Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3424
Registro N° 75 /2021
Folio 406/413
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3424-18 caratulada "R. M. E. C/ R. M. T. S/ DERECHO DE COMUNICACION", Expte. N° 16438 del Juzgado de Familia, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: BERNARDO LOUISE, GRACIELA SCARAFFIA, ROBERTO DEGLEUE, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez BERNARDO LOUISE dijo:
El Sr. juez de la instancia anterior dictó sentencia en las presentes actuaciones y en lo que aquí interesa, resolvió: "... 1) Diferir la fijación de un régimen de comunicación de los niños P.; B. y P.; R. con la Sra. M. E. R. para cuando se acredite en autos el cumplimiento de lo ordenado en los puntos 2 y 3 de la presente. 2) Ordenar que los niños B. y R. realicen tratamiento psicológico e incluir a los Sres. María E. R., M. T. R. y R. H. P. F. en terapia psicológica bajo mandato judicial, emplazándolos en diez días a denunciar en autos los nombres, dirección de los consultorios y teléfonos de los profesionales que realizarán las terapias, bajo apercibimiento de aplicar una multa de $ 500 diarios por cada día de mora en el cumplimiento y sin necesidad de ningún otro emplazamiento.... 4 ) Hasta tanto se cumpla con las terapias establecidas en el dispositivo precedente y/o lo disponga el juzgado, suspéndase la ejecución del régimen de comunicación fijado en la resolución de fs. 58/61. 5) Hacer saber a la Sra. M. R. y al Sr. R. P. F. que deberán dar ESTRICTO CUMPLIMIENTO a lo impuesto en la presente resolución en forma inmediata desde su notificación y que el incumplimiento del mismo generará la adopción de medidas sancionatorias y/o ejecutorias que correspondan en los términos del art. 557 del Código Civil y Comercial tales como sanciones conminatorias que podrán ser retenidos directamente de los haberes que pudieren percibir en caso de incumplimiento..."
La sentencia es apelada por la parte demandada por presentación electrónica en fecha 03 / 02 / 2021, ya en esta instancia allega el memorial en fecha 31 / 03 / 2021, la Sra. Asesora de Incapaces dictamina en 07 / 05 / 2021 y en 11 de Mayo de 2021 encontrándose la causa en condiciones, se ordenó pasar los autos para sentencia (art. 263 CPCC), providencia que firme a la fecha deja a la causa en condiciones de resolver.
Agravios de la apelante demandada:
Se duele primeramente del resolutorio por considerarlo arbitrario e inexcusablemente erróneo por contener una contradicción lógica ya que mientras el juzgador, con buen criterio dice que las resoluciones que se dictan no causan estado sino que revisten el carácter de cosa juzgada formal, por el otro se niega a resolver el fondo de la cuestión conforme los resultados y valoración de las pruebas producidas.
Se agravia también, por que considera que al diferir el dictado de un pronunciamiento el juzgador pretende hacerlo en a favor de la actora, cuando de las sobradas constancias que obran en la causa llevan sin duda alguna a dictar una resolución en contrario a los intereses de ella.
Insiste que con el material probatorio rendido a la causa, debía el juez rechazar la pretensión y al resolver del modo dicho, lo que hizo fue denegar justicia dejando de resolver la cuestión de fondo planteada, adelantar opinión con un alto grado de prejuzgamiento y parcialidad.
Expresa además como segunda contradicción de la sentencia, lo expuesto como motivación de la misma en los considerandos y lo resuelto, cuando aquellos son la esencia de la resolución y prosigue diciendo de lo hecho por el juzgador lo es en contradicción a lo dispuesto por el art. 155 Const. Prov. y 163 del CPC., todo ello engalanado con citas de doctrina y jurisprudencia. Y sobre esta base manifiesta que al haber omitido el juez a-quo pronunciarse sobre la cuestión litigiosa, conforme lo peticionado por una u otra parte, la sentencia vulnera el principio de plenitud y el de congruencia.
Continúa diciendo que al resolverse como se hizo, no se puso fin a la conflictiva de las partes, siendo para ellas una frustración del derecho con renuncia a la verdad jurídica objetiva.
Relata también los motivos del enfrentamiento entre las partes, para seguidamente decir de la imposibilidad de llevarse a cabo un régimen de visitas entre sus hijos y la actora a quien no registra en su rol de madre y de abuela y como persona que pueda hacerse responsable de dos menores de edad. Que la realidad fáctica no puede ser omitida y que las posturas madre e hija imposibilita cualquier acuerdo.
Destaca además, la inconstitucionalidad de sentencia que le impone a ella y sus hijos la realización de terapia psicológica bajo apercibimiento de astreintes, por cuanto más allá de la bondades, no puede ni debe el juzgador imponer coactivamente a las partes su realización, violando así el art. 19 de la C.N.,el derecho a la libertad y a la intimidad, y lo que es peor aún direcciona el tratamiento psicológico al logro de la vinculación de madre - hija - nietos y así luego de ello expedirse a favor de la pretensión actoral.
Manifiesta que la sentencia pretender forzar una relación que no existe desde hace años por serias cuestiones sucedidas hace años y ello hace que necesariamente repercuta en la salud psíquica de los menores y en consecuencia que se acentúe la conflictiva entre todos los involucrados.
Por todo ello, solicita se revoque la sentencia y para el caso hace reserva del caso federal.
En tarea de decidir, luego de ponderar los términos del memorial, que ataca el auto apelado al agravio, lo podemos sintetizar en si se puede definir la resolución atacada como sentencia válida en los términos de los arts 168, 171 Const. Prov., cc. art. 163 del CPC., que desde ya adelanto la opinión que no es así.
Para así decidir he de partir del hechos que se desprenden dócilmente de la causa, la que es iniciada por la Sra. R. M. E. quien pretende que judicialmente se fije a su favor un régimen de comunicación respecto de sus nietos P.; B. y P.; R., acción que dirige contra Sres. M.R. ( su hija ) y R. P. F., progenitores de los menores.
La pretensión es férreamente resistida por la parte demandada en la que da cuenta que el resentimiento y encono de la Sra. R. contra su progenitora es de larga data. Cabe tener en cuenta, que la presente causa es iniciada en el año 2017 y en durante su tramitación el Juzgado puso a disposición - conforme la ley - los medios tendiente al logro de una composición del litigio, actuación de la medidadora, intento de conciliación y actuación de los Equipos Técnicos del Juzgado.
No obstante el despliegue realizado por el Juzgado, a través de los años el intento ha sido vano y para ver que el encono de la demandada para con su progenitora continúa vigente y por lo cual se opone al régimen de comunicación solicitado, basta remitirse a los términos del memorial, que no resulta necesario transcribir.
De lo expuesto hasta aquí, se deduce que la problemática de los adultos aquí enfrentados deviene de larga data y las posiciones irreductibles adoptadas frente a la conflictiva, condujeron a las partes a un tercero imparcial para que lo resuelva, esto es el juez.
Así es como se inició el proceso judicial en el que la actora en el ejercicio de los derechos de peticionar a las autoridades ( art. 14 C.N. ), acceder a la justicia ( art.. 15 Const. Prov. ) pretende que el juez le declare su derecho a comunicarse con sus nietos y la contra parte, en uso de su derecho de defensa en juicio ( art. 18 C.N.), resiste el pedimento.
Frente a la existencia de los hechos controvertidos, producida la prueba y llamados los autos para dictar sentencia, es el juez quien debe poner fin a la conflictiva con una resolución que se constituya como la derivación razonada del derecho argentino, conforme las constancias de la causa.
Es decir, con la apertura de la instancia, se inició el proceso que al decir de Couture es "... una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión, ..., lo que caracteriza ( ap proceso ) es su fin: la decisión del conflicto mediante un fallo..." ( cfr. Eduardo J. Couture " Fundamentos del Derecho Procesal Civil " p. 121 y vta., el énfasis me pertence).
Por el art. 5 de la Constitución Nacional, cada Provincia dictará su Constitución que asegure su administración de justicia ( cc. art. 123 del mismo texto legal ) y en tal cometido el Legislador Provincial ha regulado los procesos judiciales de acuerdo a la competencia de los Organismos que intervengan y en lo que aquí interesa, legisló el procedimiento adjetivo a través del Código y ley respectiva, en la cual estableció que el fin del proceso culmina con el dictado de la sentencia y regula además que el dictado de la misma no solo es un deber del juzgador ( art. 34 CPC.), sino establece como se estructura una sentencia (art. 163 del mismo texto legal).
Así el Legislador estatuyó en el art. 163 CPC.: "... Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener: 1) La mención del lugar y fecha. 2) El nombre y apellido de las partes. 3) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 4) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 5) Los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. 6) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. 7) El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución. 8) El pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del artículo 34, inciso 6). 9) La firma del juez...." ( el subrayado me pertenece ).
Entonces si analizamos desde esta base legal el fallo puesto en crisis fácilmente se observa que no abastece el recaudo legal.
En efecto, iniciada la instancia judicial, intentado los medios alternativos de resolución de conflictos, producida la prueba y llamados los autos para resolver se imponía claramente cumplir con el inciso 6 del citado art. 163, esto es decidir en forma "... expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte...".
Sin embargo, el juzgador en la sentencia luego de dar cuenta de los considerandos, de valorar la prueba rendida y estando la causa en condiciones de ser resuelta, falló: " Diferir la fijación de un régimen de comunicación de los niños P.; B. y P.; R. con la Sra. M. E. R. para cuando se acredite en autos el cumplimiento de lo ordenado en los puntos 2 y 3 de la presente...".
Lo resuelto de este modo, es contrario también al artículo 168 de la Const. de la Provincia de Bs As. que establece "... Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales...". Contradice además, el art. 34 inc. 2 del CPC., que impone como deber del juez "... decidir las causas..." en el entendimiento que "... la administración de justicia debe satisfacer un interés real, positivo, concreto de los justiciables, conforme los hechos afirmados y probados. El juez debe resolver " con la ley y por la ley, a pesar de sus opiniones personales sobre la bondad, la equidad, valor doctrinario, sabiduría o conveniencia de ella, pues estas consideraciones axiológicas son ajenas a la función judicial... " ( CSJN, 02 / 12 / 1957, L.L. 130 - 737, cit. Fenochietto: " Cód. C. y C. com. p. 194 ).
La contrariedad del fallo con el ordenamiento normativo reposa en el hecho que diferir resolver, no es lo exigido por la ley al juzgador primero porque ello no es decidir y menos aún posponer el dictado hasta tanto las partes cumplan con lo que le ordena en los apartados 2° y 3° del fallo, lo que claramente implica reiniciar una nueva etapa a los fines de colectar elementos probatorios.
El proceso es un medio técnico que culmina en la sentencia, se desarrolla a través de actos procesales ejecutados principalmente por las partes, funcionarios, magistrados y culmina con la sentencia de mérito. Y, allí "... corresponde al juez calificar la relación sustancial de la litis y determinar la norma jurídica que la rige, aunque las partes no la invoquen o lo hagan en forma errónea, o lo que es lo mismo, incumbe a los jueces el encuadramiento legal del caso de acuerdo a los hechos acreditados en la causa, con prescindencia del derecho invocado (así lo difunde desde siempre este Tribunal..." ( SCBA, Ac. A. 73.474 ).
Entonces, el juzgador con los elementos probatorios obrantes en la causa se hallaba en condiciones y obligado a decidir, "... el deber de expedirse es insorteable. Los jueces están obligados a pronunciar la sentencia de mérito..." ( cfr. Morello: " Cód. T I p. 46 vta.). "... Todos los temas del litigio deben ser resueltos, no pudiéndolo hacer parcialmente difiriendo pretensiones, defensas o la reconvención... " ( cfr. Fenochietto: Cód. C.y C. com. p. 193 el énfasis me pertenece ).
Es que, resulta obvio que los magistrados al dictar sentencia tienen que observar el deber de pronunciarse sobre los puntos propuestos por los litigantes que sean pertinentes a la adecuada solución del litigio. Sobre el juez, no solo recae el deber de administrar justicia, sino además, de pronunciar su decisión y que ésta en el plazo previsto por la ley ( art. 34 CPC.).
Por lo demás, en relación a la contradicción de lo expuesto en los considerandos y lo resuelto en la parte dispositiva importa una contradicción sobre la cual el Cimero Tribunal Federal, en un fallo de reciente data del 3 de Junio de 2021 en lo que aquí interesa destacar dijo: "... En tal sentido, cabe recordar que toda sentencia constituye una unidad lógico jurídica en que la parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación (Fallos: 324:1584; 330:1366, entre otros). Esta Corte tiene dicho que no es el nudo imperio del tribunal concretado en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento; ambos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión ( conf. doctrina de Fallos: 329:1661; 308:139; 313:475; 316:609; 332:943; 339:873; 341:1466 )..." ( CJN " FLP 1858/2010/CS2 Matrángulo, Esteban c/ AFIP ).
Así las cosas, corresponde revocar la resolución apelada en todas sus partes ( arts. 34, 163 CPC., art. 168 C.P.).
Y, en virtud de la apelación adhesiva, toda la cuestión materia del litigio pasa al Superior en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al inferior, debiendo en consecuencia procederse a la recomposición positiva de la litis teniendo en cuenta lo expuesto por las partes y las pruebas colectadas, valoradas conforme los principios surgentes de la sana critica.
Así desde esta base fáctica / jurídica se ha de abordar la pretensión actora por la cual, la Sra. María Emma Reyes demanda a su hija M. T. R. y al Sr. R. P. F. ( progenitores de los menores P.B. y P.R., ) a fin de lograr judicialmente un régimen comunicacional respecto de sus nietos.
De la prueba rendida a la causa, como del responde de la demanda, términos del memorial, prueba pericial del Equipo Técnico del Juzgado de Familia se advierte dócilmente la conflictiva, de larga data, entre la actora y su hija demandada y es allí donde radica casualmente la imposibilidad del contacto con sus nietos.
Este Tribunal al expedirse anteriormente al confirmar la cautelar dictada en la instancia de origen, por la cual se le otorgaba a la actora un régimen provisorio de comunicación con sus nietos dijo: "... Ya en tratamiento del planteo, cabe recordar que el art. 555 del CCyC -cuyo antecedente normativo es el art. 376 bis del CC incorporado por ley 21040- contempla el derecho de visita de los familiares y demás referentes afectivos que la norma establece. Se trata de un derecho que procura evitar que, en forma arbitraria, los padres o uno de ellos, cuando no conviven, cercenen el contacto del menor con los mismos. El objetivo de ello no sólo es garantizar las relaciones personales derivadas del parentesco, sino también aquellas que pudieren surgir del entorno social y afectivo en que transcurre la vida de los menores, lo cual -obviamente-, se integra con una multiplicidad de vínculos que desbordan lo que se conoce como "familia nuclear".
Empero, en todos los procesos en los que se hallen involucrados menores debe imperar el interés superior del niño (art. 3 CDN). También resulta indiscutible el reconocimiento de todo el ordenamiento jurídico sobre el derecho del menor a ser oído y que su opinión sea especialmente valorada conforme su edad y madurez. Rige además en la materia el principio "favor minoris", según el cual, ante la posible colisión o conflicto entre los derechos e intereses de los menores, en oposición a otros derechos e intereses igualmente legítimos -como en este caso el de la abuela-, han de prevalecer los primeros (arts. 3 y 5 de la ley 26.061).
Todas las directivas relativas al derecho de comunicación y visitas de los abuelos con sus nietos, lógicamente han de ser aplicadas siempre y cuando se mantenga la pauta rectora, es decir el supremo interés de los menores y dentro del marco de la razonabilidad. No sólo corresponde evaluar cada situación particular en concreto, omitiendo toda consideración de carácter dogmático, sino también valorar los riegos y las posibles consecuencias que la decisión judicial pueda tener en la seguridad e integridad psicofísica del niño; siendo imprescindible para ello que el juez analice cuidadosamente las circunstancias que rodean al caso, ponderándolas en relación con las restantes connotaciones del derecho que se encuentra en juego (art. 3, 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los arts. 2, 3, 19, 24 y 27 de la Ley Nacional Nº 26.061 y los arts. 26, 113, 555, 638/9 y 706/7 del Código Civil y Comercial). (cfr. CC0002 QL 17879 I 07/06/2017 JUBA B2953243, CC0103 MP 160146 RSI-795-15 I 29/09/2015 JUBA B3000162). "... El paradigma de protección integral de la infancia recoge el derecho del niño a mantener y preservar vínculos con los miembros de la familia ampliada y de su comunidad, lo que incluye el contacto no sólo con sus parientes más cercanos (abuelos, hermanos, padre afín), sino además con padrinos, amigos, vecinos, ex convivientes -entre quienes no nace un lazo de parentesco- y demás allegados que constituyan referentes afectivos y representen vínculos significativos en su historia de vida. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño expresa una vocación especial por la protección y fortalecimiento de la familia en sentido amplio (conf. arts. 5 y 8.1), y este derecho, además, re
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