Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132110
MP / YAN
En la ciudad de La Plata, a los 27 días del mes de Junio de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y, por disidencia, el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "M. P. N. C/ T. C. J. S/DERECHO DE COMUNICACION" (causa: 132.110), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fecha 22 de noviembre de 2022?
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo :
Mediante la sentencia dictada en tal fecha, el Sr. Juez de grado, en lo que aquí interesa, hizo lugar a la demanda y dispuso que la comunicación paterno-filial deberá desarrollarse el primer viernes de cada mes en la ciudad de Bolívar, debiendo el padre o los familiares paternos retirar a la niña del domicilio de materno a las 14 horas, mientras que el reintegro sería el domingo a las 20 horas, alternándose el retiro por el padre y la madre, comenzando por el padre el siguiente domingo de adquirir firmeza la decisión. Además, el progenitor podrá compartir con M. el tercer fin de semana del mes en la ciudad de La Plata, desde el viernes a las 14 hs hasta el día domingo a las 19.00 horas.
En referencia al traslado de la niña, estimó que ambos progenitores deben soportar parte de los gastos que conlleva el mantenimiento de los vínculos de la niña con su familia paterna en su anterior centro de vida (la ciudad de Bolívar), de conformidad con los deberes y obligaciones que derivan del ejercicio de la responsabilidad parental.
Asimismo exhortó a las partes a dejar a un lado la conflictiva adulta existente y a reforzar el diálogo, sea entre los progenitores y/o entre los profesionales intervinientes, con el fin de coordinar todo lo relativo a las cuestiones que atañen a M., en pos de garantizar la debida comunicación de la niña con su progenitor; e intentar en lo sucesivo y siempre que no medie urgencia, organizar las restantes actividades de la niña M. (recreativas, de salud, etc.) en días y horarios que no interfieran con el derecho de comunicación paterno-filial; y en su caso, poner en conocimiento a la contraria con la antelación suficiente las circunstancias que se susciten, a fin de reprogramar el día y horario que se viese interrumpido.
De igual forma, dispuso intimar a ambos progenitores a cumplir el derecho de comunicación dispuesto de manera estricta, bajo apercibimiento de fijar 2 Jus por cada día de incumplimiento debidamente acreditado a favor de la contraria (art. 34 inc. 5, 37 CPCC, art. 804. CCCN); y a iniciar o continuar con un recorrido psicoterapéutico, en pos de trabajar en la conflictiva existente con miras a lograr una sana comunicación tanto entre los mismos como con la niña, a fin de efectivizar los mandatos que la responsabilidad parental impone, y acreditarlo mensualmente.
También intimó a la Sra. T. a garantizar la continuidad del recorrido psicoterapéutico con la Lic. L. que se encuentra realizando M., debiendo acreditarlo mensualmente; brindar la información que impone el art. 654 del CCCN y decidir las modificaciones relativas a las actividades de M. en conjunto con su progenitor, quien deberá prestar el consentimiento previo a tales fines, dado que el mismo no se encuentra privado del ejercicio de la responsabilidad parental bajo apercibimiento de fijar, en lo sucesivo, 3 Jus a favor de la contraria ante los incumplimientos que se puedan suscitar al respecto.
El 13 de diciembre de 20222 aclaró que, sin perjuicio que el régimen comenzará cuando adquiera firmeza, siendo exacto lo expuesto por el Sr. M. respecto a que en enero de 2023 la niña permanecerá los primeros quince días junto a su progenitor, deberá estarse a lo dispuesto en el apartado relativo a las vacaciones (art. 34 inc. 5 CPCC). En cuanto lo manifestado con respecto al mes de febrero, no habiéndose estipulado las fechas y horarios respectivos para tal mes, hizo saber a las partes que tal cuestión deberán articularla las partes de manera privada, con el objeto de propender a la desjudicialización de las cuestiones que no sean objeto de conflicto.
Finalmente, solicita se garantice el derecho a ser oída a M. en la Alzada antes de tomar una decisión.
El 5/12/22 apeló la demandada, recurso que fue cncedido 13/12/22 ef. devol.fundado con el memorial 28/12/22 y contestado el 9/2/23.
Con fecha 15 de febrero de 2023, el Asesor de Menores remitió al dictamen anterior, en el cual aconseja acoger el régimen de comunicación, que es un derecho de M. y una obligación del progenitor no conviviente. Agregó que en la entrevista realizada ante Cuerpo Técnico la niña ha expresado deseos de pasar más tiempo con su padre y la Sra T. ha expresado que al regreso de los encuentros con el progenitor ha regresado contenta y refiriendo querer pasar más tiempo con él y en la entrevista individual con M., la niña se expresó de un modo positivo al hablar de la ciudad de Bolívar y de su familia paterna.
4. tratamiento de los agravios.
4.1. Suficiencia del memorial.
Ocupándome liminarmente del cuestionamiento que el apelado trae con relación a la fundamentación traída por la quejosa, sus alcances y requisitos, cabe señalar que de la lectura del memorial traído en sufragio de la pretensión revisora, se percibe claramente en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen y más allá de los consabidos criterios amplios y flexibles que se imponen en la materia, no puede seriamente sostenerse que los agravios no satisfacen el mínimo de técnica exigido por las normas procesales, razón por la cual, corresponde desestimar el liminar pedido de deserción recursiva que propone la apelada; ello sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (art. 260 del C.P.C.C. y su doctrina).
4.2. Acogimiento del régimen de comunicación.
Se agravia porque le han concedido un régimen de comunicación cuando a su entender existen razones de gravedad para no hacerlo: las reiteradas denuncias de violencia de ella, su madre y hermana, acogidas favorablemente; que los peritos auspiciaran la necesidad de tratamientos, que debieron mudarse a La Plata por esas situaciones de violencia, que debió acudir a la justicia para obtener alimentos, cuidado personal, beneficio de litigar sin gastos, alimentos extraordinarios, aumento de cuota alimentaria provisoria. Sostiene que se ha valorado incorrectamente la prueba y se hizo caso omiso a las impugnaciones efectuadas, sosteniendo que resulta indispensable contar con un dictamen amplio que de cuenta del tratamiento realizado por el progenitor de la niña. Agrega que el juez se baso en una escucha desactualizada, la cual tampoco se requirió a su actual terapeuta, y se le denegó prueba relevante.
El agravio no ha de prosperar. En nuestro sistema jurídico el principio es la coparentalidad, reflejo de la igualdad entre el hombre y la mujer para realizar sus proyectos de vida y de los cambios que se han producido en los roles establecidos en función del sexo. Existe un reconocimiento de la figura del padre en la socialización de los hijos. La igualdad de derechos entre hombre y mujer se encuentra expresamente consagrada respecto a la crianza y educación de los hijos en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, con el objeto de satisfacer el derecho de todo niño a mantener vínculo con ambos progenitores tras la ruptura de la unión entre los adultos (artículo 9 y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Asimismo el progenitor no conviviente goza del derecho de comunicación, consistente en mantener un contacto personal con sus hijos de la manera más fecunda que las circunstancias lo permitan. Así lo establece la Convención Internacional de Derechos del Niño en su art. 9 inc. 3° al disponer que " Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario al superior interés del niño ". El adecuado contacto con ambos padres es un deber y un derecho (art. 646 y 651 y 652 CCCN). Por ello para que se decida en contra de esta pretensión debe existir prueba del riesgo físico o psíquico que supondría para M. mantener contacto con su papá, lo cual no acontece.
No se hace cargo la apelante de los fundamentos del decisorio, volviendo a reiterar las discrepancias personales con lo dictaminado por el Cuerpo Técnico y cuestiones procesales que ha consentido y no corresponde ventilar en esta instancia.
Resulta necesario precisar ante las críticas y quejas esgrimidas por la apelante respecto de la impugnación de la pericia de la psicóloga- que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/07/1995, "Acuerdos y Sentencias" 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007) y las reglas de la sana crítica indican que, para el desplazamiento de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 384 y 474 del C.P.C.C.).
Por otra parte, no es cierto que el juez no haya considerado la opinión de M. sino que ha considerado lo mismo que el Asesor al aconsejar el contacto. Respecto de la necesidad de tomar un nuevo contacto antes de decidir porque el mismo sería desactualizado, luce no solo ajustado a derecho sino razonable y considerado hacia M. no volver a convocarla cuando ha existido contacto con la psicóloga, con el Asesor y con el mismo magistrado y en la última audiencia personal la niña se puso a dibujar y manifestó que no quería hablar.
4.3. Obligatoriedad del segundo fin de semana.
La apelante se agravia porque se establece como obligación el contacto con la niña el primer fin de semana y no el tercero que es en La Plata, lo deja a opción del padre cuando es un derecho de la niña.
Resulta contradictoria la postura de la madre al agraviarse porque el contacto perjudicaría a M. y luego pretender que ambos fines de semana sean obligatorios para el padre. Asimismo si él ha demandado el contacto se presume que lo llevará a cabo salvo que razones justificadas se lo impidan.
Por otro lado, si bien el contacto es un derecho, la distancia del domicilio de M. con el del padre en Bolívar pueden generar que las obligaciones personales y laborales incidan en las posibilidades de los traslados, por lo que resulta razonable la forma en que ha decidido el magistrado.
4.4. Traslado de Bolívar a La Plata.
Se agravia además porque el juez le impone la carga de traslado del regreso de la niña el segundo fin de semana, cuando el mismo padre en la demanda se ofreció a ocuparse del traslado si la madre no podía. Agrega que le impone la obligación de regresar al lugar donde ha sido vulnerada y agraviada, la expone a que padezca nuevos hechos de violencia. Señala que no posee vehículo, y para retirarla ella por los horarios del ómnibus a Bolívar debería ir el sábado, pernoctar el Bolívar y volver al día lunes, demorando 5 hs. Además no posee ingresos suficientes pues recién comienza a ejercer su profesión nuevamente en La Plata -posee beneficio- y que se le denegó la prueba de la capacidad económica, sobre que el padre es titular de bienes inmuebles en la localidad de Bolívar y La Plata, algunos generan ingresos, desarrolla actividad profesional en el que fuera consultorio de ambos y en localidades aledañas y superando sobradamente sus ingresos.
En cuanto a los medios de movilidad para cumplir la manda, no ha sido objeto de prueba y por tanto no es posible determinar si la Sra. T. tiene automóvil, si no existe otra posibilidad de traslado que los omnibus de PlataBus con los horarios que ella denuncia o si existen combis privadas en distintos días y horarios con costos similares, con servicio puerta a puerta, como señala el padre.
Sin embargo, teniendo la madre a su cargo los traslados y atención cotidiana de M., que tiene un contenido económico (art 660 CCCN) pero también implica un gasto de tiempo, esfuerzo y dedicación, aparece razonable que el padre se ocupe de los traslados cada 15 días, por lo que este agravio ha de prosperar.
4.5. Astreintes.
La apelante considera prematura la fijación de astreintes, agraviante y contrario a las constancias objetivas de la causa. Sostiene que no existe mérito para así decidir cuando no existió incumplimiento.
. De manera preliminar al tratamiento de la cuestión a resolver, es oportuno señalar que los códigos procesales vigentes -al igual que la ley 17.711 y el C.C.C.N.- han receptado la institución francesa de las astreintes, recogiendo las conclusiones que pacíficamente, con anterioridad, habían elaborado la doctrina y jurisprudencia nacionales.
Las "astreintes", constituyen la imposición judicial de una condena pecuniaria que afecta a quien no cumple con lo debido a raíz de una sentencia (Llambías, "Código Civil Comentado, t. II-A, pág. 455, ap. 2). Es decir, son verdaderas penas conminatorias, de carácter provisorio, destinadas a vencer la deliberada resistencia de aquél que se niega a cumplir un mandato impuesto por orden judicial, de ahí, su naturaleza eminentemente sancionatoria, que excluye toda función reparadora o indemnizatoria de los perjuicios derivados de aquel incumplimiento, aunque en alguna medida conjugue las consecuencias de la demora (arts. 666 bis, Código Civil; 37, C.P.C.C.; esta Sala, causa 85.037, RSI. 15/97).
Conforme los arts. 804 CCC y 37 del C.P.C.C. los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento y se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y no del monto del pleito o perjuicio ocasionado. Podrán ser dejadas sin efecto, o ser reducidas, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder, es decir que, por su carácter provisorio, las "astreintes" no causan estado, ni pasan en autoridad de cosa juzgada.
Si bien las astreintes constituyen una pena civil, tienen una dimensión institucional en tanto lo que se busca con ellas es que los mandatos judiciales sean acatados por los litigantes -e, incluso terceros- y cumplidas acabadamente. Esto es lo que constituye la esencia del instituto.
Su utilización debe ser razonablemente dispuesta por los jueces atendiendo a las particularidades de la condena, situación subjetiva y objetiva de las partes y al principio de que los mandatos judiciales deben cumplimentarse. Pueden, inclusive, imponerlas de oficio, más aún en los procesos de familia, donde deben primar los principios de tutela judicial efectiva, oficiosidad y las normas deben ser aplicadas teniendo en cuenta el interés superior del niño (arts. 3, CDN; 75 inc. 22, Const. Nac; 3, CDN; 36, Const. Prov.;1, 2, 705, 706 y 709, C.C.C.N.).
Al contrario de lo expuesto por la Sra T., de los distintos expedientes y de los informes realizados se desprende una alta conflictiva entre los padres y su conducta no colaboradora con el contacto. Su misma postura al apelar la procedencia del contacto hace aconsejable que el juez prevea la posibilidad de incumplimiento, como le permite el 557 CCCN. Por lo que este agravio habrá de ser rechazado.
4.6. Tratamiento psicológico.
Se queja la Sra T. porque le imponen un recorrido terapéutico considerando que el magistrado no brinda un fundamento científico, técnico que lo motive, no precisa su necesidad, no posee un diagnóstico, pronóstico, tratamiento, y su profesional le dio el alta. Sostiene que resulta desgastante la carga económica y emocional y que el juez debió tomar contacto personal con ella para así decidir.
El tratamiento ha sido aconsejado por la psicóloga del cuerpo técnico -ver informes de fechas 5/11/21, 8/3/22 y 29/3/22-, como lo señala la sentencia y en materia de familia el principio de congruencia debe flexibilizarse a fin de dar una respuesta adecuada a la familia. No es acertado el razonamiento de la apelante respecto que el juez deba tomar audiencia personal a la parte para determinar la procedencia, pues no lo exige la ley procesal ni fondal y además es abogado, la psicóloga es quien tiene los conocimientos técnicos para determinar la necesidad y conveniencia de una terapia.
Por otra parte, entiendo que esta medida es un accesorio que tiende al cumplimiento del contacto con el progenitor no conviviente y en general todos los mandatos judiciales que han sido dictados, a fin de garantizar la tutela efectiva de los derechos (art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 557 y 706 CCCN). Por ende el agravio no será acogido.
4.7. Costas.
En los conflictos de familia en relación a los hijos ambos padres actúan en representación de ellos, además de por derecho propio. Ante un conflicto, el interés primordial es el de los niños, no los padres y la sentencia que determina el régimen de contacto es en favor de los hijos, en este caso de M., que es actora y demandada tanto como los padres. En ese sentido no existe un vencedor y un vencido y el principio general debe ser costas por su orden. La intervención del juez es necesaria para lograr un nuevo orden familiar y alcanzar la paz
El principio general deben ser costas por su orden y la excepción al vencido " cuando es su conducta la que ha hecho necesaria la intervención judicial de otra manera obviable " (C1ºCC Bahía Blanca, Sala I 2-5-89,LL 1991-A-530, jurisprud. agrupada, caso 7162, citado por KIELMANOVICH, Jorge L., Los principios del Proceso de Familia", Revista de Derecho Procesal, 2002-1, Rubinzal-Culzoni, 2002, Santa Fe, Pag. 28, quien sostiene esta postura) -por ejemplo si no tenía contacto, no cobraba regularmente una cuota alimentaria antes de la decisión- o si materializó una conducta obstructiva del proceso.
Las costas por su orden en materia de familia son derivación de la protección de la familia (Art. 36 inc. 1,2,3 y 7 Const . Prov.) y el acceso a la justicia receptado por el art. 8 Pacto San José de Costa Rica, el Art. 15 Const. Prov. y 706 CCC. Este último en su inciso a señala que "las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos".
Al comentar este inciso el "Código Civil y Comercial Comentado" de los directores Dres. Rivera y Medina (Editorial La Ley) sostiene dicho "en el proceso de familia la doctrina y jurisprudencia han propugnado una tendencia a prescindir del principio de la derrota. Se considera que la intervención del juez es una carga común por ser necesaria para componer las diferencias entre las partes o, en otros casos, para resguardar los intereses del denunciado o demandado (ej. interdicción, inhabilitación). Por ello el principio en estudio (ser refiere al acceso a la justicia) implica que la regla debe ser costas por su orden y la excepción costas a cargo del perdidoso cuando es su conducta la que ha hecho necesaria la intervención judicial de otra manera obviable" (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo II, Directores Rivera y Medina, Edit. La Ley, capítulo Proceso de
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