Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126519
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art. 292 del CPCC) y 2) habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el mismo; con costas (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
C. 126.519 "CONSORCIO DE GESTIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA C/ ENERGEN S.A S/ DESALOJO ANTICIPADO S/ RECURSO DE QUEJA"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de un proceso sumarísimo de desalojo anticipado promovido por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca contra Energen S.A., resolvió dar por perdido el derecho que la demandada tenía para contestar la acción (v. resol. de 8-II-2023 en arch. adj. al escrito de 21-III-2023 que inicia este expediente sobre queja por apelación denegada radicado ante esta Corte, v. proveído de 10-VIII-2023).
Ante tal decisión, la accionada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación y nulidad; a su vez, planteó la nulidad de la notificación (v. escrito electrónico de 13-II-2023, en arch. adj. al escrito de inicio, titulado "PRESENTO REMEDIO DE REPOSICIÓN Y APELACION EN SUBSIDIO CON NULIDAD ACCESORIA. PLANTEA NULIDAD DE LA NOTIFICACION").
El magistrado de primera instancia rechazó el recurso de reposición y, considerando inapelable la resolución impugnada de conformidad con lo previsto por el art. 496 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial, no hizo lugar a la apelación articulada subsidiariamente. Por otro lado, desestimó el planteo de nulidad por entender que no se daban los presupuestos necesarios para declararla de acuerdo con los arts. 170, 173 y concordantes del citado código (v. resol. de 16-III-2023, en arch. adj. al escrito de inicio).
Frente a dicho pronunciamiento, la demandada cuestionó la denegatoria del recurso de apelación incoando una queja en los términos del art. 275 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 21-III-2023).
La Sala II de la Cámara de Apelación del fuero departamental rechazó la queja (v. fallo de 28-VIII-2023). Para así decidir, inicialmente, aclaró que no le correspondía analizar los reproches formulados contra la decisión que había dado por perdido el derecho a la demandada para contestar la acción, sino verificar si el recurso de apelación era o no procedente concluyendo que su denegación había sido correcta; ello así por encuadrar la resolución que pretendía apelarse en la limitación recursiva dispuesta por el art. 496 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial -según el cual en el trámite del proceso sumarísimo solamente serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten medidas precautorias-. Destacó asimismo que si bien la recurrente argumenta que este juicio debería sustanciarse por las reglas del trámite sumario y no del sumarísimo, la providencia que ordenó que la presente acción tramite de acuerdo a las normas del proceso sumarísimo (de fecha 29-XI-2022) no fue en su momento apelada y se encuentra firme, por lo que no es susceptible de alteración en este estadio procesal.
Contra dicho fallo, la accionada articuló un recurso de reposición "in extremis" (v. escrito electrónico 30-III-2023), el que fue desestimado enfatizando el Tribunal de Alzada que se había limitado a resolver si en el curso del proceso sumarísimo una determinada decisión resultaba o no apelable (v. resol. de 5-IV-2023).
Ante el rechazo de la queja y del recurso de reposición "in extremis", la demandada dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. escrito electrónico de fecha 14-IV-2023), el que fue denegado con fundamento en que dichos pronunciamientos no revestían el carácter de sentencia definitiva (v. resol. de 18-IV-2023).
Ello motivó la interposición de un recurso directo ante esta Corte en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, en el que se requirieron estos autos principales sobre queja por apelación denegada tramitados en la Cámara (v. escrito electrónico de fecha 26-IV-2023 y proveído de 14-VII-2023 dictado en la queja).
Recibidas estas actuaciones principales, se agregó la queja deducida ante esta sede (v. proveído de 10-VIII-2023).
II. Pasando a tratar la queja por la desestimación del remedio extraordinario de nulidad, es dable precisar que si bien en numerosos precedentes esta Corte ha entendido que los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L. I.", resol. de 11-VI-2003), no lo es menos, que tal criterio ha de ceder cuando -como en el caso- tal decisión traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito. Ello así, conforme inveterada y repetida jurisprudencia de este Tribunal (véase, entre muchas otras, las causas L. 126.004, "Andereggen", resol. de 20-XII-2021; L. 129.645, "Duarte", resol. de 15-II-2023; L. 129.970, "Bustamante", resol. de 30-V-2023; L. 129.753, "Palazzo", resol. de 31-V-2023).
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (cfr. CSJN, causa C.1649.XXXVI, en causa "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
En la especie, la accionada sostiene que se afecta en forma sustancial su derecho de defensa, destaca que la notificación del traslado de la demanda es un acto que reviste particular significación y aduce que se le genera un agravio de envergadura suficiente para equiparar la decisión a una sentencia definitiva (v. escrito electrónico de 26-IV-2023).
Como se reseñó más arriba, en este caso, la impugnación extraordinaria se dirige contra la decisión del Tribunal de Alzada que, al no admitir la queja por la apelación denegada, dejó a la accionada sin la posibilidad de cuestionar lo resuelto por el juez de la instancia de grado que le dio por perdido el derecho a contestar la demanda. De allí que, por los efectos que produce, la decisión que se pretende recurrir, debe equiparse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas citadas).
En consecuencia, encontrándose reunidos los restantes recaudos de admisibilidad, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de nulidad articulado (art. 292, CPCC).
III. Ingresando, ahora, en el análisis del recurso extraordinario de nulidad por el que se aduce la preterición de una cuestión esencial (v. escrito electrónico de fecha 14-IV-2023), cabe señalar que el intento anulativo no puede prosperar, en atención a lo resuelto -también de manera harto reiterada- por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
En este caso, la agraviada denuncia, sustancialmente, que se ha omitido tratar una cuestión esencial como lo es la nulidad planteada; en este orden de ideas, manifiesta que interpuso recurso de apelación y de nulidad y cuestiona la interpretación efectuada por el Tribunal de Alzada del art. 253 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto considera que si no es admisible el recurso de apelación tampoco lo es el de nulidad por defectos de sentencia. A su vez, menciona que la nulidad puede ser declarada de oficio de acuerdo a lo previsto por el art. 172 del citado código, se refiere a la nulidad de la notificación de la demanda e inclusive solicita que esta Corte "…se avoque al análisis del acto y de advertir su presencia disponga su nulidad, aun cuando la solución no es exactamente la de rutina en este tipo de proceso, pero atendiendo a la trascendencia del acto cuestionado una rápida decisión importará un gran beneficio para quién reclama y para el servicio de justicia."
Al respecto se impone señalar que ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Sentado ello, se observa que, tal como se reseñara, la Cámara destacó inicialmente en el fallo impugnado que no le correspondía analizar los reproches formulados contra la decisión que había dado por perdido el derecho a la demandada para contestar la acción, sino verificar si el recurso de apelación era o no procedente concluyendo que su denegación había sido correcta. Se aprecia así que la preterición denunciada no es tal dado que el Tribunal de Alzada previo señalamiento del ámbito propio de la queja sometida a su consideración, examinó la admisibilidad de la apelación denegada disponiendo su rechazo por los motivos que expusiera.
De tal modo, no se advierte tal omisión sino que bajo dicho supuesto el recurrente esgrime agravios que se dirigen, en realidad, a exponer su disconformidad con el acierto jurídico del fallo objetando la interpretación efectuada por la Cámara acerca de la inapelabilidad de la resolución y el alcance del planteo sometido a su consideración, argumentos que no son propios del recurso en tratamiento, sino del de inaplicabilidad de ley, lo que determina su inadmisibilidad, resultando éste -una vez más- doctrina consolidada, antigua y repetida de esta Suprema Corte de Justicia (véase, entre muchos otros, los precedentes causas C. 122.239, "Matus", resol. de 5-XII-2018; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.072, "Malmierca", resol. de 21-X-2020; C. 124.923, "Protegiendo al Consumidor", resol. de 24-V-2022; C. 126.045, "BBVA Banco Francés S.A.", resol. de 13-VI-2023; L. 129.753 cit.).
Asimismo, cabe agregar que reiteradamente se ha sostenido que la supuesta afectación de garantías constitucionales -como el derecho de defensa en juicio que aquí se invoca-, constituye un tópico ajeno al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. doctr. causas C. 120.402, "Rodríguez", resol. de 2-III-2016; C. 121.186, "Ciolfi", resol. de 28-XII-2016; C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 122.902, "Hernández García", resol. de 13-II-2019; C. 126.060, "Kerber", resol. de 1-VIII-2023).
Lo dicho, basta para repeler la impugnación intentada (arts. 298 y 31 bis, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art. 292 del CPCC) y 2) habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el mismo; con costas (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/10/2023 14:29:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/10/2023 16:05:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:45:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:01:18 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:17:54 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 14:06:56 hs. bajo el número RR-799-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia