Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Juzgado de Familia n° 6 de Mar del Plata, para continuar conociendo en las presentes actuaciones.
"C. N. S. C/ HOGAR CONVIVENCIAL ALDEAS INFANTILES S.O.S. S/ DERECHO DE COMUNICACION"
La Plata, 23 de Octubre de 2019.
I. La señora N. S. C. promovió, el 4 de octubre de 2018, ante el Juzgado de Familia n° 3 de Mar del Plata, estas actuaciones contra el "Hogar Convivencial Aldeas Infantiles SOS" de la misma ciudad, solicitando un régimen de comunicación con el niño J. D. L., alumno suyo en la Escuela Provincial n° 59 de esa localidad (v. fs. 9/16).
Previo informe de la actuaria (v. fs. 19) la magistrada ordenó remitir los presentes al Juzgado de igual fuero n° 6 de Mar del Plata, por tramitar allí la causa: "L., J. D. s/ Tutela" Expte. MP 37.480/2016, a fin de que en todas las pretensiones conexas conozca el juez natural que previno (v. fs. 19 y vta.).
Recibidos (v. fs. 24), la jueza rehusó la atribución conferida, con fundamento en que en los obrados sobre tutela mencionados se declaró incompetente para entender y se desprendió de los mismos, en virtud de tramitar ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de la misma localidad, los autos "L. P. y otros s/ Situación" Expte. n° 17.924, donde se ordenó la institucionalización del menor en el año 2007 y dicho órgano continuó actuando en protección de los derechos vulnerados del niño, debiendo intervenir hasta su finalización a tenor de lo normado por las leyes 13.298 y 13.634. En consecuencia, también remitió el presente expediente al citado fuero el 30 de noviembre de 2018 (v. fs. 25/26).
A su turno, el Titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de la citada ciudad, manifestó que la actual petición de comunicación se enmarca en el art. 827 incs. "g" y "x" del Código Procesal Civil y Comercial, siendo dicha materia competencia exclusiva del fuero de familia. Además, argumentó que el 28 de noviembre de 2018, dispuso el cese de su actuación respecto del causante -y una hermana- poniéndolos a exclusiva disposición del Servicio Zonal a fin de que se adopten las medidas de protección necesarias. En virtud de lo expuesto, rechazó la competencia atribuida y devolvió los obrados al Juzgado de Familia n° 6 de esa localidad (v. fs. 29/31).
Recepcionados, la jueza mantuvo su postura, aclaró que los autos: "L., J. D. s/ Tutela" no se encuentran tramitando ante su Juzgado y que en la causa homónima sobre "Situación" no se advierte constancia alguna que acredite que la resolución que dispuso el cese de la intervención del órgano penal se encuentre firme. Por ello, requirió informe sobre el estado de tal expediente y ordenó elevar las actuaciones ante este Tribunal (v. fs. 35).
A continuación, obran copias de actas de audiencias celebradas en el mencionado Juzgado de Familia n° 6, ante la Consejera de Familia y en las que compareció la señora N. S. C. (v. fs. 38/39), la doctora Esperón del Servicio Zonal (v. fs. 45/46) y fue oído el niño L. (v. sobre de fs. 41 y punto V de fs. 42). Finalmente elevó las presentes a esta Corte el 22 de marzo de 2019 (v. fs. 75).
Arribadas a este Tribunal (v. fs. 75) se requirió al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 de Mar del Plata, la remisión a esta Secretaría de la causa: "L., P. E. y otros s/ Situación" (n° 17.924), la que en ocho cuerpos fue recepcionada y agregada por cuerda a los presentes el día 22 de mayo de 2019 (v. fs. 76 y 78). A continuación, se solicitó al Juzgado de Familia n° 3 de Mar del Plata que envíe el expediente: "L., J. D. s/ Materia a Categorizar" (n° 41.814/2018) el que fue recibido -en un cuerpo- y adunado por cuerda el día 23 de agosto de 2019 (v. fs. 79 y 80).
II. Del expediente "L., P. E. y otros s/ Situación" n° 17.924, surge -en breve síntesis- que se inició el 7 de octubre de 2005 ante el -entonces- Tribunal de Menores n° 2 de Mar del Plata, que tuteló a los hermanos P. E., A. D., V. A., M. C. (con discapacidad por parálisis cerebral) y J. D. L., ante su situación de vulnerabilidad, signada por el abandono de su madre y el alcoholismo del padre, además de la extrema pobreza. Todos fueron institucionalizados, bajo la condición de no ser separados. El 24 de abril de 2007, con sustento en las leyes 13.298 y 13.634 el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 Departamental -que continuó actuando- dio intervención al Servicio Zonal, los niños permanecieron en "Aldeas Infantiles SOS" hasta la mayoría de edad, mantuvieron contacto con su padre y si bien unas familias propuestas por la citada institución iniciaron acciones - autos: "L., J. D. s/ Tutela" ante el Juzgado de Familia n° 6 de esa localidad- dicha causa fue agregada a estos actuados por declaración de incompetencia del mencionado órgano y no hubo presentación judicial de persona alguna al respecto (v. fs. 6/7, 45/47, 97, 146, 147, 165/168, 236/239, 790/791, 1200)
Finalmente, el magistrado del fuero penal dispuso el cese de su actuación y el archivo de la causa (v. fs. 1356/1362). Tal decisión fue apelada por la Asesora de Incapaces (v. fs. 1388), pero luego desistió del recurso y aclaró que en virtud del deseo de J. D. de ser incluido en un medio familiar alternativo al de origen, ha promovido la declaración de situación de adoptabilidad, causa caratulada: "L., J. D. s/ Materia a categorizar" Expte. n° 41.814/2018 de trámite ante el Juzgado de Familia n° 3 de Mar del Plata (v. fs. 1395 y 1396).
III. En el citado Expte. n° 41.814/2018, sobre "Materia a categorizar", el que también se tiene a la vista, consta la referida presentación de la Asesora de Incapaces (v. fs. 23, 24/28). A continuación, obra un idéntico informe de la actuaria al realizado en los autos sobre "Derecho de comunicación" por el que se remite la causa al Juzgado de Familia n° 6 de la misma ciudad, toda vez que allí tramitan los autos sobre "Tutela" (v. fs. 31). El órgano citado en último término tuvo por recibidas las actuaciones, sin perjuicio de la competencia y dispuso estar a las medidas ordenadas en el Expte. n° 33.041/2018 sobre "Derecho de comunicación" (v. fs. 32).
Luego, obran copias certificadas por la secretaria del Juzgado de Familia n° 6 en la causa: "C. N. S. c/ Hogar Convivencial Aldeas Infantiles SOS s/ Derecho de comunicación s/ Expedientillo" (v. fs. 74). Cabe destacar que además de oírse al ahora adolescente, J. D. L. (v. sobre de fs. 33), a su padre (v. fs. 40/41) y tomar intervención activa todos los operadores jurídicos del caso (v. fs. 34, 43, 46/61 y 69/70) la jueza analizó detalladamente la situación del adolescente y autorizó cautelarmente el contacto del joven con su maestra, la señora N. C. el 12 de junio de 2019 (v. fs. 63/68). En la audiencia celebrada el 26 de junio del corriente año, ante la Consejera de Familia, la doctora Esperón del Servicio Zonal expresó que dicho servicio ha avalado el pedido de declaración de adoptabilidad promovido por la Asesoría, dado que considera agotada la intervención con la familia de origen, toda vez que el padre no puede hacerse cargo del joven (v. fs. 69/70).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.)
IV. Cabe señalar que la ley 13.634, que sustituyó el Libro VIII del Código Procesal Civil y Comercial (dec. ley 7.425/68), estableció la competencia exclusiva del nuevo fuero de familia respecto de las medidas adoptadas por los Servicios de Promoción y Protección de Derechos del Niño en cuanto a disponer su permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social o de salud (arts. 35 inc. "h", ley 13.298 -texto ley 13.634-; 827 inc. "v", CPCC -texto ley 13.634-; conf. C. 110.892, "A., E. S.", resol. de 14-IV-2010; C. 115.386, "A., A. D." resol. de 3-VIII-2011; C. 115.722, "M., F. y M., M. V.", resol de 14-IX-2011; C. 116.720, "P., E. E.", resol. de 28-III-2012; C. 117.927, "G., M. N." resol. de 22-V-2013; C. 118.696, "A. C., M. G.", resol. de 18-XII-2013; C. 123.012, "C., R. D.", resol. de 20-II-2019).
Si bien, en principio, estuvo diferida tal atribución hasta que se pusieran en funcionamiento los órganos de dicho fuero creados por la misma (arts. 9 y 92, ley 13.634 cit. -este último conf. texto según ley 13.821-), la ley 14.116 -BO del 20 y 21 de enero de 2010- derogó el art. 92 citado, estableciendo que desde su entrada en vigencia el fuero de familia será competente en la intervención contemplada en el art. 35 inc. "h" de la ley 13.298 (art. 2, ley 14.116 citada; conf. doctr. C. 115.722, C. 116.720, C. 117.927, C. 118. 696, 123.012, cits.).
Ante el silencio de la ley respecto de los procesos de tal naturaleza en trámite, esta Corte dispuso que la misma resulta de aplicación a las causas que se inicien a partir de la fecha de su entrada en vigencia, debiendo concluirse los anteriores ante los órganos en los que tramitaban a esa oportunidad (conf. art. 1, resols. n° 27/2010 y n° 1.589/2015 de esta Corte; C. 110.892, C. 115.386, C. 115.722, C. 116.720, C. 118.696 y 123.012, cits.).
Además, en línea con lo expuesto, este Tribunal ha establecido que las reglas de procedimiento reguladas en el art. 609 inc. "a" del Código Civil y Comercial prevé que la declaración de adoptabilidad debe tramitar ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos (C. 120.237, "B., A.", resol. de 21-X-2015).
En el caso particular de autos, se observa que el juez Néstor Salas del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, desplegó una ardua actividad desde el inicio de las actuaciones en relación a la conflictiva familiar de los niños L., adoptando distintas medidas, las que describió detalladamente en la resolución del 28 de noviembre de 2018 (v. fs. 1356/1362). Con apoyo en las pericias psiquiátricas (v. fs. 1333/1336), el informe socio ambiental (v. fs. 1337/1340), la experticia psicológica (v. fs. 1352/1354), oído el menor (v. fs. 1251 y 1307), su progenitor (v. fs. 1393), la intervención de la Asesora de Incapaces (v. fs. 1314, 1315, 1355) y el abogado del niño, doctor Marcelo Fabián Lacabanne (v. fs. 1316 y 1317) analizó la situación actual de J. D., esto es, que tiene catorce años, estando desde los dos años institucionalizado en el Hogar Aldeas Infantiles SOS, siendo su deseo expreso de egresar de allí, que mantiene una buena vinculación familiar con su padre y hermanos, aunque el progenitor presenta serias limitaciones personales y materiales para ejercer el rol paterno. Además, la señora N. C., docente del joven, pretende su adopción (v. fs. 6/7, 45/47, 97, 146, 147, 165/168, 236/239, 790/791, 1200, 1208/1209, 1246/1247, 1252, 1307, 1314, 1333/1336, 1337/1340, 1352/1354, 1356/1362 de los autos agregados sobre "Situación" y fs. 33, 34, 40/41, 43, 63/68, 69/70 de la causa sobre "Materia a categorizar" ).
De igual manera, se aprecia indisimulable el malestar del juzgador penal con el órgano técnico-administrativo a quien durante su gestión judicial en la cronología de los años en que el menor estuvo institucionalizado bajo su supervisión, según expresó, le requirió la implementación de estrategias y asistencia apropiadas para que el señor C. L. pueda desempeñar las funciones de crianza de sus hijos, obteniendo por toda respuesta un pedido de declaración de adoptabilidad, que no contó con la conformidad de la Asesora de Incapaces, quien en diciembre de 2015, consideró que no estaban dadas la condiciones para ello (v. fs. 990/992), constituyéndose esto en un obstáculo para la actuación del Servicio Zonal, impidiéndose la adopción de medidas de protección integrales que hubieran hecho cesar su intervención.
El referido magistrado excusó su infructuoso desempeño durante los doce años de la niñez del menor bajo el pretexto de la inexistencia de condiciones de habitabilidad -aún en la actualidad- descripta por las peritos asistentes sociales en su informe del 17 de octubre de 2018, situación de precariedad que determinaron la subsistencia hasta la actualidad de la intervención de ese órgano jurisdiccional y la permanencia del niño en el Hogar Convivencial Aldeas Infantiles, mas no avalan la desvinculación familiar que se ha fortalecido durante el proceso, según sus expresiones.
La obstinación de sus especulaciones fue convergiendo en una penosa realidad para el niño que permaneció institucionalizado durante toda su niñez.
En similar posicionamiento, el magistrado mencionó la aparición de la docente, la señora N. C., refiriéndola como la pretensa adoptante y agregó que por "los requerimientos efectuados ante esta jurisdicción, la intervención de un novedoso y sorpresivo equipo de adopción en Aldeas Infantiles, así como el respeto al deseo de modalidad vincular de J. D., influenciada por medios externos, e idealizada por él, impone necesariamente la adopción de una evaluación y la adopción de medidas concretas ya sea por parte del sistema de promoción y protección de los derechos del niño y eventualmente desde la intervención jurisdiccional, al fuero de familia" (v. fs. 1361 vta./1362).
En ese contexto, el citado consideró agotada su actuación y colocó al adolescente J. D. L., a disposición del Servicio Zonal, a fin de que tomen las medidas de protección necesarias y suficientes direccionadas a la satisfacción de su superior interés. Finalmente, dispuso el cese de su intervención y el archivo de la causa (v. fs. 1362 y vta. de las actuaciones sobre "Situación").
Esta decisión fue apelada por la Asesora de Incapaces (v. fs. 1388), quien luego de estudiar el expediente (v. fs. 1393, 1394) y aclarar que la causa no está finalizada, pues el niño se encuentra institucionalizado, interpuso el aludido remedio procesal. No obstante ello, atendiendo al deseo de J. D. de ser incluido en un medio familiar alternativo al de origen, manifestó que ha promovido la declaración de situación de adoptabilidad, causa caratulada: "L., J. D. s/ Materia a categorizar" ante el fuero de Familia. En ese marco, desistió del recurso (v. fs. 1395 y vta., 1396).
En conclusión, las penosas circunstancias que enmarcaron el presente caso ilustran que durante el extendido período de doce años no se logró un ámbito familiar sustitutivo que le garantice a J. D. el resguardo de sus derechos, manteniéndose, por el contrario, su indeseado y perjudicial estado de institucionalización. El fracaso de los intentos emprendidos, llevó al magistrado en lo penal a cesar su intervención, lo que -sin duda alguna- amerita que su problemática sea abordada por un Juzgado de Familia, como un supuesto de excepción a las líneas directrices plasmadas precedentemente (conf. arts. 609 inc. "a" y 612 del Cód. Civ. y Com.). Toda vez que, en supuestos como el de autos, dada la especialización que revisten los Tribunales de Familia, que a su vez cuentan con un equipo técnico auxiliar idóneo para el tratamiento urgente y adecuado del conflicto en cuestión, corresponde que sean estos últimos, quienes provistos de los antecedentes y actuaciones previas, adopten las medidas conducentes y adecuadas a la contienda suscitada (conf. doctr. causa C. 120.392, "C., L. B. y otros", resol. de 22-XII-2015).
En tales condiciones, corresponde declarar competente para continuar interviniendo en las presentes actuaciones, así como en los autos que obran agregados por cuerda, al Juzgado de Familia n° 6 de Mar del Plata.
Consecuentemente, corresponde disponer que el mencionado órgano declarado competente debe adoptar de modo urgente y con la especial sensibilidad que el caso requiere medidas de protección de los derechos del joven J. D., teniendo especialmente en consideración su palabra y la concreta situación actual del adolescente, para que a la luz de la historia transitada se atienda a su interés superior. (causas C. 120.713, "A., F. A, ", resol. de 6-IV-2016; C. 122.543, "A., C. L." , sent. de 28-XI-2018; C. 123.012, "C., R. D. y otros", resol. de 20-II-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Juzgado de Familia n° 6 de Mar del Plata, para continuar conociendo en las presentes actuaciones.
Regístrese, déjese copia de lo aquí resuelto en las causas caratuladas "L., J. D. s/ Materia a categorizar" y "L., P. E. y otros s/ Situación" -que en uno y ocho cuerpos respectivamente corren agregados por cuerda- y remítanse conjuntamente con los presentes al órgano que se declara competente.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia