Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-762/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la caducidad del plazo para interponer la acción y la perención de instancia solicitada por las codemandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia y María Gimena Ripodas a fs. 149/150.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: D-762/16-TSJ Sentencia N°: 1038 Actor: DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO Demandado: MORENO DORA MABEL Y OTROS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - ACCION DE LESIVIDAD Fecha: 12/12/17 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1038 FOLIO Nº 3235/3238 PROT. ELECT. TSS1 011C.171
Río Gallegos, 12 de diciembre de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE PUERTO DESEADO C/ MORENO DORA MABEL Y OTROS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - ACCIÓN DE LESIVIDAD”, Expte. Nº D-762/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. A fs. 149/150 las codemandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia y María Gimena Ripodas oponen la caducidad de instancia, planteo que efectúan en los siguientes términos: “…Como cuestión previa venimos a solicitar de V.E. decrete la caducidad de instancia de dos actos. Primero en lo referido al decreto N° 083/2015 -con el cual se pretende justificar el acto lesivo- y fundar la existencia de reclamación administrativa previa; y segundo la caducidad de la instancia de la demanda propiamente dicha…” (cfr. foja 149). Fundamentan tal pretensión en que, a su entender, el plazo para presentar la demanda ha vencido por cuanto el artículo 47 del CPCA, Ley Nº 2600 concede 90 días para presentar la demanda desde la notificación o publicación de la norma que causando estado, da lugar a la acción. En base a tal criterio, sostienen que “…al momento de presentar la demanda, el plazo previsto por el art. 47 de la ley Nº 2600, ya había fenecido, por lo que correspondía declarar caduco el plazo para la promoción de esta demanda…” (cfr. foja cit.).- Sostienen en sustento de su pretensión: “Asimismo y dado que han transcurrido más de 90 días, ha operado la caducidad de instancia de la presente acción contencioso administrativa, de conformidad con lo prescripto por el art. 23 del CPCA…teniendo en cuenta que ha transcurrido en exceso el plazo contemplado en la norma transcripta precedentemente, contado desde el dictado de la providencia de fecha 23 de Agosto de 2016, a la fecha de la notificación.” (cfr. foja 149 vta.).-
La actora contesta la caducidad acusada a fs. 241/242 vta.; oportunidad en que solicita su rechazo. Argumenta en su defensa que el artículo 24 del CPCA, Ley Nº 2600 dispone que no habrá vencimientos de plazos para accionar cuando fueren actores, entre otros las municipalidades, y agrega: “En síntesis, en la presente acción existe una declaración administrativa previa (Decreto 083/2015) en la cual se declaró lesivo a los intereses públicos los decretos N° 235/2015 y 293/2015, acto administrativo de naturaleza especial cuya finalidad es la de autorizar la admisión y trámite de las presentes actuaciones; y lo que se pretende aquí es impugnar esos actos estables y lesivos y la presente acción sólo podrá extinguirse por prescripción ya que no hay plazos procesales de caducidad para su interposición.” (cfr. foja 241 vta.).- Asimismo destaca que realizó diversos actos válidos para impulsar el proceso, que no hubo de su parte la inactividad que las accionadas denuncian y que además existió una suspensión de plazos dictada por este Tribunal desde el 20 de marzo al 21 de abril de 2017 (conf. fs. 241 vta./242).-
A foja 244, pasan los autos al Acuerdo.-
II. De inicio conviene precisar el alcance del planteo a resolver; no sin antes advertir que no ha sido explicado con la debida claridad. No obstante, de la exposición surge que las accionadas lo han sustentado en los artículos 47 y 23 del CPCA, Ley Nº 2600. Ambos prevén un plazo de caducidad para promover la demanda que es propio de la acción contencioso administrativa. Asimismo, y no obstante lo confuso del planteo, cabe deducir que existe, además, un acuse de perención de instancia, por haber transcurrido el plazo legal sin que la accionante haya realizado actos impulsorios del presente proceso.- En el primer caso se debe verificar si la acción ha sido deducida dentro de los plazos de caducidad establecidos por la Ley Nº 2600.
Las codemandadas sostienen lo contrario basándose en los artículos 23 y 47 del citado texto legal. Estos son plazos de caducidad propios del proceso contencioso administrativo, donde el acceso a la justicia está condicionado a la observancia de requisitos previos de admisibilidad de la acción. De tal modo no puede promoverse una demanda si se han vencido dichos plazos. Por lo tanto corresponde, atendiendo a la defensa de caducidad deducida, verificar que la interposición de la demanda se haya producido en tiempo oportuno.- El mentado artículo 23 del CPCA, Ley Nº 2600 edicta: “La acción que tenga por objeto las pretensiones establecidas en el Artículo 40 Incisos a), b) y c) caduca en el plazo de noventa (90) días.
El plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la decisión administrativa, o en los casos de denegación tácita, desde el día siguiente del vencimiento del plazo establecido en el Artículo 8. Cuando se trate de la pretensión establecida en el Inciso d), la caducidad se operará a los noventa (90) días contados a partir de la fecha de emisión del acto que declare la lesividad fundada en la ilegitimidad del acto cuestionado”.- Es necesario precisar el planteo, teniendo a la vista el contenido del artículo ‘ut supra’ referido, el cual claramente refiere a los plazos de caducidad para la interposición de la demanda contencioso administrativa, términos que de encontrarse vencidos conllevan a la inadmisibilidad de la demanda.
No se trata -como sostienen las codemandadas- de un plazo de perención de la instancia que ocurre cuando durante el curso del proceso la accionante deja de realizar actos impulsorios durante un lapso prolongado de tiempo (el que varía según el tipo de proceso del que se trate).- El error así cometido es sustancial, toda vez que deja huérfana de fundamentación la pretensión. No obstante y teniendo en cuenta las previsiones contenidas en los artículos referenciados, en ambos casos se trata de la caducidad por no haberse iniciado la acción contencioso administrativa dentro del plazo estipulado; y aquí estamos frente a otro yerro grave que llevaría al rechazo del planteo, toda vez que ninguno de los artículos utilizados para sustentar la caducidad se aplica al caso de marras.- En efecto, han omitido las codemandadas considerar los artículos del Código de Procedimiento Administrativo, Ley Nº 2600, que son de directa aplicación al caso, los cuales llevan, sin más, al rechazo de la caducidad pretendida.-
Así, el artículo 24 del CPCA, Ley Nº 2600 señala que “No habrá vencimientos de plazos para accionar cuando fueren actores el Estado Provincial, los Organismos autárquicos, los Entes descentralizados y las Municipalidades, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 102 de la presente Ley”.-
El Artículo 102 del CPCA, Ley Nº 2600 prevé: “La Administración Pública Provincial, sus Órganos o Entes Administrativos y las Municipalidades, podrán promover la acción contencioso - administrativa tendiente a lograr la declaración de nulidad de los actos viciados e irrevocables en sede administrativa, si mediase previamente declaración administrativa de encontrarlo lesivo a los intereses públicos por razones de ilegitimidad, de conformidad al Artículo 2, Inciso a)”.-
Finalmente el Artículo 103 del CPCA, Ley Nº 2600 edicta: “La demanda deberá interponerse dentro del término de noventa (90) días contados a partir del día siguiente de dictada la resolución que declare al acto lesivo para los intereses públicos”.-
En síntesis, cuando demanda un municipio, no tiene límites temporales para iniciar la acción, de allí que tal como se indicara precedentemente, no es válido fundar la caducidad, como hicieron las codemandadas, en los artículos 23 y 47 del CPCA, Ley Nº 2600. La excepción a esta regla es la acción de lesividad, caso en el cual el plazo es de 90 días, el que comienza a correr desde el día siguiente de dictada la resolución que declara lesivo un acto anterior (conf. art. 103 del CPCA, Ley Nº 2600). Es por ello que el planteo debió encauzarse por este último artículo y no por los que hicieron referencia las codemandadas.- Conforme las salvedades realizadas y encuadrada la pretensión de esta manera, cabe ahora verificar si desde que se dictó el Decreto Nº 083/2015 (declaración de lesividad) hasta que se inició la presente demanda, transcurrieron noventa (90) días. Debe dejarse en claro que conforme reiterada jurisprudencia de este Tribunal, se trata de días hábiles judiciales, por tratarse de plazos procesales (conf. Contencioso Administrativo, Tomo XII, Reg. 825, Folio 2332/2334).-
