo’ a efectos de ponderar las especiales circunstancias que objetivamente se ofrezcan para su evaluación, a fin de resolver en consecuencia...Siendo así, sancionar a la recurrente con la deserción del recurso, llevaría ciertamente al apego al rito, a una derivación inequitativa, convalidatoria de situaciones anómalas que perjudican ostensiblemente a una de las partes, afectando de tal modo como se expusiera antes, principios constitucionales más preciados, como es el de la defensa en juicio.” (cfr. Sentencia, Tomo VIII, Reg. 279, Folio 1522/1526).- Manifestado ello, surge que lo solicitado por las demandadas debe ser rechazado.-
III. Que, finalmente, las demandadas centran el fundamento de su excepción en que no se encuentran legitimadas pasivamente, pues la demanda debería haberse dirigido contra la Municipalidad de Puerto Deseado o en última instancia contra el ex Intendente Sr. Luis Ampuero, debiendo dicha argumentación rechazarse.- En primer lugar, debemos atenernos a la normativa vigente, pues el artículo 104 del CPCA, Ley Nº 2600 expresamente dispone: “La acción deberá ser promovida contra quien resulte ser beneficiado por el acto o contrato administrativo impugnado.”.- En las presentes actuaciones los beneficiados aludidos en la norma resultan ser, entre otros, las excepcionantes. Ello conforme el Decreto N° 293/2015 y su Anexo I, obrante a fs. 104/105, por el cual se las designara en la planta permanente del Municipio.- Al respecto, recientemente este Alto Cuerpo ha expresado que: “En el proceso de lesividad, la contraparte es el titular de los derechos que nacieron o fueron reconocidos por los actos estatales impugnados y que -obviamente- tiene interés en la subsistencia de éstos...” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1083, Folio 3455/3460).- A mayor abundamiento, “El CPCA indica cuál puede ser el objeto de la acción contencioso administrativa mencionando en su inciso e) la anulación de los actos irrevocables administrativamente cuando los mismos sean lesivos al interés público por razones de ilegitimidad. La lesividad deberá ser declarada por acto fundado en sede administrativa. Como recaudo previo para la acción, el acto en crisis debe declararse lesivo a los intereses públicos por razones de ilegitimidad, y la acción debe ser promovida contra quien resulte beneficiado por el acto.” (cfr. García Pullés, Fernando Raúl -Dirección-: “El Contencioso Administrativo en la Argentina: Análisis del sistema federal, de las veintitrés provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 1a ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2012, Tomo II, pág. 1051).- Es por lo expuesto, que la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta oportunamente, debe ser rechazada.-
Las costas se imponen por su orden en virtud de lo estipulado en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por las demandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia, Yamila Oliva y María Gimena Ripodas a fs. 149/159.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005C.221 Tomo: XVIII Sentencia: 1100 Folio N°: 3533/3534 Secretaría: 1
Fin de la sentencia