Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123248
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fs. 121/124 vta. Las costas de Alzada se imponen a la actora en su calidad de vencida (art. 68, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXV
Causa N° 123248; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - LA PLATA
LOPEZ MARTA MATILDE C/ LOPEZ ALFREDO CELESTINO S/ DESALOJO ANTICIPADO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los cinco días del mes de junio de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 123248, caratulada: "LOPEZ MARTA MATILDE C/ LOPEZ ALFREDO CELESTINO S/ DESALOJO ANTICIPADO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 121/124 vta.?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva incoadas por Alfredo Celestino López contra Marta Matilde López, rechazando en consecuencia la demanda de desalojo interpuesta por ésta última. Impuso las costas a la parte actora vencida y postergó para su oportunidad la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes (fs. 121/124).
II. Contra esa forma de decidir interpuso recurso de apelación la legitimada activa (fs. 125), el que se concedió libremente (fs. 126) y se fundó en tiempo y forma (fs. 127/129). Corrido el pertinente traslado, fue contestado por el legitimado pasivo (fs. 131). Luego se llamó autos para sentencia (fs. 140).
III– Se agravia la actora de la procedencia de la excepción de falta de legitimación activa a la que hizo lugar la a quo.
Manifiesta que ha sido declarada heredera en los autos “López, Celestino Primitivo y Piergiacomini, Virginia s/ sucesión ab intestato” porque los demás herederos nunca se presentaron en la herencia.
Agrega que en ese expediente se cita el bien objeto de autos como único componente del sucesorio.
Denuncia que en la presentación de inicio requirió la remisión a estos actuados ad effectum videndi et provandi de aquellos autos y que V.S. hizo caso omiso ante esa petición.
Insiste en que se trata de la única y universal heredera de su padre y que ello le otorga un título que le permite realizar eficazmente actos dependientes de la herencia o inscribir los bienes registrables o bien disponer de ellos.
Se queja también de que la sentencia de grado no haya reconocido la copia simple del boleto de compraventa y no le haya otorgado fuerza probatoria.
Asimismo, se duele del acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva.
Señala que el señor Marcos Germán Cabada, fallecido en el año 2017, celebró un contrato de compraventa el 21 de septiembre de 1998 con Don Celestino Primitivo López y que por cuestiones de salud y falta de dinero no pudo concretar la escritura. Observa que el vendedor vuelve a firmar otro contrato de compraventa posterior pero esta vez con Santiago, Romina y Leticia López el 24 de abril de 2009. Consecuencia de ello considera que es de aplicación en su favor el principio prior in tempus, potior in iure y que en consecuencia deben desecharse las argucias y engaños de la contraparte.
IV. Ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, la regla es la irretroactividad de la ley (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 50 y 51), lo que aprecio aplicable al caso de autos, en donde se trata de una obligación personal que se consolidó durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, CC; 7 y conc., CCCN ley 26.994). Ello sella la aplicación de esas disposiciones (doct. esta Sala, causa 118.724, sent. del 27/8/2015, RSD 104/2015, entre muchas otras).
V– Se desprende de las constancias de estos actuados que el 28 de agosto de 2017, la señora Marta Matilde López inició demanda de desalojo por intrusión respecto del bien objeto de autos, contra Alfredo Celestino López y ocupantes (demanda y cargo de ingreso fs. 8/ 9 vta.).
Para ello, se valió de una copia de la declaratoria de herederos dictada en los autos “López, Celestino Primitivo y Piergiacomi, Virginia s/ Sucesión ab intestato” en trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado del Partido de Saladillo, en donde fue declarada como única heredera universal de sus padres.
En el punto “II. Objeto” de su presentación solicitó la remisión de esos actuados ad effectum videndi et probandi, no replicando el pedido en el ofrecimiento de la prueba pertinente y omitiendo instarla hasta o manifestar su interés al respecto hasta el momento de expresar agravios (fs. 8/9 vta).
Posteriormente, sustanciada la excepción de defecto legal planteada por el demandado, procede a adjuntar fotocopia de boleto de compraventa respecto de la propiedad en el que Marcos Germán Cebada como titular registral vende el inmueble a su padre el 21 de septiembre de 1988 (fs. 37 y vta.).
A su turno, el demandado plantea las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, negando expresamente la autenticidad de la copia del boleto de compraventa agregado a fs. 37 y vta. (fs. 69), acompañando a su vez: a) boleto de compraventa de la propiedad de Marcos Germán Cebada a Romina, Santiago y Leticia López en fecha 24 de abril de 2009 (fs. 59); b) contrato de comodato por diez años de los compradores al demandado (suscripto el 10 de octubre de 2010, fs. 60 y vta.); c) copia certificada de escritura suscripta el 13 de noviembre de 2017 por compraventa de Cebada – representado en el acto por el demandado - a Romina, Santiago y Leticia López, en similares términos que los dispuestos en el boleto de compraventa de fs. 59 (fs. 61/64); d) escritura de venta de Leticia y Santiago López a Romina López (fs. 65/67) de fecha 9 de abril de 2018.
Corrido el traslado de la documentación adjunta a la contestación de la demanda, la actora no niega la autenticidad de la misma acompañada por el demandado (fs. 77), lo que intenta hacer tiempo después (fs. 95). Solicitó asimismo pericia caligráfica sobre los documentos anexados por el accionado, cuando no había ofrecido esa prueba antes, en oportunidad del traslado de la documentación de la contestación, lo que se tradujo en una solicitud fuera de los términos procesales para hacerlo (fs. 86).
Luego de la apertura a prueba de fs. 87/88, la actora también omitió impulsar en tiempo y forma la informativa por lo que se decretó su caducidad a fs. 116. Después la misma accionante es quien se presenta a solicitar se dicte sentencia, sin hacer mención o petición alguna a prueba pendiente de producción por su parte.
En resumen, la actora sustenta su pretensión en dos instrumentos: la declaratoria de herederos antes mencionada y el boleto de compraventa acompañado en fotocopia (fs. 37 y vta). El demandado reconoce la calidad de heredera de su padre, pero desconoce expresamente la autenticidad del boleto (fs. 69).
Como se dijo, ante tal desconocimiento no surge que la accionante haya impulsado medio de prueba idóneo a fin de acreditar la veracidad de ese instrumento. En efecto, luego de la solicitud de oficio al Juzgado de Paz de Saladillo en su escrito de inicio, no impulsó su diligenciamiento a tal punto de decretarse su caducidad (fs. 116).
Nótese entonces que la actora presentó copia simple del boleto de compraventa, no acompañando el original, ni tampoco probó – ni siquiera alegó - la imposibilidad de hacerlo, ni se ha producido otra prueba que torne verosímil la existencia de aquél, frente a la negativa o desconocimiento de la contraparte.
En tal caso, si hubiera alegado tal imposibilidad, podría habérsela tenido como un elemento más – junto con otros en la causa – que pudiera llegar a formar una prueba compuesta, extremo que no se dio en el presente (conf. Tratado de la Prueba. Enrique M. Falcón. Tomo I pag. M876).
Asimismo, no resulta ocioso destacar que es doctrina legal de nuestra Suprema Corte que las fotocopias no autenticadas y desconocidas carecen de fuerza probatoria (SCBA, 27/05/80, Rep. L.L. XL, J-Z, sum 11, y 04/07/89 L.L. 1989-E-248).
A su vez, carece de valor probatorio en el proceso civil cuando - como sucede aquí - no ha sido reconocida en el momento oportuno (conf. CNCiv. Sala C, 12-09-1974, L.L. 1975-C-554, sec. Jurisp. Agrup, caso 1319).
Del mismo modo, la existencia de ese instrumento no se encuentra probada, toda vez que el reconocimiento de la firma de puño y letra de las personas a la que se lo atribuye es condición esencial para ello. No puede ser objeto de reconocimiento una fotocopia simple (arts. 1012, 1014, 1031 y concs. CC, 388 CPCC). De ahí que la firma de un instrumento no puede autenticarse con el alcance señalado por el art. 2016 del Código Civil cuando el presentante no ha exhibido el original sino una copia fotográfica (arts. 1012, 1014, 1026, 1031 del CC; art. 387, 388, Cód. Proc.).
Se ha dicho que “si bien es cierto que para la promoción de la acción de desalojo no hace falta ser titular del inmueble, el actor, para estar legitimado, debe acreditar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa, encontrándose el demandado a su restitución. La acción de desalojo asiste tanto al titular registral, a quien resulte ser poseedor, como asimismo a quien sin ser poseedor o dueño haya otorgado la tenencia y tenga derecho a requerir la restitución” (esta Sala, 18/07/1996 SAIJ, sum. B 300397; CN CIv Sala c, 14/07/1992, JA, 1196-Iv-113, Secc. Índice, n° 4).
Y que “es legítimo acordar la acción de desalojo no sólo al propietario sino al locador, usufructuario, usuario y poseedor, contra todo tenedor cuya obligación de devolver sea exigible” (Cám. Nac., esp. Civ. y Com., Sala V, ED 88-193; citado en Morello, Augusto Mario, “Juicios Sumarios”, Tomo I. Interdictos. Desalojo, Librería Editora Platense, tercera edición, 1995, pág. 229).
En los términos descriptos, la accionante no ha probado el derecho a exigir la entrega de la cosa por no haber acreditado su vinculación jurídica con el inmueble (arts. 384, 676 CPCC).
Tiene dicho nuestro máximo Tribunal provincial que “Es el reclamante quien debe probar el acto constitutivo de su derecho y el que se opone debe acreditar los hechos contrapuestos que le son favorables por ser impeditivos o extintivos” (SCBA, Ac 77435, sent. del 27-XII-2000, “Iofreda, Mario c/Ventresca, Juan s/Cobro de pesos”).
Consecuencia de ello, cabe confirmar la sentencia de grado en cuando no se configura la legitimación activa de Marta Matilde López, quien como bien dispuso la a quo acreditó su calidad de heredera universal de sus padres, pero no la relación de éstos, ni la suya propia con el bien inmueble objeto de autos.
VI– Respecto de la legitimación pasiva, el recurso tampoco ha de ser de recibo.
Téngase presente que la actora no negó en tiempo procesal oportuno la documental acompañada por la contraparte en su conteste, por lo tanto su condición de comodatario se encuentra firme, no se lo reputa intruso y por ende no se acredita su obligación de restituir el bien.
La acción de desalojo ha sido concebida en nuestro ordenamiento procesal como de carácter especial (Libro IV, Procesos Especiales, Título VII) al que cabe imprimir el trámite sumario (art. 676 del CPCC).
El exclusivo objeto de este particular proceso es la recuperación de un bien y el reclamo debe dirigirse contra quien se halla obligado a su restitución. La consideración de tal exigibilidad excluye la de otras cuestiones cuya índole no resulta propia del limitado debate que permite la especialidad del procedimiento elegido (esta Sala, causa 104137, sent. del 15-12-2004, RSD 341/2004).
Para establecer cuál es el límite de lo que se puede controvertir en el desalojo, la Suprema Corte ha expuesto que “La acción personal de desalojo reglada por el art. 676 del C.P.C.C. no constituye una vía sucedánea de las acciones petitorias o posesorias. Es decir: no procede, si el accionado comprueba "prima facie" la efectividad de la posesión que invoca, justificando lo verosímil de su pretensión. Toda investigación que la trascendiera desnaturalizaría la acción en la que está excluido lo referente al derecho de propiedad, al "ius possidendis" o el "ius possesionis""(SCBA, C 107.959, sent. del 5-X-2011; C 105.530, sent. del 15-VI-2011).