El decreto en cuestión fue sancionado el 22 de diciembre de 2015 y la presente demanda se inició el día 3 de mayo de 2016 (fs. 115 vta.). Teniendo en cuenta que la feria judicial 2015/2016 se extendió desde el 19 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016, es a partir de este último que debemos comenzar el cómputo de los noventa (90) días hábiles; del cual surge que al promoverse la acción no se encontraba vencido el plazo de caducidad previsto en la ley, razón por la cual deberá rechazarse el acuse de caducidad interpuesto.-
III. Por otro lado, y aún en la hipótesis que también se hubiera acusado la caducidad de la instancia por la falta de realización en tiempo oportuno de actos impulsorios del procedimiento, correspondería su rechazo por no haberse configurado tal demora.-
Que la acción de lesividad regulada a partir del artículo 102 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600, en el artículo 106 remite al Titulo VII, en donde el artículo 45 prevé que son de aplicación a las causas contencioso administrativas las normas sobre el juicio ordinario establecidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial.-
Por su parte, el artículo 82 del Código citado en primer término, dispone que en este tipo de procesos regirán, en lo que respecta a la perención de instancia, también las previsiones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, contemplando este último la caducidad de instancia en los artículos 288 a 296, y estableciendo, para los procedimientos de única instancia, que se producirá cuando no se instare su curso por un lapso de seis (6) meses (conf. artículo 288, inciso 1º del CPC y C).- Asimismo, el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil y Comercial señala que los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento y correrán durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales.-
IV. Sobre el instituto de la caducidad de instancia se ha dicho que “…en tanto modo anormal de conclusión del proceso impuesto por razones de orden público, opera cuando se ha abandonado por inacción el procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley. Ello, con el objetivo de otorgar certidumbre a las relaciones jurídicas y no perturbar la administración de justicia, evitando de esta manera la duración indefinida de los procesos judiciales, en desmedro del valor seguridad jurídica a cuya vigencia se orienta su recepción normativa…En esta línea de pensamiento, corresponde señalar que la caducidad de la instancia se subordina a la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) La existencia de una ‘instancia’, entendida como toda pretensión que mediante una petición inicial las partes someten a la decisión de Juez competente; b) Sumado a una inactividad procesal que se exteriorice en la inejecución de acto idóneo alguno y c) El transcurso de un determinado plazo de inactividad que la norma adjetiva pertinente establezca” (cfr.
TSJ Córdoba, Sala Contencioso Administrativa, ‘in re’: “Guzmán, Noemí Rita c. Provincia de Córdoba s/ plena jurisdicción - recurso de apelación” sentencia del 29/07/2014. www.informaciónlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/47844/ 2014).- De igual modo debemos recordar que es doctrina de este Tribunal Superior que “…la perención de la instancia tiene un objetivo bien delineado y ordenador, y la inactividad prolongada que la ley sanciona, confiere a una de las partes el derecho a verse liberada del proceso determinado por el tiempo que la norma prevé, siendo que tal inactividad -resulta harto elocuente de destacar- debe serle imputable a la parte…” (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 191, Folio 1030/1032; y XIII, Reg. 457, Folio 2488/2489; Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1004, Folio 3092/3093).
Este instituto persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos en detrimento de una buena administración de justicia.- En los procesos dispositivos, como el ‘sub judice’, el impulso procesal está puesto en cabeza de las partes (conf. art. 46 del CPCA, Ley Nº 2600), más allá de algunas actividades que específicamente el Código adjetivo pone a cargo del Tribunal, de allí que le concierne a quien acciona, realizar la actividad necesaria en procura de la conservación de la instancia y en resguardo de sus derechos. Su inacción demuestra desinterés en mantener la acción que promovió. No debemos olvidar que la finalidad del instituto de la perención, es evitar que los procesos judiciales permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo.- Este Alto Cuerpo ha sostenido que “Por otro lado, no puede soslayarse -al decidir un caso concreto- que la aplicación de la caducidad de la instancia debe adecuarse al carácter restrictivo que es propio a la institución, sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá de su ámbito, temperamento que conduce a descartar su procedencia en los casos de duda razonable en los que debe privilegiarse la solución que mantenga con vida el proceso (conf.
CSJN, 23/10/2007, Galvalisi, Giancarla c. Administración Nacional de la Seguridad Social, La Ley, 15/11/2007, 7 -IMP 2007-23, 2211 - DJ 2007-III, 1050- TySS 2007, 944., AR/JUR/6676/2007, Del dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante que la Corte, por mayoría, hace suyo).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIII, Reg. 871, Folio 2519/2521).-
V. En la especie la demandada sostiene que desde que se dictó el auto de fecha 23 de agosto de 2016 ordenando el traslado de la demanda (conf. fs. 134) hasta que se presentaron las cédulas respectivas (el 3 de mayo de 2017) habría transcurrido el plazo de 6 meses previsto en la ley, y por ende, la causa estaría perimida.-
Es preciso tener en cuenta, que quedan fuera del cómputo las ferias judiciales (art. 289 del CPC y C, por remisión de los artículos 82 y 106 del CPCA, Ley Nº 2600) y además en este caso debe considerarse la suspensión de plazos dispuesta por este Alto Cuerpo desde el 20 de marzo al 21 de abril inclusive del corriente año mediante sucesivas resoluciones (Tomos CCXXI, Reg. 19, Folios 31/32, Reg. 22, Folio 38, Reg. 24, Folio 40, Reg. 25 Folio 41, Reg. 27, Folio 49 y XXIV, Reg. 3216, Folio 95.- Efectuado el cálculo respectivo, se advierte que desde que se dictó la providencia que dispuso el traslado de la demanda, el 23 de agosto de 2016 (conf. fs. 134), hasta que se presentaron las cédulas de notificación en la oficina de mandamientos y notificaciones de Puerto Deseado, el 3 de mayo de 2017 (conf. fs. 160/202), no ha transcurrido el plazo de seis (6) meses previsto en el artículo 288, inciso 1º del CPC y C por remisión de los artículos 82 y 106 del CPCA, Ley Nº 2600, teniendo en cuenta que quedan fuera del cómputo las ferias judiciales y la suspensión de plazos dispuesta por este Alto Cuerpo desde el 20 de marzo al 21 de abril inclusive del corriente año mediante sucesivas resoluciones (Tomos CCXXI, Reg. 19, Folios 31/32, Reg. 22, Folio 38, Reg. 24, Folio 40, Reg. 25 Folio 41, Reg. 27, Folio 49 y XXIV, Reg. 3216, Folio 95; motivo por el cual la perención de instancia acusada por las codemandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia y María Gimena Ripodas a fs. 149/150 debe ser rechazada.- Las costas se imponen por su orden en virtud de lo dispuesto por el artículo 90 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley Nº 2600.-
Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar la caducidad del plazo para interponer la acción y la perención de instancia solicitada por las codemandadas Sras. Lorena Beatriz Irigoyen, Carina Andrea Urrutia y María Gimena Ripodas a fs. 149/150.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vo cal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1011C.171 Tomo: XVII Sentencia: 1038 Folio Nº: 3235/3238 Secretaría: 1
Fin de la sentencia