Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 33.246-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nº 405/2013 (AD SALO) dictada en la Actuación Nº SC57-43/2011. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-103478722-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Septiembre de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “DERUDDER HERMANOS S.R.L. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 33.246-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La firma Derudder Hnos. SRL interpone recurso de apelación contra el acto administrativo que, al condenarla por la comisión de la infracción prevista en el art. 986 del C.A, impuso una multa y realizó un ajuste en concepto de tributos. El caso se inició a consecuencia de distintos procedimientos realizados por la aduana y las fuerzas de seguridad sobre colectivos de la empresa en la que se procedió al secuestro de mercadería extranjera.
II. A fs. 12/19, el recurrente sostiene, en prieta síntesis, que lo actuado no condice con una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, habida cuenta de que, en su condición de servicio de encomienda, adolece de facultades legales para revisar o abrir el contenido de los bultos que lleva de un destino a otro. De lo que se sigue, según perspectiva, la falta de responsabilidad atribuida, por cuanto no puede considerársela tenedora de los bienes contenidos en las encomiendas.
III. A fs. 29/34, el representante del fisco defiende la justicia del acto administrativo recurrido. El fundamento de su defensa, en lo sustancial, estriba en el carácter objetivo de la responsabilidad endilgada.
IV. A fs. 50 se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a consideración de la Sala “G”, que los pasa a sentencia a fs. 56.
V. En las condiciones indicadas, no encontrándose en discusión que la mercadería de origen extranjero no resultaba debidamente identificada, la discusión finca en si la sindicada como responsable de la infracción era la tenedora en su condición de prestador del servicio de encomienda.
VI. Al respecto, encuentro que el acto administrativo impugnado no da cuenta que la actividad de encomiendas se halla regulada en la ley 20216, cuyo art. 17 dispone que: “El envío postal pertenecerá al expedidor hasta tanto no haya sido entregado al destinatario o la persona autorizada para recibirlo”. Asimismo no puede pasar desapercibido que el art. 6 de la citada ley dispone: “La inviolabilidad de los envíos postales, importa la obligación de no abrirlos, apoderarse de ellos, suprimirlos, dañarlos o desviarlos intencionalmente de su curso, ni tratar de conocer su contenido, así como de no hacer trascender quienes mantienen relaciones entre sí o dar ocasión para que otros cometan tales infracciones. Todo empleado o persona afectada al servicio, está obligada a prestar juramento de guardar estrictamente el secreto postal.” En tal inteligencia, si bien puede considerarse plausible que se disponga un régimen de responsabilidad objetiva, ninguna regulación podría superar el test de razonabilidad si impusiere obligaciones que son de imposible cumplimiento. Es evidente que la encartada solamente podía sustraerse de la responsabilidad sancionatoria violando las normas específicas que regulan el servicio público postal.
VII. Es una verdad insoslayable que todo lo que circunda la aplicación de la norma sancionatoria administrativa es significativamente diferente a los fundamentos de aplicación de las normas penales. En éste último terruño se sanciona al reo porque mediante su conducta expresa un desprecio hacia el orden general. El delincuente deja traslucir que la norma no rige para él. Por esto último es que la acción es un presupuesto condicionante de la aplicación de la sanción punitiva. Los actos voluntarios son reveladores de un modo de comportarte frente al ordenamiento jurídico. Son la expresión de una toma de postura en relación a la norma y la sociedad. Es consecuente con ese temperamento que la imputación punitiva mantenga como presupuesto la capacidad del sujeto que puede decidir él mismo acerca de su comportamiento, ya que por ese motivo es que puede ser hecho responsable por su decisión errónea. En sentido opuesto, el obligado no es sancionado por una suerte de reproche moral a su postura con relación al derecho. El administrado sancionado es una suerte de garante de la subordinación de una actuación específica al ordenamiento jurídico administrativo. El administrado introduce un riesgo y debe hacerse cargo de él cuando excede el límite tolerado por el legislador. Solamente el obligado puede ser el responsable del ilícito administrativo. No existe absolutamente ninguna diferenciación de las distintas formas de intervenir en el ilícito, pues rige el principio de autor único, haber cuenta de que todo quebrantamiento del deber conduce a una responsabilidad completa como autor[1].
Por ello es que, cuando se impone una sanción por desconocimiento de las regulaciones expedidas para mantener la eficacia del conjunto de competencias asignadas a la administración, deber serse cuidadoso de no aplicar las construcciones teóricas propias del campo penal, porque su aplicación puede desconocer la finalidad misma de la infracción administrativa. De allí que las autoridades administrativas pueden encontrarse habilitadas por la legislación aplicable para adoptar medidas sancionadoras, cuando aquellos adopten conductas que resulten contrarias al orden jurídico administrativo sin que importase si la infracción se realizó de propia mano o mediante aportes cuantitativamente preferentes o de poco valor. En relación con esto último, es de interés resaltar que, la actividad sancionatoria tiene un claro raigambre administrativo, por lo que no sería menester indagar en la subjetividad de la conducta humana para que aquélla se configure.
VIII. Precisamente, en esas condiciones, la culpa o dolo no constituyen elementos determinantes de la responsabilidad sancionatoria administrativa. Ello es lógico porque si los las obligaciones del administrado deben ser buscadas allí donde están reguladas las obligaciones administrativas, pues allí es donde surge el deber de cumplirlas, por el otro, no puede escindirse la responsabilidad sancionatoria administrativa y condicionarla a factores exógenos como la condición psicológica de su autor.
IX. En ese orden de ideas, es oportuno aquí destacar que en relación a las infracciones administrativas, no es menester una conducta voluntaria de una persona humana como tampoco es necesario la exteriorización de un resultado. Podría ser suficiente para su consumación el incumplimiento objetivo del deber. Máxime que la enorme mayoría de ilícitos administrativos remiten a exigencias de mera forma que se imponen en concepto de deberes de colaboración para facilitar el ejercicio de la función administrativa. Por consiguiente el responsable administrativo puede ser acreedor de una sanción administrativa sin que previamente haya tenido que mover un solo músculo de su cuerpo. Más aún, si se presta debida atención se advertirá que el derecho administrativo suele castigar las omisiones de cumplimiento de las obligaciones contraídas al someterse a una actividad regida por el derecho administrativo.
X. Desde esa perspectiva, vuelvo a insistir respecto de la nula trascendencia jurídica que tienen los estudios relativos al dominio del hecho en el campo infraccional administrativo. Precisamente, todo el esfuerzo ha de girar en derredor del deber infringido. Comprensiblemente ese quehacer no es posible realizarlo sin descender en las características propias de cada regulación sectorial. Ello supone que para endilgar responsabilidad deberá conocerse el sentido del régimen específico y no trasladar soluciones generales a ámbitos del quehacer administrativo que son muy distintos entre sí. Lo común a todas las infracciones administrativas es que el obligado infringe un deber ínsito en una situación jurídica regida por el derecho administrativo. Por ello, siguiendo con ese lineamiento conceptual, es entendible la nula relevancia jurídica que podría llegar a tener la comprobación fáctica de si el castigado tuvo el dominio del hecho. A diferencia del campo penal, la potestad sancionadora administrativa no castiga el desprecio del imputado por el orden jurídico general. Como consecuencia de lo cual, tampoco es necesario profundizar en los elementos personales que llevaron al incumplimiento de la normativa administrativa ya que, en definitiva, lo expresado condice con el irrefutable aserto que indica que el sentido último de cualquier institución administrativa es la realización de la justicia distributiva.
XI. En tal inteligencia cabe poner de relieve que cuando se verifica el incumplimiento de la garantía se produce un desequilibrio de las cargas administrativas en razón de la posición que tiene el administrado que debió garantizar la observancia del ordenamiento jurídico administrativo. Ello supone que, para sancionar administrativamente a una persona, no interese excluyentemente quien fue la persona que realizó la acción indebida ni los motivos que lo llevaron hacerlo. De esto resulta que el obligado por la norma administrativa debe realizarlo de conformidad a las condiciones pautadas y puede ser responsabilizado de los incumplimientos sin que resulte menester la identificación de las personas que actuaron indebidamente. Asimismo, es de advertir, que en esta ámbito es admisible la institución de un régimen de naturaleza objetiva en el que bastara la mera acreditación de la existencia de nexo causal suficiente entre un hecho y la actividad ilegitima para sucitar la responsabilidad sancionadora. En efecto, en el ámbito administrativo sancionador no corresponde juzgar la responsabilidad de acuerdo a las normas penales que establecen una responsabilidad subjetiva, en donde la idea de culpa es el factótum del castigo punitivo. En este sentido, los obligados por las normas administrativas tienen una obligación de cumplir con las condiciones específicas dispuestas por la autoridad reguladora y en caso de no hacerlo pueden ser sancionados sin entrar a juzgarse su culpabilidad.
Ahora bien, no podría escrutarse la responsabilidad de la titular de la habilitación administrativa para prestar el servicio de encomienda si no se pondera su situación a la luz del régimen administrativo y constitucional en el que se desarrolla su actividad. En este caso para examinar la aplicación de la sanción no queda otro camino que acudir a la ponderación para lograr una interpretación que supere un criterio formalista. De ahí, precisamente, que deba considerarse que la antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento jurídico comprensivo éste de las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta las reglas del orden natural. En esta formulación resulta posible que el acto que contraríe una obligación legal pero sea amparada por los principios generales del derecho. En principio la presencia de una causal de justificación borra la antijuridicidad, lo que por su parte obsta a la aplicación de la sanción.
XII. De lo expuesto se infiere que aun cuando un hecho pueda ser encuadrado en una norma sancionatoria, deberá ponderarse en cada caso particular si no existe una causa de permisión de la conducta.
XIII. En ese sentido, cabe destacar que el concepto de responsabilidad atribuida no es sinónimo de responsabilidad absolutamente desligada del obrar del agente del hecho dañoso, pues si bien no es menester efectuar una valoración moral, si corresponderá efectuar una valoración en concreto respecto de la posibilidad de evitar la infracción. Se tratará de una valoración de elementos objetivos, tales como la naturaleza de la actividad. los medios disponibles, las posibilidades de prever el incumplimiento y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De tal modo, para dar lugar a la responsabilidad sancionatoria no bastará acreditar el incumplimiento y su vínculo causal, de ahí que corresponda destacar la ausencia de responsabilidad cuando, a pesar de producirse el incumplimiento, si el obligado cumplió con la diligencia y la previsión adecuadas a las circunstancias de tiempo y de lugar.
XIV. Al respecto, cabe anotar que el fundamento central sobre el que se apoya la responsabilidad sancionatoria administrativa es el deber incumplido de garantizar que la actividad reglamentada se desarrollada dentro de los riesgos permitidos por el legislador. Conforme con ello, no desconoce el legislador que, al regular una determinada actividad, su permisión podrá traer problemas de sociabilidad. Ahora bien, la regulación de una determinada actividad requiere, en cada caso, de una valoración técnica del daño o impacto negativo causado. Tal circunstancia, descarta de plano que el ordenamiento pueda condicionarla a que no se produzca ningún tipo de daño a terceros.
XV. De este modo, si bien suele establecerse determinados recaudos de cumplimiento obligatorio para que ello no suceda, lo no significa que debe existir un margen de permisividad. En ese sentido, teniendo en cuenta los objetivos que persiguen las medidas sancionadoras administrativas, no todo resultado no deseado puede deparar en una sanción. Lo que sucede, en definitiva, es que el reconocimiento de la competencia sancionatoria exige para su procedencia la posibilidad razonable de imputar jurídicamente ese deber al sujeto regulado. En relación con esto último, no sería compatible con la reglamentación del derecho a la privacidad que la relación de causalidad se lleve a un extremo tal que la empresa de correos tuviere el deber de garantizar una indemnidad absoluta. No sobra agregar, al respecto, que no constituye una derivación razonada del derecho vigente interpretar que una persona pueda responsabilizársela cuando pudo evitar cometer la falta en caso de no haber realizado la actividad regulada. ¿Cabe, en verdad, concluir que el propietario de un automóvil es responsable por vicios ocultos en la fabricación?
XVI. Atento a lo expuesto, cabe consignar que siempre es imprescindible buscar soluciones justas y equilibradas. Son tan perniciosos los criterios que acarrean la impunidad para el obligado que ha infringido las obligaciones que el ordenamiento jurídico ha puesto a su cargo, como también los que conducen al exceso de punición y convierten a la responsabilidad sancionatoria en una suerte de paraguas contra todos los males que puede deparar la vida en sociedad. Entonces, como ya mencioné, para que un determinado hecho pueda imputarse al obligado, el mismo debe ser objetivamente previsible. Por ende, aquellas actividades habilitadas, aunque sean la ocasión para la introducción de un riesgo, no pueden engendrar responsabilidad.
Que las razones expuestas resultan suficientes pare revocar la resolución aduanera apelada.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución Nº 405/2013 (AD SALO) dictada en la Actuación Nº SC57-43/2011. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución Nº 405/2013 (AD SALO) dictada en la Actuación Nº SC57-43/2011. Con costas.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
1 A título ilustrativo, cabe consignar que si un buque provoca un derrame de petróleo, la investigación administrativa no deberá profundizar en quien fue el tripulante que causó el evento y las razones que lo motivaron. La transportista está obligada a garantizar la indemnidad de su travesía como condición del otorgamiento de la habilitación para navegar por los mares argentinos.
Date: 2022.09.27 23:57:03 ART Date: 2022.09.28 20:17:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.28 20:30:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.28 20:30:32 -03:00
Fin de la sentencia