Entiendo que este es uno de los puntos en el cual se erige el rechazo de la demanda y que el recurso no logra desvirtuar.
Al contestar el traslado del libelo de inicio, el accionado negó su calidad de intruso, manifestando asimismo haber ingresado a la propiedad por medio de la suscripción de un comodato con los dueños por boleto de compraventa de la propiedad, lo que el fallo entendió acreditado prima facie, acorde se describió en la sentencia que este voto refirió.
Si bien la apelante critica la apreciación de esa prueba, es lo cierto que no negó oportunamente la autenticidad de la documentación aportada por la contraparte por lo que, como se dijo, no se encuentra acreditada la calidad de intruso. El resto de las cuestiones ventiladas por las partes en torno a la titularidad actual del bien y las maniobras que denuncia la actora, exceden el marco limitado de este tipo de proceso (art. 676 y sig. CPCC).
Es decir que, para repeler la acción de desalojo por intrusión, le basta al demandado con probar que no resulta intruso.
Se ha dicho que “intruso es quien se ha introducido en un inmueble por acto unilateral y sin acuerdo de quien debía prestarlo, a condición de quien detente el inmueble lo retenga sin ningún derecho, agregándose que se califica la intrusión por el acto de acceso y no por actitudes posteriores” (Proceso de desalojo. Héctor Eduardo Kenny. Editorial Astrea, pág. 90).
Ahora bien, mediante el comodato acompañado en autos (fs. 60 y vta.) y que no ha sido negado expresamente en su autenticidad por la actora, concluyo que el demandado no se subsume en el carácter de intruso (art. 384 CPCC). Reitero que las condiciones que la actora manifiesta sobre la actitud antijurídica del vendedor de la propiedad y de las relaciones familiares detrás de los negocios jurídicos ventilados, exceden el marco de este proceso.
Ha resuelto nuestro Máximo Tribunal que “No procede el desalojo (sin perjuicio de las acciones posesorias o petitorias) si el accionado comprueba prima facie la efectividad de la posesión que invoca, justificando así la seriedad de su pretensión. Y ello es así, aunque la posesión invocada no reúna las notas eficientes para repeler una pretensión reivindicatoria o justificar una usucapión porque de lo contrario se estaría desnaturalizando la índole del proceso de desalojo, convirtiéndolo en un juicio petitorio o posesorio” (SCBA, Ac 56924, sent. del 30-8-1996, voto de la mayoría).
Es decir que lo que aquí se resuelve, en cuanto al desalojo, no implica pronunciarse sobre la posesión o – como en este caso a la tenencia en nombre de sus poseedores que se la entregaron en comodato -, sino sólo sobre la aptitud para que el desalojo sea la vía para recuperar el uso y goce del bien.
Por ello, la objeción referida a si la compraventa por la cual el accionado recibió en comodato el inmueble cumple o no las previsiones del derecho sustancial, no resultan elementos a ponderar en este proceso, lo que deberá peticionarse sobre la vía procesal correspondiente.
Por consiguiente, los argumentos esgrimidos por la apelante no han de ser de recibo, refrendándose así la confirmación de la sentencia atacada (arts. 384, 676 CPCC.).
En síntesis, lo dicho ilustra sobre que la obligación de restituir – que enarbola el actor en su recurso - no es procedente en el marco del desalojo intentado, conforme dispone el art. 676 del CPCC., en virtud de la suerte de las defensas introducidas y acreditadas por el demandado (art. 676, CPCC.).
VIII. En tal entendimiento, he de propiciar la desestimatoria de los agravios examinados y la consecuente confirmación de la sentencia apelada. Postulo asimismo las costas de la Alzada a cargo de la actora vencida (art. 68, CPCC).
Voto, por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fs. 121/124 vta. Las costas de Alzada corresponde sean impuestas a la actora en su calidad de vencida (art. 68, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fs. 121/124 vta. Las costas de Alzada se imponen a la actora en su calidad de vencida (art. 68, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia